Panamá: Gobierno sin políticas para atender el desempleo

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Por; Genaro López

Finalizamos el año 2015 e iniciamos el 2016 señalando la preocupación en materia laboral. En esa oportunidad denunciábamos la ola de despidos masivos que se daba en el sector privado y la suerte que se corría en varias de las instituciones públicas. Esta ola no solo abarcaba a sectores obreros sino también a profesionales.

A mediados de año pusimos en el tapete la preocupación por la creciente contratación de fuerza de trabajo extranjera, mucha de ella de manera ilegal y otra tanta en actividades informales y reservadas solo a panameños. Una tercera preocupación que establecimos este año era la creciente informalidad laboral que prevalece en el mercado laboral (72.4 % de ellos en actividades del sector servicio), que comprendía incluso ‘informalidad en sectores formales’ (15 %, o sea, 87 736 personas, según último reporte oficial).

A estas preocupaciones, la administración Varela no dio ningún nivel de atención, permitiendo la profundización del problema. Cerramos el 2016 con más de 10 mil desempleados adicionales, una tasa de desempleo del 6 % y una informalidad laboral que campea el 50 % de la PEA ocupada. Los desempleados suman más de 100 mil personas; siendo los jóvenes, mujeres y profesionales los más afectados por el desempleo en el país. El desempleo se ha incrementado tanto en actividades productivas (construcción) como en el sector servicio comercio (actividades financieras y seguros, transporte, almacenamiento, etc.); así como en casi todas las provincias del país (Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá, Veraguas, Panamá Oeste).

Lo que se proyecta es inestabilidad en el mercado de trabajo; crecimiento del desempleo; tasas descendentes de participación de la fuerza laboral (mujeres y jóvenes); se generaliza inseguridad del empleo (informalidad, contratación por tiempo definido, reducción de prestaciones sociales, entre otras). Obviamente, todo ello con su consecuente impacto en los niveles de salario y prestaciones sociales.

A ello, hay que sumar las pretendidas reformas a la seguridad social, con medidas paramétricas que pretenden, entre otras cosas, aumentar la edad de jubilación a 65 años y de allí hasta los 70 años (para hombres y mujeres), lo que puede afectar las posibilidades en el mercado laboral de las nuevas generaciones.

En Panamá no solo se está en la incapacidad estructural de generar los empleos exigidos por el crecimiento de la población en edad de trabajar, lo que sucede es el resultado de una economía estancada, carente de una propuesta de desarrollo económico y social que permita garantizar la creación de nuevas fuentes de empleo permanente con salarios que cubran las necesidades materiales de vida de trabajador y su familia y que garanticen sus prestaciones sociales.

La data estadística evidencia lo lejos que ha quedado el Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, donde Varela se compromete a: ‘Un solo país, integrado y cohesionado, con armonía social y sostenibilidad ambiental, generador de buenas condiciones de vida y de oportunidades de desarrollo humano…’. Es decir, otro engaño más de los Gobiernos neoliberales.

En general, es necesario tener claro que con la reducción de la proyección del crecimiento económico para este año en el país, con el círculo recurrente de las fuentes de empleo (mínima generación de nuevas plazas de empleo), con la creciente presencia de mano de obra extranjera (ilegal o legal) en el mercado laboral panameño, con el despido de trabajadores, tanto del sector privado como del sector público, no cabe duda de que se complicará el problema del desempleo en el país.

Al igual que en otros países de América Latina y de Europa, es evidente que con el neoliberalismo, se cae la cortina que profesa que el sistema es capaz de generar los empleos que ‘necesita’ la sociedad; lo que reina es la precarización del trabajo y su remuneración por debajo de su valor. En este escenario, organismos internacionales, como la OIT, se ocupan de la precariedad laboral, pero ocultan el núcleo básico: la creciente pérdida de derechos laborales y sociales para los trabajadores (educación, salud, prestaciones económico-sociales, vivienda, recreación, etc.).

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO

 

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