Panamá: Carta Abierta a candidatos presidenciales, alcaldes, diputados y representantes de corregimiento

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Las comunidades afectadas por la instalación de antenas de telefonía celular nos dirigimos a ustedes, con la finalidad de expresarles nuestras consideraciones sobre la instalación arbitraria de antenas de telefonía celular en áreas residenciales y hacerles un llamado de atención por corroborar que ninguno de ustedes en sus planes de trabajo ha contemplado soluciones a esta problemática que aqueja a un sector importante de la población panameña a lo largo y ancho del país.

A continuación nuestras consideraciones:

•A partir del año de 1997, el gobierno nacional realizó concesiones a las empresas Cable & Wireless y Bell South (hoy Movistar) para la operación de telefonía celular, lo cual dio lugar a instalación arbitraria de las torres y antenasen áreas residenciales, por falta de regulación por parte de las autoridades.

•El pasado 7 de mayo de 2008, las empresas DIGICEL S. A. y CLARO PANAMÁ S. A. ganaron concesión administrativa por parte del Estado panameño, para operar dos nuevas bandas de telefonía celular en los próximos 20 años.

•Dichas empresas han estado instalando anárquicamente cerca de mil torres de antenas de telefonía celular en toda la República para garantizarel inicio de sus operaciones, sobre todo en áreas residenciales, violentando la Ley 6 de 2002 sobre transparencia en la gestión pública y la Ley No 6 de 2006 sobre ordenamiento territorial para el desarrollo urbano del país, puesto que no se ha dado la consulta ciudadanarespectiva para la instalación de dichas antenas. Las otras empresas concesionarias también han procedido en igual forma, aprovechando la ocasión para ampliar su cobertura.

•Las autoridades gubernamentales se han burlado del sentir de la ciudadanía, pues la reglamentación expedida tanto por el Ministerio de Salud (Resolución No 1056 de 29 de noviembre de 2007) como por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Resolución AN No 2161 de 28 de octubre de 2008) y su reciente propuesta de Reglamento, relativas a la instalación, operación y uso compartido de torres y/o estructuras que soportan antenas de celulares, contrarían las Leyes No 6 de 2002 y No 6 de 2006, al no contemplar mecanismos de consulta ciudadana efectivos ni cambios de zonificación.

•Las autoridades gubernamentales encargadas de aplicar y ejecutar la Ley, en estos casos, el Ministerio de Salud, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, los respectivos Municipios y Corregidurías, en no pocas ocasiones, han actuado en clara complicidad con las nuevas empresas concesionarias, pasando por encima de los derechos de la población, contrariando hasta sus propias reglamentaciones, no obligando a las nuevas empresas a compartir torres, negándose a cumplir órdenes judiciales y administrativas de suspensión y remoción de las obras y hasta sentencias judiciales.

•La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha ordenado recientemente la suspensión provisional de la Resolución AN No 2161 de 28 de octubre de 2008 expedida por la ASEP, en función de recurso de nulidad en contra de la misma, interpuesto por el Concejo Municipal del Distrito de Panamá, a solicitud de las comunidades abajo firmantes, las cuales en innumerables ocasiones acudimos a las sesiones de este Concejo para obtener la suspensión de la instalación arbitraria de las antenas de telefonía celular.

En función de lo anteriormente expuesto hemos decidido lo siguiente:

NO FAVORECER CON EL VOTO AL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA, ALCALDÍA, DIPUTACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE CORREGIMIENTO QUE NO SE COMPROMETA PÚBLICAMENTE CON:

1.Una vez se constituyan en gobierno, garantizar el cumplimiento de las Leyes No 6 de 2002 y No 6 de 2006, en lo que respecta a la consulta ciudadana efectiva, el respeto de la zonificación en área residenciales y la instalación de antenas en áreas especiales que no sean residenciales, para lo cual se deberán revisar todos los casosen que se ha procedido a la instalación, desde mayo de 2008 hasta la fecha.

2.Regular la materia a través de una LEY DE LA REPÚBLICA, que contemple el principio precautorio y de la “mínima emisión técnicamente posible”; la prohibición de antenas e infraestructuras de telecomunicaciones en zonas residenciales y máximo control en áreas de ubicación de escuelas, hospitales, asilos, a una distancia no inferior de 3 kilómetros, como exige la Unión Europea; establecimiento de un mapa radioeléctrico urbano que permita un monitoreo sistemático en conjunto con técnicos independientes de las universidades públicas; minimización de impactos paisajísticos y ambientales; descongestión de áreas de saturación sobreexpuestas; creación de una Comisión interinstitucional con participación de la sociedad civil que revise la aplicación de esta Ley; y elaboración de un Código de buenas prácticas y Campañas contra el abuso del celular y adicciones al mismo.

3.Hacer justicia a los familiares y amigos de Armando Cusatti, morador de Villa Lucre, el cual falleció el pasado 14 de noviembre de 2008, en circunstancias extrañas, al momento de realizar una vigilia en contra de la instalación arbitraria de una antena de telefonía celular en su comunidad.

¡Los intereses económicos de las transnacionales de celulares no pueden estar por encima de la población panameña!

Panamá, 16 de abril de 2009.

Vicente Archibold Blake (Cédula No 1-21-2195), porLa Rotonda, Villa Zaíta

Gloria Castillo (Cédula No 8-173-366), por Villa Las Acacias, Juan Díaz

Delys Moreno (Cédula No 8-101-772), por la comunidad de Miraflores, Betania

Teresa G. de Paredes (Cédula No C4-30-928), por El Dorado, Betania

Ian Martínez (Cédula No 8-707-1385), por Calle 4ª, Alcalde Díaz

Omaida Cortez (Cédula No 2-87-925), por Sector 5B de La Cabima, Alcalde Díaz

Fabio Samudio (Cédula No. 8-231-213), por la comunidad de Altos del Romeral

Guillermo Ríos (Cédula No 8-203-1803), por Altos de Santa María, San Miguelito

Raquel Bañuelos (Cédula No 8-466-710), por las comunidades de Corozal y Los Ríos

Jorge Estrada (Cédula No 3-105-511), por Calle 1ª, Margarita, Cristóbal, Colón

Raquel Coba de Boyd (Cédula No 4-138-525), por las comunidades afectadas de Chiriquí

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