Ofensiva autonómica contra la exclusión sanitaria

Por Pablo Rivas en Diagonal

Si no hay posibilidad de acceso a una tarjeta sanitaria seguirá habiendo exclusión del sistema de salud público, un problema que afecta fundamentalmente a migrantes en situación legal irregular. Y no habrá tarjetas que den derecho a la asistencia en centros de salud y hospitales y a medicamentos subvencionados por la Se­guridad Social hasta que […]

Si no hay posibilidad de acceso a una tarjeta sanitaria seguirá habiendo exclusión del sistema de salud público, un problema que afecta fundamentalmente a migrantes en situación legal irregular.

Y no habrá tarjetas que den derecho a la asistencia en centros de salud y hospitales y a medicamentos subvencionados por la Se­guridad Social hasta que no se derogue el Real Decreto-Ley 16/2012, irónicamente denominado “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”.

Es la conclusión a la que llegan decenas de colectivos y organizaciones en lucha por una sanidad universal y de calidad, más de 300 de ellos integrados en la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder).

Sin embargo, las elecciones autonómicas del 24 de mayo han modificado el mapa de la exclusión sanitaria en el Estado español. Los cam­bios de gobierno en Ba­lea­res, Cantabria, Extremadura, Cas­tilla-La Mancha, País Valenciano y Ara­gón han traído consigo la entrada de nuevas normativas que intentan poner freno, al menos en parte, al llamado apartheid sanitario que trajo el decreto de la discordia.

Son los nuevos actores que se suman a la desobediencia al 16/2012, a los que hay que añadir las cuatro regiones que desde el principio se negaron a aplicarlo: Andalucía, Astu­rias, País Vasco y Navarra.

Sin embargo, hay más casos de comunidades ‘rebeldes’. En Madrid, aunque el PP mantiene el poder, se han dictado instrucciones para que se dé asistencia sanitaria, con condiciones, a las personas que no tengan regularizada su situación.

Catalunya promulgó en julio una instrucción que venía a acabar con la mayoría de las trabas que el sistema imponía a los migrantes sin documentación.

Canarias anunció el 7 de agosto que daría la orden a los centros de salud para que faciliten la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, ordenamiento que estará en vigor antes del finalizar octubre, según asegura el consejero de Sanidad, Jesús Morera.

Y la Región de Murcia ha anunciado recientemente que dará cobertura a los migrantes, aunque no devolverá la tarjeta sanitaria, sino que otorgará un documento diferente con validez de un año, prorrogable si los beneficiarios mantienen una serie de requisitos.

El mapa se completa con los lugares en los que se aplica el 16/2012 de forma más estricta –Castilla y León, La Rioja y las ciudades autónomas– y Galicia, donde se mantiene el Programa Galego de Protección Social de la Salud Pú­blica, más restrictivo, que da cierto grado de atención limitada y en ciertos supuestos.

“Es raro el sitio donde se aplica el 16/2012, ya que es una normativa que se ha quedado vacía”

“Es raro el sitio donde se aplica el 16/2012, ya que es una normativa que se ha quedado vacía”, explica Marciano Sánchez, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. “Se está demostrando que es un fracaso y un sinsentido, porque la exclusión es injusta e inhumana y además no se ha podido demostrar que haya producido ningún ahorro económico, por lo que no tiene ninguna lógica mantenerlo”.

Sánchez hace hincapié en que la normativa genera caos y confusión entre las diferentes regiones, a lo que hay que sumar que su aplicación práctica “choca con problemas concretos”.

Los integrantes de Yo Sí Sanidad Universal, que se han organizado como una red de desobediencia civil de grupos de acompañamiento para asegurarse de que sus vecinos tengan asistencia sanitaria, conocen bien estas situaciones particulares.

Abril Millán participa en uno de estos colectivos en València. Desde su grupo ven deforma positiva el decreto que aprobó el 19 de julio el Ejecutivo valenciano, una fórmula que han adoptado otras regiones. Éste formaliza que las personas sin papeles tengan la misma cobertura que el resto de la población, bajo condiciones tales como llevar tres meses empadronadas.

