Noticias Uruguayas 9 julio 2016

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Excongresista de EE.UU.: «Esto ya es la guerra. Cuidado, Obama» // El republicano instó a la «mayoría silenciosa» a apoyar a la Policía contra «los matones negros» // Cinco agentes muertos y siete heridos en una protesta contra la violencia policial en Dallas // ¿Crisis humanitaria en Estados Unidos? // No solo en Dallas: perpetran otros tres ataques a policías en EE.UU. // Chomsky: ‘Gobierno de EEUU considera que la población del país es el principal enemigo’ // Estado español: La tortura en Euskadi // Iglesias: construir un «bloque histórico con movimientos populares» // Brasil: ¿Hacia dónde vamos? Impases de la crisis actual por Leonardo Boff // Chile:Se viene un tiempo de lucha // Argentina: 8 de julio (1973): nacimiento del Movimiento Sindical de Base // Uruguay: Paro General el 14 de julio // COFE: «Mujica se aburrió de llamar inútiles a los trabajadores»

URUGUAY

SI HAY AJUSTE HAY PARO!!!

07 Jul

AFUSEC

Paro por ajuste

¿Porque PARA AFUSEC el PROXIMO 14 de JULIO?

07 Jul

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COFE evalúa en forma negativa vínculo con el FA

«Mujica se aburrió de llamar inútiles a los trabajadores»

Intelectuales de América Latina, referentes sindicales y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (Clate) realizarán del miércoles al viernes de la próxima semana un cónclave en el cual evaluarán la relación de los empleados públicos con los gobiernos «progresistas» de la región.
Crítica: sindicalistas evalúan mal al gobierno de Mujica. Foto: Marcelo Bonjour
08 jul 2016 – El País uy
Allí la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), organizadora del encuentro, evaluará al gobierno del expresidente José Mujica como uno de los que peor los trató.
«El gobierno de Mujica fue uno de los que más críticas expresó contra los trabajadores públicos. La ley de negociación colectiva, que fue una herramienta muy importante del primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue muy desvirtuada por parte de Mujica. Y todo esto se vio profundizado por las críticas que el expresidente hizo contra los trabajadores del Estado. Ahora hay cosas que están mejores, pero esos vicios igual quedaron», dijo a El País el secretario general de COFE y miembro del secretariado del Pit-Cnt, José Lorenzo López.
El dirigente, que será uno de los que disertará, dijo que en el encuentro se analizará «cómo los gobiernos progresistas han administrado el capital y por qué no han llevado a cabo cambios izquierdistas de fondo».
También participarán académicos de Argentina, Cuba, Brasil, El Salvador, Venezuela y Uruguay. Entre ellos el integrante de la Red de Economistas de Izquierda, Antonio Elías, que en declaraciones a El País explicó que el evento es una continuación de uno que se llevó a cabo en 2005, cuando en Uruguay había ganado el Frente Amplio.
Ahora se decidió repetir la experiencia en un momento en que «la mayoría de los países con gobiernos progresistas están en situación muy dificultosa; el hecho de que Dilma (Rousseff) esté separada del cargo, las situaciones de Venezuela y Argentina, y que Fernando Lugo ya no esté más en Paraguay, son prueba de que los gobiernos progresistas han cumplido cierto ciclo».
Sobre Mujica sostuvo que el expresidente «se aburrió de decir públicamente que los trabajadores públicos eran un conjunto de inútiles». Y añadió que a diferencia del primer gobierno de Vázquez, en el que hubo «avances importantes como la aprobación de la ley de negociación colectiva», ahora «estamos con esta política de ajuste».
El encuentro, que fue bautizado «Los gobiernos progresistas en Debate» —con el mismo nombre que el que se realizó del 17 al 19 de agosto de 2005—, pretende contestar a una serie de preguntas, como ser: ¿Cuáles son los principales cambios realizados por estos gobiernos? ¿Cuáles son los principales impactos y tendencias de los cambios realizados sobre la economía, la sociedad y el sistema político? y ¿Cuáles fueron las dificultades y restricciones que tuvieron las fuerzas políticas progresistas para aplicar políticas efectivamente alternativas al capitalismo?

Los gráficos de Gabriel «Saracho» Carbajales

Trabajadores del Plan Ceibal inician paro por tiempo indeterminado

El Plan Ceibal despidió la semana pasada a 11 funcionarios y decidió cerrar dos áreas.
plan ceibal
Caras y Caretas – julio 07, 2016
Los trabajadores de Plan Ceibal iniciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de respuestas a sus demandas y la reincorporación de los 11 funcionarios despedidos la semana pasada.
El sindicato se reunió este jueves en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) con la dirección del proyecto pero no se llegó a un acercamiento, por lo que volverán a reunirse el martes próximo.
Días atrás la asamblea de la Asociación de Funcionarios Ceibal (Afuce) se declaró en conflicto por la forma en que la empresa procede a comunicar y ejecutar los despidos y la reestructura y en las consecuencias que esta reestructura conlleva para el cumplimiento de los objetivos de l Plan Ceibal”.
Plan Ceibal es una empresa paraestatal, recuerdan los trabajadores, lo que “implica que maneja fondos públicos, pero sus trabajadores se rigen por el derecho privado”. En ese contexto, dentro de Ceibal, “hay frecuentes movimientos, reubicación y remoción de personal que nunca han tomado carácter publico”.
Para el sindicato, las medidas tomadas “ponen en riesgo los objetivos socio educativos del Plan, ya que fue desmantelada la Gerencia de Desarrollo Social, eliminando por completo el Área de Desarrollo Comunitario, siendo despedidos la mayoría de sus funcionarios, sin absorber los proyectos que estos llevaban a cabo”.
“Nos preocupa profundamente el rumbo que tomará Ceibal, por ello los trabajadores de Plan Ceibal nos declaramos en conflicto”, concluye Afuce.

Los privilegios jubilatorios de los militares

Nota: Andrea Fernández y Eric Núñez (Sala de Redacción)En la primera presentación del equipo económico ante la Comisión de Presupuesto, que inicia en análisis de la rendición de cuentas, el Ministro de Economía, Danilo Astori, enumeró algunos de los privilegios militares que explican el abultado déficit de la llamada Caja Militar. Sin embargo, salvo una modificación en el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), el grueso de los factores que obligan al gobierno central a transferir más de 400 millones de dólares anuales se mantiene intocado.

