Nuevo estudio de Barómetro Social: Derecho a la vivienda y negocio inmobiliario. 1,7 millones de desahucios. Por qué se producen?

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«La creciente desigualdad social y el empobrecimiento de la clase trabajadora han provocado un aluvión de desahucios, lanzamientos y ocupaciones de vivienda, ante el descarado posicionamiento del gobierno a favor del sector inmobiliario-financiero». Así analiza el colectivo IOE, con el rigor que le caracteriza, las causas de la actual situación de un derecho básico, el de la vivienda, en el Estado Español, en un nuevo estudio publicado en dos partes, que reproducimos a continuación.

Derecho a la vivienda y negocio inmobiliario: 1,7 millones de desahucios (I)

La creciente desigualdad social y el empobrecimiento de la clase trabajadora han provocado un aluvión de desahucios, lanzamientos y ocupaciones de vivienda, ante el descarado posicionamiento del gobierno a favor del sector inmobiliario-financiero.

En marzo de 2018 se han actualizado los 14 indicadores del ámbito de Vivienda del Barómetro Social, que recogen la evolución del acceso a la compra y al alquiler y de las políticas públicas mantenidas en los últimos 23 años (1994-2016). El índice sintético, que resume la situación del sector, ha experimentado una evolución claramente negativa, de 5,1 a 2,7 puntos sobre 10, con ligeros vaivenes en función del ciclo económico.

Aquí nos vamos a centrar en el análisis de los desalojos judiciales de  viviendas, que han afectado a los sectores más empobrecidos de la población, sobre todo a raíz de la crisis iniciada en 2008. En esta primera entrega se recogen los datos disponibles sobre la magnitud del problema, que se agudizó en los años centrales de la crisis para las viviendas hipotecadas mientras las cifras se han mantenido siempre altas para las viviendas de alquiler. Más adelante, apuntaremos algunas causas de fondo: el encarecimiento de la vivienda y la desposesión y endeudamiento de un sector importante de la clase trabajadora, en paralelo con la voracidad del capital inmobiliario-financiero, que ha sido implacable en la defensa de sus intereses. Por último, en una tercera entrega, se hará una reflexión en torno a la política de vivienda mantenida en España, más orientada a asegurar el negocio inmobiliario que a proteger el derecho a la vivienda, a pesar de las crecientes movilizaciones de la población afectada.

Desahucios de hipoteca y de alquiler

Los desahucios de viviendas se inician en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción por dos vías: “ejecuciones hipotecarias” para las casas en propiedad con deuda pendiente[1] (que incluye una minoría de bienes no inmobiliarios con garantía hipotecaria pero no otros procesos judiciales por impago de viviendas sin garantía hipotecaria) y “procesos verbales arrendaticios” para las casas en alquiler. Si tomamos como punto de partida el año 2001, en que entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) registra el inicio de 809.000 ejecuciones hipotecarias y 938.000 procesos arrendaticios hasta 2016, es decir, un total de 1,7 millones de procesos de desahucio[2]. Entre 2001 y 2007, antes de la crisis, se iniciaron diariamente 180 procesos, tres cuartas partes de los cuales eran por impagos de alquiler. Entre 2008 y 2016, la media diaria se dobló, con 390 procesos diarios, y se hicieron más frecuentes los casos de ejecución hipotecaria que los de alquiler. Tal como se recoge en el Gráfico 1, las ejecuciones hipotecarias crecieron vertiginosamente entre 2007-2009 y a partir de 2012 se registra un descenso importante, mientras que los desahucios de alquileres superan a los que se registraban antes de la crisis (a pesar del descenso de 2013).

Gráfico 1. Desahucios iniciados en España (2001-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
(*) Estimación de 2017 a partir de los tres primeros trimestres del año.

