Noticias Uruguayas 9 noviembre 2014

México: “Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos”: padres de normalistas//Normalistas rechazan versión de la PGR; piden pruebas contundentes//Limitada e incompleta, la investigación de la PGR sobre normalistas: Amnistía Internacional//Mientras México se incendia el clero sólo reza: padre Solalinde//La internacionalización del yuan está cada vez más cerca, ¿lo sabe EE.UU.?//En imágenes: Disturbios en Bruselas por políticas antiobreras del gobierno//CHILE Represión criminal de Carabineros contra trabajadores en huelga//Uruguay:FEUU aprueba declaración contra la prisión domiciliaria de militares // Inician sumario a 12 funcionarios del Sirpa por malos tratos a menores

 

http://noticiasuruguayas.blogspot.nl/2014/11/mexico-mientras-no-haya-pruebas.html

 

URUGUAY

Siguen hablando de «malos tratos», «abuso de autoridad» e «irregularidades» cuando todos saben que son, lisa y llanamente TORTURAS, que violan las Convención de la ONU en la materia que Uruguay ha firmado y ratificado. Torturas a personas privadas de su libertad por el ESTADO constituyen crimen de lesa humanidad.

Nacional – ADOLESCENTES INFRACTORES

Inician sumario a 12 funcionarios del Sirpa por malos tratos a menores

Villaverde inspeccionó el centro, ordenó investigar con urgencia y presentó denuncia penal

+ Nicolás Delgado @nicodelgado13 – 07.11.2014, 05:00 hs Texto: El Observador
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    Ruben Villaverde, director del Sirpa
 

La denuncia de que un grupo de funcionarios de un centro de ingreso de adolescentes infractores del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) maltrató a internos llegó a las autoridades a comienzos de octubre. El director del Sirpa, Ruben Villaverde, resolvió inspeccionar personalmente el lugar, ubicado en General Flores y Bulevar Artigas, y constató allí “una serie de irregularidades” por lo que dispuso el inicio de “urgencia” de sumarios para 12 funcionarios y ordenó la presentación de una denuncia penal. Por las pruebas recabadas en menos de 48 horas, ocho de los 12 trabajadores sumariados fueron separados del cargo con retención de la mitad de sus sueldos.Cuando comete un delito y un juez resuelve internarlo en un centro del Sirpa, el adolescente es derivado a uno de los tres centros del Programa Estudio, Ingreso y Derivación. Allí, técnicos evalúan al adolescente, definen su perfil, diseñan un proyecto de rehabilitación y eligen en qué otro centro será internado cuando el juez del caso, en un plazo máximo de 60 días, defina qué medida privativa de libertad le impondrá y el tiempo de internación. Por estas puertas de ingreso pasan todos los menores infractores que son privados de libertad. En uno de los turnos de uno de los tres centros de ingreso se produjo un episodio violento, con sucesivas consecuencias, que llegó a oídos de las autoridades del sistema.“Me llegó un dato y me constituí en el lugar. La división Jurídica del Sirpa estimó que con el dato que tenía y los elementos recabados había mérito para iniciar sumarios”, explicó Villaverde a El Observador.El director del Sirpa constató “una serie de irregularidades”, pero prefirió no precisar de qué tipo, porque alegó que se trata de una investigación “reservada”. Otras fuentes del sistema precisaron que hubo violencia hacia los internos. Todos los funcionarios sumariados pertenecen al mismo turno y entre ellos no hay jerarcas del centro, aclaró Villaverde. La denuncia fue presentada en el juzgado penal de 14º Turno de Montevideo, a cargo de la jueza María Helena Mainard. El Sirpa presentó la denuncia el 8 de octubre, una semana antes de que la jueza Isaura Tórtora procesara a otros ocho funcionarios  del Sirpa por abuso de autoridad contra los detenidos.

Ocho procesados por “abuso de autoridad”

El 15 de octubre, una semana después de que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) presentara una denuncia penal por malos tratos en el centro de ingreso de Bulevar Artigas y General Flores, la jueza de Pando Isaura Tórtora, a pedido del fiscal Leonardo Morales, procesó a ocho funcionarios del centro Ser, el de máxima seguridad de la Colonia Berro, por “abuso de autoridad contra los detenidos”. Uno de los trabajadores fue procesado con prisión. La exdirectora del centro, Yéssica Barrios, fue procesada, al igual que otro funcionario, con prisión domiciliaria. Por orden judicial, los restantes cinco procesados deberán asistir a la Oficina de Seguimiento y Libertad Asistida (OSLA) a los efectos de “realizar tareas comunitarias de utilidad para la sociedad –fuera de sus horarios de trabajo– por el término de  90 días”.

