Panamá: Ministerio de Salud se prepara para perseguir a los pobres

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La Constitución establece que el Estado debe prestar servicio de salud integral y que debe suministrar medicamentos a toda la población. Estos servicios de salud y medicamentos serán proporcionados GRATUITAMENTE a quienes carezcan de recursos económicos. Sin embargo gobierno tras gobierno se viola la Constitución.

A través de las últimas décadas el principio de solidaridad social se ha progresivamente deteriorado, tanto en la Caja de Seguro Social, como en el servicio público de salud administrado por el Ministerio de Salud. En el caso de la CSS se practica por la vía de la disminución de la oferta con citas para especialistas y exámenes en fechas distantes, lo que obliga a los asegurados a buscar soluciones en las clínicas privadas. También se determina por la disminución de la calidad de los servicios que induce al asegurado a buscar en clínicas privadas. Otro factor de privatización es que la CSS en abierta violación de la ley 51 ha externalizado diferentes servicios y actividades en forma indefinida como son los casos de servicios de hemodiálisis, alquiler de máquinas de anestesia, cirugía cardiovascular, alquiler de ambulancias, etc. obteniendo servicios con costos superiores a los que podría hacer una buena administración y descapitalizando los fondos de los asegurados.

En el caso de las instalaciones del MINSA o aquellas como los Patronatos de carácter mixto se practica regularmente el cobro a los pacientes no asegurados forzándolos a tener siempre un saldo pendiente por pagar, sin importar si realmente es posible cancelar esa deuda. El paciente se ve obligado a adquirir esta deuda injusta ante la condición de enfermedad.

Este gobierno igual que los anteriores pretende que la salud se convierta en una mercancía que se puede adquirir a cambio de un costo de mercado. El lunes 15 de agosto se nombra (Resolución 863) al abogado Rubén Pecchio como juez ejecutor del ministerio de Salud, con jurisdicción en todo el territorio nacional, con la función de cobrar a toda persona, natural o jurídica, que adeude o mantenga saldo pendiente  en cualquier concepto, para la recuperación de créditos a favor de la institución. La lista de ciudadanos humildes será larga. No encontraremos nombres del circulo de los poderosos, ellos son protegidos por los gobernantes como se demostró en el caso por envenenamiento masivo con dietilenglicol y en los famosos Panama Papers de Mossack Fonseca. Otra injusticia se cometerá contra los pobres.

Nos oponemos a que en esta lista se incluyan ciudadanos humildes que apenas pueden llevar el sustento a sus casas y que se respete el derecho humano y constitucional a recibir servicios de salud y medicamentos de calidad, gratuitos. La salud no es una mercancía, es un derecho.

Fernando Cebamanos

Pesidente del FAD

FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA

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