Ofensiva policial para clausurar el centro social antifascista la Cosa Nostra de Castellón

El colectivo presenta alegaciones al expediente de la Policía Local avalado por el Ayuntamiento, que se escuda en una incongruencia de licencias para decretar la orden de precinto. Paralelamente, se ha abierto una causa judicial contra dos de sus militantes

Ya hace tiempo que los movimientos sociales de Castellón cuentan con un espacio referente a la ciudad ubicado en el número 2 de la calle San Miguel. Su nombre es el centro social antifascista Cosa Nostra y este año celebran diez años, pero esto no es una buena noticia para todos en la capital de la Plana Alta. Después de un final de 2017 y un inicio de nuevo año cargado de actividades, el sábado 27 de enero podría ser la última vez que el local abra las puertas, en una velada con el lema ‘No nos callarán, no pasarán’.

Policía Nacional, Policía Local de Castellón y el propio consistorio, históricamente gobernado por el PP pero desde 2015 en manos de una coalición formada por el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y Compromís, prosiguen en su estrategia de hostigamiento y ahora quieren precintar y clausurar el local por la vía administrativa. La razón que esgrime la policía del municipio es «no tener ninguna licencia y ejercer actividad lucrativa a modo de pub o bar» pero las integrantes del centro afirman que es «totalmente falso» y anuncian que presentarán alegaciones dentro del plazo de diez días de lo dispuesto, mientras aseguran que continuarán con su actividad con total normalidad: «Nos defenderemos, resistiremos, desobedeceremos».

En un comunicado hecho público a través de las redes sociales, el colectivo antifascista asegura que se les quiere aplicar «fraudulentamente y mediante montajes la ley 14/2010 de la Generalitat Valenciana de Espectáculos Públicos, sabiendo la policía y el ayuntamiento que nuestra actividad se encuentra regulada en el Decreto 28/2011 del Consejo «. Este último texto legal es el que reglamenta las condiciones y tipologías de los grupos festeras tradicionales en los municipios del País Valencià, por lo que no pueden exigir a la Cosa Nostra la obtención de licencia prevista en la ley de establecimientos públicos «.

Proyección durante la jornada por la liberación animal celebrada durante el pasado fin de semana / Dídac Ramírez

Desde sus inicios, el centro social está constituido legalmente como una asociación juvenil y adscrito a la Federación de Colles de Castelló, con una calificación que les permite organizar actividades lúdicas, culturales y musicales. Durante la última década se han llevado a cabo cientos de actos como charlas, conciertos, proyecciones y comidas sin ánimo de lucro, para la autogestión o para recoger fondos solidarios con múltiples luchas, sin cobrar entrada o recibir dinero por la cesión o el uso del espacio, que nunca ha recibido subvenciones y se define como «independiente, anticapitalista, autónomo y libre».

En último término, la argumentación de la resolución administrativa se sostiene sobre otra denuncia de la cual los miembros de la Cosa Nostra no sólo desconocían su presentación, sino también los hechos que se relatan. Estos están fechados el pasado 19 de noviembre, día en que se celebró la tradicional manifestación antifascista contra el 20-N (aniversario de la muerte del dictador Franco), cuando posteriormente el centro social acogió varios conciertos musicales. La Policía Local ha interpuesto una denuncia argumentando que algunos de sus agentes accedieron al local para solicitar la licencia y tuvieron que marcharse mientras eran increpados, episodio que desde el colectivo afirman con rotundidad que «nunca se produjo y es rotundamente falso «.

Por estos motivos, la Cosa Nostra acusa a la policía de «prevaricación», ya que «están dictando una resolución arbitraria en un asunto administrativo sabiendo que es injusta y contraria a la ley». Sin embargo, afirman ser conscientes de que «su represión no cesará, por el simple hecho de que hablamos claro y para señalar la raíz del problema».

Asalto al local el 25-N

La noche del pasado sábado 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, los colectivos Mujeres en Lucha y Subversivas, asamblea feminista universitaria, organizaron una fiesta en la cosa Nostra una vez finalizada la manifestación antipatriarcal. Según explicaron a la  Directa  testigos presenciales, todo se desarrollaba con normalidad hasta que la Policía Local irrumpió dentro del centro social sin la pertinente y necesaria autorización judicial, tapándose los rostros y amenazando con las porras.

