Oaxaca, laboratorio de la tiranía para el país

Hasta hoy el saldo cuantificable del actual conflicto en Oaxaca, a más de seis meses de haber iniciado, es de 21 personas asesinadas, alrededor de 370 lesionadas, más de 500 detenidas, 306 presas aún, unas 300 perseguidas y más de cien desaparecidas. De los 306 presos, 214 fueron capturados el 25 de noviembre -entre ellos cuatro extranjeros- a raíz de los enfrentamientos entre miembros de la APPO y fuerzas del «orden» (incluyendo a los provocadores), que ocasionaron daños materiales calculados en más de 60 millones de pesos.

Unos 170 detenidos ese día fueron llevados a centros penitenciarios de Nayarit, Tamaulipas y Jalisco. En el penal de San José del Rincón -a 15 kilómetros de Tepic, Nayarit- fueron recluidas 141 personas (106 hombres y 35 mujeres), entre las cuales hay algunas menores de edad. Tras pagar una fianza de 108 mil pesos cada una, fueron liberadas tres de ellas y luego se sumó una más, por lo que 139 siguen allí.

Aunque más de cien eran transeúntes que no participaron en la manifestación de aquel día ni mucho menos en los desmanes y fueron detenidos arbitrariamente y torturados antes, durante y después de su traslado, los 139 están acusadas de rebelión, sedición, delincuencia organizada, asociación delictuosa y daños por incendio. El proceso a 93 de ellos tiene la causa penal 652/2006 en el juzgado de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, mientras que 54 más (algunos de los cuales coinciden en el otro expediente) tienen la causa 88/2006 en el juzgado mixto de primera instancia de Mihuatlán, Oaxaca.

Entre los 306 presos se encuentra Flavio Sosa Villavicencio, el dirigente más visible de la APPO, aprehendido en la ciudad de México el 4 de diciembre junto con su hermano Horacio y otras dos personas. Flavio y Horacio están acusados de secuestro, robo calificado con violencia y lesiones calificadas contra funcionarios municipales en hechos ocurridos el 15 de agosto, así como de sedición, daños dolosos causados por incendio y ataques a las vías generales de comunicación. Las órdenes de aprehensión en su contra forman parte de cuatro expedientes penales (58, 60, 102 y 132 de 2006) integrados por jueces federales y de Oaxaca. Flavio Sosa fue llevado a la cárcel de máxima seguridad del Altiplano (antes La Palma), en Almoloya de Juárez, estado de México, mientras que su hermano Horacio fue trasladado al reclusorio de Nayarit a petición del «gobierno» de Oaxaca. En contra de las otras dos personas no existían órdenes de captura, pero fueron detenidas por oponerse al arresto de los hermanos Sosa y se encuentran aún en las instalaciones delegacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) del Distrito Federal.

La aprehensión de Flavio y Horacio Sosa, en los hechos, traiciona el diálogo que, en representación de la APPO, habían acordado con el «gobierno» de Felipe Calderón (Fecal), y pasa por encima de tres amparos que les concedía la justicia federal, además de ocurrir una semana después de que su hermano Erick fuera detenido en la ciudad de Oaxaca y recluido bajo cargos similares en el penal federal de Matamoros, Tamaulipas, también a petición del «gobierno» de Ulises Ruiz Ortiz.

Entre los 306 presos hay también cinco agentes de la policía ministerial de Oaxaca, detenidos este sábado por la Policía Federal Preventiva (PFP), que los sorprendió en posesión de armas y vehículos reportados como robados, lo que parece una farsa montada para efectos propagandísticos (al igual que los cambios en el gabinete local) o, en el mejor de los casos, equivale a «una de cal por las que van de arena».

Para el traslado de los presos a reclusorios de otros estados se les consideró «reos de alta peligrosidad», antes de ser juzgados. Además permanecen incomunicados, pues los requisitos impuestos a sus familiares para visitarlos hacen prohibitivo este derecho. Por estar acusados de delitos graves, algunos no pueden salir bajo fianza. En otros casos, el monto de las fianzas -cuatro millones de pesos, las más altas- es imposible de alcanzar. En todos los casos, además del traslado (como en tiempos de la dictadura porfiriana), los presos han sufrido torturas físicas y sicológicas, vejaciones, tratos crueles y degradantes. Los han tratado peor que a prisioneros de guerra, como en Abu Ghraib o Guantánamo, contraviniendo lo estipulado por convenios internacionales sobre derechos humanos.

Mientras tanto, en Oaxaca siguen suspendidas de facto las garantías individuales; continúan los cateos ilegales, las detenciones arbitrarias y los secuestros. La misma lógica de guerra sucia y terrorismo de Estado que se aplicó en la captura de Flavio Sosa y compañía opera en la cacería de maestros luego de su regreso a clases. El «gobierno» del franquista Feli Pillo, que no respeta amparos de la justicia federal ni convenios internacionales, tampoco ha respetado la minuta de acuerdo firmada con el magisterio oaxaqueño por el anterior secretario de Gobernación, monseñor Abascal Carranza, de que serían canceladas las órdenes de aprehensión para que los mentores pudieran iniciar el ciclo escolar actual. La jauría ha detenido a más de cien maestros y, hasta donde se sabe, al menos dentro de las cinco causas penales que se desahogan en el reclusorio federal del Altiplano, Almoloya de Juárez, existen 35 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar en contra de militantes y dirigentes de la APPO, entre ellos Enrique Rueda Pacheco, secretario general de la Sección XXII del SNTE, que está acusado de lesiones calificadas, robo calificado y secuestro, según el expediente 71/2006 radicado en el juzgado mixto de primera instancia de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