Ante la extrema intensificación en el ciclo de crisis de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en propiedad sin terminar de pagar (más de medio millón entre 2008 y 2013, con una media diaria de 230 procesos abiertos), y teniendo en cuenta la imprecisión de la estadística judicial, el gobierno encargó al INE la elaboración de una nueva estadística de ejecuciones hipotecarias. Ésta se base en los Registros de la Propiedad y sus datos se publican trimestralmente desde 2014. Según esta fuente el total de ejecuciones hipotecarias de fincas rústicas y urbanas entre 2014 y 2016 es de 296.000, un 50% superior a la registrada por el CGPJ (197.000); un 42% superior si nos limitamos a las fincas urbanas (281.000, línea de puntos del Gráfico 1). Se constata, por tanto, que la estadística del CGPJ presenta un importante sub-registro de las ejecuciones hipotecarias inscritas en los Registros de la Propiedad.

Lanzamientos

Los lanzamientos o desalojos forzosos de la vivienda se efectúan como consecuencia del cumplimiento de una orden judicial de desahucio y se aplican cuando la parte afectada no abandona la vivienda por propia iniciativa. La estadística de lanzamientos del CGPJ se registra desde 2008 y sólo contabiliza los practicados por las comisiones de “Servicios comunes de Notificaciones y Embargos”[3]. Con esta limitación, cuyo alcance desconocemos, los lanzamientos “iniciados” entre 2008 y 2016 en el conjunto de España fueron 515.000 (157 por día). Desde 2013 la estadística judicial precisa los tipos de lanzamiento ejecutados: el 54% corresponde a casos de alquiler (144.000 hasta 2016), el 41% a viviendas en propiedad (110.000 lanzamientos) y el 4% a otras situaciones (11.000 lanzamientos).

Usurpaciones

Un último indicador de la magnitud del problema de los desahucios son los expedientes judiciales abiertos por “usurpación” de casas ocupadas, un hecho que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las asambleas de vivienda definen como “recuperación” de pisos que los bancos han decidido dejar vacíos para maximizar sus beneficios a costa del derecho a la vivienda, pero que el Código Penal define como delito en los siguientes términos: «El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular».

Tales procesos judiciales por usurpación se han cuadruplicado entre 2007 y 2016[4], pasando de 4.900 a 22.500 en el conjunto de España. Los juicios han experimentado un crecimiento continuo y son la punta del iceberg de la creciente ocupación de viviendas vacías por parte de familias desahuciadas sin alternativa habitacional. En el conjunto de España suman 124.807 procesos judiciales desde 2007, experimentando una gran progresión, desde 16 juicios diarios en los primeros años a 59 en los últimos.

El Gráfico 2 recoge la evolución de los desahucios, los lanzamientos y los procesos por usurpación a partir del inicio de la crisis en 2008. Se puede observar que las cotas más altas de desahucios se produjeron entre 2009 y 2012, para descender a partir de entonces. Los lanzamientos crecen también en paralelo hasta 2012 para mantenerse constantes en los años siguientes. Por último, los procesos judiciales por usurpación crecen continuamente en todo el período, como resultado muy probablemente de un aumento constante de los hogares que recurren a la ocupación ante la carencia de opciones.

Gráfico 2. Desahucios, lanzamientos y procesos por usurpación en España (2008-2016)

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Impacto social

El Cuadro 1 recoge la evolución de los desahucios de propiedad con hipoteca pendiente y de alquiler en números absolutos y la proporción que representan en relación al parque de viviendas principales de cada grupo, así como la media diaria de procesos iniciados en el conjunto de España. Se ofrece además la evolución de los lanzamientos forzosos de la vivienda y su peso en relación a los desahucios iniciados, así como la media diaria de lanzamientos. Por último se recoge la evolución de los juicios iniciados por usurpación en relación a los lanzamientos y la media diaria correspondiente.

