Publicado en: 10 junio, 2017

Noticias uruguayas 9 junio 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: La coordinación criminal que el estado ampara (tercera parte) Por Roger Rodriguez

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URUGUAY

La coordinación criminal que el estado ampara (tercera parte)

PUBLICADO EN EL BLOG EL MUERTO

Por Roger Rodriguez

2 junio 2017
Parte 3

15) EL RELATO DE MARTÍNEZ MORENO
La investigación también incluía el relato que el escritor, periodista y abogado uruguayo Carlos Martínez Moreno (1917-1986) escribió sobre los fusilados de Soca durante su exilio en México, y la respuesta que el dictador Juan María Bordaberry dio a un periodista norteamericano cuando le preguntó sobre el caso (http://www.lr21.com.uy/politica/194…):
Lo ocurrido en el CONSENA en diciembre de 1974, aparece narrado por el escritor Carlos Martínez Moreno en el libro “El Color que el Infierno me escondiera” (Editorial Nueva Imagen, México 1981), donde dedica un capítulo titulado “La Arboleda” a la decisión del fusilamiento en Soca.
Explica Martínez Moreno que el régimen dictatorial había resulto en aquellos años que por cada oficial militar que pudiera morir en la “lucha contra la subversión” se procedería a ejecutar a cinco “subversivos” y que los fusilados de Soca fueron la “cuota” por la muerte del coronel Trabal en Francia.
Sobre julio del 70, cuatro años atrás, aparece la ecuación oficialmente formulada: una organización autodenominada MANO (Movimiento Armado Nacional Oriental) previene que “por cada policía, soldado, taximetrista o cualquier persona honrada que caiga, cobraremos 5 vidas inútiles”, escribe.
Martínez Moreno sostiene que el homicidio de los cinco tupamaros que habían sido secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre fue sometido a votación en el Cosena, donde el dictador Juan María Bordaberry habría hecho constar en actas que no acompañaba la medida.
En un trabajo del periodista Luis Casal Beck publicado recientemente en Caras y Caretas, se recuerda una declaración que Bordaberry realizó al investigador norteamericano Scott Myers, autor del ensayo “Los Años Oscuros (1967-1987)”, quien logró entrevistarlo en 1986.
“Fue una acción del general Álvarez” le dijo Bordaberry a un periodista norteamericano.
A la mañana siguiente, cuando me levanté recibí la noticia de que en Soca habían sido encontrados cinco tupamaros muertos. Habían huido de Uruguay y estaban viviendo en Argentina. Esto, francamente, en mi opinión, fue una acción del general Álvarez. Los tupamaros fueron trasladados desde Argentina (…) En represalia por la muerte de Trabal, los mataron. Esta es mi opinión. Traté de investigar, pero fue imposible”, le confió Bordaberry.
16) LA CONFIRMACIÓN DE VÍCTOR SEMPRONI
El relato de Martínez Moreno fue confirmado, en setiembre de 2008, por el fallecido dirigente sindical y diputado Víctor Semproni, quien declaró a ‘‘La República’’ (http://www.lr21.com.uy/politica/330891-semproni-pidio-careo-con-silveira) que el coronel Jorge Silveira le había dicho, en 1974, que a los fusilados en Soca “los limpiamos nosotros” y que la próxima vez que fuera muerto un militar iban a ejecutar a diez presos políticos.

El procesado Jorge “Pajarito” Silveira confesó y amenazó que a los cinco uruguayos fusilados de Soca “los limpiamos nosotros y la próxima vez que caiga uno de los nuestros (en alusión al asesinato de Ramón Trabal) van a ser diez”. El testimonio será brindado la semana que viene a la Justicia por el diputado Víctor Semproni. (…)

El 20 de diciembre de 1974, un día después de la muerte de Trabal, fueron fusilados 5 militantes tupamaros y sus cuerpos arrojados cerca de Soca. Semproni integraba una célula del MLN de la que detuvieron a tres de cinco miembros el 24 de abril de 1974. Fueron llevados a Artillería 1 donde los torturó José Nino Gavazzo.
En diciembre, cuando muere Trabal, fueron sacados de sus celdas e interrogados. Les preguntaron quién había matado a Trabal y coincidieron en decir que no pudo ser su grupo. Semproni cuenta: “¿Quién lo mato?”, me dijeron. “Esto debe ser un lío entre ustedes”, contesté y la respuesta me valió una sanción de quince días.
“Cuando luego me llevaron a una visita y un soldado me trasladaba encapuchado, nos paró Pajarito Silveira, me hizo sacar la capucha y me dijo: “¿Supiste lo que pasó?” y me contó cómo aparecieron los cuerpos de Soca”.

“A esos cinco los limpiamos nosotros y la próxima vez que caiga uno de los nuestros van a ser diez”, advirtió el Pajarito Silveira.

“A esos cinco los limpiamos nosotros, y la próxima vez que caiga uno de los nuestros van a ser diez… Estás autorizado a decirlo en la visita como advertencia para los de afuera”, le dijo Silveira.
“No le dije nada a mi familia… Temí que fuera un operativo de inteligencia para medir hasta dónde llegábamos con la información desde adentro. Lo comenté luego con organizaciones de DDHH”.
17) “300 R”: EL INFIERNO CHICO

La casona de Punta Gorda, que los militares tomaron a un grupo de tupamaros en 1974, se transformó en una de las más sangrientas bases de represión de la dictadura. Por allí pasaron, probablemente, todos los uruguayos que fueron secuestrados en el exterior y trasladados ilegalmente a Montevideo, antes de ser encarcelados, asesinados o desaparecidos.

La hoy remodelada casona de Punta Gorda… la curva del ensueño fue una terrible pesadilla.

Ese centro clandestino de reclusión, fue reconocido por el sobreviviente Julio Abreu como el lugar donde lo detuvieron junto a los cinco fusilados en Soca. Gracias a unas fotos que el reportero Freddy Navarro había sacado a fines de los 80 para el diario ‘‘La Hora’’, cuando la casona había quedado desocupada, Abreu pudo reconocer el baño que le obligaban a limpiar en la planta alta del edificio de la rambla. La imagen, presentada en una denuncia judicial por víctimas del “300 R”, se incluyó en una nota para la revista ‘‘Caras & Caretas’’, el 11 de diciembre de 2011:

El baño del “300 Carlos R” que Abreu reconoció: “Me lo hacían limpiar luego de las torturas”.

La amplia casona de dos plantas está ubicada en la rambla República de México al cinco mil, casi frente a la playa de los Ingleses, a una cuadra de donde la rambla O’Higgins se transforma en Coimbra para cortar la península de Punta Gorda. Es un predio de 608 m2, padrón Nº 95.308, carpeta catastral Nº 3.107, con salida de coches a la calle Mar Ártico, donde un alto muro da hoy intimidad al remodelado patio con barbacoa y piscina en forma de riñón.
A principios de los años setenta, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) adquirió aquella enorme construcción ubicada en un lugar donde nadie sospecharía de sus actividades. A su lado estaba el hotel Oceanía, en cuya planta baja funcionaba Chez Carlos, un boliche donde actuaban los principales artistas locales e internacionales de entonces. La publicidad radial de aquella ‘boite’ seducía con la frase “en la curva del ensueño”.
En mayo de 1974, en un violento operativo militar, la casa fue tomada por las Fuerzas Conjuntas. Después de que el dictador Juan María Bordaberry ordenó su expropiación, el inmueble se transformó en un centro clandestino de detención llamado 300 Carlos o Infierno Chico. Allí fueron torturados, muertos y desaparecidos militantes de diversos grupos políticos, hasta que en 1983 el Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble en licitación pública.
Hoy propiedad de los dueños de un conocido frigorífico de chacinados, la casona de Punta Gorda comienza a revelar sus secretos ante los juzgados penales, donde ya han hecho juicio los sobrevivientes de Orletti, ha presentado testimonio el único sobreviviente de los fusilados de Soca y, en las últimas semanas, han comenzado a declarar las víctimas de la Operación Morgan, ejecutada en 1975 como un acto de “piratería” contra el aparato financiero del Partido Comunista. (…)
Investigadores e historiadores discrepan respecto del origen del nombre del centro de torturas. Para unos la denominación surgió de un operativo al que se llamó “300 Carlos Marx” y que en 1975 pretendía encarcelar a tres centenares de dirigentes y cuadros intermedios del Partido Comunista del Uruguay, pero otros consideran que hace alusión al “Carlos” del nombre del vecino local nocturno y la ‘R’ era por la Rambla, ya que el centro de torturas comenzó a funcionar a mediados de 1974 contra el propio MLN-T.
Cuando esta casona cayó en manos de las Fuerzas Conjuntas, el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) habían terminado de implementar la represión contra los uruguayos opositores que se habían radicado en el Chile del derrocado Salvador Allende, y comenzaban a operar contra los ‘tupas’ que se trasladaron a Argentina. (…)
En mayo de 1974, en un violento operativo militar, la casa fue tomada por las Fuerzas Conjuntas. Después de que el dictador Juan María Bordaberry ordenó su expropiación, el inmueble se transformó en un centro clandestino de detención llamado 300 Carlos o Infierno Chico. Allí fueron torturados, muertos y desaparecidos militantes de diversos grupos políticos, hasta que en 1983 el Ministerio de Defensa Nacional vendió el inmueble en licitación pública.
Hoy propiedad de los dueños de un conocido frigorífico de chacinados, la casona de Punta Gorda comienza a revelar sus secretos ante los juzgados penales, donde ya han hecho juicio los sobrevivientes de Orletti, ha presentado testimonio el único sobreviviente de los fusilados de Soca y, en las últimas semanas, han comenzado a declarar las víctimas de la Operación Morgan, ejecutada en 1975 como un acto de “piratería” contra el aparato financiero del Partido Comunista. (…)
Investigadores e historiadores discrepan respecto del origen del nombre del centro de torturas. Para unos la denominación surgió de un operativo al que se llamó “300 Carlos Marx” y que en 1975 pretendía encarcelar a tres centenares de dirigentes y cuadros intermedios del Partido Comunista del Uruguay, pero otros consideran que hace alusión al “Carlos” del nombre del vecino local nocturno y la ‘R’ era por la Rambla, ya que el centro de torturas comenzó a funcionar a mediados de 1974 contra el propio MLN-T.
Cuando esta casona cayó en manos de las Fuerzas Conjuntas, el Servicio de Información y Defensa (SID) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) habían terminado de implementar la represión contra los uruguayos opositores que se habían radicado en el Chile del derrocado Salvador Allende, y comenzaban a operar contra los ‘tupas’ que se trasladaron a Argentina. (…)

El OCOA de la Región I del Ejército, con jurisdicción en Montevideo y Canelones, centraba sus operaciones en el Batallón de Artillería Nº 1 del cuartel de La Paloma, en el Cerro, y tenía su ‘chupadero’ en la llamada “cárcel del pueblo” ubicada en la finca de la calle Juan Paullier 1190, que habían expropiado al propio MLN-T en mayo de 1972. La casona de Punta Gorda se transformaba entonces en un nuevo centro represivo, donde se coordinarían las operaciones con los ‘inteligentes’ del SID.

18) JCJ, ESMACO, SID, OCOA, OSCAR E INDIOS
El 13 de octubre de 2006, ‘‘La República’’ publicó otro artículo (http://www.lr21.com.uy/politica/226…) en que se evidenciaban las contradicciones entre el informe sobre los desaparecidos, que había presentado el comandante en jefe del Ejército, general Carlos Díaz, y los documentos que la dictadura había elaborado como historia oficial.
En esa nota se explicaba cómo era el organigrama de la represión, gracias a la colaboración de un represor, miembro de la OCOA, que aceptó transformarse en fuente de la investigación periodística y por años se constituyó en “consultor”, como le gustaba autodenominarse:
La existencia del Servicio de Información y Defensa (SID) y el papel que jugó en los años de la dictadura, sólo puede ser comprendido atendiendo el marco del poder que el Ejército, la Armada y la Aviación uruguayas fueron acumulando en Uruguay desde principios de la década del setenta.

