Panamá: Inundaciones en Panamá, desastre no tan natural

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Ecologistas han señalado que los pobres, sobretodo las comunidades campesinas e indígenas, no saben de economía ambiental ni de economía ecológica, pero su lucha por la preservación de la naturaleza, por el equilibrio sociedad-naturaleza, está sentado sobre su lucha por la supervivencia. La lucha por la supervivencia hace a los pobres conscientes de la necesidad de preservar los recursos.

Las situaciones de desastre en el mundo, causadas por eventos de origen antrópico, están generando un impacto creciente evidenciado en el número de personas afectadas; las pérdidas de salud, las dramáticas cifras de muertos e inocultables efectos negativos en lo social, lo económico, la infraestructura, el medio ambiente, los bienes, la organización de los sistemas, la sustentabilidad y el progreso de las sociedades.

En Panamá, las catastróficas inundaciones del fin de semana pasado han reiterado la profunda división de la sociedad panameña y el desinterés gubernamental por atender las demandas sociales y ambientales de los pobres.

La insistencia del gobierno en ‘modernizar’ la urbe (cinta costeras, grandes centros comerciales, residenciales de lujos, complejos hoteleros, etc.), ha llevado a desordenamiento urbano, producto de la aprobación por parte de las autoridades de rellenos de manglares, destrucción de humedales, desviación de cauces de ríos y quebradas, permiso de construcción en áreas inundables, etc., cuyo impacto negativo cada vez con más frecuencia afecta a los pobres, pues son las víctimas de los desastres y son quienes terminan pagando las supuestas ‘indemnizaciones’, que en la mayoría de los casos no las reciben ellos.

Es decir, las inundaciones ponen en evidencia, una vez más, que la élite política y económica del país vive de espaldas a la realidad de la mayoría, mientras el país se hunde. La institucionalidad que debe guardar los derechos ambientales y la seguridad ciudadana, resulta cómplice de las prácticas depredadoras del ambiente, lo que resulta paradójico, pues se supone que el MIVI pasa a MIVIOT y cuando se supone que contamos con una ANAM y un SINAPROC, que deben velar por el cumplimiento de las normas en esta materia.

Ambientalistas y ecologistas han hecho un llamado sobre la necesidad de una política de Estado que contemple la gestión del riesgo, la inversión en desarrollo y la prevención, y que permita reducir este tipo de desastres cada vez más recurrentes; sin embargo, tanto el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como el sector empresarial, cada vez más flexibilizan la legislación ambiental, a fin de garantizar mayores ganancias, aunque ello signifique poner en riesgo la vida de miles de panameños y atentar contra el ecosistema.

Con doble moral, éstos a la hora de los desastres, ya no tan naturales, aparecen en los medios de comunicación social entregando donaciones, montados en botes, cargando y limpiando escombros. Es decir, cobrando raiting político, electoral y hasta moral. Es más, el gobierno aprovecha para utilizar el ‘ahorro nacional’, FAP, al adelantar su entrada en vigencia, larga aspiración de éstos para cubrir el hueco fiscal.

Las dudas sobre el uso adecuado del fondo son crecientes, ante un gobierno envuelto en corrupción, licitaciones amañadas, sobrecostos. En el 2010, inundaciones en Chepo, terminó manejando una partida superior a los $149 millones, sin que muchos de los pobladores afectados hayan sido indemnizados.

¿A cuánto aspira en estos momentos?, la cuantía de los daños aún se desconoce, sin embargo el viceministro del MEF, Omar Castillo, señala que tendrían acceso hasta $500 millones.

En medio de ello, las empresas cuestionadas por el desastre pasaron agachadas (no fueron juzgadas, ni indemnizaron a los afectados ni al Estado), entre otras AES.

Lo sucedido, no cabe duda, constituye un resultado de la desprotección del ambiente que atenta contra la vida digna de los pobres. Sin duda los intereses económicos de un reducido grupo siguen prevaleciendo en las decisiones del gobierno.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI