Pareja lésbica demanda al Estado chileno: Registro Civil no quiso reconocer a mujeres como madres de una niña

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Mayra Opazo y Constanza Monsalves presentaron un recurso ante la Corte de Apelaciones, pero fue rechazado, decisión confirmada por la Corte Suprema, por lo que tuvieron que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mayra Opazo y Constanza Monsalves son convivientes civiles, viven en Villa Alemana (región de Valparaíso) y tienen una hija que nació en abril del año 2017, luego de un proceso de inseminación artificial. En marzo de 2018 pidieron al Registro Civil de Viña del Mar ser reconocidas como madres de la menor, pero la entidad se negó a realizar el trámite, señalando que ello era ilegal. Ese fue el detonante de un proceso judicial que escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras la negativa del Registro Civil, la pareja presentó un recuso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que finalmente fue rechazado, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema, en julio de 2018. De ahí que las madres decidieran acudir a la CIDH, mediante una demanda respaldada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y abogados de la Universidad Diego Portales.

En la demanda ante la Comisión, la familia Opazo-Monsalves sostiene haber sufrido vulneraciones a sus derechos humanos “que han significado para nosotras y nuestra hija, graves perjuicios y daños morales”, lo que afecta en el interés superior del niño.

Precisaron que el desconocimiento legal de la doble maternidad “implica negar que aquello es parte de su proyecto de vida familiar, quebrando nuestro proyecto pues, ambas –como pareja– nos sometimos al procedimiento médico, vivimos cada momento de forma intensa y nos involucramos emocionalmente con la idea de ser madres”.

Dentro de los argumentos esgrimidos en la acción ante la CIDH, los abogados que el Estado chileno violentó normas nacionales e internacionales, entre esas la Constitución Política y la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este sentido, apuntaron que se transgredió el deber del Estado de proteger a la familia, de respetar los tratados internacionales y de garantizar la igualdad ante ley y el derecho a la integridad física y psíquica.

Asimismo, la demanda sostiene que se violentó la obligación de los Estados de respetar la Convención Americana de Derechos Humanos, la protección de la familia, los derechos del niño y de igualdad ante ley.

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