Ordenación y defensa del territorio

Por Miquel Amorós

La mercantilización del territorio y de la vida. La lucha por una vida sin capitalismo y un territorio liberado de las trabas administrativas

Por Miquel Amorós

El capital, apoyado en las innovaciones tecnológicas, imprimió a la ciudad un ritmo de crecimiento que desbordó los límites impuestos por la disponibilidad de agua, energía y alimentos, obligando al desarrollo de infraestructuras hidráulicas, energéticas, de transporte y de evacuación. La moderna clase dominante no se origina únicamente en la industria y el comercio; en gran parte lo fue en torno a la actividad inmobiliaria, a la construcción y a la explotación de equipamientos básicos. La ciudad industrial no fue un asentamiento cerrado ya que nada podía enclaustrarla; gracias al empleo de maquinaria, al consumo intenso de energía, a un imponente aparato burocrático y a los nuevos medios de transporte, no pararía de crecer y desparramarse por los alrededores, configurando una geografía radicalmente distinta, articulada por grandes redes de comunicación y abastecimiento. La sociedad de clases es una sociedad urbana, no una sociedad ciudadana. En el umbral del siglo XX, la lógica concentracionaria capitalista ha producido una civilización urbana sin verdaderas ciudades: en las aglomeraciones, un centro casi deshabitado concentra todo el poder en manos de una elite industrial, financiera y constructora, envuelto por áreas suburbanas cada vez más extensas donde habitan las masas asalariadas. Algunos sociólogos hablan de “ciudad difusa”, “metaciudad” o post-ciudad”, pero para Lewis Mumford, se trataba de una verdadera “anticiudad”: Ciudad diseminada, ciudad aniquilada. Es un producto de la descomposición ciudadana, ya iniciada con la aparición del Estado moderno; es un conjunto de fragmentos desnaturalizados dispersos por el entorno, sin vida pública ni conexión directa; un espacio quebrado rodeado de escorias donde se instala azarosamente la población masificada y uniformizada. Patrick Geddes, que observó el nacimiento del fenómeno en las cuencas mineras británicas, asignó el nombre de conurbaciones a ese tipo de aglomeraciones aptas sólo para una vida reducida al mínimo, motorizada y confinada la mayor parte del tiempo en espacios cerrados.