Desde el 9 de setiembre de 1971, cuando el entonces presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la subversión, los mandos militares fueron creando nuevos escenarios y organismos con los que terminaron por controlar el gobierno..


Jorge Pacheco Areco abrió el camino a los militares en 1971.
En el Tomo II (El Proceso Político) del libro “Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental” firmado por la Junta de Comandantes en Jefe en 1978, se puede seguir la consecuencia de resoluciones gubernamentales, pedidos militares y autodeterminaciones de los mandos, con los que se dirigió la represión.
Fue el propio Pacheco Areco quien, por el decreto 672/971 del 16 de diciembre de 1971, creó “a título experimental” para luchar contra la subversión a la propia Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco), con los que las Fuerzas Armadas concentraron el poder.
El comandante del Ejército (general Hugo Chiappe Posse) era, obviamente, uno de los miembros de la JCJ, y uno de los generales de mayor nivel del Ejército (el general Gregorio Álvarez) fue el jefe del Esmaco, desde donde se realizaba el estudio, asesoramiento, coordinación y planificación de acciones. (…)
Fue luego de la crisis del 9 de febrero de 1973, con el Pacto de Boiso Lanza, que los mandos militares instituyeron su presencia en el Poder Ejecutivo, a través de la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), integrado por los comandantes y con la secretaría del propio Esmaco.
El Esmaco tenía tres funciones: la de “coordinador” (“tareas de información, asesoramiento y planificación de operaciones del conjunto de las Fuerzas Armadas”), de “especialista” (“enseñanza, movilización, defensa civil, estadísticas, historia, acción cívica”) y de “personal” (administrativa).
El 14 de mayo de 1973, la JCJ y el Esmaco le entregaban a Juan María Bordaberry un documento llamado “Memorándum para el Sr. Presidente de la República”, donde se incluía un “Organigrama del Sistema de Planificación y Control del Desarrollo bajo condiciones de Seguridad Nacional”.
En el organigrama se observa con claridad la relación entre el Cosena y el Esmaco como asesores del Poder Ejecutivo, y la dependencia directa que de ellos tenían el Servicio de Información y Defensa (SID), el Servicio de Información Exterior (SIE) y la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII).

El COSENA aceptado por Bordaberry tomaba las decisiones de Estado.

