Noticias Uruguayas 9 septiembre 2019
URUGUAY
“No fue una bandita aislada, sino que fue la institución militar”
Fueron enterrados envueltos, con gran cantidad de cal. Eso apunta a que las desapariciones fueron hechas planificadamente y de una misma forma. Eso quiere decir que los mandos estaban ordenando eso, como lo reconoce Jorge Gavazzo en el caso Gomensoro, cuando dijo: “La orden proviene desde arriba”. El método fue planificado, esto corrobora que no fue una bandita aislada ni unos locos sueltos, sino que fue la institución militar, desde los más altos mandos. Planificaron y ejecutaron las desapariciones.
Foto: FocoUyErrandonea cuestionó la “falta de información” en la búsqueda de los desaparecidos.
Foto: FocoUyErrandonea cuestionó la “falta de información” en la búsqueda de los desaparecidos.
Ignacio Errandonea, hermano de un detenido desaparecido y uno de los referentes de la organización de Familiares, se refirió al último hallazgo en el Batallón 13. En entrevista con el Multimedio, habló de los avances en esta materia y a “la falta de información” que rodea este tipo de investigación. Dijo que ve con buenos ojos el proyecto de ley que “el Poder Ejecutivo (PE) ha enviado al Parlamento, por el cual pasa la búsqueda de los detenidos-desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh)”.
¿Cómo vienen siguiendo los acontecimientos?Lo venimos siguiendo lo más cerca posible, con mucha ansiedad. Esperando los resultados y la prueba de ADN para saber de quién se trata. La primera conclusión que podemos sacar es que el trabajo, si bien es lento, da sus frutos. Los vamos a encontrar a todos.
Este hallazgo fue a pocos metros del lugar que hallaron los restos de MirandaEl batallón 13 siempre fue una zona que fue indicada como sitio de enterramientos, porque próximo funcionaba al lado el Servicio de Material y Armamento (SMA), donde existió un centro clandestino llamado “300 Carlos” o “Infierno Grande”. Ahí desaparecieron varios compañeros. Los informes de las Fuerzas Armadas (FFAA) hablan de que enterraron en el (batallón) 13, si bien después mienten diciendo que luego los desenterraron. La prueba está ahora de que un segundo cuerpo se halla en la zona.
Ustedes estaban desconformes por cómo se venía con las investigaciones, ¿ha habido algún avance?Hay dos puntos de vista: uno es la investigación y otro es desde las excavaciones. Desde el punto de vista de las excavaciones, estamos realmente conformes. Se vienen haciendo sistemáticamente, no se deja un metro cuadrado de tierra sin dar vuelta, pero es un trabajo demasiado lento, por la falta de información. No se ha constituido un trabajo serio, con potestades, para buscar la información. Hasta ahora se trabaja con información que llega, de buena voluntad. O muchas veces con intenciones de distraer la búsqueda. Información falsa.
¿Cómo ven el proyecto de ley del traspaso de las acciones del Grupo por Verdad y Justicia (GVJ) a la Institución Nacional por los Derechos Humanos (Inddhh)?Vemos con buenos ojos el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo (PE) ha enviado al Parlamento, por el cual pasa la búsqueda de los detenidos-desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). La institución tiene autonomía, y se le otorgan poderes para la investigación. Ese proyecto está en el Parlamento, y posiblemente se trate en los primeros días de la semana que viene. Y esperamos que todos los partidos políticos, no solo del Frente Amplio (FA), apoyen.
Es importante primero que no se dependa del PE, ni de un partido político. Al depender de todo el Parlamento depende de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Esto le da un mensaje mucho más contundente y fuerte a la institución militar que debe colaborar y aportar información para, de una vez por todas, saldar la deuda que tiene esta institución con toda la sociedad.
¿Se puede ceder desde la Justicia para la búsqueda de la verdad?La búsqueda de la verdad es un deber que el Estado debe asumir, sin transar bajo ningún tipo de chantaje. No vamos a cambiar justicia por verdad, ni nada por el estilo. ¿Cuántos años rigió la ley de caducidad y, cuando tuvieron la impunidad asegurada, no proporcionaron la información? Los criminales directos no van a proporcionar la información. Hay que buscarla, y la institución militar como tal debe asumir su responsabilidad en los hechos y buscar y proporcionar toda la información. Un hecho que la coordinadora del equipo de antropólogos, Alicia Lusiardo, ayer resaltaba es que el patrón se repite. Fueron enterrados envueltos, con gran cantidad de cal. Eso apunta a que las desapariciones fueron hechas planificadamente y de una misma forma. Eso quiere decir que los mandos estaban ordenando eso, como lo reconoce Jorge Gavazzo en el caso Gomensoro, cuando dijo: “La orden proviene desde arriba”. El método fue planificado, esto corrobora que no fue una bandita aislada ni unos locos sueltos, sino que fue la institución militar, desde los más altos mandos. Planificaron y ejecutaron las desapariciones.