La relación entre urbe y territorio degeneró hasta lo inconcebible a medida que las invenciones tecnológicas se difundían; lo urbano invadió y deshumanizó todo el espacio geográfico, amontonando a una población sin autonomía en bloques patógenos, destruyendo tierras de cultivo y trivializando el paisaje: el territorio no era más que el espacio suburbano resultante del nuevo modelo bárbaro de ocupación. El caos urbano llegó a tales extremos que forzó a los dirigentes de la ciudad industrial a prever una cierta organización de su trama edificada, dando lugar a la ciencia que trata de la ordenación del espacio para la economía, el urbanismo. La desfiguración y degradación del territorio que se derivaban del proceso de expansión urbana y la subsiguiente acumulación de residuos originaron las propuestas de “planificación regional” sistemática de Geddes, recogidas por la Asociación para la Planificación Regional de América, fundada en 1923 por Mumford. Los reformistas de la Asociación querían estimular un modo de vida intenso, alegre y creativo basado en el equilibrio territorial, para lo que proponían una agricultura de proximidad, una descentralización de la producción de energía, una descongestión de la metrópolis y un reparto equilibrado de la población en unidades convivenciales bien equipadas y conectadas. La planificación regional estaba pensada para eliminar los excesos de población y el despilfarro general de energía, alimentos y bienes de consumo, para reducir y aislar el transporte a larga distancia y para reinstalar industrias cerca de las fuentes de materia prima. La unidad de partida no era ya la ciudad mastodóntica sino la región, definida del siguiente modo: Una región es un área geográfica que posee una cierta unidad de clima, vegetación, industria y cultura. El regionalista tratará de planificar este espacio de modo que todos los lugares y fuentes de riqueza, desde el bosque a la ciudad, desde las montañas al mar, puedan desarrollarse equilibradamente, y que la población esté distribuida de modo que utilice sus ventajas naturales en lugar de anularlas y destrozarlas. Salta a la vista el idealismo de los intelectuales comprometidos en poner “diques al diluvio metropolitano”, destinado a naufragar en la marea de intereses económicos y en los laberintos burocráticos de la administración, más preocupada en servirlos. El tema de la planificación regional fue retomado por el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, pero enfocado de forma opuesta, es decir, intentando conciliar las reformas con los grandes intereses que gobernaban el mundo. En su Carta de Atenas (1933), la definía como totalidad que englobaba “el plan de la ciudad.” Insistía en criticar esos “descendientes degenerados de los arrabales” llamados suburbios, “una especie de espuma” que batía los muros de la ciudad y que en el transcurso de las últimas décadas se había “convertido en marea y después en inundación”, por lo cual, a fin de asegurar un nuevo equilibrio o mejor, para consolidar el desequilibrio, no podía separarse en el plano la “ciudad” de la “región”, es decir, del territorio. Los arquitectos funcionalistas hablaban en nombre de los intereses generales del capitalismo: aceptaban que el acondicionamiento o la domesticación del territorio eran pues una consecuencia económica de los planes de expansión urbana; sencillamente apostaban por una verticalización, es decir, por una ocupación intensiva del territorio, inaugurando la arquitectura para pobres de bloques, típica de la posguerra. Sin embargo, estos planes no podían contradecir las permisivas leyes del suelo, las cuales favorecían descaradamente los intereses muy concretos de los propietarios de tierras y los especuladores. El beneficio privado inmobiliario se superponía a cualquier racionalización del crecimiento urbano y los planes de “ordenación” no llegarían a confeccionarse hasta pasados los años cincuenta del siglo pasado, cuando el automóvil y el hormigón habían dado una importante vuelta de tuerca a la suburbialización del territorio y el desarrollismo se adueñaba de la política. La conurbación exigía cada vez mayores volúmenes de desplazamientos y una mayor cota de motorización. La zonificación higiénica tan recomendada por los arquitectos del CIAM, es decir, la separación cada vez más distante entre los lugares de ocio, consumo, residencia, trabajo y deshecho con alguna que otra “zona verde” de por medio -nada que ver con el cinturón agrícola recomendado por la Asociación para la Planificación Regional-, aliada con un transporte público deficiente, unas condiciones de vida cada vez más sórdidas y un crédito asequible, precipitó las masas en el vehículo privado, multiplicándose las vías de circulación, y por consiguiente, incrementándose exponencialmente la movilidad, la demanda de energía y el desorden. El proceso desencadenado no era de simple dispersión edificatoria –de ocupación extensiva-, sino de urbanización generalizada, o sea, era una lisa y llana fagocitación del territorio, que al final resultaba cubierto por un tejido urbano indiferenciado. El hábitat, definido por Le Corbusier como “máquina del vivir”, no era viable económicamente de ninguna otra manera. El espacio urbanizado extensivamente devino en su mayoría espacio de la circulación de vehículos. Las autopistas modelarán el territorio y determinarán su articulación. No obstante la prioridad del beneficio privado, la formación de “megalópolis” o “ciudades-región”, agujeros negros que absorbían todo el espacio, el patrimonio común y la vitalidad que podía encontrarse, exigía de alguna forma una regulación de los asentamientos periurbanos, de las instalaciones industriales y de los vertederos que dio en llamarse “ordenación del territorio”, tal como corresponde a una prolongación de la ya conocida ordenación urbana. La Ordenación del Territorio, cuya redacción dependía de ingenieros y arquitectos, pretendía ser una disciplina científica cuya función era la de proporcionar un marco legal de actuación de los “agentes económicos”, o sea, de los constructores, industriales y especuladores, o más bien, de legalizar dicha actuación confirmando su arbitrariedad y sus excesos. En realidad no era más que el disfraz científico de la promoción inmobiliaria. La Ordenación perseguía ante todo la accesibilidad del territorio, su fácil “conectividad”, y por lo tanto, requería una multiplicación de infraestructuras. El territorio se sometía a aquéllas en lugar de adaptarse éstas al territorio. En efecto, las infraestructuras condicionarían e incluso determinarían todos los usos: paisaje, cultivo, circulación, dormitorio, ocio, basurero, cárcel, producción energética… Y allí donde había autopistas, allí estaban los promotores. La normativa elaborada para justificar esta “cultura de la carretera” con el pretexto del “desarrollo regional”, las “economías de escala”, la “creación de puestos de trabajo” y la mayor recaudación impositiva, se denominó “ordenamiento territorial.” Era una consagración del desorden a un nivel cualitativo superior de deterioro, pues para los dirigentes no se trataba de controlar o proteger nada, sino de “conectar” y “dinamizar”, es decir, de crear las condiciones óptimas de un crecimiento especulativo que proporcionase ingentes y rápidas ganancias. El “ordenamiento” era la contribución de los funcionarios, técnicos urbanistas y cargos públicos a la destrucción del territorio, las reglas políticas de su transformación completa en capital.