El SID, dependía del Esmaco, que planificaba para la Junta de Comandantes en Jefe, que integraban el Cosena, donde se decidía lo que el Presidente terminaría por aceptar y lo que las fuerzas represivas terminarían por hacer, dentro o fuera del país. El Ejército no era ajeno a esa línea de mando. (…)
Cuando a las Fuerzas Armadas se les encomendó la dirección de la lucha contra la subversión, en cada una de las cuatro Divisiones en las que está descentralizado el Ejército en el territorio nacional se creó un Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).
Cada OCOA estaba comandada por un general, dos coroneles, tres comandantes, que dirigían las acciones del personal de “Operaciones” a los que se denominaba “Oscar” y de los agentes de “Información” a los que se llamaba “Indios”, utilizando la primera letra del grupo en el que revestían.
Los “Oscar” como los “Indios” se numeraban según el orden de mando: “Oscar 1″ fue Ernesto Ramas (“Oscar Romeo”), “Oscar 2″ era José Nino Gavazzo, “Oscar 7″ era Jorge Silveira, “Oscar 8″ el “francés” José Boudean, mientras que “Indio 1″ fue el coronel Victorino Vázquez, entre otros.
El OCOA de la División de Ejército 1 operaba en distintos centros de tortura y detención a los que denominaban “300 Carlos”. Primero fue en el Batallón de Artillería 1, luego en la Casona de Punta Gorda, en la pera del Servicio de Material y Armamento, en la Casona de Millán y finalmente en La Tablada.
Todas las acciones del OCOA se comunicaban al SID, que enteraba de los hechos al Esmaco, que informaba a la Junta de Comandantes, que debatía con la Junta de Oficiales Generales, daba cuenta a la Comisión de Asuntos Políticos (Comaspo) o trazaba lineamientos en el Cosena. El Ejército, sabía. (…)
El 5 de agosto de 1974, la Junta de Comandantes y el Esmaco aprobaron las “Directivas al personal militar designado para prestar servicios en reparticiones públicas ajenas al MDN (Ministerio de Defensa Nacional)”, que estableció la intervención militar en todas las dependencias públicas.
Organigrama del OCOA aportado por un represor que se constituyó en fuente de la investigación periodística.
En aquellas directivas se estableció que la Junta de Oficiales Generales (Joogg), de la que participaban los 16 generales del Ejército, era el órgano formulador y actualizador de la política nacional de las Fuerzas Armadas y la Junta de Comandantes en Jefe, el máximo organismo de conducción y ejecución de esas políticas (“como supremo organismo del mando militar”).
El SID, integrado operativamente con el Esmaco, la Dirección General de Estadísticas y Censo (Dgeyc), la policial DNII y el Servicio de información Exterior (SIE) de la Cancillería, constituían el centro de información nacional, interior o exterior, de más alto nivel, en “beneficio” del Gobierno Nacional.
El Goyo Álvarez era el jefe del Estado Mayor Conjunto (ESMACO), donde se planificaba la represión.
El Esmaco, integrado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) constituía el máximo organismo de asesoramiento, planificación, evaluación y control en lo que respecta a seguridad, desarrollo, presupuestación y administración pública.
“La totalidad de oficiales de las FFAA designados para actuar en organismos públicos civiles, estará subordinada militarmente a la JCJ y su actuación será coordinada por el Director del SID (información) y por el Esmaco (asesoramiento, planificación y ejecución) según sea el caso”, se ordenaba. (…)
A partir de esas directivas de mayo de 1974, los efectivos militares tenían una doble dependencia de mando. Por un lado, recibían órdenes de la unidad en la que revestían dentro del Ejército, la Armada o la Aviación, y por otro lado dependían del SID y del Esmaco en su misión, actividad o función de Estado.
Los militares que cumplieron actividades en materia de “seguridad” o en “operaciones antisubversivas”, fueran servicios de inteligencia del Ejército (S II), la Armada (N II), la Aviación (A II) o la Policía (DN II), coordinaban con el SID y el Esmaco, que informaba a la junta de oficiales y la junta de comandantes.

Oscurantismo en la búsqueda

Por una decisión de presidencia quitó prioridad a la búsqueda Batallón N°13 de Infantería.
López Mazz: “Hay más restos tanto en el 13 como en el 14, se sabe”

El antropólogo José María López Mazz dijo que una decisión de Presidencia quitó prioridad a la búsqueda de restos en los cuarteles y aseguró que la Operación Zanahoria fue un pacto entre civiles y militares. Para López Mazz intereses políticos afectan la investigación.

Por Pablo Méndez

 



López Mazz Hay más restos tanto en el 13 como en el 14, se sabe

ElMuerto

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https://youtu.be/kMJB2JbV8Jo

