Ocupado un edificio de 5.000 m² para alojar sin papeles en Perpiñán

Cuando apenas hace una semana que el fiscal retiraba los cargos contra Denis L., acusado de alojar migrantes sin papeles, el Colectivo de Sin Papeles de Perpiñán ha vuelto a dar un golpe de efecto. Este jueves por la mañana se hizo pública, en una rueda de prensa, el empleo de un nuevo espacio en Perpiñán: un edificio de 5.000 m² en el barrio de la Estación que acogía, hasta el año pasado, el Centro de formación Apprentis (CFA), una escuela de formación profesional que se trasladó a las afueras de la ciudad.

De esta manera, el colectivo ocupa lo que es el quinto espacio -cuatro de los cuales aún en funcionamiento- destinado a alojar sin papeles y responde así a una situación de emergencia. Gautier Sabrià, miembro del Comité de Apoyo al Colectivo, declaraba que «muchas familias con niños se encuentran sin techo tras ser alojadas en organismos de apoyo diversos como la CADA (Centro de Acogida de Solicitantes de Asilo) o espacios que acogen mujeres maltratadas «y es que estos organismos sólo pueden proponer estancias de corta duración, tal como han denunciado repetidamente la Cimade, el ASTI y el mismo Comité de Apoyo a los Sin Papeles. Las ocupantes «son familias en situación irregular en territorio francés. No reciben ninguna ayuda económica y no tienen derecho a ejercer actividad profesional. Hace unos días, se encontraban en la calle en una situación muy crítica. El empleo supone una mejora de sus condiciones de vida «declara Sabrià.

Después de la ocupación, parece que se ha desplegado una estrategia de presión sobre las familias ocupantes y miembros del Comité de Apoyo al Colectivo de Sin Papeles. Por un lado, tanto la Policía Nacional como la Policía de Fronteras han hecho acto de presencia en el inmueble varias veces para identificar las familias y las militantes presentes. Por otra parte, las responsables de la Cámara de los Oficios (CDM), el estamento que gestiona el CFA y el edificio, se han presentado varias veces y han llegado al punto de amenazar gravemente por vía telefónica una de las militantes del Comité. Además, la CDM ha cortado el suministro eléctrico del edificio, lo que dificulta las condiciones de vida en el interior. Su voluntad es desalojar rápidamente el edificio porque alegan que la presencia de los ocupantes entorpece la venta del edificio, una venta que debe financiar las grandes reformas hechas a las nuevas instalaciones del CFA en las afueras de Perpiñán.

En paralelo, la Jefatura ha abierto diligencias contra la ocupación alegando el hecho de que en el edificio hay material peligroso y productos químicos que ponen en riesgo la seguridad de las familias ocupantes. Cabe destacar que una denuncia de este tipo a través de un procedimiento de urgencia es un motivo de peso para acelerar la expulsión de las migrantes. Las ocupantes, en cambio, argumentan que las familias están alojadas por el momento a los antiguos despachos donde no hay nada peligroso y denuncian que la misma Jefatura no hace nada para garantizar unas buenas condiciones de vida a las familias ocupantes.

Debido a la denuncia «expreso» de la Jefatura, miércoles 29 de julio a las dos tendrá lugar el juicio contra las familias y contra uno de los miembros del Comité de Apoyo. En cuanto a las familias, la consecuencia puede ser su expulsión forzosa. Y en cuanto al militante, se le piden 12.000 euros por haber participado en la apertura del edificio el día de la ocupación con una carga de 50 euros diarios hasta que se vayan. Se esperan nuevas movilizaciones durante los próximos días para exigir la absolución de las encausadas.

IMAGEN DE PORTADA:  L’edifici del Centre de Formation des Apprentis al barri de l’Estació – Pablo Bonat

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