Cincuenta años después de la Carta de Atenas, con las corporaciones financiero-constructoras mucho más poderosas, la conferencia de ministros responsables de la ordenación territorial celebrada el 25 de mayo de 1983 precisamente en Torremolinos, lugar emblemático de la destrucción salvaje de la costa, precisaba objetivos en una Carta Europea de Ordenación del Territorio, definida como la expresión espacial de la política económica, social cultural y ecológica de toda la sociedad, o resumiendo, la plasmación geográfica del desarrollismo corporativo de las multinacionales. Era un intento mucho más serio de planificar la explotación sistemática del territorio. En aquel momento, se empezaban a notar los resultados de los cambios tecnológicos de la posguerra debidos a la carrera por la productividad. El medio urbano, desenvolviéndose linealmente, absorbiendo materiales y regurgitando desperdicios, chocaba frontalmente con el territorio, bloqueando sus procesos cíclicos donde los residuos se reciclaban armónicamente. Las novedades que afectaron a la agricultura (principalmente el uso masivo de fertilizantes y plaguicidas) y al transporte (los automóviles de gran cilindrada y la sustitución del ferrocarril por el tráiler), junto con el incremento exponencial de la producción de energía y la expansión exponencial de la industria petroquímica, ocasionaron males inimaginables. La verdadera crisis estaba servida: la despoblación del campo, la acumulación de despojos, la polución, el agotamiento de recursos energéticos, el agujero de la capa de ozono, el calentamiento global, el cambio climático, etc., eran sus primeras manifestaciones. Pero el movimiento ecologista había degenerado en partidos “verdes” y se había subido al carro del desarrollismo y de la política. Consecuentemente a la estatización del ecologismo, el Estado se había ecologizado, terminando por admitir que las “profundas modificaciones” ocasionadas por el capitalismo en la sociedad civil demandaban una revisión de los principios que rigen la organización del espacio con el fin de evitar que se hallen enteramente determinados en virtud de objetivos económicos a corto plazo para plasmarla en una metódica realización de planes de ocupación de suelo que sentara las bases de una utilización racional del territorio. Lo que no alcanzaba a disimular la fraseología del “bienestar”, “equilibrio entre regiones”, “calidad de vida” e “interacción con el medio ambiente” era el paso a una sociedad de masas, donde el territorio no era principalmente fuente de alimentos sino capital-espacio dispuesto para ser consumido. Y el consumo preferente provenía de la industrialización del ocio y de la dispersión de las deyecciones urbanas. Pero el territorio tampoco era simplemente almacén y reserva de suelo urbanizable, pues en la explotación de sus recursos se estaban gestando intereses que se sumaban a los del sector inmobiliario y constructor. Desde entonces se han producido una cascada de leyes “ordenadoras” y planes territoriales, pero la fuerte demanda de suelo, los condicionantes políticos y las crisis –“la variabilidad de la coyuntura económica” diría un experto- ha imposibilitado su aplicación global. Sin embargo, tras el informe Brundtland de las Naciones Unidas, los ejecutivos que deciden en la economía, al plantearse el problema de la futura escasez de energía, habían tomado conciencia del momento “verde” del capitalismo: En lo sucesivo, el desarrollismo sería “sostenible”, o no sería. Para mejor precisión éste fue definido en la Conferencia de Río de 1992 como la unión del medio ambiente con la economía globalizada adoptando la forma de “capital territorial.” El territorio adquiría “una nueva dimensión” en la alta política, situándose en el centro del triángulo sociedad-economía-medio ambiente. Adquiría prioridad su “vertebración” en tanto que “periferia” de una serie de núcleos centrales con los que cabía conectarse mediante nuevas vías a proyectar. Con ese tipo de descentralización se “maximizaría” su competitividad –aumentaría al máximo su “valor” como “activo”- y se reforzaría la “cohesión económica y social”, corrigiéndose los graves desequilibrios que ocasionaban el desigual potencial económico con respecto a las áreas metropolitanas, esos “laboratorios de la economía mundial” y “motores del progreso.” Los dirigentes europeos, que concretaron sus objetivos en un documento de 1999 titulado Estrategia Territorial Europea, querían la integración incluso de las partes más recónditas del territorio en la economía mundial, revalorizándolas gracias a las “redes transeuropeas” de transporte, telecomunicaciones y energía, es decir, a través de la constitución de un mercado europeo integrado de la construcción, de la distribución, del turismo de masas, del gas y de la electricidad. Los fondos para la reestructuración, los planes de desarrollo local, la legislación medioambiental, el productivismo y la informatización total, esos son los componentes del nuevo modelo de desarrollo policéntrico. Mediante mecanismos de teleparticipación y concertación público-privada se pondrá en marcha una nueva cultura del territorio que disimule en lo posible la contradicción insuperable entre los procesos naturales que verdaderamente lo gradúan y los procesos industriales que estructuran la sociedad globalizada. O dicho de otra manera: se tratará de apagar el incendio con una nueva clase de leña. 

