Panamá: ¿Dictadura en democracia?

Al gobierno de Ricardo Martinelli no le preocupa la situación de privaciones y continuo deterioro de las condiciones de vida que enfrenta la mayoría de la población de nuestro país. Aún no logra disminuir el alto costo de la vida, pese a supuestas medidas de apoyo a los consumidores.

Las jumbo ferias y jumbo tiendas no resuelven el problema, la beca universal no logra disminuir ni eliminar las causas de los niveles de deficiencia académica que afectan a niños y jóvenes (por lo que muchos no logran mantenerla), los 100 a los 70 son insuficientes para que los adultos mayores mejoren su nivel de vida, la corrupción desvía recursos que deben llegar a los hogares con más necesidades.

Pretenden esconder, tanto gobernantes como los sectores de poder económico en el país, que son sus propias acciones mezquinas y especulativas las que orillan a la población a situaciones de desesperación y a tomar acciones de lucha, porque es su derecho, tratando de que se escuchen sus demandas.

La mafiocracia y su partidocracia prefieren mantener a los panameños en una situación de intranquilidad psicológica permanente, así como de inseguridad en cuanto a la satisfacción de sus necesidades materiales, mientras continúan realizando cualquier cantidad de actos para seguir obteniendo beneficios particulares con los recursos del Estado.

Se muestran indiferentes ante las grandes necesidades de la población, ocasionadas por las prácticas elitistas y discriminatorias de los grupos de poder económico y político, de gobierno o de la mal llamada oposición, sin aceptar que un aumento general de salarios y el congelamiento de los precios de los artículos de primera necesidad serían medidas apropiadas para mejorar la calidad de vida. Su respuesta se torna más inhumana, cuando el ministro de Seguridad anuncia que le aumentarán significativamente el salario a los comisionados y subcomisionados, al nivel de los ministros y viceministros, una burla para los pobres de este país, que son los más afectados por los niveles de inseguridad que estos mismos privilegiados no logran controlar, pese a que son pagados para ello.

Debemos condenar enérgicamente lo que se está convirtiendo en una práctica de los gobernantes, una política de discriminación contra los pobres en varios aspectos. A nivel racial, con el maltrato y abuso de que son víctimas los grupos originarios y la población afrodescendiente, como ha quedado evidenciado en las jornadas de protesta social en los que se evidencian abrumadores actos de abuso policial y violación de los derechos humanos y garantías constitucionales de estos compatriotas que son víctimas históricas de la marginación social, económica, política, cultural. Este fue el caso de la masacre de Bocas del Toro, del pueblo Ngäbe Buglé y de los colonenses.

Esto también se refleja en la forma como los estamentos de la Fuerza Pública, las Autoridades Municipales, del Ministerio Público y otros del Órgano Judicial, se ensañan con los trabajadores, especialmente los del sector de la construcción, a quienes se priva de su libertad, se les impide su defensa, imponen sanciones exorbitantes sin probar supuestos delitos y faltas que se les imputa, por el simple hecho de tener apariencia de obreros de la construcción, en contra de cualquier precepto de garantías fundamentales y del debido proceso consagrados en la Constitución Política y en las Convenciones y Declaración Universal de Derechos Humanos de los que Panamá es signatario. Da la impresión de que los verdugos del pueblo han emitido órdenes para que los uniformados se ensañen con los trabajadores de la construcción, al igual que otros funcionarios que se convierten en ejecutores de tales abusos.

La represión, la violación de los derechos humanos y la discriminación contra los pobres es creciente. Como se ve en Panamá no hay democracia económica ni política, por lo cual cada vez más los gobiernos se constituyen en dictatoriales. Como dijera un pensador costarricense se trata de dictadura en ‘democracia’.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

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