Nuevo gobierno en España. Escenario y límites

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Por José Luis Carretero Miramar

Ha sido investido un nuevo gobierno en España. Es un gobierno de coalición entre los dos partidos principales de la izquierda a nivel estatal (PSOE y Podemos). La primera coalición gobernante desde la Guerra Civil, y la primera vez que un partido a la izquierda del PSOE llega a participar del gobierno. Parecería que podemos echar las campanas al vuelo. Pero lo cierto es que se impone la prudencia. Nuestro gobierno, débil y acosado, no va a ser nada más que otra criatura de la vieja estirpe europea del social-liberalismo.

El PSOE, que tiene absoluta hegemonía en el nuevo gobierno, es un partido social-liberal desde hace ya muchos años. Además, el presidente Pedro Sánchez ha procurado que las carteras ministeriales clave (como Economía o Seguridad Social) queden en manos de tecnócratas vinculados muy estrechamente con la burocracia europea que gestiona el control del déficit de los países de la Unión, para garantizar el cumplimiento del neoliberal Tratado de Maastricht. El acuerdo con Podemos impone el cumplimiento futuro de este límite de déficit público, lo cual implica, en un país que aún mantiene un déficit excesivo según este patrón, un aumento de ingresos o un recorte en los gastos.

Lo principal de la propuesta de aumento de ingresos acordada por el gobierno de coalición (impuestos) está vinculada directamente a que se llegue a determinados acuerdos internacionales que es de prever que se van a hacer esperar (Impuesto a las tecnológicas, Tasa Tobin…). Por supuesto, en el acuerdo no se habla de recortes, pero habrá que ver que resistencia a las presiones de la Comisión Europea pueden presentar ministros social-liberales que han desarrollado su carrera profesional en la misma como Nadia Calviño, si la situación económica se complica.

Y la situación económica puede volverse complicada. La economía española ha sufrido una cierta desaceleración, este año, en un contexto de parálisis de las actividades industriales en Europa a raíz de las guerras comerciales desatadas por Trump, y de tensiones crecientes en el mercado petrolífero, del que es muy dependiente el suministro energético español. Además, la quiebra del touroperador global Thomas Cook, y la tendencial recuperación de la seguridad en determinados destinos turísticos del Sur del Mediterráneo que pueden competir en precio con el turismo en España, han implicado tensiones añadidas a un sector que representa cerca del 15 % del PIB.

Podemos ha obtenido una vicepresidencia (hay cuatro vicepresidencias en este gobierno) y cuatro ministerios. Pero son ministerios con muy poco poder. De hecho, algunos de ellos formaban parte de otros ministerios anteriormente e implican competencias menores, y a otros les ha sido cercenada gran parte de su área competencial previa. El único ministerio en manos de Podemos con incidencia en la política económica general, el Ministerio de Trabajo, ha perdido las competencias en Seguridad Social (pensiones de retiro) y migraciones, que tenía hasta ahora. Además, va a estar fuertemente encorsetado por el acuerdo previo con el PSOE que sólo le permite tocar, de momento, algunos de los aspectos más lesivos (de hecho, algunos de ellos habían sido contestados incluso por algunos sectores de la patronal y limitados por los tribunales) de las reformas laborales aprobadas durante la crisis económica de la pasada década.

Además, la coalición gobernante no tiene mayoría en el Parlamento, lo que le obliga a negociar de nuevo cada decisión importante (como los futuros presupuestos estatales) con una miríada de grupos nacionalistas, independentistas y regionalistas. Esto puede provocar una debilidad extrema. Los nacionalistas vascos del PNV limitarán todo giro económico a la izquierda. Los regionalistas pedirán su cuota de competencias y gasto público en cada negociación. Los independentistas catalanes exigirán una solución al conflicto que les enfrenta crudamente con el Estado Español en este momento.

La actitud frente al conflicto catalán, precisamente, va a ser una de las grandes piedras de toque de este gobierno. Pedro Sánchez va a necesitar la abstención recurrente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, uno de los principales partidos independentistas) para mantenerse en el poder. Y ERC va a necesitar que el gobierno haga las suficientes cesiones entorno a la cuestión catalana para implementar su estrategia emergente de convertirse en el principal partido de Cataluña y devolver a las multitudes que han salido a la calle para reclamar la autodeterminación a sus casas. Las exigencias de ERC son claras, de momento: mesa de negociación entre gobiernos (algo que ya ha sido aceptado por el gobierno); amnistía para los presos del proceso independentista (algo que, legalmente no puede hacer directamente el gobierno, pero que si puede facilitar de hecho mediante medidas penitenciarias); y referéndum de autodeterminación (algo que no puede realizar el gobierno bajo ningún concepto, en la actual coyuntura social y política).

Pedro Sánchez y los dirigentes de ERC parecen haber aceptado que el referéndum no se produzca, pero que se haga algún tipo de consulta referida a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación, en la que el PSOE nunca va a permitir que se acuerde la independencia. Está por ver si esto va a ser aceptable para la ingente multitud de catalanes que se han manifestado estos últimos años en las calles, y si se podrá implementar realmente bajo la brutal presión de una derecha que, desde el primer momento, ha hecho una apuesta decidida por subir exponencialmente los niveles de crispación política.

Porque el bloque parlamentario de la derecha ha decidido presionar con todo al gobierno desde el mismo inicio. Con una retórica guerra-civilista y extremada, incluso llamando a la intervención del Ejército, los diputados y periodistas de la derecha y la ultraderecha coinciden en llamar prácticamente a la insurrección cívica contra un gobierno al que se acusa de “estar en manos de los herederos de ETA”, de “romper España”, o de estar formado por “bolivarianos y comunistas” (recordemos que gran parte de los dirigentes de Podemos se socializaron políticamente en las juventudes del eurocomunismo español, que renunció en su momento a poner en cuestión en modo alguno la monarquía y el sistema capitalista).

Entretanto, los movimientos sociales parecen paralizados, débiles y carentes de objetivos factibles. Tan sólo los jubilados vascos o los trabajadores del transporte madrileño han protagonizado luchas con un cierto impacto en los últimos meses. La onda larga del Movimiento 15-M parece haber terminado, aunque ha dejado tras de sí un reguero de iniciativas sociales de pequeño tamaño diseminadas en el territorio, que implican una cierta socialización de partes de su mensaje entre las clases populares. El movimiento por la vivienda continúa su presión constante en los barrios, pero ya no tiene la atención de los medios vinculados con la “progresía”, que prefieren narrar el minuto a minuto de la vida parlamentaria.

Se inicia un nuevo ciclo, donde los movimientos tendrán que aprender a combatir en muchos frentes a la vez, a hacer valer su autonomía frente a un gobierno que intentará cooptarles sin contrapartidas apreciables, y diseminar una narrativa y prácticas antifascistas con la suficiente profundidad para voltear la situación y evitar el ascenso de la ultraderecha emergente.

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