Panamá: Nuevos intentos de privatización del Idaan

Genaro López


Las privatizaciones de los servicios públicos han costado a la sociedad panameña millones de dólares, sin que la prestación del servicio alcance el estándar de eficiente y eficaz. Todo proceso de privatización en el país fue precedido de compromisos crediticios (préstamos) que asumió el Estado para la ‘modernización institucional’ que hiciera posible la venta; ‘pagos’ a quienes hicieron posible la privatización (véase directores de instituciones públicas), disminución de los ingresos del Estado, y hoy comenzamos a pagarles para ‘recuperarlas’ para pasarlas a otras manos privadas. Casos sonados en esta vía, los corredores, MiBus (en proceso) y AES.

En el caso de la empresa del transporte público (MiBus), además de la indemnización a la ineficiente empresa conformada por capital colombiano (70 %) y panameño (30 %), el Estado panameño, según medios de comunicación social, cubrirá más de 10 millones de dólares (cifras de Mitradel), en concepto de prestaciones y horas extras que no pagó adecuadamente la empresa.

En cuanto a la empresa de generación eléctrica (AES Panamá), se plantea que el Gobierno pagará una indemnización de 20 millones de dólares, se contempla además remuneración por costos incurridos para la operación y el compromiso para que dicha energía se mantenga en el país. Es decir que la barcaza Estrella del Mar I deberá continuar operaciones en el país, bajo nuevas ofertas económicas más competitivas.

En medio de ello, se pretende levantar nuevamente el proyecto privatizador del suministro de agua potable. El Gobierno de Varela está planteando retomar el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Idaan presentada por Ricardo Martinelli, que contempla la creación de la ‘Autoridad del Agua y Saneamiento’. La directora ejecutiva del Idaan, Julia Elena Guardia, asegura que la iniciativa contempla la ‘corporatización’ de la institución (nombre que disfraza la privatización). Paralelo a ello, se anuncia aumento de tarifa del servicio y se prepara plan de ‘retiro voluntario’ para los trabajadores de la institución, cuya experiencia ha sido que se convierte en retiros forzados para muchos trabajadores (el Idaan cuenta con 2700 empleados).

El acceso al agua potable aún no ha sido privatizado, aunque se han dado algunas tercerizaciones en los servicios que presta el Idaan. No obstante ello, no podemos olvidar que varios han sido los intentos por su privatización, desde la administración de Ernesto Pérez Balladares hasta la de Ricardo Martinelli.

La crisis en el abastecimiento del líquido vital es provocada, tal como se hiciera previamente en varios procesos privatizadores. Recordar que entre el paquete de reformas constitucionales que presentó la ‘comisión de notables’, se dieron propuestas en el sentido de externalizar el servicio, igual sucedió en el proyecto de Asociación Público-Privado (rechazado en las calles por el pueblo panameño) que dejaba las puertas abiertas a esta posibilidad.

En Panamá el 11 % de la población carece de agua potable y a un 35 % le llega el líquido interrumpidamente. En los últimos años, sobre todo en la ciudad de Panamá, cada vez es más frecuente el abastecimiento de agua a través de carro cisterna y agua embotellada, ésta última con altos precios en el mercado. En el área rural, amplios sectores de comunidades en pobreza y pobreza extrema se abastecen de agua a través de pozo sanitario o brocal no protegido, agua de lluvia, pozo superficial, río, quebrada o lago que, por su naturaleza, están expuestos a contaminación. El suministro de agua vía acueducto (proporcionada principalmente por el Idaan) que garantiza un alto nivel de protección contra la contaminación, es cada vez más ineficiente, producto de la políticas públicas dirigidas a restar participación Estatal y dejar en manos privadas el suministro.

Insistir en la fórmula privatizadora es volver a vivir lo que hoy enfrentamos: servicios ineficientes, más caros y pérdida del patrimonio nacional. Se deben tomar medidas urgentes que garanticen agua potable a todas las comunidades y que hagan realmente eficientes al Idaan. El agua en todas sus formas es un bien común y su acceso es un derecho humano fundamental e inalienable. El agua no es mercancía.

* Genaro López. SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

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