El antropólogo José María López Mazz lamentó el “oscurantismo” en torno a la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos y señaló que hay algunas personas dentro de Familiares que precisan “atención urgente”.
Además, aseguró que una decisión política de Presidencia de la República sacó de la prioridad la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en los cuarteles para darle prioridad al trabajo con los documentos históricos.
“Hay más restos, se sabe, tanto en el 13 como en el 14 lo que pasa que ha habido decisiones de otro tipo “ahora no se excava más, ahora es el tiempo de los documentos históricos” y el tema fue perdiendo velocidad, por los magros resultados o por esa competencia que se manotean el tema entre grupos”, afirmó.
Por otra parte, López Mazz dijo que está “comprobado” que la Operación Zanahoria existió y expresó su confianza en la versión que señala que se trató de un pacto entre civiles y militares, entre el período de transición y los primeros años de democracia.
“El tema de la Operación Zanahoria se pudo demostrar, aunque nunca ha habido un debate público, yo estoy a la orden para discutir esto. Es información histórica demostrar la voluntad sistemática del ocultamiento de cuerpos, hasta entrada la democracia, se seguían escondiendo cuerpos, la existencia de la Operación Zanahoria muestra la existencia de un pacto entre civiles y militares, de acondicionar la entrada a esa transición de Sanguinetti. No lo digo yo, hay militares que lo dicen en libros, los civiles se quieren lavar las manos pero yo hablé con muchísimos oficiales que han dicho que eso existió”, afirmó el antropólogo.
“Ahora el tema está en una persecución ideológica que se fue del carril, es un tema muy complicado y todo el mundo es muy pudoroso. Creo que en tres años guardé un silencio respetuoso, pero ya es una cosa que tenemos derecho a saber qué pasa (…) se han disputado mucho la dirección de esto porque tiene un retorno muy fuerte los hallazgos de restos de desaparecidos, hay fuerzas políticas que quieren salir en la foto, gente que tiene un protagonismo, hay otro que está prendido porque tiene un puestito, es un combo que se va armando”, afirmó.

PUBLICADO EN EL BLOG EL MUERTO

Crysol pide “aplicar la sanción más severa” al jefe del cuartel de Laguna del Sauce por “obstaculizar” la actuación de la Justicia

La organización de ex presos políticos Crysol envió una carta al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) a raíz de lo sucedido durante el reconocimiento de las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce, ordenado por la jueza letrada de 4º Turno de Maldonado, Adriana Morosini. La magistrada, el fiscal, abogados y denunciantes entraron al cuartel el viernes en el marco de la causa que investiga una serie de denuncias por “secuestros, torturas y desapariciones parciales” perpetradas en esa unidad del Ejército durante la última dictadura. “Al llegar al cuartel, la comitiva se encontró con un grupo de uniformados antimotines esperándolos y con ostentación innecesaria de armas. Sin dudas, con claros propósitos de generar temor y amedrentamiento a quienes debían realizar la tarea, siempre dolorosa para las víctimas, de reconocer lugares traumáticos. Tarea que han asumido para que situaciones como las vividas nunca más vuelvan a repetirse”, relata la misiva, dirigida al ministro Jorge Menéndez, a la que accedió la diaria. Según informó este periódico el lunes, la jueza debió ordenar que los efectivos, que portaban cascos, escudos y palos, de forma similar a un escuadrón de la Guardia Republicana, se retiraran, para poder efectuar la actuación.
Crysol plantea en la carta que “el hecho es revelador de una actitud negativa por parte del Jefe del Batallón que no puede ser ignorada ni pasada por alto, ya que no tiene que ver con el pasado sino con el presente actual”. Por esta razón, solicita al MDN que se recuerde a los comandantes en jefe de las tres armas “que su obligación es colaborar con el Poder Judicial de acuerdo a las normas constitucionales”, y que se proceda “a aplicar la sanción más severa que pueda corresponder al Jefe del Batallón por obstaculizar la actuación del Poder Judicial”. “La dictadura cívico militar fue una gran tragedia nacional, en múltiples planos, cuyas secuelas perduran hasta el día de hoy. La investigación y castigo de las graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo señala la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, es la base para impedir que las mismas vuelvan a ocurrir. El Poder Judicial debe poder cumplir con sus obligaciones sin obstáculos y los denunciantes, apoyados, respaldados y protegidos por el gobierno”, concluye la carta del colectivo, fechada el 7 de junio.