Cuadro 1. Impacto social de los desahucios, lanzamientos y usurpaciones en España (2001-2016) 

Desahucios de propiedad

Viviendas con hipoteca       (media anual)
Ejecuciones hipotecarias
%  hogares afectados
Media diaria
2001-04

2005-07

2008-10

2011-13

2014-16

3.642.817

4.589.098

5.400.196

5.713.414

5.301.000

55.381

58.976

245.582

252.117

197.333

1,52

1,29

4,55

4,41

3,72

38

54

224

230

180

Desahucios de alquiler

Parque de viviendas de alquiler (media anual)
Procesos arrendaticios
% hogares afectados
Media diaria
2001-04

2005-07

2008-10

2011-13

2014-16

1.737.874

2.026.398

2.273.703

2.688.987

3.146.200

190.515

159.328

198.671

200.219

189.551

10,96

7,86

8,74

7,45

6,02

130

146

181

183

173

Lanzamientos forzosos (de propiedad o alquiler)

Total  desahucios iniciados
Lanzamientos
% hogares afectados
Media diaria
2008-10

2011-13

2014-16

444.253

452.336

386.884

111.900

197.560

205.894

25,19

43,68

53,22

102

180

188

Juicios por usurpación de vivienda ocupada

Total lanzamientos iniciados
Juicios por usurpación
% hogares afectados
Media diaria
2008-10

2011-13

2014-16

111.900

197.560

205.894

17.998

37.645

64.258

16,08

19,05

31,21

16

34

59

 Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística del Consejo General del Poder Judicial para los datos de desahucios (ejecuciones hipotecarias y procesos arrendaticios), lanzamientos y usurpaciones; y del Instituto Nacional de Estadística (Censos de 2001 y 2011, y Encuesta continua de los Hogares a partir de 2013) para los datos de tenencia de las viviendas principales.

 

Antes de la crisis los desahucios de la propiedad por ejecución hipotecaria afectaban a menos del 1,5% de los hogares con esa forma de tenencia. La tasa de incidencia llegó a la cota máxima del 4,5% en el trienio 2008-2010 y descendió luego lentamente en los dos trienios siguientes. El parque de viviendas hipotecadas se redujo en 741.000 hogares entre 2009 y 2015 como consecuencia combinada de los desahucios y de la falta de crédito para comprar nuevas viviendas. En 2016 la cifra de viviendas hipotecadas ha vuelto a crecer en 106.000 unidades en lo que parece un cambio de tendencia.

Los desahucios de alquiler han sido siempre más frecuentes en términos relativos que los de vivienda hipotecada, con tasas bastante constantes entre el 7 y el 10%, y con una significativa bajada en el trienio 2014-2016 (6%). Conviene tener en cuenta que una misma familia puede ser objeto de varios desahucios a lo largo del tiempo, lo que apenas reduce la amplitud del fenómeno (aunque no su intensidad); sumando los desahucios de hipoteca y de alquiler la población afectada ronda los cinco millones de personas.

Los lanzamientos o desalojos forzosos de la vivienda a partir de 2008 (año en que se inicia esta estadística) representan una proporción cada vez mayor de los procesos iniciales de desahucio (sumados los de propiedad y alquiler), pasando del 25% en el trienio 2008-2010 al 44% en el trienio siguiente y al 53% en el trienio 2014-2016. En otros términos, una fracción creciente de las familias desahuciadas no abandona voluntariamente su hogar y extrema los plazos hasta sufrir un lanzamiento.

Por último, los juicios por usurpación, que habitualmente se producen tras haber ocupado una vivienda vacía después de sufrir un desalojo forzoso, representan una proporción cada vez mayor: entre 2008-2010 equivalían al 16% de los lanzamientos, el trienio siguiente un 19% y el 31% en 2014-2016.  Considerando que los procesos judiciales por usurpación afectan sólo a una parte menor de los casos reales de ocupación, el que la tasa llegue al 31% de los lanzamientos deja traslucir la magnitud creciente de las ocupaciones o, dicho de otro modo, la incapacidad de la política de vivienda para dar alternativas habitacionales a las familias con menos recursos.

