Noticias Uruguayas 9 febrero 2020

URUGUAY: PIT-CNT: El derecho de huelga no se toca // Dr. Héctor Zapirain: Reglamentación de la huelga, una embestida ideológica “baguala” // Presidente del Sunca: «No vamos a permitir retroceder ni un centímetro en los avances que hemos tenido» // Se deja sin representación a los docentes en los consejos de Primaria, Secundaria y UTU

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URUGUAY

El derecho de huelga no se toca

Miércoles, 05 Febrero 2020 20:28 – PORTAL PIT-CNT
El derecho de huelga no se toca
El futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró al término de la reunión mantenida con una delegación del PIT-CNT, que el gobierno electo tiene «la voluntad jurídica y política» de cambiar la redacción de los artículos del borrador del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) referidos a las ocupaciones y «no tocar en absoluto la huelga». En este sentido, el futuro titular de la cartera de Trabajo explicó que «no es la voluntad del gobierno» afectar el derecho de huelga. Si bien reconoció que persisten diferencias en relación a las ocupaciones, ratificó que el derecho de huelga «no se toca».
En una jornada signada por el calor agobiante, a media tarde cuando los termómetros alcanzaban los 33°, una delegación del PIT-CNT integrada por el presidente y el secretario general, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, respectivamente, Martín Pereira (FFSP y COFE) y Jorge Bermúdez (FUS) se reunió con el futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres y el subsecretario designado del MTSS, Mario Arizti.
Según informó el presidente de la central al término del encuentro que duró casi dos horas, el movimiento sindical planteó cuatro ejes temáticos para dialogar con el nuevo gobierno: la importancia del trabajo, la negociación colectiva para trabajadores del sector público y privado, el muy cuestionado artículo del borrador de la Ley de Urgente Consideración referido al derecho a la huelga y por último, la necesidad de construir un gran diálogo social en materia de seguridad social.
Pereira valoró positivamente la reunión desarrollada en la sede de Todos y destacó una vez más, que hay generado un buen espacio de diálogo entre el movimiento sindical y el gobierno electo. En este sentido, adelantó que ya se pautó un nuevo encuentro entre las partes aunque aún no se marcó fecha en la agenda. «Queda siempre el teléfono abierto para generar las condiciones de posibles futuros acuerdos», aseguró.
En relación a la importancia del trabajo en la agenda país, el presidente del PIT-CNT recordó que es «tema número uno» del PIT-CNT. «Nosotros somos conscientes, a partir de los estudios del Instituto Cuesta Duarte pero sobre todo, porque cuando hablamos con la gente sentimos que el tema del empleo es fundamental, que hay áreas en las que se ha perdido una cantidad importante de empleo, por ejemplo en el comercio, en la industria manufacturera y en la construcción. Nos interesa trabajar en un ámbito tripartito que reúna a políticos y técnicos del empresariado, de los trabajadores y del gobierno, a los efectos de impulsar políticas activas que faciliten el empleo de los uruguayos, que faciliten la formación profesional y así mismo, que vayan planificando el trabajo del futuro». Al respecto, Pereira señaló que los representantes del gobierno electo «vieron de buena manera» la preocupación del movimiento sindical sobre este tema.
Sobre la negociación colectiva, cabe recordar que a comienzos de la semana, el equipo de gobierno de la coalición multicolor ya había recibido a una delegación sindical de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) en la que hubo acuerdo a sostener la negociación colectiva y al mantenimiento del «piso» de salarios.
Luego del encuentro de esta tarde, el presidente del PIT-CNT explicó que la delegación sindical le transmitió al gobierno electo la pretensión de «profundizar la negociación colectiva en el sector público y en el sector privado» y aseguró que «se avanzó parcialmente en el tema», ya que «quedó confirmada que en la negociación salarial del sector privado, el gobierno va a participar en la decisión del salario de todos los trabajadores. Este es un punto que ya había sido planteado en la reunión con el propio presidente electo y hay otros temas que quedan para negociaciones posteriores, como los ajustes salariales, las fórmulas, las posibles pautas y también la queja de la OIT que nosotros entendemos que hay que irla evaluando a partir de que vaya transcurriendo el tiempo», apuntó.

