PAH Barcelona ocupa la Oficina de Vivienda

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En Barcelona hay más de 36.000 unidades familiares en lista de espera para acceder a un piso con alquiler social, según constata el informe anual del Defensor del Pueblo de Barcelona de 2017. En 2017 se han producido 2.591 desahucios en la ciudad, más del 85% de alquileres.

04 de abril de 2018

Las familias de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Bcn (PAH BCN) hemos dicho basta.

Basta de las trabas administrativas para acceder a la mesa de emergencia. Basta del desprecio por parte de las oficinas de vivienda en criminalizarnos por no poder pagar el alquiler. Basta a una lista de espera de más de 9 meses para que nos adjudiquen un piso de alquiler social y poder empezar de 0. Basta de balones afuera por parte de las administraciones y no asumir responsabilidades.

Hoy hemos ocupado el consorcio de la vivienda de Barcelona en la calle Bolivia 105 para poner de manifiesto, en primer lugar, que la mesa de emergencia no da respuesta a las familias que se encuentran en situación de emergencia habitacional. Familias que han accedido a la mesa de emergencia y que en su espera han podido ser desahuciadas, sin ninguna alternativa habitacional, o en el mejor de los casos reubicadas en una pensión durante unos días y luego «sálvese quien pueda».

La Saadia, Nadia, Irene, el Rachid, la Marina, el Theo entre otros han accedido a la mesa de emergencia y están a la espera de la adjudicación de la vivienda en alquiler social. Todas ellas han sufrido más de 2 desahucios estando en lista de espera de la mesa de emergencia. Ellas, que no están solas, ya que cuentan con el apoyo de la PAH de Bcn todavía resisten en su hogar, gracias a la solidaridad de la ciudadanía ya las convocatorias de #stopdesnonaments han podido paralizar los desahucios, pero tienen nuevas fechas : 10 de abril 15 abril, 23 de mayo … y mientras tanto a la espera de la adjudicación del alquiler social vía mesa de emergencia que no llega deben (re) sufrir las consecuencias más violentas de la emergencia habitacional, como son los desahucios, con todos los efectos sobre su salud que conllevan, por no hablar de los efectos sobre la salud de los menores a su cargo.

En segundo lugar, hoy hemos ocupado la sede de Bolivia para exigir información referente a las cesiones de pisos con entidades financieras. ¿Qué ha sido de los 1.800 pisos que debía ceder el BBVA y que tan sólo han cedido 14 en el Ayuntamiento de Barcelona? ¿Dónde están los 1.000 viviendas que la Generalitat cedía a la oficina de vivienda de Cataluña? Qué cesiones de otros bancos o fondos buitres han efectuado? Son algunas preguntas que queremos que nos contesten los responsables de la mesa de emergencia.

En tercer lugar, y para concluir, desde la PAH de Barcelona, ​​como es habitual nos adelantamos a las instituciones y proponemos una serie de medidas que paliarían la situación de colapso que se vive hoy en día en la mesa de emergencia de Barcelona. Medidas de sentido común como son:

Moratoria del desahucio hasta el realojamiento, pues no se entiende que las familias que son favorables a la mesa de emergencia y están esperando que se les adjudique el piso de emergencia tengan que sufrir durante la espera diferentes desahucios con las consecuencias en la salud y en los menores que ocasiona la situación de verse constantemente amenazadas.

Finalización del censo de pisos vacíos antes de terminar el año y comenzar de immeditat el proceso de sanciones para tenerlos parados

Cesión de todo vivienda vacía en manos de grandes tenedores (fondo buitres y entidades financieras)

Alquiler social a cargo de los grandes tenedores para las familias a las que querían desahuciar, como establecía la Ley 24/2015: ningún desahucio por parte de grandes tenedores sin un alquiler social

Creación de pisos puente, CATAFIM y vivienda temporal, vía proyecto APROP, para evitar las pensiones y los albergues

Qué las familias residentes en locales comerciales sin cédula de habitabilidad, cuando son desahuciadas, también entren en la Mesa De emergencia.

Desde la PAH de Barcelona no permitir que se sigan vulnerando los derechos humanos y que las familias en situación de vulnerabilidad sigan sufriendo las consecuencias de la inacción de los poderes públicos que deben protegerlas y garantizar su derecho a la vivienda.

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