Panamá: Plan Panamá Solidario no se concreta

Artículo de la economista Rosario Arias

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Rosario Arias Peña

A partir del momento en que se reconoció que el COVID-19 había llegado, el Gobierno produjo un listado de posibles acciones que se estarían tomando como resultado de la crisis sanitaria vigente. Muchas de estas medidas, hasta el momento, se han desvanecido en el tiempo (la denominada “ayuda express” del plan solidario, la ley de moratoria, entre otras) y la población cada vez más reconoce que se ha favorecido a sectores y grupos cercanos a los centros de toma de decisiones. En los medios de comunicación y redes sociales surgen continuas denuncias sobre el mal uso de recursos del Estado mientras la población más afectada sigue esperando que les ayuden a mitigar los efectos de esta situación.

Entre todo lo que se ha publicado, y ante el avance de la pandemia y medidas de protección sanitaria a través de cuarentena y distanciamiento social, surgió un denominado Plan Panamá Solidario, comunicado al país el 18 de marzo del 2020 y recogido en todos los medios de comunicación, que sería iniciado durante los últimos días del mes de marzo.

Han transcurrido cuarenta y tres días (13 de marzo a 25 de abril) y no se ha tenido información alguna que detalle el uso de la totalidad o, por lo menos, de una parte de estos 50 millones de dólares, ni de las donaciones recibidas por instituciones del Estado (las de Gobierno, las de seguridad o de cualquier otra índole). Pero abunda la publicidad sobre el Plan Solidario y otras acciones gubernamentales que, con seguridad, se deben estar cargando a los fondos públicos.

Cabe preguntarse si el denominado Plan Panamá Solidario, tan “cacareado” en los medios por el equipo de gobierno más cercano al Presidente: ¿es un Plan? ¿Dónde se puede consultar? ¿Existe? ¿Cuáles son sus objetivos, sus componentes, la distribución de los recursos por componente, las dependencias que intervienen y sus responsabilidades concretas, cuánto cuesta cada componente, en detalle por pequeño que sea, incluyendo los proveedores? ¿En qué criterios se fundamentan sus componentes? ¿Cómo se determinaron los contenidos de las bolsas de alimentos? ¿Cómo se explican los valores de los contenidos de las bolsas de alimentos? ¿En qué criterios se fundamenta el monto de los bonos? ¿Qué criterios se han utilizado para la selección de beneficiarios (algunos denominados informales no están registrados, extranjeros incluidos)? ¿Criterios para la distribución de los componentes (bolsas y/o bonos) que no sean exclusivamente los de distancia con que se pretenden justificar algunas acciones?

En medio de la cuarentena necesaria y, a nombre de ella, se cometen abusos. Los voceros del Gobierno, con un manejo político, alejado de lo humano que debe prevalecer ante las circunstancias que afectan a gran parte de la población, parece que pretenden mantenerla aletargada (“mareada”) y confundida, en un estado de permanente incertidumbre. Se dijo tanto acerca de este plan de ayuda y, aún, la población sigue padeciendo.

¿En qué quedó la sugerencia “millenial” de los asesores del Ejecutivo?: “… a partir de abril, se contará con una herramienta innovadora que permitirá a los panameños usar su cédula (tarjetas de residente para extranjeros) como una tarjeta de débito con un monto máximo por persona”. Según la moderna idea, los establecimientos comerciales tendrían la posibilidad de utilizar una aplicación por teléfonos “inteligentes” que les permitirían recibir los fondos que el Gobierno habría destinado para tal fin. ¿Se habrá pagado por esta plataforma digital que no existe, aún?

¡Tantas preguntas sin responder!!!

¿Por qué se tardan tanto en distribuir entre los grupos y sectores de mayor necesidad demostrada? ¿Por qué excluir a tantos por tanto tiempo? ¿por qué dar recursos de manera indiscriminada a los allegados políticos? ¿Por qué duplican esfuerzos que encarecen las acciones a tomar?

Todo lo actuado, proviene de recursos del Estado, son públicos, de todos los que viven en el país y aportan con sus pagos, a entidades públicas, de cualquier tipo, por lo que deben ser también públicamente divulgados. La población está en su derecho de recibir información acerca del uso de los recursos públicos ya sea que provengan de impuestos, tasas, derechos, pagos de servicios públicos, donaciones, préstamos o deuda pública.

Se impone la transparencia del uso de los recursos públicos (incluyendo las donaciones) y el apoyo inmediato, no caridad, a la población que más lo requiere, en montos cónsonos con los derechos humanos donde prevalezca el respeto a la dignidad de las personas.

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