El derecho de huelga

En relación al polémico artículo del borrador de LUC, en relación a las ocupaciones y que afectaba al derecho de huelga, hoy el PIT-CNT le planteó al equipo del gobierno electo su tajante rechazo y voluntad de enfrentar cualquier intento de cercenamiento de un derecho consagrado en la carta magna.
«Comprendemos -aunque no nos guste y aunque sea innecesario- que durante la campaña del Partido Nacional y otros partidos de la coalición hayan planteado el tema de la ocupación de los puestos de trabajo. A nosotros nos parece disparatado colocar como tema prioritario de urgencia una cuestión que afectó a 12 empresas sobre 100 mil en el año 2019, pero de todas maneras, se entendió que este era un tema importante. Pero como está redactada la ley afecta a todo el derecho de huelga. Esto ha sido comprendido por el ministro y el subsecretario, verán si lo pueden enmendar con una (nueva) redacción y nosotros analizaremos la redacción que finalmente quede. Naturalmente no nos gusta que se limite la ocupación de los puestos de trabajo ni nos gusta el dictamen, pero si abarca toda la huelga no hay duda que es violatorio de los derechos básicos de los trabajadores», remarcó.

Diálogo social

El otro eje central planteado por el PIT-CNT en la reunión con el gobierno electo, refiere a la necesidad de un diálogo social en materia de seguridad social. «Esto implica que no solo se vote la comisión de expertos, sino que haya un diálogo entre los partidos políticos y las organizaciones que componemos el BPS, me refiero a jubilados,  trabajadores, empresarios y políticos  para que se construya una reforma con los mayores acuerdos políticos y sociales».

Aclarando

Consultado por los medios de comunicación, el presidente del PIT-CNT manifestó que si bien el futuro ministro de Trabajo aseguró a la delegación sindical que el gobierno electo no tiene como objetivo limitar el derecho de huelga, «tal como está redactado, cualquier jurista podría entender, por ejemplo que una huelga de transporte no le permite llegar al puesto de trabajo a un trabajador y por lo tanto, colocar la limitación y esto claramente afectaría el derecho de huelga. Esto es independiente de la intencionalidad (porque) los jueces no analizan intencionalidades, analizan textos y este texto claramente -de acuerdo a nuestros juristas- violenta el derecho de huelga y es una ofensiva al derecho de huelga. El gobierno (electo) nos ha planteado en el día de hoy que ésta no es la intención. Esperemos ver la redacción final para ver si nos afecta efectivamente», agregó.
En relación a las ocupaciones, Pereira recordó que la OIT «dice que es una extensión, que es una modalidad de la huelga, es más, la valida salvo que la misma se transforme, pierda la forma pacífica de la ejecución y agrega que debe permitirse el ingreso a trabajadores no huelguistas y de los empresarios. Esto vinculado solamente a las ocupaciones de los lugares de trabajo, a nosotros no nos gusta esta modalidad», aclaró.
Pereira señaló que el movimiento sindical continuará estudiando el borrador de la LUC y a partir de este jueves comenzarán a funcionar siete comisiones temáticas que analizarán cada aspecto de la norma. Según adelantó el presidente de la central sindical, dichas comisiones elaborarán propuestas que el propio PIT-CNT analizará de manera orgánica y posteriormente entregará al gobierno electo.
Por último, Pereira insistió en que tal como está redactada hoy la LUC, «es una  fabriquita de conflictos, que hay que irlos desatando. Algunos tienen que ver con el campo de las relaciones laborales como este que mencionamos de la huelga, pero otros tienen que ver con las empresas públicas, otros con la seguridad social y otros con cambios profundos en la ley de educación. Entonces hay que abordarlos temáticamente», concluyó.

 


Dr. Héctor Zapirain: Reglamentación de la huelga, una embestida ideológica “baguala”

