Organizaciones sociales de República Dominicana exigen que la crisis no sea pagada por las mayorías con fondos de las AFP

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Santo Domingo.- Más de 90 coaliciones, plataformas, organizaciones y centrales sindicales manifestaron su rechazo a que el Sistema Dominicano de Seguridad Social «sea modificado legalmente para hacer cargar sobre las mayorías el peso de la crisis que atraviesa el país, esta vez a costa de sus fondos de pensiones», y a la vez para liberar a las AFP y sus ganancias de toda responsabilidad social en medio de la actual crisis.

A través de una carta enviada al presidente de la Comisión Permanente de Hacienda en la Cámara de Diputados, Ramón Cabrera, calificaron la propuesta de tomar un 30% de los fondos de pensiones como «injusta, insuficiente e ineficaz».

Consideraron que es injusta debido a que «implicaría lesionar más sus ya maltratados fondos de pensiones, afectar sus escasos derechos y empeorar su precaria situación». Asimismo, valoraron que es insuficiente e ineficaz ya que la mayoría de los trabajadores y cotizantes, de los cuales una gran parte está suspendida o despedida, tienen salarios precarios, baja cantidad de cotizaciones y escasos fondos para el seguro de vejez, discapacidad y sobreviviencia.

«La mayoría de esos montos no alcanzaría para resolver prácticamente nada. Es intentar poner un parche o dar una aspirina, mientras la economía de los hogares y la tranquilidad social colapsan con extrema gravedad», indica el documento.

Propuestas

Las entidades firmantes propusieron una lista de 21 medidas sobre la Seguridad Social y la protección económica y social ante esta crisis del COVID-19.

Entre las propuestas y demandas está la entrega de un bono de contingencia equivalente al salario registrado en la Tesorería de Seguridad Social (TSS) para los cotizantes que carecen de ingreso  mensual  y de subsidios ofrecidos por el Estado, y que dicho fondo no sea a costa de los fondos de pensiones y se capitalice con una rebaja sustancial a la comisión cobrada por las AFP, que como se sabe fue modificada por el Congreso Nacional en febrero «aumentando los ingresos y ganancias de las AFP» según subrayaron.

Para ello, proponen una única comisión equivalente a sólo el 10% del exceso de rentabildad de los fondos sobre la rentabilidad de los certificados de depósitos en la banca comercial.

También instaron modificar la Ley para que se considere con ingreso tardío a todas las personas que hayan entrado a cotizar al sistema a partir de los 40 años. Además, que los cotizantes que hayan cumplido 60 años y estén desempleados, tengan derecho a la pensión o hacer retiro de sus fondos.

Igualmente, fiscalizar y revisar de forma «urgente» el 31% de pensiones por discapacidad y el 60% de las pensiones por sobreviviencia que han sido solicitadas y rechazadas, así como el estatus de las cuentas de 67,150 cotizantes fallecidos a diciembre del 2019, de los cuales a julio del año pasado no habían sido entregados unos 1,700 millones de pesos a sus familiares.

Pidieron asimismo la modificación del artículo 29 de la Ley No. 13-20, para que se inicie de inmediato la modificación «integral» a la Ley No. 87-01 y se debata y legisle a favor de un Sistema Dominicano de Seguridad Social que incluya la protección social, pensiones, riesgos laborales y desempleo.

Asimismo, exonerar en medio de la crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la clase trabajadora de las cotizaciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS). Además, librar al Estado del pago de la deuda pública con las AFP y reorientar dichos recursos  a necesidades económicas y sociales mientras dure la crisis.

En tal sentido, declaran como deplorable que en medio del estado de emergencia, lejos de tomarse este tipo de medidas, la deuda pública con las AFP aumente con la nueva emisión de bonos del Ministerio de Hacienda por 40 mil millones de pesos, que se traducirán en fondos públicos engrosando las ganancias de estas empresas.

Otras propuestas

En su misiva, las organizaciones firmantes incluyen otras acciones como prohibir las suspensiones y despidos a causa del estado de emergencia; y hacer efectivo el pago de las pensiones pendientes a quienes tienen el reconocido derecho, como los trabajadores cañeros.