En la actual etapa de crecimiento capitalista, la del desarrollismo mundializado, el territorio se ha convertido no sólo en el soporte de las infraestructuras y el pilar mayor de la urbanización, sino, de modo general, en la principal fuente explotable de recursos y el impulsor imprescindible de la actividad económica. En una economía terciarizada, sin apenas actividad agrícola, se descubre que el capital-territorio disputa al capital-urbe la preponderancia como forma dominante. La acumulación de capitales se ha deslocalizado y el territorio es ahora el elemento primario de una fábrica total y a la vez el punto final del proceso de industrialización de la vida. Paralelamente, el territorio en tanto que capital ha de ser controlado y securizado en función de su importancia estratégica adquirida. Pero precisamente por culpa de sus nuevos cometidos, el territorio ha pasado a ser para el sistema capitalista la contradicción que contiene todas las demás: por un lado, su destrucción en tanto que recurso finito impedirá una explotación que pretende ser infinita, amenazando así los fundamentos de la economía; y por el otro, su destrucción en tanto que artificialización completa del espacio social donde se acumulan los efectos nocivos de un desarrollismo ponzoñoso, comportará la supervivencia de la especie humana en condiciones tan abominables que difícilmente ésta podrá soportar. La crisis energética es un ejemplo de lo primero; las revueltas espontáneas de los suburbios metropolitanos del mundo, un ejemplo de lo segundo. Y además, la destrucción del territorio no es soslayable en el contexto actual: dado que la fuerza productiva preponderante, la tecnología, es eminentemente fuerza destructiva, la catástrofe es el resultado y también el requisito previo del funcionamiento capitalista contemporáneo. A lo que conducen las catástrofes es a un mayor control, solución técnica donde las haya, así que la destrucción del territorio no se detiene ante sus consecuencias, sino que impone una monitorización, eso que los “verdes” llaman “seguimiento”, los expertos policiales “contención” y los dirigentes, simplemente “salvaguarda del orden.” Los controles persiguen tanto adaptar las poblaciones a la devastación, como encarrilar y disolver la protesta. Para una cosa recurrirán a la legislación medioambiental y a los medios, dando juego las plataformas ciudadanas, al ecologismo político y al voluntariado. Para la otra, echarán mano directamente de la tecnovigilancia y de las fuerzas del orden. La dialéctica capitalista de la destrucción y reconstrucción se duplica en dialéctica de la represión e integración.

