Pensiones, mochilas y Europa

El primer principio es que cualquier propuesta para el futuro, aunque deberá contar por completo con la experiencia acumulada del pasado, no deberá ser restringida por consideración hacia intereses sectoriales creados en la obtención de esta experiencia (… ) El segundo principio es que la organización de la Seguridad Social deberá ser tratada sólo como una parte de una política general de progreso social…” William Beveridge : “Servicio social y servicios afines” 1989, pág 6

La vuelta al nuevo curso escolar y político nos trae, otra vez, la cuestión de la reforma del sistema público de pensiones en el Pacto de Toledo. Algunas pinceladas de las propuestas se filtran porque las sesiones [inverosímilmente son a puerta cerrada] recogen demandas del movimiento social de los pensionistas, pero estas filtraciones sobre la implantación de la llamada “mochila austriaca”.

Que los miembros de esta comisión no deben olvidar  el mandato constitucional que dicta el artículo 41 de la Constitución vigente y que los sistemas de pensiones deben ser sistemas seguros con estructuras y sistemas de financiación capaces de garantizar la calidad y la viabilidad actual y futura de las mismas y hacer frente con éxito a los retos actuales y a los previsibles en un futuro. Y esta pretendida reforma no debe justificar el sistemático recorte del sistema público como condición necesaria para la expansión de los sistemas privados. Por lo tanto la reforma y el reto político consiste en diseñar un sistema que sea sostenible desde el punto de vista financiero, de manera que logre su objetivo básico que es proporcionar unos ingresos adecuados por jubilación y permitir que la gente mayor disfrutemos de un nivel de vida digno con independencia económica. Para ello deben centrarse en obtener los ingresos necesarios mucho más que en gastos que el sistema actual comporta. La “racionalización” del sistema se está centrando principalmente en prolongar la vida laboral a través de los mecanismos de la edad de jubilación y el recorte progresivo de la pensión mediante el mal llamdo factor de sostenibilidad.

Las reformas deben centrarse desde el punto de vista técnico-jurídico en una aportación al conocimiento y debate la reforma en sentido social, es decir, desde el enfoque de justicia social, tal como indica el mandato constitucional. Pero yendo un poco más hacia delante, deberían iniciar el camino hacia una Europa Social adoptando un modelo europeo de pensiones en que los actuales rasgos comunes se potenciaran. Si en aspectos económicos y monetarios la soberanía de los estados ha sido limitada y exigida una coordinación, en materia social es también requerida por la ciudadanía, que consultada ya en el año 2013 en el Eurobarómetro expresó su deseo de que las pensiones sean una competencia de la Unión Europea y no de los Estqdos Miembros. Lo que debe impulsar a los políticos españoles representantes del país en Bruselas a  avanzar hacia un modelo europeo de pensiones.

El estudio comparado de los diferentes sistemas de pensiones tiene un factor común: es compromiso, la solidaridad intergeneracional en virtud de la cual los trabajadores en activo asumen, junto a las empresas, la financiación de ls pensiones. Incluso en aquellos países, por ejemplo Suecia, en que se han introducido formulas novedosas como las cuentas nocionales, se sigue preservando el régimen financiero de reparto.

Si la crisis económica del 2008 y el envejecimiento de la población consistió en el recorte [después de Grecia el recorte de 2013 es el segundo más drástico de toda la UE] ya tenía uno de los niveles más bajos en gasto social de la UE siendo la cuarta economía en el PIB, era la 12 en gasto social. Las previsiones demográficas no son más que prospectiva unidireccional, pero la actual pandemia pone de relieve que éstas pueden ser tumbadas en cualquier momento. Predecir que en 2015/60 la media de supervivencia será de 90’6 años, y que la jubilación de la llamada generación del  “baby boom” van a derribar las actuales previsiones es echar humo sin hoguera. A nivel productivo no podemos ni imaginar las profesiones y productos que aparecerán el próximo trimestre… Mientras nuestros mejores universitarios emigran aportando su talento a estas sociedades que desde ya hace tiempo apostaron por modelos productivos diferentes al español. La usencia de políticas de apoyo a las familias ha derribado la tasa de fertilidad que desde hace 35 años es la segunda menor del mundo mundial. Por otro lado, los mercados del trabajo más inclusivos, con menor precariedad, favorecen una mayor capacidad de ingresos para la financiación de las actuales pensiones y permiten la generación de derechos que dan lugar a pensiones dignas en la actualidad y en el futuro. Mientras tanto aquí la precariedad se ha instalado como norma, constituyendo un agujero negro junto con el altísimo nivel de desempleo estructural. Y ambas características si que suponen un riesgo para las pensiones públicas para la generación actual y sobre todo para las generaciones futuras que de seguir así tendrán niveles de protección social considerablemente inferiores a las generaciones actuales.

La solución que representa el Partido Popular es de carácter paramétrico: endurece el acceso a las pensiones públicas y favorece el desarrollo de mecanismos privados complementarios. La reforma de 2011 fue un recorte de carácter paramétrico y no hay que olvidarlo. El dialogo social para la consolidación de las reformas, tal como se demostró en Suecia y Dinamarca en el que participaron sin exclusiones sindicatos de todos signo y patronales, ha de ser el camino. La vía “pepera” de la unilateralidad ha de ser inviable.

Resumiendo: 1. La edad de jubilación no puede ser el principal mecanismo de ajuste. 2. El factor de sostenibilidad, de contemplarse, debería utilizar la tasa de dependencia por la edad [como es considerado en Alemania] 3.  La ampliación del periodo de cotización para el cálculo de la base reguladora debe introducir en concepto de “los mejores años de cotización”. 4. Los mecanismos de revalorización de las pensiones  debe garantizar el poder adquisitivo, para lo cual el IPC actual debe ser modificado por un IPC de supervivencia. El 0’25 debe ser eliminado legalmente porque pone en riesgo el derecho, reconocido constitucionalmente, a unas pensiones suficientes.

Contemplar el gasto social de las principales economías de la UE  [Francia,16’9% del PIB, Holanda 14’4%; Alemania, 14%; Italia, 13’6%; frente al 11’4% de España se debe a la mayor aportación en los niveles de cotización abonadas directamente por las empresas y los propios trabajadores. Y, sobre todo, la solidez financiera responde a una mayor aportación del Estado a la financiación de las pensiones [una cuarta parte del sistema en Alemania y en Francia]. Por ello la reforma fiscal que eleve el nivel de recaudación en seis puntos de PIB(72.000m€) para alcanzar la media de los países de la UE es un imperativo legal, social y democrático.

 

 

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