Para explicar el fenómeno de las ocupaciones conviene tener en cuenta que junto a los cientos de miles de viviendas desahuciadas y retenidas por los bancos, hay en España entre 3 y 4 millones de viviendas vacías de forma permanente –3,4 millones según el Censo de 2011- de las cuales el 84% se encontraba en buen estado de conservación. Estas viviendas vacías alimentan la controversia jurídica entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. Como veremos más adelante, ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o Tribunal de Luxemburgo, el encargado de cuestionar las cláusulas abusivas de la legislación española: “Los jueces hemos encontrado soluciones en la justicia europea, que considera el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, una consideración que no dan ni la Constitución española ni el estado de derecho de este país. Cada vez más, los jueces estamos dejando de tener en cuenta el derecho español y vamos al derecho comunitario”[5]. En esta línea, bastantes jueces recuerdan la “función social” del derecho a la propiedad que, en determinadas circunstancias, “no se puede imponer al derecho constitucional de toda persona a una vivienda digna”[6].

 

[1] Bajo la rúbrica de “ejecuciones hipotecarias” se incluyen también otros bienes, además de viviendas, garantizados con escritura de hipoteca.

[2] La estadística del CGPJ distingue entre procesos “iniciados” y “resueltos” a lo largo de cada año. La suma de “ejecuciones hipotecarias” resueltas entre 2001 y 2016 es de 680.502 (84,1% de las iniciadas) y la de “procesos arrendaticios” resueltos 904.111 (96,4% de los iniciados).

[3] Estas comisiones están integradas por funcionarios judiciales, policía y cerrajero. No se registran, por tanto, los lanzamientos realizados por los propios juzgados en aquellas localidades donde no hay esos “Servicios comunes”.

[4] En 2016 se produce un gran descenso de los procesos por usurpación debido a los cambios metodológicos introducidos en 2015 en materia penal, que han hecho reducir artificialmente los delitos en más de un 45%. Tal como señala el propio CGPJ,  “la mayor caída en el ingreso en la jurisdicción penal se corresponde con los atestados policiales en los que no existe autor conocido del delito denunciado que han dejado de remitirse a los juzgados” (CGPJ, Panorámica de la justicia durante 2016, pág. 2). Para salvar este cambio metodológico, asignamos a 2016 la misma cifra de “usurpaciones” que en 2015 (22.461 en lugar de 12.760).

[5] Fernández Seijo, J.M., Juez de Barcelona, citado por A. Missé, “Europa contra los desahucios”, en Alternativas Económicas, Nº 47, 2017, pág. 6.

[6] Álvarez Tejero, A. (Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid), “La usurpación delito leve o infracción administrativa”, en Revista de Jurisprudencia, junio, 2016.

 

 

Derecho a la vivienda y negocio inmobiliario: 1,7 millones de desahucios (I)

 


 

Derecho a la vivienda y negocio inmobiliario: por qué se producen tantos desahucios (II)

La morosidad en los pagos de hipotecas y alquileres que habitualmente está en el origen de los desahucios tiene que ver con la confluencia de dos procesos: el encarecimiento de la vivienda y la precarización del empleo, en un contexto de creciente desigualdad social y endeudamiento de los sectores empobrecidos.

Después de recoger los datos disponibles sobre la magnitud del problema de los desahucios, se apuntan ahora algunas causas de fondo. En una tercera entrega, se hará una reflexión en torno a la política de vivienda mantenida en España, más orientada a asegurar el negocio inmobiliario que a proteger el derecho a la vivienda, a pesar de las crecientes movilizaciones de la población afectada.

En la mayoría de los casos, la morosidad en los pagos se relaciona con dos procesos que atenazan a los sectores populares: el encarecimiento de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, y el empobrecimiento de una parte notable de la población a causa del paro, el trabajo precario y la ausencia o baja cuantía de las prestaciones públicas para casos de emergencia. Ambos procesos, por lo demás, están estrechamente ligados a la forma de funcionamiento de la estructura social española, con un reparto muy desigual de la riqueza y una fuerte jerarquización de las relaciones sociales, tendencias que se han visto reforzadas por el proyecto neoliberal que prevalece en los países occidentales desde hace varias décadas.