(2a parte) HAY PROGRESISMO PARA RATO PERO, SI LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y LA TASA DE GANANCIAS SIGUEN BAJANDO… ¿CONTRA EL PODER ADQUISITIVO DE QUIÉNES ARREMETERÁ DANILO ASTORI?, ¿A QUIÉNES LES HARÁ SUS VERSOS JOSÉ MUJICA PARA QUE ACEPTEN LA REBAJA SALARIAL? ENTONCES SÍ, SE APROXIMARÁ A SU FIN LA HEGEMONÍA DEL PROGRESISMO Y LAS LUCHAS SOCIALES LLENARÁN DE PROTESTA E INDIGNACIÓN LAS CALLES Y RUTAS DEL URUGUAY – Jorge Zabalza

Enviado por Jorge Zabalza
De: Tesis XI <tesis11agrupacion@gmail.com>
Fecha: 6 de noviembre de 2014, 9:33

Asunto: FEUU aprueba declaración contra la prisión domiciliaria de militares
Compartimos la Declaración de la FEUU que en su Consejo Federal del lunes 3/11/14 aprobó el texto por el que rechaza la intención de otorgar prisión domiciliaria a 5 de los militares que hoy se encuentran en la cárcel de Domingo Arena.Esta votación fue impulsada por el Federal obtenido por el Frente de Izquierda Estudiantil, integrado por las Agrupaciones 1º de Mayo y Tesis XI de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y aprobada por el Centro de Estudiantes de esa Facultad (CEHCE). Reafirmamos nuestro compromiso de colocar el Federal obtenido en las pasadas elecciones del mes de octubre, al servicio de la lucha por los derechos humanos, por un movimiento estudiantil democrático, combativo y ligado a las luchas de los trabajadores, y por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo.Declaración de la FEUU
Ante la solicitud realizada por el presidente José Mujica a la Suprema Corte de Justicia de posibilitar la prisión domiciliaria de cinco militares de la dictadura recluidos en la cárcel de Domingo Arena, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay manifiesta que:

Nos oponemos tajantemente a que estos militares involucrados en la hora más oscura de nuestra historia reciente, y responsables de la desaparición de tantos compañeros y compañeras, de la tortura sistemática, de los asesinatos selectivos y de las operaciones en el marco del Plan Condor, tengan el beneficio de la prisión domiciliaria, cuando nuestros compañeros desaparecidos no tuvieron el más mínimo derecho ni garantía.
Esta solicitud va en contra de la legislación uruguaya vigente que expresamente indica que no se podrá acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en aquellos casos de delitos violatorios de los derechos humanos.
Intentos como este no hacen más que evidenciar la política del Estado de mantener la impunidad de los militares asesinos, y reforzar su intención de dar vuelta la página atentando contra la memoria de nuestro pueblo, y contra la exigencia de juicio y castigo para los responsables de los delitos de lesa humanidad, inclusive con el ascenso a militares y policías implicados.
Durante los últimos treinta años la política del Estado Uruguayo fue la de mantener los acuerdos del Pacto del Club Naval, situación que se mantiene hoy en día donde el ministro de defensa Fernandez Huidobro y la SCJ han venido obstaculizando en más de una oportunidad el avance de las investigaciones en manos de la Justicia, impidiendo que se acceda a los archivos y otras pruebas.
Actitudes como esta se oponen a la lucha histórica de familiares, hijos y ex presos políticos de mantener viva la memoria y búsqueda de la verdad y justicia y la igualdad de derecho ante la ley.
En todos estos años el avance de la Justicia solo ha permitido la condena de un pequeño puñado de militares, cuando se sabe que hay cientos de miembros de las fuerzas represivas involucrados en los hechos delictivos cometidos en tiempos de la dictadura.
Los militares a los que se pretende beneficiar se encuentran hoy en cárceles de lujo, rodeadas de privilegios que no tienen hoy los miles de presos comunes, que se encuentran en las cárceles hacinados y en grave estado de vulneración de sus más mínimos derechos por parte del Estado Uruguayo, situación que ha sido reiteradamente denunciada por organismos internacionales
Nos oponemos a la intromisión de la Cruz Roja y la consideramos un atropello de un organismo internacional.
Y exigimos:
* La marcha atrás de esta solicitud de prisión domiciliaria para los militares asesinos.
* La cárcel común y efectiva para Gavazzo, Álvarez y todos los militares presos hoy en cárceles de lujo como la de Domingo Arena.
* Nuestro compromiso con la memoria de los Mártires, el Movimiento Estudiantil y de todo el Movimiento Popular nos impulsa a reafirmar nuestra exigencia de Juicio y Castigo para los responsables civiles y militares de la dictadura.
* Exigimos la apertura de todos los archivos de la dictadura, para saber la verdad sobre el destino de nuestros desaparecidos y saber quienes fueron los responsables.

