Panamá: Los derechos humanos y laborales violados en la Pandemia

El COVID-19 adelanta el “año del Hidalgo“ en Panamá

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Independientemente que reconocemos que estamos ante un Estado que responde a los intereses del gran capital y, por ende, también su Constitución política y las leyes que la regulan; al margen de que sabemos que el Código de Trabajo, constituye las normas mínimas que deben proteger los derechos laborales, ha sufrido modificaciones en favor de la patronal, como las impuestas brutalmente en 1995 por el Gobierno del PRD de Ernesto Pérez Balladares; aparte que conocíamos, y ahora así lo han logrado ver con más claridad amplios sectores del pueblo en esta pandemia que tiene en vilo al mundo, que existe un Gobierno que responde y se orienta en función de las directrices que emanan del poder económico y sus gremios empresariales; aún considerando todo ello, existen derechos sagrados conquistados con sangre y lucha, además de aspectos legales primordiales que deben prevalecer en una coyuntura tan difícil e histórica como la que vivimos actualmente.

La Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Entre estos derechos sagrados y aspectos legales está el artículo 50 de la Constitución Nacional que reza.

“Cuando de la aplicación de una Ley expedida por motivos de utilidad pública o de interés social, resultaren en conflicto los derechos de particulares con la necesidad reconocida por la misma Ley, el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

Asimismo el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria, establece:

  1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
  2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Gobierno viola derechos humanos y constitucionales

Como veremos el Gobierno Panameño ha violado estos preceptos legales y ha venido privilegiando los intereses de los grupos acaudalados por encima del interés social.

Con la promulgación del Decreto Ejecutivo 81 de 20 de marzo de 2020 que hoy cumple tres meses, de un plumazo permitió:

  • El envío de miles de trabajadores a sus casas sin un centavo ni el pago de los días trabajados, ni vacaciones ni XIII mes, excepto en el sector construcción, donde SUNTRACS logró un acuerdo con la CAPAC y además ha sido el único sindicato o uno de los pocos que logró entregar una ayuda especial económica a sus miembros.
  • Condenó a miles de trabajadores con contratos suspendidos y a sus familias al hambre y a subsistir con un mísero bono, primero de 20 balboas que gradualmente fue subiendo a 80 y ahora anuncian que a partir del 1 de julio aumentará a 100, que son insuficientes para sufragar los costos de la canasta básica de alimentos y menos la familiar.
  • Que a la fecha hay más de 70 mil trabajadores con contratos suspendidos que en este lapso de tiempo, es decir en tres meses, no han recibido un solo centavo ni ayuda del Gobierno. Ni hablar de los trabajadores del sector informal que representaba antes del COVID un 52% (dato de la OIT) de la población económicamente activa que labora.
  • Asimismo, con ese mismo decreto, eliminó a miles de cotizantes de la Caja de Seguro Social (CSS), ahora sabemos que son al menos 250 mil trabajadores con contratos suspendidos, lo cual aunado a la moratoria declarada inicialmente por la administración de esa entidad a favor de los patronos, sometida al robo, la corrupción y los negociados en los distintos gobiernos, agrava la problemática de iliquidez que hoy afronta.

Pero hay más…

El levantamiento abrupto de la cuarentena el 1 de junio, como venía advirtiendo FRENADESO, supuso un rebrote y un crecimiento exponencial de las muertes y de los casos por coronavirus. Los más afectados, como indican las estadísticas, han sido los trabajadores, especialmente los que habitan en los corregimientos de los distritos de Arraiján, la ciudad capital, San Miguelito, Changuinola, entre otros, que presentan los indicadores más elevados de contagios. El 90% de los contagiados está entre 18 y 59 años, es decir la mayor la fuerza de trabajo del país.

Esto se da en momentos en que el sistema de salud y, especialmente las unidades de cuidados intensivos están a punto de colapsar, demostrando que jamás el Gobierno se preparó debidamente para enfrentar la pandemia, sino para seguir el robo y la corrupción, como lo ha demostrado la construcción del hospital modular, la compra de ventiladores y otros insumos médicos y la permanente improvisación. Es como si el famoso año del Hidalgo (“bien pendejo el que deje algo”), se hubiese adelantado por el COVID-19.

Los trabajadores de la salud que realizan grandes sacrificios y arriesgan sus vidas han quedado en muchos casos a merced de su propia suerte y sufragando con sus propios recursos los insumos y equipos de protección e higiene.

El rumbo del Gobierno neoliberal del PRD ha sido recurrir a los bonos y a mayor endeudamiento y señala que lo seguirá haciendo.