Encarecimiento de la compra y el alquiler

Entre 2001 y 2007 el precio de venta del m2 de vivienda libre en España creció un 76% en euros constantes, lo que supuso un enriquecimiento masivo de las empresas de la construcción –con beneficios colaterales para las instituciones financieras y los ayuntamientos- a costa de endeudar a los compradores, la mayoría familias trabajadoras cuyo salario medio creció en ese tiempo diez veces menos (7,4%). Entre 2007 y 2014, a raíz del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el precio de la vivienda bajó un 37% mientras los salarios perdieron un 10% de poder adquisitivo. Por último, la compra de vivienda se ha encarecido un 4% entre 2014 y 2016, en proporción parecida a la revalorización salarial de esos años (3%). Si comparamos la evolución en el conjunto de los 16 primeros años del siglo XXI, el precio de compra de la vivienda libre ha subido un 15% mientras el salario medio ha congelado su poder de compra (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución comparada del precio de venta de la vivienda libre y del salario medio en España (2001-2016), en euros constantes

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Vivienda (compra de vivienda) y Agencia Estatal de Administración Tributaria (salario medio).

En los años previos a la crisis, el acelerado crecimiento de los precios hizo que la mayoría de los hogares se viera obligada a invertir una parte creciente de sus ingresos para pagar la vivienda. Si en 2001 era suficiente dedicar los salarios íntegros de 6 años para obtener la propiedad de una vivienda media (90 m²), en 2007 eran ya necesarios 10 años de trabajo, casi el doble. El destino principal del dinero pagado en la compra ya no era proveer los costes de la construcción del inmueble sino proporcionar beneficios cada vez más desorbitados a los propietarios del suelo, promotores y financiadores de las operaciones[1]. En este contexto, las acciones de Bolsa de las grandes empresas de construcción subieron como la espuma, obteniendo plusvalías millonarias para sus accionistas, muchos de ellos extranjeros[2].

En cuanto al mercado del alquiler conocemos la evolución del coste medio de los alquileres como parte del gasto de los hogares[3], pero este índice no recoge la evolución del mercado de transacciones del alquiler. Según una estadística elaborada desde 2013 por una empresa privada (Idealista.com)[4] el precio del metro cuadrado del alquiler medio en España ha subido un 40% entre 2013 y 2017 (de 6,9 a 9,7 euros mensuales por m2);  esta subida es especialmente pronunciada en los dos últimos años (ver Gráfico 2). Si tenemos en cuenta que el salario medio ha subido sólo el 3% hasta 2016, esto significa que alquilar una casa se ha vuelto mucho más difícil para las personas con salarios medios y bajos.

Gráfico 2. Evolución de los alquileres y los salarios en España (2013-2017)

Fuente: elaboración propia a partir de Idealista.com(alquiler de vivienda, diciembre de cada año) y Agencia Estatal de Administración Tributaria (salario medio).

En resumen, desde principios de siglo los precios de la vivienda, sea en propiedad o en alquiler, han experimentado vaivenes a lo largo del tiempo en función de los ciclos económicos pero se han encarecido a un ritmo sensiblemente mayor que los ingresos medios de la población asalariada. La mayor subida de precios para comprar vivienda se produjo en los años anteriores a la crisis de 2007 mientras los alquileres están experimentando grandes subidas en los últimos años, especialmente en 2016 y 2017.

