Panamá: uno de los países más desiguales del mundo

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Panamá es considerado uno los países más desiguales del mundo. El Banco Mundial señala que el 20 % de la población maneja el 56 % de los ingresos (sector de poder económico alto), mientras el 10 % de los más pobres recibe apenas el 3.3 % del ingreso del país. El 26 % de los panameños vive en pobreza, la pobreza rural alcanza al 54 % de la población y la indígena al 96 % (Datos conservadores, dada la metodología que se emplea para su medición).

La desigualdad distributiva se manifiesta en: la distribución del ingreso entre remuneraciones y ganancias (excedente de explotación), la desigualdad del ingreso personal y la desigualdad del ingreso territorial. La distribución funcional entre trabajadores y capitalistas de la riqueza ha tenido una evolución favorable al capital, en las últimas décadas se confirma y consolida esta tendencia. Es decir, los obreros que producen las riquezas de la nación, cada vez reciben menos de ella.

¿Por qué el crecimiento económico panameño, ahora y antes, no ha generado mayor equidad? Entre varias explicaciones, hay dos de gran peso: el modelo de crecimiento y la gestión de Gobierno. En cuanto al modelo de crecimiento económico, en el país, desde finales del siglo pasado, se viene gestando el neoliberalismo, sustentado en la concentración de la riqueza y la exclusión social. Un modelo que pregona la máxima ganancia, requiere de mayor explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales. Un modelo que se ha sustentado en la retórica del libre mercado, que encarece los precios, pues predominan en el sistema relaciones oligopólicas y monopólicas; en la privatización del sector público que niega la atención por parte del Estado de necesidades fundamentales (educación y salud); que impone los intereses de los grupos importadores de alimentos por encima de la seguridad y soberanía alimentaria; y que entrega a las corporaciones multinacionales nuestras principales empresas (energía, electrificación y puertos).

Por el otro lado, una gestión administrativa que se sustenta en el Estado como fórmula de gestar negocios personales de los gobernantes y allegados, lo que genera corrupción. Ello ha sido evidente y creciente, durante los llamados ‘Gobiernos democráticos ‘ (Endara, Pérez Balladares, Moscoso, Martín, Martinelli y Varela), sin negar toda la trayectoria de sus antecesores, incluyendo el régimen militar. La corrupción, según los medidores de la misma, puede representar un 15 % de la inversión pública.

Vivimos en un Estado que reproduce la desigualdad en la medida en que no impulsa ningún mecanismo redistributivo; que impone un sistema tributario regresivo; donde el gasto público prioriza el pago de la deuda externa y los gastos suntuarios; la inversión social y las políticas rurales son insuficientes; los salarios son bajos; y la cobertura en educación, salud y seguridad social cada vez son más limitada. Es decir, independientemente de que la economía crezca, no se resuelven las más mínimas necesidades materiales y no se mejorado la calidad de vida de la mayoría de los panameños. Los únicos beneficiados han sido las grandes transnacionales y el gran capital local, que siempre obtienen extraordinarias ganancias.

El crecimiento económico ha quedado en manos de los 115 ultramillonarios que concentran el poder económico y político, se ha dado sobre la base de una mayor explotación de la fuerza de trabajo, y sobre la base de la transferencia de nuestras riquezas a las transnacionales ante la venta de la patria.

Es necesario organizarnos para construir poder popular que permita crear las condiciones para autoconvocar a una Asamblea Constituyente Originaria que refunde la República, como única garantía para que nuestras demandas sociales sean atendidas; para que el crecimiento económico llegue a los pobres de la ciudad y del campo, y no al minúsculo grupo que, pelechando de la cosa pública, sigue acrecentando sus riquezas.

Por Genaro López

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

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