Opinión sobre la realidad represiva del Estado español

Por Shaltai Boltay

Actualmente, la lucha contra la represión está volviendo a las calles después de bastantes años sin haber estado presente. Ahora, es momento de retomarla, ya que es necesario ensanchar esta lucha al conjunto de la sociedad. Pues es, precisamente, un momento de expansión de la represión

Por Shaltai Boltay

Sin duda, sorprende que viviendo en un período de intensidad represiva, escuchar por las calles sobre los presos políticos del proceso independentista y analizarlo a éste como si fuera una novedad. A su vez, de repente, la represión política llega a nuevas capas sociales y políticas que nunca hubiesen imaginado ser represaliados de esta forma.

El caso de los Jordis y los consejeros brilla por sí solo en éste sentido, pero como bien sabemos no es ninguna novedad hablar de presos políticos –si como tal entendemos a todas esas personas presas por un crimen común, si no por sus acciones políticas- en el Estado español ya que desde el surgimiento del Estado español moderno el crecimiento de presos políticos nunca ha dejado de existir dado que éste nace de la esencia de reprimir todo lo que ponga en peligro la existencia de un estado burgués o la integridad territorial de lo que históricamente las élites y ciertos sectores sociales han considerado España.

Así pues, desde la llegada de la AIT al 1870, solo han existido dos momentos tan cortos e insignificantes dónde se rompió con ésta dinámica: la I República (1873) y ciertos momentos de la II República (1931-33 y 1836-39) por sus características políticas aunque con parcialidad territorial ya que, como bien se sabe, el Frente Popular asumió la victoria electoral el 16 de febrero de 1936 utilizando la Amnistía Total de los presos políticos generados, sobretodo, durante octubre de 1934 –donde surgieron entre 30.000 y 40.000 presos políticos y unos 1.100 mineros muertos- y la proclamación del Estado Catalán de donde surgieron unos 3.000 presos políticos y murieron 74 independentistas.

Por tanto, y haciendo un repaso histórico de la realidad represiva en el Estado español, podemos nombrar los sucesos en Andalucía de la Mano Negra de la década de los 1880 con la FRE-AIT ilegalizada -15 campesinos condenados a muerte y 7 de ellos finalmente ejecutados-; la década de 1890 todavía generó más represión con las numerosas huelgas andaluzas o las acciones de propaganda por el hecho –bombas de Paulí Pallàs en el intento de asesinar a Martínez Campos y de Santiago Salvador contra el Liceo que generó 400 detenidos anarquistas, así como los 400 presos anarquistas en el castillo de Montjuïc a raíz del asesinato de Cánovas del Castillo en 1897- ya a principios del siglo XX tenemos la gran ola de presos y presas políticas a raíz de la Semana Trágica en Barcelona en 1909 –respuesta popular motivada tanto por el descontento identitario catalán como por la ofensiva contra la clase obrera tanto por la llamada a un reclutamiento forzado de los jóvenes proletarios como por el desahucio masivo de inquilinos de la Vía Laietana y significó el asesinato del pedagogo Ferrer i Guàrdia-, la represiva época del pistolerismo des de la Huelga de la Canadenca en 1919, que significó 3.000 presos solo en el período huelguista, hasta la dictadura de Primo de Riverarecordemos el asesinato de Salvador Seguí, Francesc Layret o el intento de asesinato de Ángel Pestaña, cerca de 400 anarquistas asesinados por las fuerzas de seguridad y el Sindicato Libre-.

Ésta última dictadura sólo fue una forma más de endurecer el estado represivo que tanto caracteriza al Estado español hacia la clase trabajadora revolucionaria del conjunto del Estado como los diversos movimientos separatistas existentes y se tradujo en el encarcelamiento de un gran número de políticos catalanistas o independentistas así como la totalidad de la cúpula del Nuevo Comité Nacional de la CNT. Y así llegamos a la II República donde el cambio de régimen formalmente no significó la ruptura con el ADN represivo español sobre todo por lo que hace a los movimientos separatistas o revolucionarios como recuerdan tanto los hechos de Casas Viejas, Cádiz, de 1933 –de donde resultaron 14 campesinos muertos y 16 encarcelamientos- como los hechos de octubre del 1934 anteriormente que, afortunadamente, generó la inestabilidad del gobierno central-cedista y la oportunidad que aprovecharon las izquierdas para alcanzar el poder con las elecciones del 16 de febrero de 1936.

Y, ¿cómo definir las consecuencias de lo que supuso la barbaridad de cuarenta años de dictadura franquista posibilitada por la intervención del fascismo internacional y el imperialismo de los Estados Unidos? Pues con el simple dato de ser el segundo país con más fosas comunes y, por tanto, antifascistas asesinados en el mundo, ya que intentar dar un dato aproximado sobre los presos políticos es muy complicado tanto por las lagunas históricas de la poca desclasificación de archivos como por el simple hecho de tener que hablar de las cifras que van des de los 200.000 a los 400.000 presos y presas políticas según estudios históricos consultables*.

Hecho que nos lleva a situar el total de presos y presas políticas durante la dictadura cerca del millón de antifascistas en todo el Estado. Y, finalmente, llegamos a la contemporaneidad si partimos desde la muerte del dictador y a lo que algunos aún llaman <<transición democrática=””>>, sin duda alguna una auténtica transición nominal por lo que hace a las instituciones del régimen donde se pasó del TOP (Tribunal de Orden Público) a la Audiencia Nacional, de la BPS (Brigada Político Social) a la BCI (Brigada Central de Información) y de aquí a la actual CGI (Comisaria General de Información) las dos más conocidas como la Policía Secreta metida dentro del actual Cuerpo de la Policía Nacional para nombrar algunas.

Desviaremos la atención del lavado de imagen de los gestores de los últimos años de franquismo y sus herederos gracias a la ley de Amnistía del 1977 –criminales franquistas y altos cargos del Opus Dei así como una larga lista de funcionarios torturadores nunca juzgados- y de por qué España es el único estado europeo donde la criminal dictadura no ha estado nunca juzgada y todavía perviven instituciones, simbologías, calles y monumentos en un sistema filo-fascista que va más allá de partidos retrógrados conservadores corruptos y sus marcas blancas propensas a defender a ultranza los valores del Movimiento Nacional de una grande y libre. Iniciar la tal transición no solo significó la <<democratización del=”” franquismo=””>> si no también la pérdida de valores y dignidad de las izquierdas con el eurocomunismo como eje director a la hora de ceder cualquier vía digna de lucha sociopolítica y oxidar los actuales sindicatos amarillos (CCOO y UGT) vendiendo a la clase trabajadora al neoliberalismo y la patronal así como ver a la social-democracia ingiriéndose dentro del entramado del sistema corrupto y represor al servicio del Ibex 35. Volvemos a la cuestión histórica de la obsesión represiva del Estado español y saltamos directamente a lo más escandaloso, el terrorismo de estado y la promoción socialista de los GAL como arma para combatir el <>.

Tales organizaciones nacen durante la década de 1960 y el final del franquismo –ETA empieza a actuar en 1961 y los GRAPO en 1975- y lejos de generar un análisis complejo en cuanto a los objetivos o justificación de sus actos, simplemente se puede considerar la lucha armada como una vía más para alcanzar la liberación de naciones y clase oprimida o, al menos, como una manera de eliminar a alguno de esos que la justicia institucional legalizada debía procesar y nunca lo hizo –como fue el caso criminal de Carrero Blanco-.

En todo caso un estado que busca apasionadamente defender la unidad nacional y las élites socio-económicas representadas por una monarquía de corte feudal, le es siempre necesario encontrar un enemigo común. Así pues, el balance represivo de los primeros años de <> se traduciría en 591 muertos por violencia política –terrorismo de extrema izquierda y extrema derecha, guerra sucia y represión- y de éstos 188 de los asesinatos, los menos investigados, son producto de la violencia política de origen institucional –los grupos incontrolados de extrema derecha causaron 49 muertes; los grupos antiterroristas asesinaron a 16 personas, principalmente del entorno de ETA y GRAPO; 8 personas fueron asesinadas en las cárceles o comisarias y 51 murieron por enfrentamientos entre policías y grupos armados; ETA causó la muerte de 344 personas y los GRAPO de 51-.