Desposesión y endeudamiento de la clase trabajadora

La insuficiencia de ingresos se mide mediante diversos indicadores de pobreza que se refieren a aquellos hogares que se encuentran por debajo de un determinado nivel de renta, en los que prevalece el desempleo de sus miembros o que presentan determinadas carencias materiales. Este es el criterio establecido por Eurostat para medir el riesgo de pobreza y/o exclusión de los hogares[5]. Cuando se inició esta estadística, en 2005, la tasa de riesgo de la población española era menor (24,3%) que la media europea (25,8%) pero en 2016 la tasa española es cuatro puntos mayor que la de la UE. Mientras el conjunto de Europa ha reducido la tasa en 2,3 puntos, España la ha aumentado en 3,6.  Esto supone que en la década que va de 2005 a 2015 la población española en riesgo de exclusión ha pasado de 10,7 a 13 millones de personas (aumento del 22%).

Otro indicador más exigente de carencia de ingresos es la pobreza severa, cuya renta anual se sitúa por debajo del 30% de la mediana de ingresos. Se trata de un segmento de población con unos ingresos tan bajos que parece imposible que puedan sobrevivir con un mínimo de dignidad. El colectivo se incrementó un 61% en el conjunto del país entre 2007 y 2015, pasando de 1,8 a 3 millones de personas[6]. Subió del 4,1% en 2007 al 7,6% en 2014, y bajó al 6,4% en 2015, reducción probablemente ligada al aumento de medio millón de empleos en dicho año y los consiguientes ingresos salariales.

Sin duda el factor más influyente en la pobreza de los hogares, y por tanto en el riesgo de desahucio, es el paro y el empleo precario de sus miembros en edad activa. De ahí que exista una estrecha correlación entre la evolución de la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda[7] y la tasa de paro (Gráfico 3). El desempleo pasó del 8,6% en 2007 al 25,7% en 2012, para bajar hasta al 16,4% en 2017; por su parte, la morosidad subió del 0,7 al 6% para bajar después al 4,7% en los mismos intervalos de tiempo. El descenso del paro en los últimos años es bastante mayor que el de la morosidad, lo que parece indicar que una parte del empleo creado es tan precario que no resuelve los problemas de liquidez de los hogares más pobres[8].

Gráfico 3. Paralelismo entre las tasas de desempleo y de morosidad para pagar el crédito hipotecario en España (2001-2017)

  

Fuentes: Encuesta de Población Activa para el desempleo; y Banco de España  para la tasa de morosidad de los créditos hipotecarios.  Elaboración del Barómetro social de España, ámbito de Vivienda.

Quizás el rasgo más destacado de la economía española en las últimas décadas –antes, en y después del ciclo de crisis- sea una persistente y creciente desigualdad en el reparto de la riqueza. Según la citada Encuesta Financiera de las Familias, la polarización de la riqueza se ha extremado entre  el 10% de hogares más ricos, que han incrementado su patrimonio medio un 53% entre 2002 y 2014, y el 25% de hogares más pobres, que han perdido un 108% de su patrimonio neto entre dichos años, lo que significa que sus deudas en 2014 han superado por primera vez el valor de sus activos. El 52% de esos hogares más pobres tenía en 2014 una carga de deuda superior a tres veces su renta anual, y el 21% de ellos pagaba una factura anual de intereses que superaba el 40% de sus ingresos. El  principal componente de la deuda de los hogares pobres es la vivienda, que ha crecido continuamente en lo que llevamos de siglo, tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2002 menos de la quinta parte tenía deuda hipotecaria sobre su vivienda, y ésta era de 48.300 euros por hogar. En cambio, en 2014 casi la tercera parte tenía ese tipo de deuda y la carga media era tres veces mayor.

Gráfico 4. Deuda hipotecaria de los hogares más pobres y comparación con el resto de los hogares (2002-2014)

Fuente: Banco de España, Encuesta Financiera de las Familias.

