Pedro Sánchez decreta el Estado de alarma, pero la crisis del coronavirus la sigue pagando el pueblo trabajador
El Estado de alarma, una figura contemplada en la Constitución permite al gobierno tomar medidas excepcionales ante catástrofes u otras situaciones de este tipo. Se ha aplicado pocas veces en la historia, la última vez fue en 2010, ante la huelga de los controladores aéreos, para militarizar el servicio y romper la huelga.
Según Sánchez, las medidas están destinas a movilizar todos los recursos del Estado, incluyendo recursos civiles y militares, para enfrentar la crisis del coronavirus, y la situación de “emergencia social”.
“Nos esperan semanas muy duras”, ha dicho el presidente. Y aseguró que en las próximas semanas se espera que se alcancen más de 10.000 afectados en el Estado español.
El estado de alarma, que se instalará por 15 días, podría incluir la limitación de movimientos en lugares o regiones determinadas, practicar requisas temporales de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. La figura permite también impartir medidas para asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad. Sin embargo, Sánchez no ha detallado en qué consistirán las nuevas medidas, algo que en este momento el gobierno debe estar negociando con las patronales.
Al mismo tiempo, Comunidades autónomas como Madrid, la más afectada por contagios hasta el momento, han decretado el cierre total del comercio a partir de este sábado, y sólo abrirán sus puertas supermercados y farmacias. También se ha establecido el confinamiento obligatorio en poblaciones como Igualada, ante un foco del virus.
El gobierno español sigue de cerca los pasos que se han tomado en Italia. En ese país, el modelo seguido en los últimos días ha sido la limitación de movimientos y la multiplicación de los controles policiales de la población, instalando una cuarentena obligatoria a millones de personas. La propaganda del gobierno es que esta limitación de las libertades de los ciudadanos no se podía evitar para lograr la “protección” de la población contra el virus.
Sin embargo, la hipocresía de este discurso, que intenta justificar que se implemente un “estado de excepción”, lo demuestra el hecho de que las grandes fábricas y empresas han seguido trabajando, obligando a los trabajadores a trasladarse a sus empleos, y seguir trabajando sin condiciones mínimas de salubridad. Esto ha desatado en los últimos días una ola de huelgas en protesta a lo largo de toda Italia.
El presidente Pedro Sánchez dijo que el “heroísmo también consiste en lavarse las manos y quedarse en casa”, con un discurso para crear una “unidad nacional” y con referencias a la patria, pero la realidad es que millones de trabajadores y trabajadoras en todo el Estado siguen teniendo que trabajar en empresas y fábricas donde no existen las condiciones básicas de seguridad sanitaria, sin protección suficiente, sin alcohol en gel ni mascarillas, como lo están denunciando decenas de trabajadores en Izquierda diario.
El gobierno apela a la “responsabilidad individual” de la población, algo necesario, pero absolutamente insuficiente, si las patronales y el gobierno imponen que millones de personas tengan que ir a trabajar sin protección.
La medida de excepcion del Gobierno que permite prohibir la libre circulacion y las reuniones de hasta determinado número de personas, más que para evitar el contagio es una medida preventiva para impedir o sancionar las manifestaciones y/o rebeliones que pueden provocar las penurias que le hacen pagar al pueblo trabajador en esta crisis.
Además, la información que se brinda a la población es confusa, a cuentagotas y poco transparente. ¡El pueblo trabajador tiene derecho a estar informado y a decidir sobre su propia salud!
Sin tomar medidas como la confiscación de todos los recursos de la sanidad privada para ponerlos al servicio de la pública, la prohibición de despidos y licencias remuneradas el 100%, esta crisis generada por el coronavirus la seguirá pagando el pueblo trabajador.