Como si las arbitrariedades mencionadas hasta aquí no bastaran, hay una orden de aprehensión en contra de Jéssica Sánchez Maya, presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), filial Oaxaca, y otra en contra de Aline Castellanos Jurado, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, organización del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población. En el primer caso, la orden fue girada en el juzgado del distrito judicial de Etla, como parte de la causa penal 104/2006, por delitos que la propia Limeddh desconoce; en el segundo caso, la orden forma parte de la causa 136/2006, dictada en el mismo juzgado, por el delito de despojo agravado contra la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, Canal 9, presuntamente cometido el primero de agosto. Por el mismo delito, hay también una orden de aprehensión en contra del director de Radio Plantón, Omar Olivera Espinoza, y otras diez personas. En ambos casos, se trata de un hecho grave porque criminaliza la observación y defensa de los derechos humanos, además de la protesta social, pues Aline Castellanos también ha trabajado para la Limeddh, representándola incluso en otros países. De hecho, este el corolario del hostigamiento parapoliciaco y paramilitar que ha padecido el organismo no gubernamental durante más de seis meses, en los que se suman a la vigilancia desde la calle un intento de allanamiento a sus oficinas en el centro de Oaxaca y una pinta en la pared exterior con los letreros: «Aquí se reúne la APPO» y «También las barricadas violan derechos humanos».

Con una sola excepción, los 21 muertos en este conflicto son del movimiento popular, y sus asesinos siguen libres. Los detenidos por el homicidio del periodista independiente Brad Will, por ejemplo, fueron puestos en libertad, y ahora la procuraduría del estado pretende (procura) culpar de este crimen a la APPO. En ningún caso los presos, perseguidos y desaparecidos, salvo quizás los infiltrados, son responsables de las pérdidas humanas y materiales. Los matones y vándalos de verdad andan sueltos porque el poder no los persigue, los protege. El estado de sitio los ampara, les otorga impunidad. No hay detenidos por instigar al linchamiento de la APPO desde una estación de radio clandestina, por ejemplo. Hasta hoy, la escalada represiva no ha servido más que para apuntalar a la mafia criminal de Ulises Ruiz en el «gobierno» del estado, a cambio de la ayuda que tuvo Fecal en la consumación de su golpe de estado y la que requerirá en adelante para consumar también el desmantelamiento del país. Más aún, en la cacería de gente honesta, en esta guerra de la ignominia contra la dignidad, participan activamente los matones a sueldo y vándalos a destajo, los incendiarios, los escuadrones de la muerte. La policía misma es paramilitar; la llamada «policía federal preventiva», que llegó para agredir a las víctimas y proteger a los victimarios, está integrada por militares. Las policías locales tienen mandos kaibiles y adiestramiento kaibil, además de contar con madrinas y operar en coordinación con las bandas armadas del PRI. El propio Ulises Ruiz, según la APPO, tiene tratos y contratos con Los Zetas.

Fascismo en ciernes

Abunda información sobre los sicarios al servicio del chacal -nombres, apellidos y hasta fotos- en publicaciones impresas y páginas de Internet, pero el «gobierno» federal prefiere reprimir el descontento popular a combatir el crimen organizado. Incluso en el gabinete ampliado de Felipe el espurio, hay alguien señalado como socio, cómplice y amigo de pederastas y narcotraficantes (un tal Miguel Ángel Yunes Linares). En Michoacán continúan las ejecuciones por la guerra entre los cárteles de la droga, pues el poder formal ha preferido reprimir el descontento popular a enfrentar el crimen organizado. En Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hace más de trece años comenzó un holocausto que se extiende hoy hasta Oaxaca, siguen dándose casos de mujeres secuestradas, violadas, torturadas, mutiladas, asesinadas y desaparecidas, pero el «gobierno» prefiere reprimir el descontento popular a combatir el crimen organizado. Los Zetas, brazo armado del cártel del Golfo y quizás el grupo de sicarios más violento y mejor armado del país, salió de las filas del ejército federal mexicano, al que los usurpadores del poder formal recurren para reprimir el descontento popular en vez de combatir el crimen organizado. ¿Hace falta reiterarlo?

Desde el uso y abuso de las fuerzas armadas en el golpe de estado, hasta la designación del gabinete de seguridad, pasando por el despropósito de quitarle recursos a la educación y la cultura para dárselos al ejército y la marina como premio a su lealtad, todo apunta hacia un repunte del autoritarismo fascista que tuvo su primer asomo descarado en Guadalajara durante la Cumbre de las Américas, en mayo de 2004, cuando el actual secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, reprimió brutalmente (¿se puede reprimir de otra manera?) las manifestaciones pacíficas de protesta. El principal responsable de la brutal represión (valga la redundancia) en San Salvador Atenco, Eduardo Medina-Mora, entonces secretario de Seguridad Pública, es ahora procurador general de la República…

En conclusión, todo lo que ocurre desde el poder hace de Oaxaca un laboratorio de la tiranía que México está por padecer. El «estado de excepción» en Oaxaca pretende ser la regla en México. Falta ver si lo permitimos.

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