Esos recursos, que suman alrededor de 7 mil millones de balboas, se han destinado fundamentalmente para apoyar a las grandes empresas e inyectarle dinero al sistema financiero.

El acuerdo del Gobierno con los bancos acerca de una falsa moratoria que no incluye los intereses, ha demostrado que en Panamá lo que rige son los intereses del gran capital financiero por encima de cualquier otro poder. El escenario que se avecina es el de secuestro de casas, carros y otras propiedades, especialmente de trabajadores, profesionales y capas medias.

Para el pueblo, de esos más de 7 mil millones de dólares que hemos mencionado, apenas se han destinado menos de 50 millones en bolsas de comida y bonos miserables que no abarcan a toda la población. Y resulta que en el país puntero en crecimiento económico, el supuesto Dubái de Las Américas, el llamado Hub logístico, es el que menos porcentaje de su Producto Interno Bruto ha destinado para ayudar a la población en la pandemia.

Cientos de miles de estudiantes ven peligrar su año escolar en el sector público y aunque los pasen formalmente, muy poco habrán aprendido, porque el sistema educativo ha sido abandonado desde siempre por gobierno tras gobierno, y no tiene condiciones para ejecutar métodos educativos alternativos en un momento como el creado por la Pandemia. Más de 500 colegios particulares anuncian un posible cierre por la incapacidad de pago de los padres de familia y estudiantes de los distintos niveles y jóvenes universitarios abandonan los colegios y las universidades por no contar con internet ni otras formas de comunicación ni recursos para su compra. Solo los hijos de la élite económica tienen asegurado el año lectivo.

En el caso de las mujeres, que representan aproximadamente un 30% de las jefaturas de hogar, 103,798 han sido afectadas por contratos suspendidos y son las de menor reincorporación laboral (5,138), colocándolas en mayor estado de indefensión, sin políticas públicas que atiendan estas inequidades.

Definitivamente la pandemia ha profundizado la desigualdad en uno de los países más desiguales del planeta.

Y esta desigualdad y privilegios para unos se palpa en cosas tan inverosímiles como la reunión del PRD, el partido gobernante, en una parrillada con el consentimiento de la propia ministra de Salud, su “ministra consejera” y la titular del Ministerio de Trabajo violando las medidas sanitarias impuestas por ellas mismas al resto de la población.

La mesa laboral

En medio de esta aterradora situación, ha venido reuniéndose una mesa laboral que no avanza en nada, ante la prepotencia de una clase empresarial y la complicidad de las autoridades gubernamentales. La buena voluntad de algunos sectores de trabajadores allí representados y su propósito de velar para que los derechos de los trabajadores no fueran vulnerados han sido burlados, así como las expectativas de amplios sectores del pueblo.

Fuera de ella, los empresarios de hecho imponen mutuos acuerdos ilegales, desconocen convenciones colectivas, reducen salarios y comienzan a despedir sin mayores garantías, so pretexto de la pandemia, a trabajadores con enfermedades crónicas y de edades cercanas a los 60, a los que desproveyeron de seguridad social y de cuotas necesarias para su jubilación. Esto es algo que también el gobierno ha empezado a hacer para despedir trabajadores para disminuir el gasto, pero también para abrir espacios para nombrar personas vinculadas al PRD.

Esto acontece en la cadena Riba Smith, Rey, en Medcom, TVN, Cervecería Nacional y otras. En este orden, MITRADEL, pasa agachado, no hace respetar el supuesto precepto de “suspensión de contratos, para preservar puestos de trabajo”.

Como hemos subrayado en muchas ocasiones, la crisis del modelo económico neoliberal que se ha desarrollado por más de 40 años en Panamá ya venía en crisis. La pandemia la agudizó, pero el poder económico está aprovechando para imponer y profundizar medidas lesivas a los trabajadores concebidas desde mucho antes como: Privatizaciones como la del agua potable (IDAAN), aumento de edad de jubilación de mujeres y hombres, incremento de la cuota obrera en la CSS, despidos masivos en el sector público y privado, reformas laborales, pérdida de garantías fundamentales y libertades democráticas.

Esa es la llamada nueva normalidad que se nos quiere imponer y en ella avanza la Comisión del “Día D”, al margen de la mesa laboral, conformada por los representantes de los intereses económicos que más se beneficiaron de ese modelo económico depredador y excluyente. De esa Comisión solo saldrán medidas que buscan seguir con el mismo modelo económico y por tanto, agudizarán la crisis de los sectores trabajadores y del pueblo en general.