Como organización que nuclea a todo el movimiento estudiantil universitario, heredera de lo mejor de la tradición de lucha junto al movimiento sindical organizado, no bajaremos nuestras banderas y llamamos a todas las organizaciones sociales a movilizarnos en las calles de formas independiente frente a este nuevo atropello.
Resolución aprobada en el Consejo Federal del día 3/11/14

Justicia pidió extradición de José y Juan Peirano

Argentina quiere juzgar a los Peirano

PEIRANO
La Justicia argentina solicitó a Uruguay la extradición de los hermanos José y Juan Peirano Basso, por la quiebra fraudulenta del Banco Velox. Tras recibir el dictamen de la Fiscalía, la jueza Beatriz Larrieu negó la extradición de Juan, el mayor de los hermanos, y se apresta a resolver la situación procesal de José Peirano.

Por Mauricio Pérez.

PUBLICADO en CARAS Y CARETAS

La Justicia argentina solicitó a las autoridades uruguayas la extradición de los hermanos José y Juan Peirano Basso, imputados en ese país por la quiebra fraudulenta del Banco Velox, en el contexto de la crisis bancaria de principios de siglo. La requisitoria refiere a la actividad ilícita desarrollada por los integrantes del Grupo Peirano en la República Argentina.
Tras analizar los fundamentos del pedido argentino, el fiscal Carlos Negro habilitó la extradición de José Peirano, con la condición de que la misma se difiera hasta que culminen las actuaciones judiciales en su contra en Uruguay o hasta que el ex banquero cumpla efectivamente la pena que, eventualmente, le imponga la Justicia uruguaya.
La Fiscalía entendió que los delitos imputados en Argentina difieren de las maniobras fraudulentas imputadas en Uruguay, referidas a la quiebra del Banco Montevideo. “Se trata de hechos diferentes con denunciantes diferentes a los imputados oportunamente en Uruguay”, según informaron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
En tanto, el representante del Ministerio Público rechazó el requerimiento efectuado en relación a Juan Peirano. Tras analizar los elementos agregados a la causa, la jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, compartió el criterio de la Fiscalía y rechazó su extradición de Juan Peirano, al tiempo que se apresta a resolver la situación de José, dijeron las fuentes.
En el caso de Juan, las autoridades uruguayas entendieron que están legalmente imposibilitadas de acceder al pedido, por cuanto la extradición del ex banquero a Uruguay desde Estados Unidos se hizo con la condición de que se juzgado en Uruguay, por lo que no puede ser remitido a un tercer país, explicaron las fuentes.
En junio de 2013, la jueza Larrieu dispuso la condena de los hermanos Jorge, José y Dante Peirano, por un delito de “insolvencia societaria fraudulenta”, como responsables del vaciamiento del Banco Montevideo y el desvío de millones de dólares de los ahorristas hacia el Trade and Comerce Bank (TCB) de Islas Caimán. La magistrada les impuso penas de entre seis y nueve años de penitenciaría, por el grado de responsabilidad en los ilícitos. José fue condenado a nueve años de penitenciaría.
En tanto, Juan Peirano fue procesado en setiembre de 2008 y remitido a prisión, por la entonces jueza Penal Graciela Gatti como responsable de un delito de “insolvencia societaria fraudulenta”. La magistrada consideró que fue el “arquitecto” de la maniobra por la cual el Grupo Peirano transfirió unos 500 millones de dólares de los ahorristas del Banco de Montevideo a una cuenta secreta del TCB. En su caso, aún no existe sentencia definitiva de primera instancia.
La Justicia argentina no es la única que pretende juzgar a los hermanos Peirano por sus manejos financieros a principios de siglo, por cuanto oportunamente existieron diversas requisitorias por parte de la Justicia paraguaya. Incluso, la Suprema Corte de Justicia ya accedió a la extradición de José y Jorge Peirano a Paraguay, pero sólo podrán ser extraditados cuando culmine el proceso judicial en Uruguay.

 

 

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