Las organizaciones, también propusieron la prolongación del programa FASE y Quédate en Casa; mayor acceso a servicios de PROMESE-CAL, con o sin seguro; exonerar el pago de medicamentos vitales y de primera necesidad a personas de 60 años o más; y reajustar el presupuesto del Sistema de Salud para proveer mejores condiciones a quienes laboran en frente de la pandemia.

Igualmente, préstamos rápidos a pequeñas y medianas empresas, a baja tasa de interés y largo plazo; créditos de consumo a los hogares por parte de la banca comercial y asociaciones de ahorro y préstamos, con pagos en cuotas y sin interés.

Agregan a sus demandas un subsidio al transporte público; la reasignación de todo ítem no esencial en el Presupuesto General del Estado al financiamiento de la crisis; y el descuento del 10% del salario a los sueldos y contratos de 200 mil pesos en adelante en los 384 organismos del Estado, para reasignarlos a auxilios económicos y sociales.

Finalmente, renegociar con los bancos nacionales y acreedores internacionales nuevas condiciones de pago del endeudamiento cuyos plazos venzan a corto plazo o que hayan sido tomados para afrontar el estado de emergencia.

Afirmaron que el Gobierno dispone de alrededor de 200 mil millones de pesos para afrontar la crisis, provenientes de préstamos internacionales y nacionales, de los fondos de riesgos laborales y los recursos liberados por el Banco Central.

Santo Domingo, 11 de mayo de 2020

Honorable

Diputado Ramón Cabrera

Presidente de la Comisión Permanente de Hacienda

Su Despacho. 

Honorable Diputado Cabrera:   

En respuesta a su cortés misiva, queremos hacer de su conocimiento y el de la Comisión que usted preside, que en nombre de 94 coaliciones, plataformas, organizaciones y Centrales Sindicales del país, reiteramos y explicamos nuestro rechazo a que una vez más el Sistema Dominicano de Seguridad Social y específicamente el Sistema de Pensiones – de por sí injusto e insolidario- sea modificado legalmente para hacer cargar sobre las mayorías el peso de la crisis que atraviesa el país; esta vez a costa de sus fondos de pensiones y que los grandes ganadores y beneficiarios de este sistema queden liberados de toda responsabilidad social.

Es pertinente señalar, además, que la propuesta de tomar un 30% los fondos de pensiones y entregarlo a los cotizantes sería injusta, insuficiente e ineficaz.

Injusta porque implicaría lesionar y deteriorar más sus ya maltratados fondos de pensiones, afectar sus escasos derechos y empeorar su precaria situación, y además cargaría en los hombros de la población la supuesta ayuda que pretende darse y el costo de la crisis, algo ya recurrente en nuestra historia que no debe seguir repitiéndose.

Asimismo, es insuficiente e ineficaz porque la mayoría de nuestros trabajadores y cotizantes (de los cuales una parte importante se encuentra actualmente despedida o suspendida) tienen salarios precarios, baja cantidad de cotizaciones y escasos fondos para el Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia. Siendo así, para la mayoría esos montos no alcanzarían para resolver prácticamente nada. Es intentar poner un parche o dar una aspirina, mientras la economía de los hogares y la tranquilidad social colapsan con extrema gravedad.

Ante esta realidad dicho proyecto carece de apego a los principios de justicia, equidad y solidaridad que establece nuestra Constitución; así como carece de la fundamentación económica y social indispensable para ser un proyecto de ley consistente, viable y positivo, más allá de su repercusión mediática.

Dicho lo anterior, expresamos NUESTRO RESPALDO A TODAS LAS MEDIDAS DE REAL PROTECCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL A LAS PERSONAS, LAS EMPRESAS Y LAS FAMILIAS, QUE SEAN JUSTAS, SOLIDARIAS, DEMOCRÁTICAS E INTEGRALES PARA RESPONDER A ESTA CRISIS DE CARÁCTER HISTÓRICO.

