Panamá: Asamblea no tiene autoridad moral para decidir sobre reformas electorales

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Con suma preocupación observamos que se avanza en la discusión de las reformas electorales, sin que el pueblo conozca a ciencia cierta que se ha aprobado hasta el momento y sin que se conceda participación y vocería a sectores organizados de la sociedad.

De lo aprobado en primer debate nos preocupa el interés de los diputados de acaparar más del 96% del financiamiento público y establecer un supuesto tope que les permitiría acceso a recursos ilimitados en momentos en que crecen las denuncias de filtración de dinero del narcotráfico, coimas y sobornos de grupos económicamente poderosos en las elecciones.

En relación con el financiamiento público, que incluso se habla que puede elevarse a 500 millones, esta vez se pretende variar la repartición igualitaria entre partidos que se venía haciendo hasta el momento tomando como base el Artículo 135 de la Constitución Nacional.

Pero además, la fórmula que se intenta adoptar es en base a los resultados de las elecciones de 2014, que como todos sabemos fueron las más clientelistas, irregulares y fraudulentas de los últimos tiempos. Esto sería premiar a los que incurrieron en estas prácticas incluidos los 38 diputados que se reeligieron quienes, al igual que sus colegas del período pasado recibieron 420 millones del PAN, de los cuales aún no han rendido cuentas de su uso ante la indiferencia del señor Contralor Federico Humbert.

Esto, de aprobarse, constituiría un retroceso en materia electoral y haría aún más excluyente y discriminatorio el sistema.

Ante esta situación el Frente Amplio por la Democracia (FAD) reitera:

  • Somos del criterio, que la campaña electoral (incluida la publicidad) debe ser financiada exclusivamente con fondos públicos, cuyos montos no deben ser onerosos para el pueblo y deben ser distribuidos de manera igualitaria.
  • Es importante, también, reducir la campaña electoral a solo un mes para evitar el desgaste y la descarada compra de votos con recursos del Estado o dinero proveniente de dudosas fuentes. Evitemos que siga siendo el dinero y el derroche de los recursos del estado, el determinante electoral.
  • Consideramos que las elecciones deben ser un debate de ideas y no una guerra de chequeras. Impidamos de una vez por todas que las elecciones sean el gran negociado cada 5 años.
  • Deben establecerse medidas para evitar que el mismo día de las elecciones se inviertan recursos para la compra de votos cómo viene sucediendo. Solo se regula hasta un día antes del día de las elecciones.
  • La publicidad electoral debe ser solo a través de la cadena estatal de radio y televisión y los espacios deben ser distribuidos por igual entre candidatos y partidos políticos.
  • La televisión y radio comerciales, que se benefician de frecuencias del Estado, debe donar espacios gratuitos por igual a los candidatos y partidos como un aporte real a nuestra democracia. Así evitamos los reality shows en que se ha convertido la campaña electoral.

Por último, los diputados parecen no estar conscientes del descrédito que padece esta Asamblea ante los graves escándalos de corrupción. Ha perdido toda legitimidad por lo que no puede quedar en sus manos la suerte y el contenido de nuestra democracia.

En el maco de instituciones signadas por la corrupción no hay ambiente para llevar adelante reformas electorales que de por si, con los cambios introducidos en primer debate, son antidemocráticas.

Por eso proponemos que sea el pueblo el que decida libremente en una consulta popular si aprueba o no estas reformas y cuánto quiere que se invierta de fondos públicos en sus elecciones.

La democracia es un asunto muy serio como para dejar su discusión y decisión en una Asamblea duramente cuestionada y sin ninguna autoridad moral para decidir sobre algo tan trascendental.

Viéndonos perjudicados constantemente por la pérdida inexplicable de miles de adherentes que no nos reconocen los datos oficiales, aprovechamos la ocasión para pedirle a los magistrados del Tribunal Electoral explicación acerca de declaraciones de una de las implicadas en las investigaciones del caso Lava Jato y Odebrecht de que el Tribunal Electoral era cliente de la firma Mossack Fonseca, donde uno de sus socios, Ramón Fonseca Mora, era el presidente encargado del Partido Panameñista en las elecciones de 2014.

El país entero se le debe una explicación acerca del software que supuestamente se le contrató a dicha firma y en qué consistía los servicios que prestaba

Dado en la ciudad de Panamá a los 26 días del mes de marzo de 2017.

FAD
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA

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