Panamá: Corrupción e impunidad, carga del 2016

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Por; Genaro López

Tal como he señalado en otras ocasiones, el saldo del año que está por finalizar deja un galopante aumento en el déficit de atención de las demandas sociales del pueblo panameño. Las propias estadísticas oficiales dan cuenta del fracaso de la política pública del Gobierno de Juan Carlos Varela en materia de cerrar la brecha entre los que algunos denominan ‘los dos Panamá’, el de la opulencia y el de la pobreza. La política pública jamás estuvo dirigida a atender los problemas sociales que viven a diario miles de panameños, cuenta de ello son las prioridades del quehacer público, cargado de improvisaciones frente a los graves problemas de salud, educación, alimentación, vivienda, transporte público y las llamadas emergencias nacionales (epidemias, desastres ‘naturales’, entre otros).

Este saldo negativo se profundizó aún más al valorar la ejecución gubernamental caracterizada por la ineficiencia, ineficacia, corrupción e impunidad. Como dicen los politólogos, sociólogos y economistas, ‘alguien carga con los desmanes administrativo de los Gobiernos’. En el caso de la sociedad panameña ha sido el pueblo trabajador, los marginados y excluidos sociales los que han pagado.

El 2016 se presentó cargado de escándalos de corrupción en los cuales parece prevalecer la más absoluta impunidad. Un conjunto de instituciones públicas ha estado sumergido en acciones con ribetes de corrupción, según detallan algunos medios de comunicación social, entre tales instituciones están: IMA, MIVIOT, MEDUCA, MINSA, CSS, AMP, Aeropuerto de Tocumen S.A., DAS (antiguo PAN), ANTAI, Ministerio de Seguridad Pública. Sin dejar de lado casos del sector privado donde están involucrados allegados al Gobierno actual y las cuestionadas prioridades del quehacer público.

La crisis institucional continúa y se profundiza, la relación sobre elevada corrupción existe con relación a todas las ramas del poder público y a los órganos de control, como prueba del estado en el que vive la nación panameña. Continúan diferentes sectores sociales señalando la existencia de diversas prácticas de corrupción, tanto en la aprobación de normas y leyes para favorecer determinados grupos vinculados a las estructuras de poder, como en los procesos de contratación, licitaciones, compras abreviadas y realización de diversos trámites. Aunado a ello, la justicia selectiva y la información mediática que sirven a corruptos y corruptores.

Al igual que en los Gobiernos anteriores, la mala utilización de los fondos públicos ha sido una de las tónicas que ha caracterizado la corrupción gubernamental. Ello puede comprobarse en el hecho de que las principales figuras gubernamentales envueltas en escándalos de corrupción, por lo menos de los últimos 26 años, no han sido investigadas, juzgadas y condenadas.

La política pública contra la corrupción del actual Gobierno deja muchos que decir. No se ve una estrategia explícita de lucha contra la corrupción, los programas y proyectos son más formalismo que lucha concreta; no existe una línea de base con indicadores verificables, lo cual a su vez se tradujo en la ausencia de metas concretas a alcanzar. Es más, el ‘foro anticorrupción’ gestionado por ANTAI despertó más incertidumbres por la falta de trasparencia, el cuestionamiento hacia algunos participantes del país y por la suma de más de un millón de dólares que costó el mismo.

En definitiva, tenemos ante nosotros una serie de realidades escandalosas, pero inscritas en la lógica misma del sistema que atestiguan cómo funcionan las instituciones políticas y los sectores dominantes.

El pueblo exige justicia; atención a las demandas de los sectores populares que se enmarcan en la atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; cese de la corrupción; cárcel para corruptos y corruptores; en definitiva, adecentar el quehacer público.

La única salida real para acabar con este estado de situación, obligantemente pasa por crear las condiciones para la autoconvocatoria por parte del pueblo de una Asamblea Constituyente Originaria soberana con plenos poderes, capaz de fundar una nueva república.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

 

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