ONU pide se investigue desahucios en España

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El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación por el incumplimiento por parte del Gobierno de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de vivienda, a raíz del caso de una familia con dos menores que había solicitado una vivienda social hasta en 13 ocasiones y que finalmente fue desahuciada sin ofrecerle una vivienda alternativa.

Tras la condena a España por incumplimiento grave de sus obligaciones en materia de vivienda por parte del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, diversas organizaciones crearon en septiembre de 2017 el Grupo de Monitoreo para el cumplimiento del Dictamen y plantearon una queja ante el Defensor del Pueblo.

Las organizaciones denunciaban así la falta de medidas estatales sobre vulneraciones del derecho a la vivienda, en un contexto social de repunte de los desahucios derivados de alquiler y expulsión del acceso a la vivienda de miles de personas.

Tras la queja, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación considerando que el Gobierno no está prestando la debida consideración al dictamen del Comité ya que en su respuesta al Alto Comisionado de Naciones Unidas no valoró como merecía las recomendaciones. En este sentido, el Defensor del Pueblo dice que “la remisión de una respuesta de un folio parece indicar que no se ha dado a esta cuestión por parte de las autoridades españolas la importancia que este tema merece”.

Además también considera que se habría incumplido su obligación de dar a conocer y divulgar la decisión del Comité, puesto que tan solo se publicó en un número del Boletín del Ministerio de Justicia, sin ninguna otra forma de difusión.

Como señala el propio Defensor del Pueblo, es necesario también publicar la decisión en el Boletín Oficial del Estado.

El 20 de junio de 2017 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los estados de las obligaciones incluidas en PIDESC, condenó a España por el grave incumplimiento de sus obligaciones en materia de vivienda.

Lo hizo a raíz del caso de una familia que vivía de alquiler en una habitación en Madrid que había solicitado hasta en 13 ocasiones, desde 1999 a 2011, una vivienda social ante el Instituto de la Vivienda de Madrid atendiendo a sus dificultades económicas. Ninguna fue admitida.

El 3 de octubre de 2013, la familia, con dos hijos menores fueron desahuciados después de que la propietaria del piso decidiera no renovarles el contrato de alquiler y el juzgado ordenase el desalojo. Sin otro lugar a donde ir, primero durmieron durante 10 días en un centro de personas sin hogar. Tras ser invitados a marcharse, la familia acabó durmiendo en el coche.

La decisión del Comité incluye recomendaciones generales para paliar un problema que se demuestra estructural en España, donde solo en 2017 se han producido 57.996 desahucios.

Las organizaciones firmantes de este comunicado, Amnistía Internacional, Arquitectura Sin Fronteras (ASF), Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas sin hogar – FEANTSA- (representada por Cáritas Española), Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Observatorio DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Sindicato de Inquilinos, han conformado un grupo de monitoreo de la sociedad civil, orientado al cumplimiento por parte del Estado del dictamen.

http://www.latinpress.es/onu_investiga_desahucios_en_espania.html

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