El escenario

Estamos ante un escenario de terror:

  • Amenazante colapso del sistema de salud por negligencia y medidas erráticas.
  • La pérdida del trabajo por muchos panameños.
  • Despidos de trabajadores del sector público.
  • Crecimiento de la informalidad.
  • La disminución de los ingresos familiares.
  • Peores condiciones laborales y de mayor riesgo a la salud.
  • Incremento de la pobreza y extrema pobreza tanto en el campo como en las ciudades.
  • Mayor corrupción y robo.
  • Intensificación de la especulación en los precios de los alimentos, equipos de salud y artículos de primera necesidad que se ha venido desarrollando impunemente en la pandemia, elevando el costo de la vida.
  • Endeudamiento que hay que comenzar a pagar ya y que querrá ser aprovechado por los acreedores para la privatización (Canal, CSS, IDAAN, etc.) y el remate de nuestros recursos naturales y el patrimonio nacional.
  • El despojo por parte de los bancos de bienes y propiedades de los panameños.
  • Peligro de pérdida definitiva del año escolar.

Nuestra propuesta:

  1. Garantizarle a la población lo necesario para subsistir dignamente en una cuarentena efectiva para frenar los contagios que se incrementaron por las decisiones erráticas y la negligencia de unas autoridades y sus “expertos” que desde el día cero le han mentido a la población y que lanzaron como rebaño a los panameños a las calles porque para los empresarios los negocios están por encima de la salud del pueblo.
  2. Bono de 500 balboas para trabajadores con contratos suspendidos, informales y desempleados.
  3. Seguro de desempleo y renta básica de 500 balboas.
  4. Políticas para salvaguardar los empleos.
  5. Garantizar a las familias panameñas los servicios básicos de agua, luz, gas, comunicación e internet.
  6. Reducción de los intereses bancarios de hipotecas, préstamos personales y de tarjetas de crédito, cuando termine la moratoria bancaria. Hacer esto extensivo a las empresas Financieras.
  7. Congelamiento y moratoria de los alquileres.
  8. Herramientas necesarias para los educadores y estudiantes que permitan la realización de las clases virtuales y alternativas para los de áreas de difícil acceso.
  9. Aporte del Estado a la Caja de Seguro Social para solucionar la falta de liquidez, además, cubrir el pago de las cuotas que la entidad dejó y dejará de percibir como consecuencia del Decreto 81 y los más de 250 mil contratos suspendidos.
  10. Apoyo y reconocimiento a los trabajadores de la salud que arriesgan sus vidas en esta pandemia.
  11. Solicitud de apoyo a países con experiencias exitosas en el manejo de este tipo de crisis.
  12. Créditos blandos para la micro y pequeña empresa, así como para los sectores productivos que generen empleos de manera sostenible y no hagan despidos.
  13. Condonación de la deuda externa.
  14. Cárcel para los corruptos.
  15. Impuesto especial a las grandes fortunas que contribuya a paliar la crisis.

La lucha en las calles

Recomendamos a los sectores trabajadores a levantarse de la mesa laboral, toda vez que no hay posibilidad de acuerdos verdaderos ni sustanciales y dado que el gobierno definió ya su hoja de ruta abiertamente en favor de los intereses del poder económico

El pueblo debe estar vigilantes ante los falsos Mesías que impulsan los que ponen presidente (Motta, Eleta, González Revilla, Humbert, Arias, Eisenmann, Alemán, etc.) y comprender que todas las cúpulas de los partidos tradicionales y los llamados independientes responden a los mismos intereses económicos que además controlan los grandes medios de comunicación que censuran y niegan la libertad de expresión. Sus contradicciones son secundarias y meramente electoreras. Todos son neoliberales y optan por una salida autoritaria, antidemocrática y represiva para que sea el pueblo el que cargue con la crisis.

Hoy, como nunca, nuestro futuro depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Presenciamos la descomposición de un sistema y su modelo de acumulación que reinó a nivel global. Urge un modelo alternativo sostenible. Panamá requiere una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que funde una nueva república.

Llamamos al pueblo, guardando las medidas sanitarias necesarias, a la lucha en las calles en defensa de nuestros derechos, la solidaridad entre los trabajadores y las comunidades, y para enfrentar la voracidad de una clase empresarial (burguesía) que busca sacar ventajas de la desgracia que sufre la humanidad.

Panamá, 20 de junio de 2020.

FRENADESO

FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES

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