Lunes, 27 Enero 2020 18:28 – PORTAL PIT-CNT
Dr. Héctor Zapirain: Reglamentación de la huelga, una embestida ideológica “baguala”
Después de mucho hablarse, se ha presentado el texto del borrador de anteproyecto de ley de urgencia. Una iniciativa que según sus promotores tiene por finalidad atacar los problemas que urgen al país. De allí la justificación para recurrir a este procedimiento especial que acota la labor parlamentaria, dado que no solamente restringe los tiempos para su tratamiento sino que además, el proyecto de ley de urgencia puede ser aprobado por el mero transcurso del tiempo, en caso de que el legislativo no se pronuncie dentro de los plazos previstos.
Ahora bien, conocido el contenido del anteproyecto de la ley de urgencia que se piensa impulsar, con la salvedad tal vez del tema de la seguridad (de preocupación general), vemos con sorpresa que las cuestiones allí contenidas perfectamente podrían haber sido objeto de la futura Ley de Presupuesto. En otras palabras, no se justifica su abordaje mediante ley de urgencia.
Por otro lado, temas que podríamos suponer que no faltarían en una iniciativa de este tipo y que sí son de urgente resolución, como es el caso del desempleo y la creación de trabajo, brillan por su ausencia. Salvo lo referido a la compatibilidad de jubilación y empleo nada más se dice. Al tiempo que el texto proyectado trasluce una ansiedad ideológica –tal vez ante el temor de que la mayoría parlamentaria no dure demasiado– evidencia un apuro por maniatar la acción sindical. Precisamente, en el Capítulo I, artículo 349, trata “Sobre el ejercicio del derecho de huelga” y más adelante, artículo 448 y siguientes regula los piquetes  declarando su ilegitimidad. En otras palabras se reglamenta el derecho de huelga.
Será sobre este punto del documento puesto a conocimiento público que centraremos nuestra atención.
Inconveniencia de la vía elegida.
La reglamentación de la huelga es una vieja aspiración de los sectores conservadores (económicos y políticos); durante el transcurso de más de 70 años el país ha asistido a largos y encendidos debates sobre esta cuestión, ya que cada tanto se ha lanzado iniciativas similares. Recordemos la de Tomás Berreta allá por los años cuarenta y más recientemente la de Lacalle (padre) en los noventa. Ello sin mencionar las leyes de la dictadura cívico-militar que fueron anuladas al retorno de la Democracia.
No hay nada que justifique la vía seguida para el tratamiento de este tema, salvo razones ideológicas. Revela la clara intención de favorecer al sector empleador y debilitar el movimiento sindical, creando restricciones y limitando el ejercicio de la huelga en cuanto instrumento que permite reequilibrar la asimetría de poder entre empleadores y trabajadores.
Conviene aquí retrotraernos en el tiempo y recordar algunas de las críticas que se hicieron al procedimiento especial de las leyes de urgencia introducido en la reforma constitucional de 1966. Señala real que los críticos impugnaron este mecanismo bajo el argumento de que abría el camino para posibles iniciativas reaccionarias e impopulares, preocupación que refería entre otras a la “reglamentación sindical”[1].
Como se ve, ya en ese tiempo se advertía de los peligros para la Democracia el uso de las denominadas leyes de urgencia para imponer soluciones impopulares o que no cuentan con un consenso político.
Insistimos, la vía elegida es inadecuada e inconveniente; configura una imposición que atenta contra el sistema de relaciones laborales, resquebraja la confianza y el equilibrio de poder entre los actores sociales, y abre una brecha que conduce al conflicto y al enfrentamiento estéril.
Pero además, echa por tierra todo el discurso del diálogo social y el consenso, tan defendido por los empresarios en estos años que hasta fueron a la OIT reclamando que no se los escuchaba, y pone en tela de juicio ab initio las propuestas del gobierno entrante en cuanto a construir relaciones laborales sanas y equilibradas, que otorguen confianza a las partes.
En síntesis, se impone una reglamentación en forma unilateral e inconsulta de la huelga, materia de extrema sensibilidad para los trabajadores cuyo abordaje siempre ha sido polémico y que el futuro Gobierno no debió ingresar y menos soslayando las recomendaciones de la OIT con respecto al diálogo social, la negociación colectiva y la participación de las organizaciones representativas en los temas que son de interés común para las partes sociales.
En fin, una iniciativa inconveniente en cuanto a oportunidad y procedimiento elegido, y sobre todo inadecuada sí se pretende fortalecer el sistema de relaciones colectivas. Un error que solo se explica por razones de carácter ideológico.
Reglamentación de la huelga.
El capítulo I del ante proyecto lleva por título “Sobre el ejercicio del derecho de huelga” y en su único artículo (art. 349) establece: “Toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de le empresa.
El Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a dichas medidas cuando éstas no reúnan las condiciones establecidas precedentemente.”
El texto transcripto reglamenta el ejercicio del derecho de huelga, y lo hace en un sentido claramente restrictivo.
Antes de ingresar al análisis de dicho texto conviene recordar el contexto jurídico sobre el cual se asienta el derecho de huelga en nuestro país. En primer lugar la disposición constitucional contenida en el inciso 3º del artículo  57º (“Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad”); en segundo lugar la normativa de fuente internacional que consagra a la huelga como un derecho humano fundamental (normas ingresan al ordenamiento jurídico nacional sea por la vía de la ratificación o por aplicación del artículo 72 de la Constitución).
Uruguay por el solo hecho de ser miembro de la OIT tiene el compromiso de respetar, promover y hacer realidad un conjunto de principios y derechos fundamentales en el trabajo, entre ellos la libertad sindical de la cual deriva el derecho de huelga[2].
Ahora bien, ¿cuáles son los problemas que presenta el texto reglamentario proyectado? Una primera cuestión tiene que ver con las condiciones que se establecen para el ejercicio derecho de huelga, lo que en nuestra opinión, se aparta del mandato del constituyente por cuanto la reglamentación debe garantizar el ejercicio y efectividad de la huelga. Y aquí lo que se hace es lo contrario.