El territorio deviene el lugar donde los antagonismos sociales se despliegan en toda su magnitud, y, por lo tanto, la cuestión social puede presentarse como cuestión territorial. En los países donde reinan condiciones turbocapitalistas, la defensa del territorio surge en el campo como protección del medio rural y del modo de vida que éste hacía posible contra todo tipo de agresiones, y lo hace en la conurbación como respuesta a la degradación insoportable de la vida urbana. En el campo se prolonga en una resistencia a la privatización de bienes comunes como el agua, los bosques o la costa, a las infraestructuras viarias o energéticas, y por último, a la industrialización de la actividad agraria, resistencia que pretende restaurar la democracia vecinal; en la aglomeración urbana es una lucha por la descolonización de la vida cotidiana que desemboca bien en un combate por el retorno de la vida pública, o bien en la deserción de la urbe. En el primer caso se apela al apoyo de las masas urbanas; en el segundo, se invita desde la plaza pública a la ocupación de tierras y a la creación de huertos colectivos. La defensa del territorio es pues una lucha por la ciudad, y viceversa, la lucha por la ciudad es una defensa del territorio. Hubo un tiempo en que la población urbana tenía un fuerte componente agrario, representado en sus órganos rectores. Ciudad y territorio nunca han sido realidades distintas y enfrentadas, puesto que son interdependientes; ni son concebibles una sin la otra, ni se pueden transformar por separado. Ni la libertad ciudadana existirá en un territorio sojuzgado, ni la soberanía municipal podrá darse alrededor de una megalópolis. Para que se dé una verdadera simbiosis, las dos exigen el desmantelamiento de las conurbaciones y la dispersión del poder, pero no la abolición de la ciudad; la recuperación para el cultivo del espacio urbanizado y el fin de la dependencia unilateral, no es el fin del proyecto colectivo de convivencia ciudadana: la desindustrialización sigue los pasos de la ruralización, no los de la barbarie anticivilizadora. Desurbanizar el campo y ruralizar la urbe, volver al campo y retornar a la ciudad, tales son las líneas convergentes de una futura revolución. El derecho al territorio que ha de deducirse de un uso racional del espacio, es también derecho a la ciudad.

Si proclamamos que la defensa del territorio es la nueva lucha de clases, o que, repitámoslo, la cuestión social es ante todo una cuestión territorial, ello no es debido a que los objetivos de una clase oprimida se hayan desplazado de las fábricas a la agricultura, a la recolección o a la caza. En una sociedad hipertecnificada, los oprimidos no forman una clase, puesto que no son sino prótesis de la máquina, entendida como un todo. No les define la recepción de un salario a cambio de un trabajo, sino el ser piezas de un engranaje que les obliga a consumir y endeudarse en un espacio vital condicionado por de la economía de mercado y, que, por eso mismo, funciona como una gigantesca fábrica. Dicho espacio es urbano pero sin vida urbana; es el espacio de masas sin voz y sin conciencia, infelices, administradas mecánica y autoritariamente por profesionales del adiestramiento. La degradación de la convivencia y la agresividad que lo caracterizan son ambas producto de los factores mórbidos que provoca el amontonamiento, el ritmo de la máquina, la tensión consumista, la incomunicación y la soledad. Patrick Geddes lo llamó patópolis, ciudad de las enfermedades, y efectivamente, la vida urbana está minada por condiciones patológicas crecientes, que no paran de producir neuróticos, parásitos, anormales y sociópatas. La violencia de las revueltas urbanas refleja la enorme violencia que soportan cotidianamente los desmoralizados habitantes de las conurbaciones. No es una violencia de clase, es una violencia de desclasados. La insurrección latente de las masas no es más que la expresión violentamente lógica de la patología de la vida privatizada, mediocre, apática y esclava. La miseria de la vida cotidiana, acentuada por las crisis, es el denominador común de todos los disturbios urbanos, desde los de las ciudades americanas durante los años cincuenta hasta los más recientes de Estocolmo, Ankara o Sao Paulo, y es el sustrato de todas las revueltas. A través de ellos se anuncia el nuevo proletariado. Tampoco busquemos en las cuestiones laborales la base donde recomponer el sujeto de la historia, sino en la protesta contra la expropiación total de la vida. Es una protesta que contiene implícitamente el rechazo de un espacio reíficado y masificado donde reinan la desmemoria, la ausencia de vínculos y la sumisión; en resumen, el rechazo del hábitat metropolitano. Por consiguiente, la crítica de la vida cotidiana en actos es portadora de una crítica del espacio: de la crítica del urbanismo concentracional de los dirigentes llegamos a la de la domesticación del territorio adquiriendo por el camino una conciencia social del espacio o, dicho de otro modo, una conciencia territorial. La defensa del territorio, asamblearia por naturaleza, es la materialización de dicha conciencia. La comunidad se manifiesta como reunión, como “junta”, no como unión, no como entidad susceptible de institucionalizarse. En cierto modo se podría decir que si al penetrar en todos los resquicios de la vida la opresión se había espacializado, la lucha contra ella, también. En el fragor de la batalla, la clase de la conciencia, el nuevo proletariado, se constituye creando y defendiendo su espacio, que es su mundo, su objeto. Habita en la sociedad consumista que ha de desmercantilizar, desindustrializar y desurbanizar para poder gestionarla libremente, y su herramienta orgánica no es otra que el ágora territorial.

