Panamá: ¿Quién es responsable de la crisis del agro?

¿Qué fuerza maligna impide que, cosecha tras cosecha, los arroceros coloquen su producción en los molinos, que se llenan con producto importado? ¿Qué locura inspira a la Acodeco a demandar a los cebolleros de tierras altas por bajar los precios del producto? ¿Qué genio destruye la agricultura y lleva al abandono de un tercio de las tierras productivas, mientras aumenta la dependencia de la importación de alimentos?

El genio maligno que nadie se atreve a llamar, por su nombre, es la clase de los comerciantes–importadores y el agronegocio. Desde la conquista hasta el día de hoy, ellos conforman esa clase dominante que nos impone un modelo social y económico llamado “transitismo”.En este esquema, lo único que importa es la zona de tránsito, al servicio de intereses extranjeros y de quienes la controlan: un puñado de comerciantes, especuladores inmobiliarios y dueños del agronegocio.

Se puede hablar de oligopolio en el caso del arroz (principal producto de consumo nacional), porque un puñado de molinos acapara la producción local, de productores independientes, y la importación. Panamá consume 7.5 millones de quintales de arroz por año, de los que 2.5 millones de quintales se producen aquí (cosecha 2014-2015).

Hay mil 344 medianos y pequeños arroceros, que producen el 40% del grano, pero 13 molinos acaparan la producción del otro 60% del arroz nacional, el control sobre las piladoras y sobre la importación. El mayor molino de este rubro es Cegraco, del grupo Calesa, que posee entre el 10% y 12% de la tierra dedicada a este cultivo. Le siguen el molino de los Hermanos Palacios, que controla el 5%; Vado Álamo, Doferra, Santa Isabel y La Hermosa, que controlan el 17% de la producción. Hace poco, entró en el negocio la empresa Agrosilos, de capital venezolano.

Otro modelo de agronegocios oligopólicos de un rubro es la producción de leche nacional, que alcanza los 150 millones de litros anuales, el 50% de lo que demanda el mercado. Aunque hay gran cantidad de productores independientes, el procesamiento y comercialización está en manos de siete empresas.

El 45% del mercado nacional de leche es de la Estrella Azul, de la empresa mexicana Femsa. Le sigue, con el 27% del mercado La Chiricana, del consorcio SAB Miller. Bonlac posee el 7% del mercado y pertenece a la colombiana Casa Luker. La costarricense Dos Pinos adquirió Nevada para controlar el 5% del mercado. La Nestlé controla el resto (9%) con sus marcas Klim y Nido.

Podríamos continuar abordando, rubro por rubro, y encontraríamos la repetición de la constante de agronegocios, que controlan la producción, la intermediación e importación de alimentos y que, a su vez, están vinculados con la media docena de supermercados que controlan la comercialización.

La única forma de romper este círculo que asfixia la producción, destruye empleos, fuerza migraciones y empobrece, es una alianza social y política nueva, que desplace del poder a estos comerciantes–importadores, que controlan las instituciones (incluso las que los deben fiscalizar) y matan al país para garantizar el transitismo del “pro mundi beneficio”.

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