Los agentes municipales iban acompañados por furgonetas de la Policía Nacional española que los escoltaban pero no intervenían. Una vez expulsados ​​los policías del interior del local, una persona fue detenida en el exterior acusada de amenazas, insultos, resistencia a la autoridad y agresión. Un segundo activista fue identificado y ha sido citado a declarar -en calidad de investigado en la misma causa- por atentado a la autoridad ante el Juzgado de Instrucción 2 de Castellón la mañana del lunes 22 de enero. El joven asegura que un agente le tomó el móvil dentro del local y ya en el exterior aprovechó para identificarlo cuando se aproximó a él para pedirle que le devolviera el teléfono.

Imagen de la intervención policial contra la Cosa Nostra el pasado sábado 25-N

 

Desde la Cosa Nostra niegan las acusaciones y el relato policial: «no conformes con la desproporción del despliegue policial, la agresión y detención de una persona, ahora hay que sumarle una nueva acusada por el simple hecho de ser portavoz de nuestra asamblea «. Un miembro del centro social explica a la Directa  que la justificación para dictar medidas cautelares como la clausura del local son las supuestas quejas vecinales recibidas. «Te puedo asegurar que en diez años de actividad nunca hemos tenido ni una sola denuncia por parte del vecindario», afirma con rotundidad, al tiempo que detalla las diferentes errores e incongruencias que han encontrado en el expediente administrativo.

Hay que recordar que el año pasado tres militantes del centro social salieron absueltas de un  proceso judicial donde afrontaban elevadas peticiones de penas de cárcel y la demanda de ilegalización  del colectivo por «asociación ilícita». El gobierno municipal del Partido Popular también probó cerrar el centro por una vía similar a la que el ‘gobierno del cambio’ intenta hoy en día: «Ahora ya tienen la documentación que presentamos al anterior requerimiento, no entendemos como vuelven a dar la razón a la policía y el Ayuntamiento lo tira adelante «, afirma el joven antifascista, que asegura que pase lo que pase ellos continuarán con su actividad habitual. Fiel a una de sus consignas, parece que la Cosa Nostra seguirá siendo «ingobernable».


Ofensiva policial per clausurar el centre social antifeixista la Cosa Nostra de Castelló

El col·lectiu presenta al·legacions a l’expedient de la Policia Local avalat per l’Ajuntament, que s’escuda en una incongruència de llicències per decretar l’ordre de precinte. Paral·lelament, s’ha obert una causa judicial contra dos dels seus militants
La Cosa Nostra assegura que continuarà amb la seva activitat amb total normalitat: «Ens defensarem, resistirem, desobeirem»
La raó que esgrimeix la policia del municipi és «no tenir cap llicència i exercir activitat lucrativa a manera de pub o bar» però les integrants del centre afirmen que és «totalment fals»

Policia Nacional espanyola, Policia Local de Castelló i el mateix consistori, històricament governat pel Partit Popular però des de 2015 en mans d’una coalició formada pel Partit Socialista del País Valencià (PSPV) i Compromís, prossegueixen en la seva estratègia de fustigament i ara volen precintar i clausurar el local per la via administrativa. La raó que esgrimeix la policia del municipi és «no tenir cap llicència i exercir activitat lucrativa a manera de pub o bar» però les integrants del centre afirmen que és «totalment fals» i anuncien que presentaran al·legacions dintre del termini de deu dies del que disposen, mentre asseguren que continuaran amb la seva activitat amb total normalitat: «Ens defensarem, resistirem, desobeirem».

En un comunicat fet públic a través de les xarxes socials, el col·lectiu antifeixista assegura que se’ls vol aplicar «fraudulentament i mitjançant muntatges la llei 14/2010 de la Generalitat Valenciana d’Espectacles Públics, sabent la policia i l’ajuntament que la nostra activitat es troba regulada en el Decret 28/2011 del Consell». Aquest darrer text legal és el que reglamenta les condicions i tipologies de les colles festeres tradicionals en els municipis del País Valencià, motiu pel qual no poden exigir a la Cosa Nostra l’obtenció de llicència prevista en la llei d’establiments públics».