“Además, parece que van a ser flexibles, las tarjetas las van a tramitar las trabajadoras sociales de los centros de salud y se valora también que, en aquellos casos donde no se pueda acreditar un empadronamiento o haya problemas para conseguir el pasaporte, un informe de la trabajadora social podría solucionarlo”, relata.

Sin embargo, aún están valorando el nuevo sistema, ya que, según explica, hay centros de salud donde aún no han llegado las nuevas instrucciones y tienen la experiencia del anterior programa de salud que aprobó el gobierno anterior, “tres años en los que se cobraban hasta las urgencias”.

Además, se encuentran a la expectativa de cómo se van a solucionar “las barreras burocráticas impuestas por el sistema informático en los centros de salud y hospitales”.

El problema identificativo

Marta Pérez, participante de Yo Sí Sanidad Universal en Madrid, también destaca lasbarreras que impone el sistema informático y la falta de una tarjeta en la región: “Si no tienes una identificación es muy difícil que puedas tener una atención médica normalizada porque los sistemas informáticos asociados a esa identificación y los de facturación funcionan casi solos, de modo que sin una tarjeta sanitaria lo tienes muy difícil”.

“No se ha hecho nada por atacar la raíz, que es el decreto de exclusión sanitaria, pero sí poner unos pequeños parches administrativos”

La activista apunta que en la región “no se ha hecho nada por atacar la raíz, que es el decreto de exclusión sanitaria, pero sí poner unos pequeños parches administrativos, que se conocen sólo dentro del servicio madrileño de salud, para poder dar un acceso muy diferencial a cierto tipo de personas a las que se les quitó la tarjeta”.

Madrid no ha formulado un decreto como el País Valenciano, sino que ha emitido dos circulareslanzadas desde la Consejería de Sanidad en los últimos meses que han abierto algunas puertas del sistema a muchos migrantes –que no a todos– mediante la implantación de dos nuevos tipos de alta en el sistema, y que tienen requisitos que funcionan como tapón. Es por eso por lo que en el grupo de acompañamiento de Pérez, como en tantas otras regiones, seguirán trabajando hasta que haya una sanidad universal.

Así, ante la situación tan desigual que mantienen los diferentes sistemas de salud autonómicos respecto de la exclusión, el único paso del Gobierno ha sido obcecarse en que se cumpla el RDL 16/2012, proponiendo a las comunidades en el Consejo Interterritorial de Salud celebrado a principios de septiembre la creación de un registro diferenciado de personas sin papeles que residan en territorio español desde hace más de seis meses y se encuentren en “una situación de vulnerabilidad y exclusión”, casos que tendrían derecho a asistencia.

Ante la evidente discriminación, la mayoría de comunidades rechazaron la propuesta y exigieron, de nuevo, la derogación del 16/2012. El último intento fue el pasado 15 de septiembre en el Congreso, con la enésima propuesta para derogar el ‘decreto del apart­heid’. El PP lo volvió a tumbar.


192 fueron los menores de edad a los que se les negó la asistencia sanitaria debido al 16/2012 entre enero de 2014 y julio de 2015, según el último informe de Reder, publicado en septiembre.

1.567 son los casos de personas excluidas del sistema sanitario entre enero de 2014 y julio de 2015 debido al ‘decreto del apartheid’, recogidos en el informe Reder. El decreto dejó sin tarjeta a casi 900.000 personas.

IMAGEN DE PORTADA: El Real Decreto Ley 16/2012 es conocido como el decreto del ‘apartheid sanitario’, debido a la exclusión que produjo su entrada en vigor. / DIEGO GONZÁLEZ

https://www.diagonalperiodico.net/global/27974-ofensiva-autonomica-contra-la-exclusion-sanitaria.html

-->
COLABORA CON KAOS