Paraguay: Policías y militares torturan a campesinos en la zona de Tacuatî

San Pedro y Concepción están militarizados. Supuestamente fueron allí para dar seguridad a la población cerca de mil efectivos militares y otros cientos policiales. Varios fiscales y asistentes fiscales fueron también para garantizar la regularidad de las actuaciones. Conozco a dos de los comisionados: Ninfa Aguilar y Joel Paredes, ambos de Santa Rosa del Aguaray, en cuyas unidades fiscales envejecen «sin novedad alguna» denuncias de campesinos por torturas, detenciones ilegales, e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, son bastante ágiles a la hora de procesar, detener y encarcelar a campesinos que reivindican derechos tan fundamentales como el ambiente sano o el acceso a la tierra.

Los pedidos de detención o prisión que realizan ni siquiera están fundados como exige la ley, pues la Constitución Nacional estableció la excepcionalidad de la prisión preventiva. Al repasar sus resoluciones, al menos en las carpetas donde me tocó intervenir (las tengo a la vista), se nota que no conocen los principios constitucionales del derecho penal o no les importa. Recurren a formularios, frases hechas, para decir que tal o cual es peligroso o que incluso se va a fugar. Piden prisión.

Otra dato. Ambos vivían, al menos hasta hace un mes, en un hotel de Santa Rosa (el más caro). Ganan cerca de nueve millones (1.500 USD aproximadamente). ¿Será que las Fiscalía mantiene así a sus funcionarios/as y que aún no me he informado? ¿O es que es tan rentable ser fiscal en la zona.? por el bajo costo nivel de vida, aclaro.

Ayer cuando recibía la denuncia de tortura a Crispín y Américo Fernández me dio rabia e impotencia. Respiré profundo y me comuniqué con Ninfa Aguilar. Primero me habló que tuvo un día muy tenso y cansador (en otras ocasiones me había dicho que sus derechos humanos también eran violados porque le exigían trabajar demás); luego que tomó las declaraciones en condiciones muy precarias, iba seguir hablando, contándome lo mucho que laburó, pero cuando le preguntó si registró la denuncia de tortura que a la que le sometieron a Crispín y Américo, me cambió de tema y salió con que estaba con la presión alta.

Le insistí que solamente quería saber si recibió o no la denuncia de tortura y qué acciones tomó ante la situación. Ahí me dijo que un médico la estaba atendiendo y que estaba con la presión muy alta. Dejo de hablar al teléfono unos minutos. finalmente cortó la comunicación.

No me extraña la actitud de Ninfa Aguilar, porque no es la primera vez que se desentiende de denuncias hechas por campesinos o campesinas víctimas del mal funcionamiento del aparato judicial paraguayo. Pero che mo renegá, la desfachatez con que actúan; y que las nuevas autoridades nos presenten como los que van a «poner orden en la zona norte». Y que sea el mismo Rafael Filizzola (ministro de Lugo, a quien voté), diga que «para nosotros el resultado es sumamente positivo (ABC, 12/01/09), refiriéndose al operativo policial-militar que atemoriza a varios pobladores y pobladoras de San Pedro y Concepción.

Ninfa Aguilar, Joel Paredes, Dora Irrazábal, Guillermo Ortega son los mismos fiscales que desde hace años están trabajando en la zona. Los primeros en Santa Rosa (San Pedro) y los otros en Horqueta (Concepción). ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo no se hayan dado cuenta que existían redes de criminalidad organizada en su zona? ¿Que ahora como por arte de magia, lo descubrieron? Bastaría con hacer un control a sus carpetas fiscales para concluir que son inoperantes o complacientes con las bandas de criminales que existen en la zona. (Ha'ekuéra la he'íva) A lo sumo tienen investigaciones por homicidios, robos vagatelarios; eso sí, tienen cientos de investigaciones por cierres de ruta, ocupaciones, manifestaciones, eré erea.

¿Es con estos fiscales que se va a lograr detener a los verdaderos delincuentes, narcotraficantes, rollotraficantes que existen en la zona?

Filizzola por su parte sigue confiando en policías como Ricardo Chaparro, jefe de la Comisaría de Horqueta, este es el mismo a quien como abogado de CODEHUPY denuncié ante la fiscalía de Horqueta y ante la Justicia Policial por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra mujeres, niños/as y campesinos de Calle 6, distrito de Horqueta, en junio pasado. Ya estamos en el gobierno de Lugo; administración de Filizzola en Interior. ¿Y qué paso? Hasta ahora nada, apenas un raído sumario administrativo.

&nbsp Tres campesinos ejecutados en la era Lugo. Filizzola: «Ministro progresista»

¿Qué cree este Filizzola? ¿Qué somos tontos? Ante la muerte de Martín Ocampos, el tercer campesino ejecutado en la era Lugo, vuelve a decir pomposamente: «Queremos llegar al fondo» (ABC, 13/01/09). Lo mismo dijo cuando ejecutaron a Bienvenido Melgarejo, el 4 de octubre de 2008, en Puerto Indio. ¿Dónde están los resultados? ¿Cree que sufrimos de amnesia? El domingo 11 de enero también fue ejecutado Juan Ramón González, dirigente de Itakyry. En Codehupy registramos más de 80 campesinos ejecutados y/o desparecidos desde 1989. Cambió el gobierno. Las muertes siguen. Un progresista hína el ministro del interior.

