Panamá: Se profundiza la crisis de institucionalidad

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En una muestra que la crisis institucional no se resuelve, la Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, ha anunciado el desmantelamiento de las Fiscalías que atendían casos emblemáticos como Odebrecht, Pandeportes, Juntas Comunales, Blue Apple y otros, al ser removidos agentes a cargo de esas investigaciones, por parte del Director de la Direcciónl de Investigaciones Judiciales (DIJ), Manuel Castillo, quien ya ocupó ese mismo cargo en el gobierno de Ricardo Martinelli.

El Ministerio de Seguridad y el propio presidente Cortizo, han salido al paso de estas declaraciones, señalando que las rotaciones de los policías en la DIJ obedecen a un procedimiento normal interno.

Estas diferencias entre el Gobierno y la Procuraduría son sumamente graves.

El nombramiento de policías en el Ministerio Público fue una decisión que se adoptó en el Gobierno PRD de Martín Torrijos (De la PTJ a la DIJ, Ley 69 de 27 de diciembre de 2007) y continuado por los sucesivos gobiernos. Desde esa época diversas voces se levantaron contra esa decisión que restaba independencia a las investigaciones y que convertirían a la Policía y los Gobiernos a los que sirven, en juez y parte.

Ese es uno de los debates que se revive. La permanente injerencia del Ejecutivo en la justicia, la falta de independencia, a lo que se suma la incondicionalidad y la subordinación del órgano judicial a los círculos de poder económico y político (el poder real) y el interés de cada gobierno que asciende de colocar su ficha en el Ministerio Público para proteger a los suyos, lo que deviene en un simple cambio de figuras mientras la impunidad para los monos gordos persiste. Solo una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes puede poner fin a esta podredumbre.

En el fondo, y de manera particular hoy, lo que se busca y ocultan los grandes medios de comunicación, en plena luna de miel con Cortizo, es que los implicados del Gobierno de Martín Torrijos, del cual formaron parte varios miembros del nuevo gobierno, incluido el Presidente y otros allegados, no sean investigado por el caso Odebrecht y otros consabidos escándalos.

Todo esto puede significar, además, la caída de todos los casos en que se hayan envuelto personeros de este gobierno, como un nuevo pacto de impunidad que, como se observó ya en el reconocimiento a los resultados electorales del 5 de mayo pese a las numerosas inconsistencias e irregularidades, incluiría el consenso en materia de reformas constitucionales, en la Caja de Seguro Social (CSS), Código de Trabajo, Asociación Pública Privada (APP), Migración, nuevos endeudamientos (bonos), impuestos, planillas en la Asamblea, reprensión contra trabajadores (como ocurre en el Puerto de Balboa), y más, en lo que están de acuerdo las cúpulas de los partidos tradicionales, los seudo independientes (Movin, Lombana, diputados, etc.) y los gremios empresariales.

Llamamos al pueblo a mantenerse vigilantes frente a estos hechos y evitar que sus anhelos de justicia sean burlados nuevamente por estos ladrones de cuello blanco y políticos tradicionales.

Ya el pueblo lo sabe, estamos ante “más de lo mismo.

Panamá, 21 de julio de 2019.

FAD
Frente Amplio por la Democracia

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