En cuanto al Sistema Dominicano de Seguridad Social y en particular el Sistema de Pensiones, nuestra posición es integral y consistente, demandando las siguientes acciones articuladas como un todo:

  1. Respaldo a que se entregue un bono de contingencia equivalente al salario registrado en la TSS para todas y todos aquellos cotizantes que están careciendo de su ingreso mensual y de subsidios ofrecidos por el Estado.
  2. Que dicho fondo utilizado (que eventualmente puede obtenerse del Fondo de Solidaridad Social que ahora cuenta con más de 40 mil millones de pesos y maneja el Banco de Reservas) no sea a costa de los fondos de pensiones y se capitalice con una rebaja sustancial a la comisión cobrada por las AFP.
  3. Para ello debe modificarse el artículo 86 de la Ley No.87-01, modificado a su vez por el artículo 8 de la Ley No.13-20. Proponemos una única comisión equivalente a sólo el 10% del exceso de rentabilidad de los fondos sobre la rentabilidad de los certificados de depósitos en la banca comercial, Esto significaría un ahorro y eficiencia importante para el sistema, un acto de justicia y además igualmente las AFP seguirían obteniendo ganancias.
  4. Modificar la Ley No.87-01 (artículos 39, 43, entre otros) y las resoluciones que norman su aplicación, para que se considere con ingreso tardío a todas las personas que hayan entrado a cotizar al sistema a partir de los 40 años. Además, que estos cotizantes que habiendo cumplido 60 años y se encuentren sin empleo, tengan derecho a la pensión o hacer retiro de sus fondos, incluyendo en la modalidad de Discapacidad y Sobrevivencia.
  5. Fiscalizar y revisar de forma urgente el 31% de pensiones por discapacidad y el 60% de las pensiones por sobrevivencia que han sido solicitadas y rechazadas en perjuicio de los cotizantes y sus familias, y el estatus de las cuentas de 67,150 cotizantes fallecidos a diciembre 2019, de los cuales a julio del año pasado más de 1,700 millones de pesos no habían sido entregados a sus familiares.
  6. Modificación del artículo 29 de la Ley No.13-20 para que se dé inicio inmediato a la modificación integral de la Ley No.87-01 y se debata y legisle en favor de un Sistema Dominicano de Seguridad Social que incluya Protección en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales y Desempleo, de carácter público, no de lucro, universal, digno, humano y de calidad.
  7. Exonerar en la crisis a las micro, pequeñas y medianas empresas y a la clase trabajadora de las cotizaciones a AFP y ARS mediante la Tesorería de la Seguridad Social, manteniendo todas las coberturas establecidas por ley, incluyendo los derechos de protección a la maternidad y el 100% de la cobertura ante casos de COVID-19 para todos los afiliados, incluso si han sido despedidos o suspendidos producto del estado de emergencia.
  8. Exonerar al Estado del pago de la deuda pública con las AFP y reorientar dichos recursos públicos a necesidades económicas y sociales del país mientras dure la crisis.
  9. Hacer efectivo cuanto antes el Bono de Reconocimiento pendiente, fruto de la Ley No. 87-01 artículo 43, para las personas que ingresaron al sistema amparadas en las Leyes No. 1896 y 379. Asimismo, hacer efectivo el pago de las pensiones pendientes a quienes tienen el reconocido derecho, como los trabajadores cañeros.

Junto con lo anterior, queremos aportar y añadir una serie de propuestas de medidas de protección económica y social, en defensa de los trabajadores formales e informales, las familias, las clases medias, las MIPYMES, los profesionales independientes y los cuentapropistas, las cuales ya hemos expresado y a continuación reproducimos:

