Panamá: Con el FAD, por un Estado humano y decente

Un millón noventa mil panameños no logran satisfacer al menos una de las necesidades básicas de vida (alimentación, salud, vivienda, educación); es decir, viven en pobreza; 5,594 niños nacieron por debajo del peso en el 2012; cada cuatro días un panameño muere por no tener qué comer; de cada cien panameños que dicen tener trabajo, cuarenta están en informalidad laboral (sin seguridad social, sin estabilidad laboral, sin derechos laborales); todas las mañanas cientos de panameños viven la vicisitud del mal servicio del transporte público; en los barrios el problema de la falta de recolección de la basura y el acceso al agua potable es creciente; en el campo indígenas y campesinos viven en completa marginación y enfrentan diariamente los proyectos depredadores del ambiente (hidroeléctricas, minería y complejos turísticos), que amenazan con expulsarlos de sus tierras y destruyen sus formas de vida.

Es el Panamá que el Consejo de Gabinete quiere tapar al exonerar y avalar el negociado en el alquiler de treinta camiones para la recolección de basura por el orden de los catorce millones de dólares, por parte del director de la Autoridad de Aseo, Enrique Ho. Mientras la Asamblea de Diputados pretende desviar la atención de los principales problemas sociales por medio de show mediáticos.

Este es el Panamá que el presidente Ricardo Martinelli, no puede ver desde la altura de un edificio de más de cincuenta pisos o desde las alturas de su avión presidencial (más de ochenta viajes al exterior del país).

Todavía Martinelli tuvo el cinismo de afirmar en su discurso ante la Asamblea de Diputados que ‘la riqueza está mejor distribuida’, cuando su gobierno le ha disminuido los impuestos a las grandes empresas, incluyendo las suyas y las de sus ‘amigos’; cuando los macroproyectos tienen enormes sobrecostos para favorecer las coimas y las ganancias de los contratistas. El último Informe de Desarrollo Humano del PNUD, niega estas afirmaciones al establecer que ‘La desigualdad empaña el crecimiento de Panamá, en la medida que crece la brecha entre ricos y pobres’. Se comprueba entonces, que es un mito el planteamiento de quienes afirman que generando crecimiento económico se produce el bienestar de todos los sectores de la sociedad.

En medio de ello la partidocracia sigue envuelta en escándalos y disputas internas, no por la diferencia de proyectos políticos y económicos, sino por los intereses personalísimos de mantenerse o ascender a los puestos de dirección del Estado, para usufructuar de éste, haciendo del gobierno su principal forma de acumulación de riqueza.

Esta radiografía del ‘Panamá que tenemos’, demanda cambios sustanciales en el orden económico, político y social. Requerimos adecentar la política para adecentar el Estado. Es imperativo la construcción de un Estado humano y decente. Humano, porque coloca en primera instancia el uso de todos nuestros recursos en la atención de las demandas sociales de la población y en el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Decente, en cuanto quienes lo administran se comportan de manera justa y honrada; combaten toda práctica de corrupción e impunidad; y permiten el pleno ejercicio de control y fiscalización de la ciudadanía a través de la participación en la toma de decisiones.

Como se ve este Estado humano y decente, implica necesariamente la construcción de real democracia.

El país requiere cambios profundos en todos los órdenes de la vida nacional. Es obligante reformar el Estado, asegurando la construcción de una sociedad justa, solidaria, equitativa, democrática, popular y participativa, que oriente y garantice un desarrollo humano integral, con absoluto respeto a los Derechos Humanos.

Para tal fin son necesarios hombres y mujeres organizados y formados, con férrea voluntad y disciplina, capaces de luchar y defender sus intereses, para forjar su destino y el de la colectividad.

El Frente Amplio por la Democracia (FAD), está comprometido con estas voluntades expresadas por los sectores populares, democráticos y patrióticos del país.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.

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