Panamá: Un modelo de sociedad antiemocratica y depredadora

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Mientras el sistema educativo carece de la infraestructura adecuada para la realización adecuada del proceso de enseñanza-aprendizaje, dada la falta de agua, electricidad, seguridad y mantenimiento en general de las escuelas, así como la carencia de insumos, laboratorios y equipamiento de los talleres, por no hablar de los sueldos de hambre que ganan los docentes, el Sistema Bancario Nacional proyecta una ganancia neta, al finalizar el 2008, de más de mil millones de dólares. Súmese a ello las utilidades alucinantes que obtienen las compañías de seguros y las financieras, las cifras multimillonarias que pagamos por los intereses que generan los préstamos otorgados por las Instituciones Financieras Internacionales, y nos habremos hecho una pálida idea del significado económico que tiene la alianza hegemónica del capital financiero con la burocracia del régimen partidocrático que la representa en el poder político.

Nótese que por brevedad no entramos en la consideración de las enormes sumas de dinero que extraen de la sociedad panameña los monopolios que controlan la generación y distribución eléctrica, los puertos, la telefonía, los casinos, la distribución de los hidrocarburos, etc., etc. Vivimos en una sociedad dominada por depredadores insaciables, y de ahí que sean inminentes, si no las detenemos, las privatizaciones de la salud (Slim) y de la educación, así como la entrega a las multinacionales del sistema de transporte público metropolitano, mediante la tramposa fórmula del sistema denominado Transmóvil. No escapan a esta vorágine nuestras costas, nuestro subsuelo y nuestras fuentes de agua.

Este drenaje económico, empobrecedor de la mayoría de la población, sólo puede ser posible gracias a una sólida alianza con la burocracia partidocrática, la cual, sea de las siglas que sea, administra en nombre del capital financiero al Estado panameño ya desnacionalizado. La conquista del poder político les proporciona, además de los beneficios que les acarrea el ser socios menores de las transnacionales y el capital financiero, “el derecho” y la impunidad necesaria para enriquecerse a costa del erario público. Para hacernos una somera idea, considérese que sólo 257 funcionarios – una pequeñísima parte de la alta burocracia, en este caso perrediana- se embolsan, en su condición de “asesores”, salarios que superan los 6 millones de dólares al año, es decir 30 millones en el quinquenio. Por otra parte, la Asamblea de Diputados, integrada por 72 legisladores, le cuesta al bolsillo de los panameños 54 millones de dólares al año, es decir 270 millones de dólares durante el quinquenio, y eso que esta cifra aumentará cuando les otorguen las prometidas “partidas circuitales”.

No hay espacio para desglosar los centenares de millones que van a parar a los bolsillos de cónsules, embajadores, notarios, ministros, y otros altos cargos, sin contar con los multimillonarios negociados que se realizan gracias a detentar el control político del Estado. Mientras todo ello ocurre, la hambruna campea por nuestros campos y barrios marginales, el sistema publico de salud constituye un verdadero horror, el transporte maltrata inmisericorde a más de 700.000 panameños que tienen que levantarse a las cuatro de la madrugada para ver si llegan o regresan vivos de su trabajo.

¿Qué hace posible esta barbarie?

No hay que tener una imaginación desbocada para comprender rápidamente que un sistema depredador como el que sufrimos sólo es posible mediante la imposición de un régimen político antidemocrático que impide que la sociedad se pronuncie y decida. El régimen partidocrático y neoliberal de libertades recortadas mantiene secuestrada la voluntad de la mayoría de la sociedad, a la que sólo se le faculta para pronunciarse cada cinco años y bajo condiciones draconianas: un régimen de partidos políticos que luchan por ver cuál de ellos será el beneficiario de la orgía de dinero que les posibilita su alianza con las transnacionales y el capital financiero, para lo cual mantienen un código electoral que impide la participación democrática de los ciudadanos. De esa manera se puede escoger entre siglas, pero jamás entre programas. Así vemos como se trata de “optar” entre el que tiene “las manos limpias”, o el que “camina con los zapatos del pueblo”, o la que nos ofrece “su corazón”, o el que nos promete que con él “ganaremos todos”. En cuanto a qué haremos con el sistema de salud, la educación, el agua que falta en las comunidades, el sistema de transporte público, o ese casi 50% de fuerza laboral que malvive en el “empleo informal”, ni una palabra. Y ello es así, pues todos están de acuerdo en sostener las políticas neoliberales que mantienen empobrecida a la mayoría social.

Un ejemplo aberrante de cómo se somete al pueblo lo constituye el Prodec y la Red de Oportunidades. Esta última repartirá entre 58.000 unos 3 millones de dólares mensuales, 36 millones de dólares al año, o si se quiere 50 dólares al mes, para que de esa manera evitar que mueran de hambre y al mismo tiempo hacer depender su subsistencia de las dádivas del gobierno, cuyo Presidente en cada aparición pública les recuerda que si su partido pierde las elecciones ya no recibirán dicha limosna. Mejor ejemplo de clientelismo, imposible.

¿Cuál es la salida?

El candado que significa el código electoral no es gratuito. El mismo garantiza que el pueblo panameño no tenga opciones políticas capaces de ofertar un cambio radical de este modelo social depredador y antidemocrático. Porque ejecutar los cambios profundos que el país necesita requiere de un gobierno demayorías, que logre la hegemonía política en la sociedad y desde ella conduzca a un nuevo gobierno que pueda refundar el Estado. Para ello la legitimidad se hará imprescindible, y cualquier otra salida conducirá al fracaso o a una catástrofe. De ahí que la lucha por derribar el actual código electoral, y abrir paso así a la libre manifestación de la voluntad popular, es un objetivo estratégico. Evidentemente que ello no se logrará por obra y gracia de la buena voluntad de los neoliberales. Se requerirá fuerza social movilizada, que tenga el objetivo político de romper el candado electoral.

No basta con organizar al pueblo e impulsar reivindicaciones sociales justas y sentidas. Se requiere dotarlo de objetivos políticos que constituyen la mediación necesaria para satisfacer esas demandas. No nos engañemos. El ejemplo de Ecuador es aleccionador en un sentido positivo. Si queremos llegar a David, es absurdo tomar el autobús que conduce a Colón por ser esta una ciudad más cercana. El camino será largo y difícil, pero no hay otro camino.