¿Cómo vienen siguiendo los acontecimientos?Lo venimos siguiendo lo más cerca posible, con mucha ansiedad. Esperando los resultados y la prueba de ADN para saber de quién se trata. La primera conclusión que podemos sacar es que el trabajo, si bien es lento, da sus frutos. Los vamos a encontrar a todos.
Este hallazgo fue a pocos metros del lugar que hallaron los restos de MirandaEl batallón 13 siempre fue una zona que fue indicada como sitio de enterramientos, porque próximo funcionaba al lado el Servicio de Material y Armamento (SMA), donde existió un centro clandestino llamado “300 Carlos” o “Infierno Grande”. Ahí desaparecieron varios compañeros. Los informes de las Fuerzas Armadas (FFAA) hablan de que enterraron en el (batallón) 13, si bien después mienten diciendo que luego los desenterraron. La prueba está ahora de que un segundo cuerpo se halla en la zona.
Ustedes estaban desconformes por cómo se venía con las investigaciones, ¿ha habido algún avance?Hay dos puntos de vista: uno es la investigación y otro es desde las excavaciones. Desde el punto de vista de las excavaciones, estamos realmente conformes. Se vienen haciendo sistemáticamente, no se deja un metro cuadrado de tierra sin dar vuelta, pero es un trabajo demasiado lento, por la falta de información. No se ha constituido un trabajo serio, con potestades, para buscar la información. Hasta ahora se trabaja con información que llega, de buena voluntad. O muchas veces con intenciones de distraer la búsqueda. Información falsa.
¿Cómo ven el proyecto de ley del traspaso de las acciones del Grupo por Verdad y Justicia (GVJ) a la Institución Nacional por los Derechos Humanos (Inddhh)?Vemos con buenos ojos el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo (PE) ha enviado al Parlamento, por el cual pasa la búsqueda de los detenidos-desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). La institución tiene autonomía, y se le otorgan poderes para la investigación. Ese proyecto está en el Parlamento, y posiblemente se trate en los primeros días de la semana que viene. Y esperamos que todos los partidos políticos, no solo del Frente Amplio (FA), apoyen.
Es importante primero que no se dependa del PE, ni de un partido político. Al depender de todo el Parlamento depende de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Esto le da un mensaje mucho más contundente y fuerte a la institución militar que debe colaborar y aportar información para, de una vez por todas, saldar la deuda que tiene esta institución con toda la sociedad.
¿Se puede ceder desde la Justicia para la búsqueda de la verdad?La búsqueda de la verdad es un deber que el Estado debe asumir, sin transar bajo ningún tipo de chantaje. No vamos a cambiar justicia por verdad, ni nada por el estilo. ¿Cuántos años rigió la ley de caducidad y, cuando tuvieron la impunidad asegurada, no proporcionaron la información? Los criminales directos no van a proporcionar la información. Hay que buscarla, y la institución militar como tal debe asumir su responsabilidad en los hechos y buscar y proporcionar toda la información. Un hecho que la coordinadora del equipo de antropólogos, Alicia Lusiardo, ayer resaltaba es que el patrón se repite. Fueron enterrados envueltos, con gran cantidad de cal. Eso apunta a que las desapariciones fueron hechas planificadamente y de una misma forma. Eso quiere decir que los mandos estaban ordenando eso, como lo reconoce Jorge Gavazzo en el caso Gomensoro, cuando dijo: “La orden proviene desde arriba”. El método fue planificado, esto corrobora que no fue una bandita aislada ni unos locos sueltos, sino que fue la institución militar, desde los más altos mandos. Planificaron y ejecutaron las desapariciones.
«Coincidencias macabras» del accionar de militares chilenos y uruguayos sobre detenidos desaparecidos
La cientista política irlandesa, Carth Collings, dijo al Portal del PIT-CNT que el hallazgo de un esqueleto en el Batallón 13 confirma que “los militares mintieron”. Collings está radicada en Chile y llegó a Uruguay para participar de un encuentro organizado por el Observatorio Luz Ibarburu en el que se analizó la realidad de ambos países en relación a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras militares.