  1. Prolongación, ampliación y fortalecimiento de los programas FASE y Quédate en Casa con los recursos disponibles para el Estado y otros que se identifiquen, con enfoque en la preservación de los empleos, de los salarios, de las empresas (especialmente las MIPYMES), y un subsidio para la VIDA DIGNA de los hogares que lo necesitan, por encima de los montos que se han entregado que están por debajo de la línea de pobreza extrema.
  2. Disponer de las facilidades y cantidades para que toda la población que lo necesite pueda acceder a los servicios de PROMESE-CAL, con o sin Seguro Familiar de Salud, para encontrar allí los productos de salud que necesite, a precio popular.
  3. Aumentar los montos contemplados así como su vigencia y terminar con las limitaciones indebidas en la cobertura del Seguro Familiar de Salud en el acceso a medicamentos vitales y de primera necesidad.
  4. Exonerar del pago de medicamentos vitales y de primera necesidad a personas de 60 años y más.
  5. Reajustar de inmediato el Presupuesto al Sistema de Salud para proveer de equipamiento, insumos y condiciones laborales y salariales más dignas a quienes están laborando en el frente de la pandemia, incluyendo un bono de reconocimiento.
  6. Préstamos rápidos, a baja tasa de interés y largo plazo, a las micro, pequeñas y medianas empresas, cuentapropistas y profesionales independientes a través de Banca Solidaria, el sistema del Banco de Reservas, cooperativas y asociaciones de ahorro y préstamos, condicionados a la reactivación de los puestos de trabajo.
  7. Prohibición de más suspensiones y despidos a causa del estado de emergencia.
  8. Créditos de consumo a los hogares por parte de la banca comercial y asociaciones de ahorro y préstamo, con pagos en cuotas y sin interés para los rubros de Alimentos y Bebidas no alcohólicas; Alquileres, alojamiento, agua, electricidad, gas; Comunicaciones.
  9. Subsidio al transporte público (estatal y no estatal).
  10. Reasignación de todo ítem no esencial en el Presupuesto General del Estado al financiamiento de las medidas de crisis sanitaria, económica y social.
  11. Descuento del 10% del salario a los sueldos y contrarios por honorarios desde 200 mil pesos en adelante en los 384 organismos del Estado, a los fines de reasignarlos a los auxilios económicos y sociales.
  12. Renegociar con los bancos nacionales y acreedores internacionales nuevas condiciones para el pago del endeudamiento cuyos pagos venzan a corto plazo o que haya sido tomado para afrontar el estado de emergencia.

Cabe resaltar que el Estado dispone de alrededor de 200 mil millones de pesos para afrontar la crisis, entre los fondos permitidos por la Ley de Presupuesto General del Estado 2020, los fondos tomados de IDOPPIRL, los préstamos del Banco Central y el Banco Mundial, más el nuevo préstamo del FMI, los 100 mil millones de pesos liberados por el Banco Central y un posible préstamo de hasta 3000 millones de dólares de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Esta es una inmensa cantidad de recursos, sin contemplar lo que se pudiera obtener evaluando y reasignando partidas del Presupuesto del Estado, así como apelando a las ganancias de las AFP y a entidades con gran poder económico y financiero como las ARS, los bancos, y los acreedores nacionales e internacionales.

En el quinto mes de la pandemia, y con una crisis económica y social cada vez más aguda, ya no hay tiempo para parches. Las élites económicas y los grupos privilegiados deben reflexionar con responsabilidad sobre este escenario, y la clase política debe garantizar el derecho a la salud, a la vida, la recuperación económica y la paz social.

La responsabilidad histórica, política y moral de los y las congresistas y del Gobierno, así como de todos los actores políticos, empresariales y sociales radica en actuar con valentía, prontitud, coordinación y diálogo, para proteger a nuestra población, y hacerlo con justicia, equidad y solidaridad como principios cardinales establecidos en nuestra Constitución.

ORGANIZACIONES FIRMANTES EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES.

Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC)
Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) Foro Ciudadano
Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) Alas de Igualdad
Alianza Juvenil 2.0 Arca Social
Articulación Nacional Campesina (ANC) Asociación Ciudad Alternativa
Asociación Comunitaria de Acción para la Solidaridad (ACASO) Asociación de Amas de Casa La Milagrosa, Los Tres Brazos
Asociación de Empleados Universitarios (ASODEMU) Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral Comunitario (AMUDICO)
Asociación Dominicana de Enfermeras Pensionadas Y Jubiladas (ASODEPIJ) Asociación de Psicólogos/As De La Salud (ASOPSALUD)

 

Asociación Nacional de Enfermería (ASONAEN) Asociación Nacional de Licenciados y Técnicos Superiores en Imágenes Medicas (ASONALTIM)
Asociación Nacional de Trabajadores de la Salud (ANTRASALUD) Asociación para la Promoción de la Salud Pública (ASAP)
Bloque Popular “Jesús Adon” Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE)
Centro de Investigación y Apoyo Cultural (CIAC) Centro de Capacitación y Servicio Le Faceth
Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA)
Club de Madres Le Faceth Coalición de Ciudadanos Indignados
Colectivo de Salud Popular Colegio Dominicano de Bionanalistas (CODOBIO)
Comisión Nacional de Derechos Humanos Comité de Organizaciones de la Zona Norte del Distrito Nacional (COZONO)
Comité Ecuménico Dominicano (COTEDO) Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC)
Comunidad Avanzando Unida hacia el Desarrollo dela Sociedad (CAUSA) Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicana (COLESDOM)
Comunidades Vulnerables (FUNACOVU) Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA)
Confederación Nacional de Trabajadores del Estado
(CONATE)
Consejo de Desarrollo Cívico Social (CODECIS)
Consejo Metropolitano de Mujeres Consejo Nacional de la Unidad Sindical
Consejo Socio-Comunitario y Político “Tú Decides.Com” Cooperativa Producción Social del Hábitat (COOPHABITAT)
Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO) Coordinadora Nacional de Enfermería Dignidad Laboral y Gremial (CONAENDILAG – CASC)
Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte Diversidad Dominicana
Escuela Multitemática Federación de Juntas de Vecinos Zona Sureste II, Santiago
Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y la Madera (FENTICOMMC) Federación de APMAE Distrito Escolar 10-02 (FEDERAPMAE DE-10-02)
Federación Dominicana de Mujeres Social Demócratas Q -1 (FEDOMUSDE ZONA Q -1) Federación Nacional de Trabajadores y Vendedores de los Mercados (FENATVEMER)
Fondo de Inversión Solidaria de Autogestión (FINSA) Foro Ciudadano
Frente Progresista Caletero Fundación Código Humano
Fundación de Apoyo al Desarrollo Social (FUNDASOCIAL) Fundación de Desarrollo y Bienestar Comunitario Incorporada (FUNDEBICO)
Fundación Dominicana contra el Mal de Parkinson (FUNDOCONEDEP) Fundación Derechos Vigentes
Fundación Eugenia Holguín (FEH) Fundación Juan Bosch
Fundación Juventud Progresista “Maikel Méndez” Grupo Comunitario para el Desarrollo Juvenil (DC)
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)
Junta de Vecinos Nueva Esperanza del Majagual (JUVENUESMA) Junta de Mujeres Mamá Tingó (JMMT)
Lasallistas Verdes Los Observadores del Majagual
Movimiento Campesino Dominicano (MCD) Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT)
Movimiento de Trabajadores Independiente (MTI) Movimiento de Mujeres Domínico Haitianas (MUDHA)
Movimiento Sociocultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) Movimiento Reconoci.do
Núcleo Nacional de Especialistas en Belleza (NUNAESPB) Observatorio Nacional de Protección del Consumidor (ONPECO)
Plataforma Cero Discriminación Red Dominicana de Economía Solidara
Red Ecuménica Bíblica Dominicana (REBIDOM) Red Jacques Viau
Red Nacional de Protección Social Salud Ciudadana-RD
Sindicato Nacional de Técnicos de la Salud (SINATESA) Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería (SINATRAE)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SINATRASALUD) Sociedad Dominica Manos Solidarias (SODOMANSOL)
Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) Unión Nacional de Servicios de Enfermería (UNASE-CASC)
Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED-CNTD) Voces para el Cambio de Santo Domingo Oeste

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