Si la ordenación del territorio era la última fase de la ordenación de la vida, o sea, el caos planificado, la primera tarea de su defensa será “desordenarlo”, es decir, desmasificarlo y desprivatizarlo. La defensa del territorio ha de bregar con grandes contradicciones. La primera de ellas reside en el hecho de que el sujeto que ha de llevarla a cabo está mayoritariamente concentrado en las conurbaciones, el suelo estéril de la inconsciencia y el olvido, por lo que es más probable que los procesos de despoblamiento y de repoblación sigan ritmos diferentes y vayan descoordinados. El urbanismo y la ordenación territorial, con el fin de volver imposible la apropiación liberadora de los lugares y el abandono de las zonas de apelotonamiento, han levantado grandes obstáculos al reequilibrio poblacional. A este escollo se superpone otro: la lucha desde la conurbación es principalmente destructiva, pues poco se puede construir de autónomo y verdadero en los espacios yermos de la esclavitud asalariada y consumista, y en cambio, en el campo, el aspecto constructivo goza de más oportunidades, pues la cultura campesina rebrota con facilidad en terrenos segregados del mercado, todo lo cual, con una conciencia social ausente, favorece el desarrollo de ideologías mesiánicas y nihilistas en la parte urbanizada, y el de ideologías ciudadanistas ruralistas en la parte suburbanizada, formas de la falsa conciencia que confunden y vuelven a los individuos extraños a la vida libre. Así, en las áreas metropolitanas, la problemática laboral será ensalzada como “lucha de clases”, el enfrentamiento con las fuerzas del orden será elevado a los altares de la radicalidad, y la violencia, convertida en un valor absoluto en tanto que “poesía de la revuelta.” Por otro lado, en las zonas posrurales, el proteccionismo legalista, el recurso a los partidos y a la administración, el compromiso ambiental de los empresarios y la economía seudo-altruista, llámese “social” o “colaborativa”, llegarán a considerarse panaceas del decrecimiento y de la ruralidad bien entendida. En todas partes ha de construirse una comunidad de lucha para tirar hacia adelante, pero igual que no hay que desdeñar los huertos urbanos, los talleres cooperativos o los métodos asamblearios en nombre de la autodefensa de las movilizaciones, tampoco hay que dejar de lado la guerra por el agua, la lucha contra las infraestructuras y la oposición al desarrollismo urbano, del que los basureros descontrolados, las talas, la contaminación generalizada, los turistas y los campos de golf no son sino consecuencias. Tanto la segregación como la resistencia no tienen como objetivo la supervivencia aislada sino la consolidación de la comunidad y la abolición del capitalismo. El restablecimiento de los concejos abiertos y de las juntas, comunas o ejidos, la creación de una moneda “social”, los circuitos cortos de producción y consumo, y asimismo la recuperación de los terrenos y bienes comunales, no pueden ser vías “alter-capitalistas”. Su finalidad en el ámbito del oikos es la producción de valores de uso, no de valores de cambio. No son trazos identitarios del gueto rural buenrollista, sino facetas de una misma lucha, la lucha por un territorio emancipado de la mercancía y del Estado, cuya atmósfera hará libres a quienes la respiren. Son elementos de importancia mayor de cuya correcta combinación dependerá una estrategia eficaz que conduzca las fuerzas de la conciencia histórica a la victoria. Su evaluación es tarea de la crítica antidesarrollista, que, a diferencia de otro tipo de críticas, no se pierde en generalizaciones teóricas abstractas ni se instala en la pura negatividad o en la simple positividad, puesto que, de forma muy concreta, sabe o tiene que saber lo que quiere. Por eso no debe de intentar coger la luna en el reflejo del agua.

Miquel Amorós

Adaptación de un fragmento de la Breve exposición de la noción de territorio

Octubre 2017

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