Una dada importante que no podemos olvidar es la del año 1977, donde la policía cargó contra 788 manifestaciones en todo el estado, es decir, el 76% del total ya que <> y, por tanto, que la izquierda renunciara al control de las calles. Tal barbaridad represiva también significó el asesinato de 52 personas solo en el contexto de huelgas y manifestaciones. Pero la violencia no se paró con el cambio de década ya que solo el año 1980 dejó 30 víctimas por <> entre los que destacó la trotskista Yolanda González, secuestrada y asesinada por militantes de Fuerza Nueva.

La indulgencia de la justicia española con los asesinos de la extrema derecha ha estado una constante que llega hasta nuestros días ya que si en 1977 fueron asesinos de la masacre de Atocha los que más tarde se salvaron de una condena de 193 años cumpliendo con tan solo 14-15 años o en 1993 el asesinato de Guillem Agulló se tradujo en una rebaja de condena de 14 a 4 años para el asesino neonazi Pedro Cuevas y la absolución de los demás neonazis participantes y ya con el cambio de siglo el asesinato más sonado del antifascismo, el del joven de 16 años Carlos Palomino acabó con la sentencia de su asesino, Josué Estébanez, militar y simpatizante de Democracia Nacional con una condena de 26 años, gracias a la grabación de las cámaras del metro, pero ninguna consecuencia para el partido fascista DN que promueve tales actos y pide la absolución del asesino. Hecho que nos lleva a analizar la Ley de Partidos puesta en vigor en 2002 y que plantea textualmente <>.

El resultado, como era de esperar, ni un solo partido fascista ilegalizado –y no son pocos los existentes hoy en día- pero sí que se ilegalizaron partidos revolucionarios como el PCE (r) o numerosas organizaciones políticas vascas de liberación nacional como Batasuna, Askatasuna o el Partido Comunista de las Tierras Vascas, así como el intento de ilegalizar Izquierda Castellana por parte del colectivo de ultraderecha Manos Limpias que acabó resultando ser una organización mafiosa al ser condenada por malversación de fondos y prevaricación.

Tal mal vicio iniciado por Manos Limpias ha llegado a nuestros días con las acusaciones del partido de ultraderecha VOX quién se personó en las investigaciones de la jueza Lamela sobre el proceso independentista de los últimos meses. Pero es que la connivencia del franquismo y sus herederos con la justicia española va mucho más allá ya que es necesario partir de la base que los encargados en investigar a los terroristas fueron la misma gente que antes participaban de la Brigada Político Social de Franco y hoy forman parte de la Audiencia Nacional y de la Policía Secreta y, como nunca se ha hecho limpieza institucional los resultados son muy parecidos.

Así pues y a modo de conclusión, podemos cerrar con la sencilla pregunta; ¿es posible acabar con la represión política imperante en el ADN interno de las instituciones judiciales y represivas que componen el Estado español que nace y pervive para perpetrar tal represión sin eliminar o conquistar, por parte de las clases oprimidas, tal estado? *Solo durante los primeros años de pos-guerra y, según cifras dadas por un auténtico fascista italiano como fue el conde Gelazzo Ciano durante su visita a España en julio de 1939, en Madrid eran ejecutadas unas 200 personas al día, en Barcelona unas 150 y en Sevilla, que rápidamente cayó en manos de Queipo de Llano al empezar la guerra, unas 80 personas ejecutadas diariamente.

Ya más adelante el balance de los años más intensos de lucha guerrillera de los maquis españoles dejaría unos 276 muertos de la Guardia Civil pero los muertos y heridos de los guerrilleros se contabilizarían en unas 5500 antifascistas muertas cerca de 800 acciones.

-->

COLABORA CON KAOS