¿Acuerdo histórico? A cambio de los fondos europeos el gobierno deberá renunciar a derogar la reforma laboral y aplicar nuevos recortes en las pensiones públicas

Finalmente, el Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo para repartir los millones del fondo de reconstrucción del Covid-19. Según Pedro Sánchez, que se felicita del acuerdo, al Estado Español le corresponderán 140.000 millones del paquete de 750.000 millones aprobado (390.000 en subvenciones y 360.000 en créditos). De esos 140.000 millones, 72.700 serán en forma de ayudas directas (sin devolución) y el resto, 67.300 millones, engrosarán la deuda pública del Estado

Pero para acceder al fondo, el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que aplicar determinadas políticas, particularmente en el campo laboral y de las pensiones.

Fue el líder holandés y máximo representante del bando de los llamados ‘países frugales’, Mark Rutte, el que dejó claro que España tiene que mantener la flexibilidad del mercado laboral y tomar medidas contra el constante incremento del gasto público en pensiones como condiciones para acceder a los fondos europeos.

Es decir, que el Gobierno tendrá que olvidarse de sus planes de cabecera en el campo laboral. Como mínimo, de su idea de desmantelar la reforma del Partido Popular de 2012 en un plazo más o menos corto de tiempo.

En cualquier caso, el Ministerio de Trabajo ha bajado mucho el tono en este campo. De ser uno de los principales proyectos de la ministra Yolanda Díaz, la ‘contrarreforma’ laboral ha pasado a ser un objetivo secundario que parece ya no se encuentra entre las metas más inmediatas del Ejecutivo.

Esto ocurrió, particularmente, después de que la patronal amenazara con abandonar la mesa del Diálogo Social tras el acuerdo parlamentario entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar en un corto espacio de tiempo la reforma laboral, aunque Moncloa dio marcha a atrás a este acuerdo casi de inmediato.

 

 

 

Aspectos más lesivos

A día de hoy, después de que Trabajo reconstruyera puentes y recuperara a la patronal para el Diálogo Social, lo único que queda sobre la mesa respecto a la derogación de la reforma laboral son los aspectos más lesivos, los relacionados con la negociación colectiva.

Sin embargo, habrá que ver qué decide hacer el Gobierno al respecto. El ‘freno de mano’ aprobado por el Consejo Europeo permitiría a cualquier estado miembro de la UE frenar los fondos para España si se considera que nuestro país no está cumpliendo con las recomendaciones comunitarias, que orientan a mantener un alto grado de la llamada ‘flexibilidad laboral’.

Así, ideas que se manejaban hasta ahora como la reforma de la subcontratación, del despido y el desarrollo del Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI quedan en el alero, con bastantes posibilidades de quedarse en el cajón, al menos hasta 2022.

 

Pensiones

En cambio, en pensiones los principales partidos parlamentarios del Estado están dispuestos a poner en marcha medidas que reduzcan el gasto. Y desde hace tiempo. El problema es que las correspondientes reformas en la Seguridad Social y en el modelo público quedaron frenadas por la falta de acuerdo político ante la proximidad electoral.

Eso es lo que ocurrió en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que aborda la reforma de estas prestaciones y que no llegó a un acuerdo antes de la celebración de las elecciones de abril de 2019 y de la disolución de las Cortes, en medio además de una potente movilización del movimiento pensionista.

Ahora los trabajos empiezan de nuevo. Antes de la crisis del coronavirus, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, presentó su propuesta para, según su opinión, ‘salvar’ las pensiones públicas en España y a la Seguridad Social de la bancarrota. Entre los argumentos para abordarla con urgencia, el ministro señaló que en 2023 se espera un importante incremento de las prestaciones de jubilación por la retirada del mercado laboral de la generación del ‘baby-boom’ español.

Entre las medidas que propuso para reducir el gasto señaló que el Estado asuma determinados gastos y prestaciones que a día de hoy abona la Seguridad Social (y que le obligan a endeudarse) y penalizar y dificultar todavía más las prejubilaciones, de manera que la edad efectiva de jubilación se vaya prolongando paulatinamente. También se ampliaría el número de años para calcular la pensión final, lo que supondrá un nuevo y significativo recorte de las prestaciones. Por ahora, además, no hay visos de que el gobierno tenga intención de derogar, como mínimo, dos de los aspectos más cuestionados de la reforma de Rajoy del 2013: el factor de sostenibilidad y el incremento de las pensiones desvinculado del crecimiento del IPC.

