Panamá: Atraco planificado en la Caja de Seguro Social

Siguen atentando contra los intereses de los asegurados

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Nuevamente, los personeros del Gobierno buscan sembrar incertidumbre y terror con relación a los fondos de la CSS destinados al Programa de IVM. Todo para justificar reformas a la Ley Orgánica de la CSS, que les permita realizar cambios en las denominadas medidas paramétricas (aumento de la edad de jubilación para hombres y mujeres, aumento del número de cuotas para tener derecho a la pensión, aumento en la cantidad de años para realizar el cálculo del monto de la pensión, entre otras). El último llamado del Presidente a la discusión de los temas de la CSS en un “diálogo amplio” nos hace recordar (como en el 2005 con el Gobierno PRD de Martín Torrijos) lo que los gobernantes y grupos de poder económico históricamente han entendido e impuesto como diálogos. Se trata, exclusivamente, de mecanismos para convencer a los incautos de que “todo” se puede resolver con el diálogo, llegando a consensos entre las partes, cuando en realidad lo que se impone es lo propuesto por el Gobierno que es exactamente igual a la posición de los empresarios.

Los trabajadores ya sabemos qué quieren decir con esto.

Todos los gobiernos han utilizado los fondos que aportamos los cotizantes para cubrir déficits del presupuesto público, para financiar cualquier gasto que se les ocurra, con la anuencia de los miembros de la Asamblea Nacional, y de la Junta Directiva de la CSS, salvo el miembro de CONUSI que ha estado denunciando anomalías. También se han denunciado varios actos por carecer de explicaciones que nos hagan tomarlos como transparentes.

La intención de los que se pronuncian a nombre de la CSS, el Director y Sub-Director, desde el inicio, ha sido alarmar a la población e ir abriendo el camino para lo que el actual Gobierno ya tenía preparado: reformar la Ley de la CSS.

Sobre el tema financiero de la Caja se ha dicho tanto y tan poco, a la vez, que lo que han producido es repudio entre la población. A pesar de la caótica situación financiera que pregonaban mucho antes de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, se emitió una Resolución (el 3 de abril del 2020) eximiendo a los empresarios del pago de las cuotas deducidas de los trabajadores y de la correspondiente a los patronos, así como de los recargos y las multas, y de la obligación de presentación de paz y salvo de la CSS para ser proveedor del Estado. Sin embargo, de manera contradictoria, el Director General instaba a las empresas que aún seguían desarrollando actividades que se acercaran voluntariamente a realizar sus pagos a la entidad. Pero los eximieron de hacerlo, ¡incluso a los que desde antes estaban morosos por cerca de 300 millones de balboas!!!

El Sub-Director acudió el 19 de marzo del 2020 a la Asamblea Nacional a solicitar que no incluyeran los pagos a la CSS en la Ley de moratoria. Pero el 8 de mayo, ya estaba haciendo declaraciones sobre la grave situación financiera de la Caja, que había empeorado producto de la falta de pago de empresas (con suspensión de actividades o no), e hizo señalamientos sobre el riesgo que representaba la inexistencia de recursos para pagar las pensiones. En otro momento ya había revelado la detección de pagos a la institución con cheques sin fondo (por un millón de balboas), cuando está prohibido hacer pagos con cheques que no estén certificados o de Gerencia. ¿Estaba diciendo la verdad o mentía? También dijo que había reservas en los dos programas de IVM por 9,000 millones de balboas y que más de la mitad eran del programa de jubilaciones definidas o solidario.

Lo más contradictorio apareció el viernes 15 de mayo del 2020. Se trata de la presentación de los Estados Financieros ante la Contraloría General de la República (¿será ese el procedimiento?) para que los auditen. Es contradictorio porque desde que la nueva administración asumió la dirección de la CSS anunciaron que no existían estados financieros auditados, así como tampoco los estados actuariales vinculados a la situación del programa de IVM. Es más, el l4 de enero del 2020, dos meses antes de iniciar el Estado de Emergencia decretado por el COVID -19, el Director General indicaba, en una presentación ante los medios y otros participantes, que se incluía en el plan de acción, “Terminar los estados financieros auditados y refrendados por la CGR con las corridas actuariales correspondientes y convocar a un gran diálogo nacional”.

También se dijo que había que adecuar la plataforma tecnológica complicada por once procesos (SIPE, SAFIRO, GENESIS, LOGHOS, MAINFRAME, SIS, MANSIS, etc.) convertidos, en sus palabras, en “un rezago tecnológico” que producía varios inconvenientes. Al rezago tecnológico atribuía el “No tener Estados Financieros confiables, auditados y refrendados”; el “No tener corridas actuariales actualizadas”. Producía, además, “Dificultad para iniciar el diálogo nacional por la CSS”.

Por el rezago tecnológico, advirtió: “SE ESTIMA MÍNIMO 18 MESES PARA ALCANZAR ESTOS RESULTADOS”.

También dijo que para el 2023 se agotarían las reservas del Programa IVM, pero advertía que la calidad de la información no era confiable.

Y ahora, el 15 de mayo del 2020, en sólo cuatro meses, con todas las anomalías que los administradores de la CSS han estado pregonando, ya tienen estados financieros del año 2019. No es posible que hayan logrado superar el rezago tecnológico. Mucho menos en la situación de restricciones debido a la pandemia.

FRENADESO

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