Panamá: Un Estado violento no es garantía de democracia

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En la gestión del Gobierno de Varela prevalece la violencia institucional como forma de gestión. El hecho de irrespetar a la población por parte del Ejecutivo es la tónica. La violencia psicológica, de palabra, se impone en el quehacer público. El calificarlos de ‘ñañecos ‘ demuestra su concepción elitista e incapacidad de gestión. Diversos sectores de la sociedad panameña han visto violentados sus derechos fundamentales.

Un Estado violento jamás es garantía de democracia. El irrespeto al pueblo Ngäbe Buglé y el sacrifico que significaron las distintas acciones de protesta en rechazo al proyecto de Barro Blanco, incluyendo la sangre que derramaron Jerónimo Rodríguez Tugrí y Mauricio Méndez, han sido burlados e irrespetados por el Gobierno y un grupo de seudodirigentes que no les ha importado con la sangre de estos mártires y los distintos casos de violaciones a los DDHH que se han dado en el marco de la lucha indígena por la defensa de la tierra, el agua y la vida. Han prevalecido los intereses económicos de un grupo de empresarios avalados por el Gobierno. La firma del acuerdo con las llamadas autoridades indígenas, es una violación a la Ley 10 de la Comarca y una violación a la Carta Orgánica, pero al mismo tiempo representa la arrogancia y prepotencia de un Gobierno que desconoce la decisión emanada de la Corte Suprema de Justicia, en la cual dejaba sin efecto todo lo actuado bajo el Decreto 537 que fue declarado ilegal.

Las comunidades también han sido objeto de la violencia institucionalizada. El Gobierno, ante su falta de interés real en atender las demandas sociales, acude a los desalojos violentos de pobladores que claman por el acceso a la tierra y la vivienda, al servicio permanente de agua potable, recolección de basura, arreglo de las calles, servicio de transporte público eficaz, entre otras.

Los consumidores son violentados ante la imposición de medidas antipopulares que precarizan sus condiciones de vida: aumenta la tarifa de recolección de basura (San Miguelito), aumento del peaje del Corredor Sur, imposición de prepagos en el suministro de la electricidad (Veranillo, Curundú, Colón), sin importar el ineficiente servicio que prestan. Igualmente, el aumento de la canasta básica de alimentos (casi todo los rubros) es galopante, lo que reduce considerablemente el poder adquisitivo de los salarios.

Por otro lado, a pesar de que la Constitución establece que el Estado debe prestar servicio de salud integral y suministrar medicamentos a toda la población y que estos servicios serán proporcionados gratuitamente a quienes carezcan de recursos económicos, Gobierno tras Gobierno se violenta este precepto constitucional. Este Gobierno igual que los anteriores pretenden que la salud se convierta en una mercancía que se puede adquirir a cambio de un costo de mercado. El lunes 15 de agosto se nombra (Resolución 863) un abogado como juez ejecutor del Ministerio de Salud, con jurisdicción en todo el territorio nacional, con la función de cobrar a toda persona, natural o jurídica, que adeude o mantenga saldo pendiente en cualquier concepto, para la recuperación de créditos a favor de la institución. La lista de ciudadanos humildes será larga.

Como se ve, miles de panameños sufren de diferentes formas de violencia practicadas por las instituciones del Estado, sus órganos y agentes. Instituciones que deberían garantizar sus derechos, los vulneran y transforman a algunos sectores sociales en víctimas de una violencia institucional que los discrimina por el solo hecho de ser pobres o pertenecer a un grupo social o étnico determinado o por estar organizados. Esta realidad de violencia institucionalizada mantiene en el más bajo nivel de aceptación a Varela y su Gobierno, y la situación es más profunda de lo que indican sus encuestas.

Frente a la violencia institucionalizada del Gobierno, es necesario adecentar la política, para adecentar el Estado. Los panameños honestos tenemos la obligación de romper con las prácticas violentas a las que someten a la mayoría de la población.

Por; Genaro López

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

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