“Panzer”, juicio a las entrañas de la ultraderecha en Valencia

Este lunes 14 de julio dio comienzo uno de los procesos judiciales más importantes que se hayan celebrado en el estado español contra la ultraderecha. La ‘Operación Panzer’, dirigida por la Guardia Civil, detuvo en 2005 a 25 neonazis, de los que ahora se juzga a 18, en la Audiencia Provincial de Valencia. Todos están acusados de pertenencia a la organización Frente Antisistema (FAS), una organización neonazi a la que se le vinculan delitos como apología de los delitos de odio y tenencia y venta ilícita de armas.

Entre los acusados están el concejal del partido neonazi España 2000 por la localidad valenciana de Silla, Alejandro José Serrador y el asesino confeso de Guillem Agulló, Pedro José Cuevas, que tan solo cumplió cuatro años de cárcel por aquel asesinato, además de dos militares.

Todos los acusados acumulan antecedentes por diversos delitos como robo, palizas, agresiones, secuestro, extorsión y vinculados a la red neonazi internacional ‘Nuevo Orden’ y al nacimiento del partido ultraderechista Alianza Nacional, que preside el abogado Pedro Pablo Peña, recientemente imputado por sus declaraciones en Barcelona durante la celebración del Día de la Hispanidad.

El proceso llega con nueve años de retraso. Ha pasado por las manos de tres fiscales, con diferentes periodos de inacción, transitado por tres salas distintas, y cuenta con varias órdenes de captura no ejecutadas contra miembros de FAS todavía escondidos, por lo que parece, en Argentina y Marruecos.

Desaparición del arsenal

Sin embargo, la dilación interesada del proceso no ha sido la única forma de manipulación del mismo. La sesión inicial del juicio dio a conocer la destrucción del arsenal incautado que por orden de la juez Pilar de la Oliva, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y a instancias de la Comandancia de la Guardia civil, fueron “achatarradas” el 31 de octubre de 2013.

Las armas eran consideradas pruebas muy relevantes, y entre el material incautado se encontraban lanzagranadas C-90, pistolas, revólveres, escopetas repetidoras, escopetas de culata recortada, además de munición de diversos calibres así como material para la fabricación de silenciadores.

No parece que la destrucción de las armas pueda influir en el proceso, pues existe un informe pericial minucioso de las mismas. Aún así, no deja de ser un hecho sospechoso de intentar entorpecer un proceso que ya lleva muchos años de retraso, sin entrar en la práctica imposibilidad de seguir el rastro de quién y cómo consiguió dichas armas.

Acusación popular

La Acció Popular contra la Impunitat representa la acusación popular en el proceso y aglutina a Movimiento Contra la Intolerancia, EUPV, Bloc-Compromís, ERPV-ERC, Acció Cultural del País Valencià, “CR Just Ramírez”, SOS Racisme,Centro Cultural Islámico de Valencia, la Comunidad Israelita de Valencia, Gitanos por la Diversidad, el Colectivo Lambda y la Intersindical Valenciana y Jarit; y que cuenta además con el apoyo del pleno del Ajuntament de Burjassot.

Desde la acusación no se comprende que un caso como este no sea juzgado en la Audiencia Nacional, pues consideran “estamos ante un caso que en condiciones normales hubiera sido considerado de terrorista, y que por tanto en condiciones normales habría de ser juzgado por la Audiencia Nacional”, según declaró Toni Gisbert, portavoz de la acusación popular.

La Plataforma de Acció Popular contra la Impunitat  ha manifestado en nota de prensa que “tiene la esperanza de que no se repitan los resultados del juicio celebrado en 2005 contra 18  miembros de la organización neonazi ARMAGEDON, cuyo fin era subvertir el régimen democrático y conseguir un régimen racista, y para los que el fiscal pedía penas de hasta 5 años de prisión por delitos de asociación ilícita y tenencia de armas. Los encausados quedaron absueltos según sentencia de la Audiencia Provincial por falta de sustento probatorio. Se da la coincidencia de que alguno de los miembros procesados de aquella organización están ahora encausados en el juicio que se está desarrollando contra el Frente Antisistema”.

Por su parte, Esteban Ibarra, presidente de Movimiento Contra la Intolerancia, ha destacado la importancia del juicio dado que el FAS era una organización relevante, “con potencia doctrinaria, de acción y armamento”. Ha señalado asimismo la voluntad de que en el juicio “se aclare el origen de las armas y otros asuntos, como por qué uno de los distribuidores de armamento, inicialmente detenido, no está acusado; hay asimismo otros procesados cuyo caso se archivó, pese a que el informe de la guardia civil señalaba que eran miembros del Frente Antisistema”. También se pregunta “porqué el asunto no ha llegado a la Audiencia Nacional, cuando se dan semejanzas muy claras con organizaciones terroristas” y espera que en el juicio se aclaren estos puntos.

Desarrollo del juicio

Tras una primera sesión en la que se dedicó a tratar diferentes cuestiones previas planteadas por las partes. Una de ellas, la relativa a la entrada y registros en viviendas, obligó al tribunal a suspender la vista hasta el martes para deliberar sobre si debían declararse nulas estas actuaciones.

Si el pasado lunes, en nota de prensa, la acusación popular solicitaba que no se impugnaran los registros domiciliarios realizados por la investigación, el juez ha terminado dando validez a los mismos durante el segundo día de juicio, pues considera que, en contra de lo argumentado por las defensas, no es necesaria la presencia de defensa letrada en el momento de producirse los registros domiciliarios, deshaciéndose así de una de las primeras trabas trazadas por la defensa de los 18 acusados, que recibieron con los rostros tapados a las cámaras y profiriendo gritos contra la prensa.

El proceso comenzó con la sorpresa de la destrucción del arsenal neonazi, ante lo que parece que será esencial el informe pericial de las mismas. Por su parte las declaraciones de la Guardia Civil durante el juicio no parece que traten de un grupo filo-terrorista relacionado con la venta de armas, si no de una banda juvenil. El guardia civil que dirigió las investigaciones ha declarado, como testigo protegido,  que esta banda de neonazis organizó “cacerías” de “guarros o punkis” en Villena y que, para evitar agresiones, se “desplegó un equipo”.

Por su parte, en esta segunda jornada de juicio, la mayoría de los acusados han rechazado declarar en la fase testifical del proceso. Tan solo cinco han respondido con brevedad a las preguntas planteadas por su defensa, y de ellos, todos han rechazado pertenecer al Frente Antisistema, haber pagado las cuotas o participado en ninguna actividad de FAS.

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