La exigencia de que debe ejercerse en forma pacífica sin que perturbe el orden público abre las puertas para una interpretación restrictiva. ¿Cuándo deja de ser pacifica? ¿En qué casos altera el orden público? Nada se dice, ello queda librado a la discrecionalidad interpretativa del Poder Ejecutivo, quién de entender que las medidas adoptadas no reúnen las condiciones requerida podrá “imponer restricciones”. ¿Cuáles?.
En otras palabras, toda huelga que a juicio del Poder Ejecutivo no sea pacífica y afecte el orden público será pasible de restricciones, quedando abierta una gama amplia de medidas que irían desde la prohibición a la declaración de esencialidad. Lo cual deja en manos del Gobierno decir qué huelga es legítima y cuál no. Tamaña discrecionalidad solamente contribuirá a la desconfianza y el conflicto.
Con respecto a las otras dos condiciones (asegurar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a ingresar en los locales de la empresa), las que según el Comité de Libertad Sindical deberían cumplirse cuando se ejerce huelga en las modalidades de ocupación y piquetes, la disposición proyectada extiende a toda forma o modalidad de huelga (“Toda medida de huelga…”).
Esto claramente extralimita las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical (más allá de lo cuestionable de dichas recomendaciones), imponiéndose a toda medida de huelga. Podría darse la situación por ejemplo que ante una huelga en el transporte público – la cual indudablemente  afecta al resto de los trabajadores que podrán verse impedido a concurrir a trabajar – se entendiera que la medida afecta la libertad de trabajo de esos trabajadores. ¿Qué pasaría allí? El Poder Ejecutivo, en función de la facultad discrecional que se le otorga, podría considerar que esa medida no cumple con las condiciones requeridas e imponer restricciones. Un absurdo, pero la aplicación de la disposición proyectada llevaría a eso.
Por otra parte, haciéndose eco de una jurisprudencia pro empresarial, se consagra vía legal una protección al no huelguista en detrimento de quienes ejercen el derecho a la huelga. Un derecho humano esencial respecto del cual los Estados, y Uruguay no es la excepción, tienen la responsabilidad de proteger y garantizar. Protección y garantía que se debe dar a quienes ejercen esos derechos y no a quienes no lo hacen.
Cuando hay huelga con ocupación no se ataca el derecho al trabajo de los no huelguista, nada impide que estos estén a la orden del empleador (que es su obligación), lo que hay es un incumplimiento del empleador de dar trabajo; y éste no puede alegar fuerza mayor o invocar eximente porque el establecimiento o local está ocupado. Todo empleador asume el riesgo de explotación y tiene la obligación de respetar los derechos de los trabajadores.
El conflicto, la huelga, son circunstancias previsibles en las relaciones colectivas de trabajo, por lo cual es responsabilidad del empleador asumir las consecuencias de no poder dar trabajo a quienes no se adhieren a la huelga.
En cuanto al denominado derecho de la dirección a ingresar en los locales de empresa, debe señalarse que no existe tal derecho sino que es mera manifestación del derecho de propiedad, derecho que en las ocupaciones no está en juego, ya que la medida de ocupación no tiende a vulnera ese derecho sino a garantizar derechos sustanciales especialmente tutelados. Además de ser una solución muy poco realista.
Ilegitimidad de los piquetes.
Bajo el título “De la protección a la libre circulación” se declara ilegítimos los piquetes realizados en espacios públicos o privados que afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios (artículo 448).
La Constitución de la República reconoce la preexistencia del derecho de huelga sin definir su alcance y contenido, lo cual permite sostener – y así lo ha entendido la mayoría de la doctrina ius laboralista – una concepción amplia de la huelga; en otras palabras, huelga es toda medida que afecte el normal funcionamiento de la empresa. La huelga así entendida encuentra sus límites – en tanto no es un derecho absoluto – cuando su ejercicio pone en riesgo la integridad física, la salud o la vida de toda o parte de la población (servicios esenciales), o se trata de determinadas categorías de funcionarios públicos.
A la luz de lo preceptuado por el art. 57° de la Constitución (inciso 3º) la ocupación de los lugares de trabajo y los piquetes son modalidades que puede asumir la huelga, por lo que consideramos la norma proyectada al declarar ilegítimo los piquetes está vulnerando la norma constitucional.
Por último, tanto la ocupación como los piquetes, a juicio de los órganos de contralor de la OIT, son modalidades de huelga, cuyo ejercicio debe permitirse siempre que se trate de acciones que se desarrollen pacíficamente (Vide. Dar un rostro humano a la globalización, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Informe III (Parte 1B) – Conferencia Internacional del Trabajo, 101ª reunión, 2012 – Oficina Internacional el Trabajo –Ginebra).
Breves comentarios finales.
La vía elegida para resolver una cuestión de tanta trascendencia, como lo es reglamentar un derecho humano fundamental, desconociendo los caminos del diálogo social y el tripartismo, constituye un error.Implica un duro golpe al sistema de relaciones laborales, favoreciendo la desconfianza y el conflicto.
Un tema de tal trascendencia no puede ser resuelto de forma inconsulta y expeditiva. No solamente es contrario al tripartismo y la búsqueda de consensos que debe mediar en un asunto tan sensible para uno de los protagonistas principales de las relaciones laborales, sino que además rompe una práctica de relacionamiento que con mucho esfuerzo se fue construyendo en estos últimos 15 años.
Se pretende resolver de un plumazo un tema polémico que lleva más de 70 años de debate en el país. De prosperar esta iniciativa, además de las posibles inconstitucionalidades,al no contar con el consenso de uno de los actores centrales, esa reglamentación carecerá de legitimación más allá de la validez formal de la norma que la consagra.
Héctor Zapirain
Asesor PIT-CNT (ICUDU)
[1] Alberto Ramón Real, “Las leyes de urgente consideración”, Estudios sobre la reforma Constitucional. Cuadernos No. 19 – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo 1967, 67-68.
[2] Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998).