Astori detalló que los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas cobran una jubilación de alrededor de $120.000 cuando se retiran por edad, mientras que perciben un promedio de $80.000 cuando se retiran antes. Según el ministro, la presentación de estos datos sirve para llevar la discusión al parlamento, aunque aclaró que todavía no se encuentra en condiciones de presentar un proyecto de reforma.
En estos últimos diez años de gobierno del Frente Amplio se ha procedido a un “aggiornamiento” y modernización de las cajas jubilatorias: ya sucedió con la Caja Notarial, la Caja Bancaria y la Caja Policial; ahora parece haberle llegado el momento a la Caja Militar. Esta instancia parlamentaria hace que la reforma de la Caja Militar vuelva a cobrar vigor en un momento donde el propio comandante del ejército, Guido Manini Ríos, declaró que la considera un “grave error”.
El sistema de seguridad social para los militares se creó en 1911, en tiempos de la segunda presidencia de José Batlle y Ordóñez. En un principio tenía el objetivo de atender el pago de pensiones de las viudas e hijos de los oficiales fallecidos. Hasta la década de 1960, las jubilaciones militares se siguieron pagando de Rentas Generales, posteriormente pasaron a la Caja Militar. Desde su creación, la asistencia financiera estatal ha sido relevante para su funcionamiento. Hasta el golpe de Estado de 1973 el subsidio rondó entre 50-60% del total. Con el golpe de Estado incrementó a 75%, tras la restauración democrática disminuyó a 58% y volvió a alcanzar a 71% entre 1993 y 2005. Desde entonces, durante los gobiernos progresistas, el aumento de los sueldos y las jubilaciones implicó que la asistencia financiera del Estado alcanzara un 80%.
En el 2015 el Estado pagó el 85% de los casi 16.000 millones de pesos que sumaron los egresos del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas, mientras que un 15% correspondieron a los aportes de los activos. Ese 85% representó 4.000.000 de dólares, monto superior al déficit del BPS, que rondó en el orden de los 3.900.000 de dólares el año pasado . En 2015 la asistencia financiera al Servicio de Retiros y Pensiones de de las Fuerzas Armadas representó un promedio anual de 8.100 dólares por cada pasivo militar.
La reciente información presentada por el ministro de Economía señala que las jubilaciones de los subalternos se encuentran dentro de los parámetros de montos de todo el país. Aquellos que se retiran de forma voluntaria alcanzan el promedio general del BPS, sin embargo los que se jubilan de forma obligatoria lo superan. Por otro lado, las jubilaciones de los oficiales y jefes ronda los $60.000 cuando se retiran voluntariamente, mientras que la jubilación por edad de estos llega a los $90.000 aproximadamente.
A su vez, estos datos presentados por el equipo económico revelan que jefes y oficiales superiores superan cuantitativamente el promedio de jubilaciones del resto de los trabajadores uruguayos. Es por eso que el Poder Ejecutivo maneja gravar las pasividades más altas aplicando un impuesto progresivo que disminuiría en un 10% el aporte de Rentas Generales a la Caja Militar. Ese modesto ajuste encendió las iras de los responsables del Centro Militar, quienes en un comunicado reclamaron que la misma medidas se aplique a las jubilaciones de ministros y legisladores.
Entrevistado por SdR,  Sixto Amaro, director del BPS en representación de los jubilados, también compartió el criterio de que la explicación del déficit de la Caja Militar se debe a las jubilaciones de los altos oficiales; según él, andan “entre los 12.000, 13.000 pasivos y cobran jubilaciones que van de los $100.000 a los $150.000 al mes”. Amaro expresó que “si uno proyecta el déficit de la Caja Militar, en tres años, supera los mil millones de dólares, una cifra demasiado importante para el país y para la gente que está siendo recortada y postergada”.
Por otro lado consideró que la desigualdad entre jubilados del BPS y los jubilados por Caja Militar se puede apreciar en el cobro de aguinaldo. Mientras la totalidad de los pasivos militares reciben un décimo tercer sueldo, el resto de los pasivos solo cobran aguinaldo si tienen una jubilación menor a $10.000, siempre y cuando en el hogar donde vivan estos jubilados el ingreso per cápita sea menor a esta cifra. De modo que, “si yo gano $7.000 y tengo la suerte de tener un hijo que gana $15.000, ya no lo cobré, por lo tanto te quitan independencia política, económica, y además te quitan dignidad”. Amaro expresó que estos requerimientos no son de gran impacto para el presupuesto estatal y pueden hacer que “un viejito llegue a la mesa de fin de año después de haber trabajado toda su vida sin sentirse avergonzado y pueda contribuir con algo”.
A su vez Amaro subrayó que parte de los militares que se jubilan pasan a cobrar el monto de dinero del grado superior  al que están en actividad, y en algunos casos dos grados, “porque la ley está hecha como más les conviene a ellos”. Esto repercute en que al retirarse un militar de alto rango, arrastra a los que están próximos detrás de él: “se dan jubilaciones en masa de gente jóven que pasa a ganar más de lo que estaban cobrando como activos”. Con respecto a las pensiones, señaló que cuando un trabajador civil fallece, la viuda empieza a cobrar un 65% de la jubilación de su esposo difunto, “pero cuando un militar muere, la mujer va a recibir mensualmente un 100% de lo que él estaba ganando, más el aguinaldo”.
Amaro subrayó que la Caja Militar tiene privilegios “que realmente dan vergüenza ajena”. Citó el ejemplo de una médica cardióloga del Hospital Militar que se jubiló a los 41 años. Esto, según él, es sinónimo de injusticia social “ya que mucha gente trabaja más de cuarenta años para terminar con jubilaciones que no llegan a $9.000 pesos por mes”
Afirmó que, a pesar de que los militares se jubilan a una edad temprana, muchos de los oficiales retirados se pasan a la actividad del sector privado y aportan al BPS, lo que les permite tener dos jubilaciones. “Estos privilegiados se meten en compañías, en grandes cosas; la mayoría de las compañías de seguridad son de los militares retirados”.
Otros elementos que Amaro consideró insólitas sobre la Caja Militar son las “equiparaciones”. Explicó que hay militares del mismo rango que se jubilan paralelamente y se equiparan sus sueldos “para que no hayan inconvenientes mayores. Esto hace que un militar, que le corresponde una jubilación de $100.000, pase a ganar $120.000, solamente por el hecho de que un compañero del mismo rango cobra esa cantidad”. Amaro considera este tipo de acciones “sin fundamento social, político y mucho menos económico”.
Por último, expresó que el hecho de que el Estado no haya podido realizar cambios significativos en la Caja Militar se explica porque “hasta el propio Ministerio de Defensa tiene una mirada casi paternal con los oficiales militares”. Expresó que, a pesar que el Ministerio de Economía presente un proyecto que grave los sueldos altos, “todo va a seguir como está”. La solución, para Amaro, está en que la Caja Militar debería reformarse en conjunto con los militares.
Derechos Humanos