Este mismo ministro progresista declaró tras la muerte de Ocampos: «Comprobamos que tenía vinculación con grupos delictivos» (ABC, 13/01/09). ¿Se debe entender que la vinculación con grupos delictivos da permiso para matar?

Policías y militares torturan a campesinos en la zona de Tacuatî

Militares y policiales destinados en la zona de Tacuatî, supuestamente para combatir el crimen organizado, torturan a los campesinos detenidos, según el relato de las víctimas que recogió la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Entre los torturados se encuentra Alcides Martínez, quien aún sigue detenido, Crispín Fernández y Américo Fernández, quienes fueron puestos en libertad el lunes 12 de enero, en horas de la tarde.

De acuerdo al relato de Crispín Fernández, tras ser detenidos alrededor de las 13:00, el domingo, fueron llevados a un destacamento militar en Tacuatî, donde fueron encerrados en un calabozo. Luego, ya entrada la noche fueron retirados uno a uno del calabozo, se les vendó los ojos; y, llevados a unos metros del lugar.

En el lugar fueron desnudados ante la presencia de efectivos militares y policiales. Con intervalos de una hora aproximadamente se les cubría la cabeza con bolsas de plásticos para darles la sensación de asfixia; luego le apretaban los testículos. Al mismo tiempo les exigía que involucren a algunos dirigentes campesinos en la quema del destacamento militar, ocurrido el 31 de diciembre de 2008, entre ellos, Demetrio Alvarenga.

Amenaza de abuso sexual

Como pasaba el tiempo y los perpetradores no conseguían que involucrasen a los dirigentes campesinos en la quema del destacamento, fueron obligados a ponerse de cuatro, amenazándoles que le introducirían en el ano, una linterna de tres pilas.

El lunes 12, en horas de la tarde, fueron llevados ante la fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Ninfa Aguilar, quien les tomó una declaración. Cuando la fiscal les preguntó si efectivamente Demetrio Alvarenga era el responsable de la quema del destacamento militar, como habían dicho la noche anterior, denunciaron que realizaron tales manifestaciones tras sesiones de tortura.

Fiscala negó responder sobre tortura a campesinos por presión alta

Cerca de las 21:30 del lunes 12, miembros del equipo jurídico de la Codehupy recibieron las primeras informaciones sobre la tortura a Crispín y Américo Fernández; y, Alcides Martínez. Inmediatamente solicitó protección para Martínez (aún detenido en Tacuatî), vía telefónica, al viceministro de asuntos internos Carmelo Caballero, quien manifestó que aún no conocía de las denuncias; y, que solicitaría información a los uniformados destinados en la zona.

Luego a las 22:11, el abogado Juan A. Martens, conversó, vía telefónica con la fiscal Ninfa Aguilar, poniéndole al tanto de la denuncia recibida. La fiscal reconoció que tomó declaración a los Fernández en horas de la tarde, cuando se le insistió la tortura denunciada ante ella, la misma se negó a responder. Alegó que tenía problemas de presión alta por lo que no negó, ni afirmó que recibió las denuncias de tortura de los campesinos. Repetía insistentemente que tomó la declaración, en precarias condiciones, en una vivienda humilde; y, que para conocer más debíamos acercarnos a la fiscalía. Ante la insistencia de si recibió o no la denuncia de tortura dejó de responder; luego cortó el teléfono.

Ejecución extrajudicial de Martín Ocampos

En la tarde del lunes 12, también fue asesinado por sicarios el dirigente campesino de la OCN, Martín Ocampos, en la Colonia Hugua Ñandu, donde según constancias de la CODEHUPY, entre 1989 y 2005, fueron asesinados 12 campesinos en la lucha por la tierra.

Por otro lado, se recibió información de vecinos de la zona que daban cuenta de la extrema violencia policial-militar en las distintas intervenciones que realizan.

Policías y militares incapaces recurren a la tortura

La tortura es un medio ineficaz, inhumano e ilegal de investigación. Su uso sistemático por parte de la Policía paraguaya también fue relevado y denunciado por el relator de NNUU, contra la Tortura, Nanfred Nowak, en noviembre de 2005. Hoy se suman las fuerzas militares, en un gobierno que se espera defienda la dignidad humana.

El relato de estos campesinos demuestra que policías y militares sin preparación para una investigación real recurren a la tortura para incriminar a cualquier persona, sin importarles la verdad y dejando intacto, los mecanismos de corrupción, que construyen la situación que el pueblo sufre en esa zona del país.

Juan A. Martens Molas, Abogado

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)

Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de DDHH, Democracia y

Desarrollo

Paris 1031 c/ Colón.

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