Magdalena Valerio, exministra del ramo y presidenta del Pacto de Toledo, considera que es posible un acuerdo parlamentario al respecto antes de que acabe el año que se deberá traducir después en un proyecto legislativo. El Gobierno va a tener que acelerar para contentar a Bruselas.

 

¿Freno al gasto social?

Por otro lado, la capacidad que tienen los estados miembros para frenar las ayudas de otro si no cumple las reglas también pone en un problema a España en lo que respecta a su gasto social.

Cabe recordar que debido al impacto laboral y económico de la crisis del coronavirus, el Gobierno ha extendido un importante escudo social, a base de subsidios y ayudas, en este 2020. Un escudo que corre el peligro de difuminarse ante el amenazante ‘freno de mano’ europeo.

Con todo, entre las iniciativas en peligro no debería estar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medida que de hecho había sido reclamada por la propia Comisión Europea dados los problemas relacionados con la pobreza extrema en España.

El ‘freno de mano’ también puede afectar considerablemente al plan de reformas e inversiones que presentará el Ejecutivo a Bruselas en octubre como paso final para acceder a los millones comunitarios.

Como afirmara Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, la intención del Gobierno es dedicar fondos europeos, además de a la digitalización del tejido productivo y a la transición ecológica, al Estado del Bienestar y al sector de los cuidados, algo que ahora queda en entredicho.

 

Iglesias habla de acuerdo europeo de ‘alcance histórico sin precedentes’ y asegura que no habrá recortes

El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por su parte ha ensalzado este martes el «alcance histórico y sin precedentes» del acuerdo europeo que, en su opinión, permitirá afrontar la crisis «sin recortes» y continuar con «el programa» del Gobierno de coalición.

 

En un mensaje difundido a través de las redes sociales, Iglesias admite que el acuerdo no va «todo lo lejos» que a «algunos» les habría gustado, pero considera una buena noticia que la Unión Europea haya dejado atrás la senda de la austeridad y los recortes que, según enfatiza el vicepresidente, lastró las economías del sur en la crisis de hace diez años.

«Debemos destacar algo clave para España: el acuerdo alcanzado no solo no impedirá que el Gobierno de coalición continúe aplicando su programa, sino que significará un enorme estímulo para continuar con las transformaciones en clave de recuperación de derechos y reconstrucción de lo público que nos marcamos en el acuerdo de Gobierno», remarca Iglesias.

El líder de Podemos hace esta consideración cuando se ha puesto en duda la oportunidad de acometer algunos aspectos del programa, entre ellos la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, una cuestión que está recogida en ese acuerdo al que hace referencia Iglesias.

«Los ‘eurobonos’, que parecían inviables hace unos años, ahora son una realidad y servirán para afrontar esta crisis de forma distinta, sin recortes«, señala Iglesias.

De esta forma, en su opinión, el acuerdo del Consejo Europeo va en «una dirección diametralmente opuesta» a hace diez años, cuando se apostó -dice- por «recortes sociales que provocaron la asfixia de los países del sur y una grave crisis del proyecto europeo«.

 

Iglesias elogia a la UE

Iglesias considera que Europa ha reaccionado a la crisis del coronavirus de forma «coordinada y solidaria» ya que por primera vez en la historia de la UE se plantean subvenciones financiadas con deuda conjunta.

España recibirá unos 140.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, de los que 72.700 millones se darán en ayudas directas, en virtud de ese acuerdo sobre el fondo europeo y el marco financiero plurianual.

«Este acuerdo es un buen acuerdo para la UE y para España y es un balón de oxígeno para el proyecto europeo, pero queda un largo camino por recorrer para avanzar en una Unión Europea que garantice un marco institucional y de gobierno en el que se refuercen los procedimientos democráticos, así como una reforma del Pacto Fiscal y de Estabilidad para evitar una posible vuelta de la austeridad fiscal», añade el vicepresidente, en el mensaje que a continuación reproducimos.

 

 

Fuente: Prensa

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