«No vamos a permitir retroceder ni un centímetro en los avances que hemos tenido»

Foto Gastón Britos / FocoUy
El presidente del Sunca, Daniel Diverio, contó como se prepara el sindicato para afrontar la negociación por Consejos de Salarios.
Escrito por Redacción Ultima actualización Feb 6, 2020 – LA REPÚBLICA uy
El Sunca, uno de los sindicatos más fuertes del país, será uno de los primeros en negociar con el gobierno electo en los Consejos de Salarios.
El presidente del gremio de la construcción, Daniel Diverio, habló en República Radio sobre los recaudos que está tomando el sector para que «los avances que hemos conseguido no se vean afectados».
Desde su punto de vista, se están enviando mensajes que «apuntaban justamente a limitar a los sindicatos, que no jueguen el papel que estaban jugando la negociación colectiva, en los Consejos de Salarios».
Continuó: «En ese marco, nosotros hicimos un encuentro programático en el cual desarrollamos algunas cosas que son importantes para generar empleo, el tema de la vivienda, de la seguridad social, y también resolvimos convocar un congreso, que tendrá lugar el 13 y 14 de este mes, en el cual habrá más de 1.500 delegados de todo el país y en el que se discutirá el programa del sindicato, la plataforma y qué sindicato necesitamos para un escenario que se viene, que es complejo».
Un mar de dudas
Más adelante, Diverio agregó: «Es cierto que somos los primeros en ir a la discusión del Consejo de Salarios. Y si es verdad que el anuncio de que la negociación colectiva no se va a eliminar, y está claro que es muy difícil que se hiciera, porque al otro día tendrías prendido fuego el país con movilizaciones, es cierto que el gran problema que tenemos, o al menos la duda, es cuál va a ser el criterio, el escenario y las características de ese Consejo de Salarios.
Porque también es una forma de generar condiciones para que el crecimiento salarial no se pueda sostener, e incluso haya riesgo de pérdidas salariales.
Entonces, hasta ahora, lo que tenemos claro es que habrá negociación colectiva; lo que no tenemos claro es cuáles serán las pautas, cómo va a ser el criterio, cómo se va a discutir.
Durante la campaña electoral escuché al presidente electo decir que posiblemente habría que estudiar los laudos salariales de acuerdo a las zonas en que se esté trabajando. Eso sería una gran discriminación y un atraso para el conjunto de trabajadores del movimiento sindical.
Lo que sí tenemos claro es que cómo sindicato de la construcción estamos trabajando en un proceso de fortalecimiento de la herramienta, porque sea cual sea el escenario, nosotros no vamos a permitir retroceder ni un tranco de pollo los avances que hemos tenido».
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