Cath Collins es profesora de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Su desempeño académico y los trabajos de investigación desarrollados en América Latina comenzaron coincidentemente cuando en Londres era arrestado el exdictador Augusto Pinochet.
El encuentro en Montevideo surgió a partir de los trabajos realizados desde el Observatorio de Justicia Transicional de la UDP, que dirige Collins en Chile, relacionado a la búsqueda de desaparecidos en toda América Latina. Según la cientista política y docente, “tenemos muchas coincidencias en aspectos buenos y pero también en los malos”. En relación a lo primero, destacó “la existencia de gente como la del equipo del Observatorio Luz Ibarburu que se preocupa, que insiste, que empuja por la justicia y que además está conectado con el mundo sindical. Pero por otra parte tenemos militares que mienten, que esconden cosas, que están con el pacto de silencio vivo y tenemos un rebrote de negacionismo neofascista”. Por otra parte, Collings apuntó otra coincidencia “nefasta” entre Chile y Uruguay. “Los dos países tenemos exmilitares encabezando partidos políticos y esa es una realidad que nos preocupa mucho”.
Consultada sobre el hallazgo de un esqueleto en el Batallón 13, Collings dijo al Portal del PIT-CNT que “es una señal que la tierra nos devuelve compañeros, no solamente para que los lloremos y hagamos los ritos funerarios correspondientes, sino también representa un llamado a la justicia porque los muertos vuelven clamando por la justicia”. En este sentido, sostuvo que no debería prestarse solamente para una lectura humanitaria y para que las familias puedan acompañar los restos. “Definitivamente no, esto es mucho más que eso”, y reclamó profundizar los trabajos y continuar la búsqueda para que “aparezcan muchos más, ya que lo que sucedió en el Batallón 13 es una prueba de que los militares mintieron y siguen mintiendo y esa es una realidad tanto en Chile como en el Uruguay. Frente a esta realidad así como ellos se unieron para llevar adelante el Plan Cóndor, nosotros tenemos que unirnos para hacer justicia” enfatizó.
Otro de los participantes del encuentro, el abogado Marcelo Tapia, coordinador del equipo jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile, dijo al Portal que la delegación vino con las expectativas de conocer más profundamente el trabajo en derechos humanos que se viene desarrollando en Uruguay. “Allá también hay muchas querellas presentadas ante la Justicia y queríamos compartir la experiencia y conocer la realidad para sacar algunas conclusiones en conjunto y apoyarnos mutuamente”.
Tapia reveló que hubo coincidencias en la preocupación por la impunidad en América Latina “en relación a los delitos de lesa humanidad que siguen campeando”. Sobre este punto, señaló que preocupa “tanto la posición del Poder judicial como del Poder Ejecutivo” en cuanto a ciertas actitudes que no se ajustan “a criterios internacionales de verdad, justicia y reparación”.
En tal sentido, también hubo acuerdo en la necesidad de tener una mirada coordinada en relación a la región, “como una lucha del Conosur”.
El jurista también se pronunció sobre los hallazgos en el Batallón 13 de Uruguay. “Por cierto que conmueve a todo el mundo de los derechos humanos en América Latina cada vez que encontramos alguno de nuestros compañeros, alguno de nuestros hermanos detenidos desaparecidos. Es otra de las coincidencias macabras del sistema que hemos vivido en el sentido de que la misma lógica de detenidos desaparecidos que han ocupado acá en Uruguay es la ocuparon en Chile en su momento. La misma forma de encubrimiento, la negación se repite y por tanto cada vez que ocurre esto nos conmueve y nos compromete” concluyó.
Cath Collins es profesora de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile. Su desempeño académico y los trabajos de investigación desarrollados en América Latina comenzaron coincidentemente cuando en Londres era arrestado el exdictador Augusto Pinochet.
El encuentro en Montevideo surgió a partir de los trabajos realizados desde el Observatorio de Justicia Transicional de la UDP, que dirige Collins en Chile, relacionado a la búsqueda de desaparecidos en toda América Latina. Según la cientista política y docente, “tenemos muchas coincidencias en aspectos buenos y pero también en los malos”. En relación a lo primero, destacó “la existencia de gente como la del equipo del Observatorio Luz Ibarburu que se preocupa, que insiste, que empuja por la justicia y que además está conectado con el mundo sindical. Pero por otra parte tenemos militares que mienten, que esconden cosas, que están con el pacto de silencio vivo y tenemos un rebrote de negacionismo neofascista”. Por otra parte, Collings apuntó otra coincidencia “nefasta” entre Chile y Uruguay. “Los dos países tenemos exmilitares encabezando partidos políticos y esa es una realidad que nos preocupa mucho”.