SCJ habilitó indagatoria por muerte de Nuble Yic

El máximo órgano del Poder Judicial mantuvo la tendencia reciente de rechazar la prescripción de los crímenes cometidos durante la dictadura.
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Caras y Caretas – julio 07 ,2016
En un reciente fallo, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) habilitó la continuidad de la indagatoria penal por la muerte del militante comunista Nuble Donato Yic, fallecido en una unidad militar en 1975. Por mayoría, el máximo órgano del Poder Judicial desestimó el incidente de prescripción presentado por un militar y dispuso la continuidad del proceso penal.
Yic fue detenido en octubre de 1975 por efectivos de las Fuerzas Conjuntas, mientras se encontraba en su domicilio, convaleciente de un ataque cardíaco. Permaneció cinco meses como desaparecido, “paseado” por distintos centros de detención -entre ellos, el centro clandestino conocido como “300 Carlos”- y siendo torturado, hasta que finalmente se blanqueó su detención.
El 15 de marzo de 1976, Yic falleció a causa de una afección cardíaca. Su hija, Maris Yic, con el patrocinio de la abogada María del Pilar Elhordoy, presentó una denuncia penal por su muerte. La denuncia argumentó que Yic no fue atendido en forma adecuada de su afección cardíaca y que su muerte se produjo fue provocada “por las severas sesiones de tortura y las malas condiciones de reclusión”. El caso fue archivado en 2009, pero posteriormente reabierto en el Juzgado Penal de 7º Turno.
En este contexto, la jueza Beatriz Larrieu (que en agosto asumirá un Juzgado Especializado en Crimen Organizado) dispuso la citación de varias personas, entre ellas, algunos militares. Uno de estos presentó un incidente de prescripción, que fue rechazado en primera y segunda instancia. Ahora la Corte, confirmó esta postura y ordenó la continuidad de la indagatoria.
En este marco, la Corte consideró por mayoría que -en el caso concreto- no cabe “computar el período de vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado” dentro del plazo de prescripción de los ilícitos. Tras un análisis de la normativa legal y diferenciar los conceptos de prescripción y de extinción del delito, la Corte afirmó que “la vigencia de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado significó un claro obstáculo insuperable (irresistible) para el ejercicio de la acción penal por parte de su titular, el Ministerio Público”.
“Ello, por cuanto el ámbito preciso para la investigación, resolución, imputación y reproche a los responsables de hechos de naturaleza delictiva es, únicamente, la justicia penal que funciona en la órbita del Poder Judicial”. “Lo único cierto es que, durante la vigencia de la Ley de Caducidad, el Ministerio Público se vio impedido de ejercer su poder-deber de acción, situación jurídico procesal que debemos diferenciar bien de aquella en la que se encuentran los restantes sujetos procesales que tienen el derecho o la potestad de accionar en otras materias”, afirmó la Corte.
“Los delitos objeto de investigación e imputación provisoria en autos son reatos que no requieren la instancia del ofendido, razón por la cual el Ministerio Público se encontraba, ante el conocimiento de éstos, en situación de poder-deber de llevar adelante la correspondiente acción penal, mandato legal que no pudo cumplir mientras existió el obstáculo que significaba, para el cumplimiento de sus funciones, la vigencia de la Ley 15.848 en el caso concreto”, agrega el fallo, al que accedió Caras y Caretas Portal.
En este sentido, la Corte efectuó varias valoraciones. Por ejemplo, el ministro Felipe Hounie insistió con la teoría de la imprescriptibilidad de los crímenes de la dictadura. Pero ante la eventualidad de que eso tesis no se admita, consideró que en el caso de Nuble Yic el plazo de prescripción debe computarse “a partir de la fecha de entrada en vigencia del artículo 1º de la Ley 18.831”, que restableció la pretensión punitiva del Estado, y que cuya inconstitucionalidad fue descartada por la Corte.
Por su parte, Larrieux dijo que el debate sobre la prescripción o imprescriptibilidad de los hechos ocurridos durante la dictadura quedó zanjado con la aprobación del artículo 1º de la Ley 18.831. “Es el propio legislador patrio que reconoce que durante la vigencia de la Ley 15.848 (declarada inconstitucional por sentencia No. 365/2009 para los casos concretos en que se interpusiera tal accionamiento) y hasta la vigencia de la Ley 18.831, los plazos de prescripción extintiva no pudieron transcurrir útilmente”, afirmó Larrieux.
Además, insistió que la Ley de Caducidad no consagró una amnistía -lo que supondría la extinsión de los delitos-, “sino que se eliminó la posibilidad de accionar para su persecución por parte del Ministerio Público y, en consecuencia, no hay innovación penal retroactiva en el artículo 1º de la Ley 18.831”. Pese a esto, Larrieux insistió con su postura contraria a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en este período.
Por su parte, la ministra María Elena Martínez se plegó a la mayoría y habilitó la investigación de los casos, al tiempo que el ministro Jorge Chediak se pronunció a favor de aceptar el incidente de prescripción y disponer el archivo de la causa.
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