Projecció durant la jornada per l’alliberament animal celebrada durant el passat cap de setmana / Dídac Ramírez

Des dels seus inicis, el centre social està constituït legalment com una associació juvenil i adscrit a la Federació de Colles de Castelló, amb una qualificació que els permet organitzar activitats lúdiques, culturals i musicals. Durant la darrera dècada s’han dut a terme centenars d’actes com xerrades, concerts, projeccions i àpats sense ànim de lucre, per l’autogestió o per recollir fons solidaris amb múltiples lluites, sense cobrar entrada o rebre diners per la cessió o l’ús de l’espai, que mai ha rebut subvencions i es defineix com a «independent, anticapitalista, autònom i lliure».

L’argumentació de la resolució se sosté sobre una altra denúncia de la qual els membres de la Cosa Nostra no només desconeixien la seva presentació, sinó també els fets que es relaten

En darrer terme, l’argumentació de la resolució administrativa se sosté sobre una altra denúncia de la qual els membres de la Cosa Nostra no només desconeixien la seva presentació, sinó també els fets que es relaten. Aquests estan datats el passat 19 de novembre, dia en què es va celebrar la tradicional manifestació antifeixista contra el 20-N (aniversari de la mort del dictador Franco), quan posteriorment el centre social va acollir diversos concerts musicals. La Policia Local ha interposat una denúncia argumentant que alguns dels seus agents van accedir al local per sol·licitar la llicència i van haver de marxar mentre eren increpats, episodi que des del col·lectiu afirmen amb rotunditat que «mai es va produir i és rotundament fals».

Per aquests motius, la Cosa Nostra acusa la policia de «prevaricació», ja que «estan dictant una resolució arbitrària en un assumpte administratiu sabent que és injusta i contrària a la llei». Tanmateix, afirmen ser conscients que «la seua repressió no cessarà, pel simple fet que parlem clar i per assenyalar l’arrel del problema».

Assalt al local pel 25-N

La nit del passat dissabte 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, els col·lectius Dones en Lluita i Subversives, assemblea feminista universitària, van organitzar una festa a la Cosa Nostra un cop finalitzada la manifestació antipatriarcal. Segons han explicat a la Directa testimonis presencials, tot es desenvolupava amb normalitat fins que la Policia Local va irrompre dins del centre social sense la pertinent i necessària autorització judicial, tapant-se els rostres i amenaçant amb les porres.

Els agents municipals anaven acompanyats per furgonetes de la Policia Nacional espanyola que els escortaven però no intervenien. Un cop expulsats els policies de l’interior del local, una persona va ser detinguda a l’exterior acusada d’amenaces, insults, resistència a l’autoritat i agressió. Un segon activista va ser identificat i ha estat citat a declarar –en qualitat d’investigat en la mateixa causa– per atemptat a l’autoritat davant del Jutjat d’Instrucció 2 de Castelló el matí de dilluns 22 de gener. El jove assegura que un agent li va prendre el mòbil dins el local i ja a l’exterior va aprofitar per identificar-lo quan es va aproximar a ell per demanar que li retornés el telèfon.

Imatge de la intervenció policial contra la Cosa Nostra el passat dissabte 25-N

 

Des de la Cosa Nostra neguen les acusacions i el relat policial: «no conformes amb la desproporció del desplegament policial, l’agressió i detenció d’una persona, ara cal sumar-li una nova acusada pel simple fet de ser portaveu de la nostra assemblea». Un membre del centre social explica a la Directa que la justificació per dictar mesures cautelars com la clausura del local són les suposades queixes veïnals rebudes. «Et puc assegurar que en deu anys d’activitat mai hem tingut ni una sola denúncia per part del veïnat», afirma amb rotunditat, al mateix temps que detalla les diferents errades i incongruències que han trobat a l’expedient administratiu.

Cal recordar que l’any passat tres militants del centre social van sortir absoltes d’un procés judicial on afrontaven elevades peticions de penes de presó i la demanda d’il·legalització del col·lectiu per «associació il·lícita». El govern municipal del Partit Popular també va provar tancar el centre per una via similar a la que el ‘govern del canvi’ intenta avui dia: «Ara ja tenen la documentació que vam presentar a l’anterior requeriment, no entenem com tornen a donar la raó a la policia i l’Ajuntament ho tira endavant», afirma el jove antifeixista, que assegura que passi el que passi ells continuaran amb la seva activitat habitual. Fidel a una de les seves consignes, sembla que la Cosa Nostra seguirà sent «ingovernable».

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