Pedro Sánchez investido: “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”

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Finalmente, tras 10 meses de gobierno en funciones y dos elecciones generales, Pedro Sánchez ha sido investido Presidente, con una diferencia mínima de dos votos. Lo ha sido, en un hecho inédito desde la Transición, integrando a Unidas Podemos en el gobierno y después de cerrar un laborioso acuerdo con ERC, así como tras pactar con el PNV. Es decir, haciendo lo contrario de lo que agitó en la campaña electoral.

Sánchez ha declarado que el próximo Gobierno será el instrumento para un gran cambio progresista e Iglesias ha ido más lejos, declarando que será una referencia europea y mundial de las fuerzas progresistas y de izquierda.

Una derecha desbocada

La derecha y la ultraderecha lo presentan como un Gobierno «ilegítimo», fruto de un «golpe institucional» contra la «unidad de España», presidido por un «traidor» y levantado con el apoyo de «golpistas» de ERC y «terroristas» de Bildu. Esta declaración de guerra de la derecha ha llegado a incluir a lo largo de estos días llamamientos a los militares de representantes de Vox. Desde Corriente Roja solo podemos mostrar nuestra repugnancia y reafirmar nuestro compromiso para pararles los pies.

Un Gobierno frágil

Las promesas de Sánchez y la exaltación de Iglesias chocan con la realidad de un Gobierno frágil. Cada ley va a significar una negociación a múltiples bandas y no digamos los Presupuestos. Los apoyos para la investidura no alcanzan para acometer ninguna reforma constitucional y hacen incluso difícil la aprobación de leyes orgánicas. El trifachito ha anunciado que cualquier cambio legal importante lo van a llevar al Tribunal Constitucional y que recurrirán de forma sistemática al aparato judicial, dominado por jueces reaccionarios amigos, que la Transición nunca depuró.

Por otra parte, la permanencia del Gobierno depende de la continuidad de los pactos tejidos para la investidura y, muy en particular, de la marcha del pacto con ERC.

La mejor manera de combatir a la derecha es no bajar la guardia y movilizarse por los derechos

El nuevo Gobierno va a aprovechar las amenazas y la brutal hostilidad de la derecha para pedir que se le dé un cheque en blanco, porque sólo así cerraremos el paso al trifachito.

El problema es que puede ser el propio Gobierno quien abra la puerta a la derecha. ¿Qué pasará si decepciona a la gente trabajadora que los ha votado? ¿O a las mujeres? ¿O a los pensionistas? ¿O a las nacionalidades? ¿O a los jóvenes? Si ocurre eso y no construimos un fuerte movimiento social para exigir nuestros derechos, y mientras tanto la derecha lo aprovecha para movilizar a su base social, nadie podrá evitar que, más pronto o más tarde, el trifachito reaccionario se aúpe al gobierno.

La mejor forma de combatir a la derecha es cumplir las reivindicaciones por las que desde la calle llevamos años luchando. Y aquí es donde vienen los interrogantes. No queremos aguar la fiesta a nadie pero la verdad es que hay muchas razones para pensar que este gobierno, en lo fundamental, no lo va a hacer. En primer lugar, porque este PSOE es el mismo que, junto al PP, reformó el artículo 135 de la Constitución para amarrar que el pago de la deuda a las entidades financieras fuera «prioridad absoluta del Estado» por encima de cualquier gasto social. Es el mismo PSOE que en 2010 aplicó una reforma laboral, que aprobó una reforma regresiva de las pensiones y apoyó la intervención de la autonomía catalana y la represión contra sus dirigentes.

Palabras y hechos: el programa de Gobierno

Tampoco el análisis concreto del programa de gobierno PSOE-UP, aunque lo hayan presentado a bombo y platillo, da pie a grandes esperanzas. El documento está repleto de promesas vagas y a largo plazo. Algunas de las “medidas estrella” tienen más titular que contenido. Por ejemplo, la anunciada “derogación de la reforma laboral” que no es tal. Se especifican algunos aspectos a ser eliminados, como el despido justificado por baja médica o la recuperación de la ultraactividad de los convenios, pero se mantiene la rebaja del coste del despido, la eliminación de los salarios de tramitación en despidos improcedentes o la supresión de la autorización administrativa para los EREs, y sobre la subcontratación sólo hay vagas palabras. Respecto a las causas objetivas de despido, sólo obligará a que sean “más precisas”. El aumento del Salario Mínimo Interprofesional no se sabe aún a qué cantidad será ni su calendario de aplicación.

Sobre vivienda, la PAH ha denunciado que no hay ningún compromiso concreto real para parar los desahucios y que no se ofrecen soluciones al gravísimo problema de la vivienda social (leer el comunicado de la PAH pinchando aquí).

Está por ver el compromiso económico real en la lucha contra la desigualdad de las mujeres y la violencia machista. La “Ley Mordaza” seguirá vigente hasta que se aprueba una “Ley de seguridad ciudadana”. Contra el cambio climático se habla de objetivos a alcanzar en 2040 o 2050. Las empresas energéticas van a seguir dominando el mercado. Sobre los migrantes, sólo se dice que se modificará el sistema de acogida para que sea “más eficiente y solidario”, manteniéndose los CIEs y la Ley de Extranjería.

Respecto a Cataluña, Sánchez reconoce formalmente que se trata de un conflicto político que debe resolverse políticamente, para lo cual ha pactado con ERC una mesa de diálogo con la Generalitat. Pero está excluido un referéndum de autodeterminación, que la Constitución prohíbe, y tampoco hay compromiso de una amnistía de los presos políticos catalanes. Si hay concesiones de peso en el marco autonómico, serán recurridas por la derecha ante el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, todo el programa está explícitamente sometido a la “competitividad empresarial” (es decir, a que los dueños ganen lo suficiente) y, en particular, a las normas financieras de la UE que hacen imposible el cumplimiento de gran parte de las promesas. Todo se mueve, además, en los límites institucionales y legales de un régimen que los grandes poderes tienen «atado y bien atado».

Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden

Habrá quien piense que somos agoreros o que estamos condenando al nuevo gobierno aún antes de que se forme. Pero era el mismo Pablo Iglesias quien reconocía el mismo día de la investidura que “vivimos en una democracia limitada por los poderes económicos”, que “el poder de los fondos de inversión… establece las reglas del juego” y “define la política”, incluida la del nuevo gobierno, al mismo tiempo que se mostraba feliz de que algunos grandes empresarios “que defienden sus intereses” hayan comprendido que no tienen nada que temer del nuevo Gobierno (diario.es 7/1/20).

En Corriente Roja comprendemos a quienes resoplan de alivio al ver fuera del gobierno a la derecha y la extrema derecha y respetamos a todos los compañeros y compañeras que tengan ilusiones en el nuevo gobierno PSOE-UP. Nosotros/as no tenemos la menor confianza, pero vamos a estar juntos en la calle, codo a codo, combatiendo a la derecha y exigiendo los derechos al Gobierno. Porque estamos plenamente convencidos de que no habrá ninguna conquista sin movilización. Ninguna reivindicación debe ser apartada o descafeinada. Es justo ahora que están en el gobierno, que debemos exigir al PSOE y a UP que cumplan sus promesas. «Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden”.

Corriente Roja

 

 

 

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