Panamá: En medio de nuevo escándalo de corrupción, diputados se aprestan a aprobar 400 millones de dólares de financiamiento publico para sus partidos

Publicidad

A tambor batiente vienen aprobándose por bloques el paquete de reformas electorales en segundo debate donde se nos ha negado el derecho a participar a pesar de que hicimos la solicitud varias semanas antes. La inusitada velocidad que los diputados le vienen imprimiendo a la discusión, luego de más de un año de estar estancada, revela que al parecer la Partidocracia ha logrado ya consenso.

Y no es para menos. A sabiendas que podrán seguir obteniendo cuantiosos recursos del llamado financiamiento privado por cualquiera de las coladeras que se dejen, ahora los cinco partidos tradicionales esperan repartirse no 100 millones de dólares, sino 400 millones de fondos del estado, es decir de todos los panameños, vía el financiamiento público.

Esta pretensión al parecer tiene la aprobación de los magistrados del Tribunal Electoral lo que confirma que siempre han estado al servicio de los intereses de esa Partidocracia. La soberbia y el desprecio de los magistrados al pueblo es tal, que ni siquiera se han dignado en aclarar a la opinión pública las razones por las cuales el Tribunal Electoral contrató a una empresa de software propiedad del presidente encargado del Partido Panameñista en 2014, Ramón Fonseca Mora, ni en que consistieron y consisten los servicios adquiridos de un bufete envuelto en un escándalo mundial de blanqueo de dinero y fraude, tal como declara en su indagatoria una de las representantes de Mossack Fonseca, la Lic. María Mercedes Riaño. Para nosotros este tema es de suma preocupación toda vez que la diferencia de inscritos entre nuestros números y los del Tribunal Electoral es de más de 8 mil adherentes, y a pesar de nuestro reclamo desde el año pasado, el Tribunal Electoral aún no ha ofrecido oficialmente ninguna respuesta. Igual aconteció en el proceso anterior en 2013, cuando se nos comunicó que la base de datos del Tribunal Electoral había sufrido un ataque cibernético.

Pero además, la actuación de la Asamblea en este punto de los 400 millones de financiamiento público, nos muestra la seguridad que tienen los mismos diputados que se llevaron 420 millones del PAN sin rendirle cuentas a nadie, de que en este país todo seguirá igual y que ellos seguirán gozando de la impunidad que siempre han tenido los ladrones de cuello blanco en Panamá, pese a las recientes informaciones del pago de coimas y sobornos y el patrocinio de campañas electorales a cambio de sobre costos en proyectos por parte de los confesos directivos de Odebrecht, pero que seguramente no es la única empresa en dichas operaciones como bien sabe la opinión pública.

El cinismo es tal de los diputados de marras, que han seguido adelante con estas discusiones mostrándose indiferentes a las denuncias recientes que revelan contratos falsos, negociados con “donativos” y nombramiento de botellas, aprovechándose de las necesidades de los más pobres.

El llamado Pacto de Gobernabilidad devino en una red delincuencial que le permite a los diputados hacerse de millones de dólares para con ello contar con personal y recursos con los que aseguran su reelección. Y como si nos bastara, ahora quieren 400 millones más de la plata del pueblo.

Ante este escenario, que provoca el repudio de los panameños dignos, el Frente Amplio por la Democracia (FAD), llama al pueblo a movilizarnos para que estos escándalos no queden como siempre en el olvido, con la complicidad de los otros órganos del Estado.

Con esto se confirma que la podredumbre moral de las instituciones ha llegado a tal nivel que no hay otra salida que una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes y auto convocada por el pueblo soberano.

El FAD reitera su propuesta de que las reformas electorales, que hoy son un retroceso y una burla a las aspiraciones democráticas del pueblo, deben garantizar igualdad de condiciones y oportunidades entre los participantes de la contienda electoral, debe ser una campaña corta, sin financiamiento privado y solo con financiamiento público no oneroso para el pueblo, donde los grandes medios de comunicación, que utilizan frecuencias del Estado y se benefician de la publicidad estatal, distribuyan espacios por igual a los candidatos, con la misma intensidad como hoy vemos que desarrollan sus campañas propias.

Seguiremos insistiendo en que la participación política debe estar revestida de una ética digna de seres humanos que se empeñan por construir una sociedad mejor y gobernar en función de los intereses de las grandes mayorías y no de una minoría privilegiada. Ello significa acabar de una vez por todas con la práctica que ha caracterizado a los políticos tradicionales de seguir haciendo de las campañas electorales una guerra de chequeras y no el debate de ideas y propuestas, y de utilizar los cargos públicos para sacar réditos económicos como lo demuestran una vez más los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados.

Panamá, 9 de marzo de 2017.

¡RENACE LA ESPERANZA!

FAD

FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA

También podría gustarte

Los comentarios están cerrados.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More