La deuda hipotecaria de vivienda del cuartil de hogares más pobres en 2014 es muy superior a la de los restantes tramos de patrimonio, incluido el tramo de hogares más ricos que por regla general compran casas mucho más caras. Para explicar esta anomalía hay que tener en cuenta que los hogares pobres han comprado su vivienda en fechas más recientes, lo que implica una deuda pendiente mayor; pero también el hecho de que en el caso español el desahucio de la vivienda por impago no anula la deuda hipotecaria sino que la mantiene y con frecuencia la incrementa, tal como recuerda la Coordinadora de Vivienda de Madrid:  “La ley española es anómala porque la ejecución hipotecaria no implica la cancelación de la deuda, así que la caída en el precio de la vivienda supuso que muchas familias hipotecadas ni tan siquiera pudieran escapar de la deuda vendiendo su casa. Por este motivo, no ofrece ningún beneficio a los deudores aceptar voluntariamente una ejecución hipotecaria”[9].

 

[1] Según un estudio del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, la parte del precio de venta destinada a beneficios de las empresas de construcción pasó del 16,5% en 1996 al 49,3% en 2004. Un auténtico “pelotazo” que se fraguó con el visto bueno de los sucesivos gobiernos y del Banco de España.

[2] En el primer semestre de 2005, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, las nueve primeras empresas de la construcción (ACS, Sacyr, Metrovacesa, FCC, Ferrovial, Fadesa, Colonial, Urbis y OHL) incrementaron su rentabilidad en un 47,6% (13.351 millones de euros), una cantidad quince veces superior a la del presupuesto del Ministerio de Vivienda de aquel año (878 millones) y doble que todo el presupuesto asignado al Plan de Vivienda de España 2005-2008 (6.822 millones). Conviene tener en cuenta que las nueve empresas citadas forman parte del IBEX-35 cuyo accionariado pertenece en más del 40% a inversores extranjeros.

[3] Según esta encuesta del INE, el precio del alquiler de la vivienda ha evolucionado ligeramente por encima del IPC desde 2001, es decir, por encima del coste de la vida medio.

[4] La estadística recoge los precios por metro cuadrado de las ofertas de alquiler de viviendas de segunda mano, tanto de particulares como de profesionales inmobiliarios. No se incluyen las viviendas unifamiliares ni los municipios con menos de 50 anuncios en el mes de referencia. La base de datos de diciembre de 2017  incluía 52.722 anuncios de 114 municipios. Los datos que aportamos corresponden al mes de diciembre y han sido convertidos a euros constantes, con base en el año 2017.

[5] La pobreza AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) incluye a los hogares con una renta anual por debajo del 60% de los ingresos medianos del país (después de transferencias sociales); cuyas personas en edad de trabajar emplean menos del 20% de su potencia de trabajo en el año de referencia; y que padecen al menos cuatro carencias materiales de una lista de nueve.

[6] Los datos de pobreza severa están elaborados por EAPN-España a partir de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Ver EAPN-EspañaEl estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de riesgo de pobreza y exclusión social en España 2008-2016. 7º Informe, 2017.

[7] Según el Banco de España, los préstamos para la compra de vivienda representan el 39% del crédito concedido por la banca española entre 2001 y 2017, correspondiendo el 56% a actividades empresariales y el restante 5% a otras inversiones de los hogares (rehabilitación de viviendas y compra de bienes de consumo duradero). La tasa de morosidad de los créditos para compra de vivienda ha sido tres veces menor (2,6% de media interanual) que la de actividades empresariales (7,6%) y también menor que la de otras inversiones de los hogares (3,8%), lo que da a entender que las familias hacen todo lo que pueden para pagar la vivienda.

[8] Ver monográfico sobre “Empleo precario. Un salto al vacío” de la revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio social, Nº 140, 2018. En especial el artículo de J. Sola e I. Campillo, “La precarización en su contexto: desarrollo y crisis del régimen de empleo en España”, págs. 51-63.

[9] Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid, La vivienda no es delito, El Viejo Topo, Madrid, 2017, pág.

 

Derecho a la vivienda y negocio inmobiliario: por qué se producen tantos desahucios (II)

 

 

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