Gustavo Giachetto. Foto: Sandro Pereyra (archivo, abril de 2015)

Gustavo Giachetto. Foto: Sandro Pereyra (archivo, abril de 2015)

AFFUR declaró persona no grata al prorrector de Gestión de la Udelar y se niega a negociar con él

La negociación bipartita entre la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) y la Universidad de la República avanzó hasta el 4 de mayo, cuando ambas partes llegaron a un preacuerdo sobre instancias de negociación colectiva en los servicios, aspectos de salud laboral, concursos de ascenso, y aspectos sobre acoso y discriminación. La bipartita debería haber continuado con otros aspectos de negociación colectiva, pero AFFUR tomó la resolución de declarar persona no grata a Gustavo Giachetto, el prorrector de Gestión Administrativa y quien encabeza la delegación de la Udelar en las negociaciones, y se niega a continuar negociando con él. Según un comunicado de AFFUR, con el prorrector hubo “problemas de relacionamiento” que “inciden en la construcción de un ambiente propicio al diálogo para la negociación”. Añaden su preocupación por “varias situaciones de persecución sindical, especialmente las sufridas por una integrante del Secretariado Ejecutivo de la Federación”.
Daniel Olivera, secretario general de AFFUR, explicó a la diaria que el prorrector ejerció “un permanente enfrentamiento en diversos ámbitos a la compañera, llamadas telefónicas en tono inadecuado respecto de lo que es el relacionamiento entre dirigentes y autoridades”, y añadió que, como la dirigente depende funcionalmente de Giachetto, “también hubo planteos funcionales, como solicitar informes de actuación o cuestionar la [no] permanencia en el lugar de trabajo, cuando tenemos una ley de fueros sindicales que nos habilita a participar en actividades sindicales”. AFFUR afirma en su comunicado que no es su “pretensión incidir en el nombramiento o destitución de ninguna autoridad”, pero reivindican su derecho a negarse a sentar “a una mesa con quien ha saboteado permanentemente la negociación y atacado los fueros sindicales”, a la vez que destacan que los acuerdos logrados fueron “con la intervención” del rector.
La noticia llegó el día en el que el Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar iba a poner en discusión aprobar el preacuerdo con los funcionarios agremiados, y ese mismo día AFFUR hizo un paro de 24 horas con ocupación de las oficinas centrales. Durante la sesión del CDC, varios decanos manifestaron sus dudas respecto de aprobar el preacuerdo ese día, dadas las medidas que había tomado AFFUR. El propio rector, Roberto Markarian, fue crítico con el accionar gremial, y explicó lo que a su entender fue “la piedra del escándalo”, en referencia a la presentación por parte de Giachetto de un informe sobre el Instituto de Capacitación y Formación (ICF). Recordó que él mismo le pidió el informe al prorrector, y que el CDC resolvió “abrir un espacio de diálogo sobre su contenido; espacio de diálogo que está abierto y está contenido en las discusiones bipartitas. Se tomó una medida por las dudas, cuando el cuerpo no tiene ningún pronunciamiento y cuando no hay ninguna opinión final dada por ningún organismo ni por ninguna persona sobre el asunto”. “Que ante planteos de ese tipo se hagan medidas del tenor que se han tomado, creo que realmente no corresponde”, añadió.
Según Olivera, la presentación del informe sobre el ICF“ generó una inquietud muy grande” entre los funcionarios, y “se planteó que se trasladara eso a la negociación colectiva, porque la capacitación es materia de negociación colectiva”.
Sobre la declaración de persona no grata a Giachetto, Markarian opinó en la sesión: “Se nos quiere establecer quiénes son los interlocutores, cuando este cuerpo y este rector, que somos los que tenemos diálogos de algún tipo, aceptamos los interlocutores que se nos presentan y no hacemos cuestión de estilo, de modos, de otra cantidad de cosas que son subsidiarias con relación a los objetivos principales; creo que no corresponde aceptar ese tipo de condicionamientos”. Varios decanos manifestaron su respaldo a la delegación de la Udelar que participaba en la negociación, lo que se votó por unanimidad, y pese a los reparos con la actitud de AFFUR, finalmente el preacuerdo fue aprobado por unanimidad.
Según transmitió Olivera, el 31 de mayo, en una reunión de ambas partes con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los funcionarios hicieron la denuncia ante el organismo por persecución sindical y, hasta el momento, la negociación colectiva sigue detenida.

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