Consultada sobre el hallazgo de un esqueleto en el Batallón 13, Collings dijo al Portal del PIT-CNT que “es una señal que la tierra nos devuelve compañeros, no solamente para que los lloremos y hagamos los ritos funerarios correspondientes, sino también representa un llamado a la justicia porque los muertos vuelven clamando por la justicia”. En este sentido, sostuvo que no debería prestarse solamente para una lectura humanitaria y para que las familias puedan acompañar los restos. “Definitivamente no, esto es mucho más que eso”, y reclamó profundizar los trabajos y continuar la búsqueda para que “aparezcan muchos más, ya que lo que sucedió en el Batallón 13 es una prueba de que los militares mintieron y siguen mintiendo y esa es una realidad tanto en Chile como en el Uruguay. Frente a esta realidad así como ellos se unieron para llevar adelante el Plan Cóndor, nosotros tenemos que unirnos para hacer justicia” enfatizó.
Otro de los participantes del encuentro, el abogado Marcelo Tapia, coordinador del equipo jurídico de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) de Chile, dijo al Portal que la delegación vino con las expectativas de conocer más profundamente el trabajo en derechos humanos que se viene desarrollando en Uruguay. “Allá también hay muchas querellas presentadas ante la Justicia y queríamos compartir la experiencia y conocer la realidad para sacar algunas conclusiones en conjunto y apoyarnos mutuamente”.
Tapia reveló que hubo coincidencias en la preocupación por la impunidad en América Latina “en relación a los delitos de lesa humanidad que siguen campeando”. Sobre este punto, señaló que preocupa “tanto la posición del Poder judicial como del Poder Ejecutivo” en cuanto a ciertas actitudes que no se ajustan “a criterios internacionales de verdad, justicia y reparación”.
En tal sentido, también hubo acuerdo en la necesidad de tener una mirada coordinada en relación a la región, “como una lucha del Conosur”.
El jurista también se pronunció sobre los hallazgos en el Batallón 13 de Uruguay. “Por cierto que conmueve a todo el mundo de los derechos humanos en América Latina cada vez que encontramos alguno de nuestros compañeros, alguno de nuestros hermanos detenidos desaparecidos. Es otra de las coincidencias macabras del sistema que hemos vivido en el sentido de que la misma lógica de detenidos desaparecidos que han ocupado acá en Uruguay es la ocuparon en Chile en su momento. La misma forma de encubrimiento, la negación se repite y por tanto cada vez que ocurre esto nos conmueve y nos compromete” concluyó.
Candidatos opositores desnudan su programa antisindical
Afirman que derogarán, si llegan al gobierno, el decreto que permite las ocupaciones, reformarán los Consejos de Salario y pondrán límites a la acción sindical.
Candidatos en el Prado. La oposición adelantó su programa antisindical. (Foto: Verónica Caballero)
Los candidatos de la oposición coincidieron en poner límites a los sindicatos en un eventual gobierno encabezado por ellos. Lo hicieron durante un encuentro en la Expo Prado convocado por la Confederación de las Cámaras Empresariales, donde respondieron sobre reforma del Estado, competitividad y relaciones laborales.
El candidato blanco Luis Lacalle Pou, fue claro al decir que, si llega al gobierno, derogará el decreto que permite las ocupaciones. No obstante, dijo defender el derecho de huelga. «No vamos a responder a ningún grupo y en caso de duda vamos a fallar por la parte más débil», dijo.
No podemos admitir un poder paralelo que condicione los poderes de la Constitución»
Posteriormente Ernesto Talvi, Guido Manini Ríos y Edgardo Novick aseguraron que también derogarán el decreto que entiende a las ocupaciones como una extensión del derecho de huelga.
«No podemos admitir un poder paralelo que condicione los poderes de la Constitución», sostuvo Manini.
Las ocupaciones deben ser prohibidas, no son una extensión del derecho de huelga»
Respecto a los Consejos de Salario Lacalle volvió a insistir en su idea de relativizar la importancia de los Consejos de Salarios al señalar que «para hacerlos viables» hay que modificarlos.
Por su parte Pablo Mieres fue contundente al afirmar que “las ocupaciones deben ser prohibidas”, porque a su juicio “no son una extensión del derecho de huelga». Coincidió con Lacalle en “flexibilizar” el funcionamiento de los Consejos de Salario.