Noticias Uruguayas 8 julio 2019

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URUGUAY

Mariana Motta: “En tres gobiernos del Frente Amplio se podría haber hecho más en la búsqueda de desaparecidos”

Mariana Motta, ex jueza que tomó notoriedad en la escena política cuando fue removida de su cargo en la Suprema Corte de Justicia por investigar casos relacionados con violaciones de los derechos humanos en febrero del 2013, hoy integra el consejo directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos desde agosto de 2017. Dedicada a actividades relacionadas con la promoción, defensa y protección de los DDHH, en esta institución tiene la presidencia de la Comisión Nacional de Sitios de la Memoria. Mota visitó Salto en el marco de la inauguración de una Marca de la Memoria descubierta en la Jefatura de Salto, ex Cárcel Departamental. En visita a CAMBIO comentó sobre su trabajo.
¿En qué se enmarcó su visita a Salto?
-Trabajamos muy intensamente en la comisión que está integrada por colectivos principalmente organizaciones de derechos humanos. Se reciben solicitudes de los diferentes colectivos de señalizaciones de sitios que se han declarado sitios paradigmáticos como la Cárcel de Cabildo.
En el caso de Salto diferentes colectivos solicitaron la señalización en el entendido de que allí hubieron testimonios de que existieron actos de violaciones a los derechos humanos, detenciones ilegítimas y agresiones a las personas detenidas durante parte de la dictadura.
¿Existe compromiso desde este gobierno para con los derechos humanos?
-Creo que todos teníamos una mayor expectativa en cuanto al trabajo en esta temática, máximo cuando no es el primer gobierno sino el tercero de una administración que mantuvo durante mucho tiempo el compromiso implícito de asumir este debe que tiene el Estado con la sociedad, y la verdad que queda un sabor de que no se hizo todo lo que se podía haber hecho. Si bien hubieron leyes reparatorias, estas tienen sus falencias. Si bien hubo toda una serie de colocación de señalización también falta mucho. Es necesario tener espacios abiertos en público donde se recuerde y que permita reconocer en la memoria, saber lo que ocurrió, poder hacerse de la historia de lo que ocurrió para poder aprender para el futuro. Y ni que hablar del tema de los desaparecidos, es algo que uno tiene la sensación de que va muy muy lento con muchos obstáculos y no tantas decisiones que deberían tomarse para poder avanzar de mejor forma. No podemos adjudicar la responsabilidad estrictamente al Poder Ejecutivo, esto algo que compromete al Estado todo y a cada uno de sus organismos en diferente medida se podía haber hecho más.
¿En qué estado se encuentran los colectivos de DDHH uruguayos?
-Con mucho desgaste, con dificultades cada vez mayores en lo que es poder tener pruebas de cosas, las personas se van muriendo y desdibujando con el tiempo, eso va en contra. Creo que no hay que perder la esperanza de encontrar a nuestros desaparecidos, hay que trabajar. Lo triste es que los familiares directos se van muriendo sus familiares directos sin saber a donde están, como Luisa Cuesta. Es muy doloroso porque son los que han luchado desde que desaparecieron, desde que fueron detenidos. Si bien la lucha, la reivindicación y la búsqueda va seguir en manos de otra generaciones de los propios familiares e incluso de la sociedad porque las Marchas del Silencio cada 20 de mayo dan cuenta de que eso es algo que está muy arraigado.

Fenapes hará campaña contra «Vivir sin miedo»

Los docentes de Secundaria cuestionaron la resolución de la Justicia que obligó a retirar de los centros de estudios los carteles que habían colocado los estudiantes en rechazo a la campaña Vivir sin Miedo.
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) anunció el inicio de acciones de difusión -junto al Pit-Cnt- para manifestar su rechazo a la reforma constitucional que impulsan sectores del Partido Nacional.
El presidente de Fenapes, Marcel Slamovitz, dijo que la resolución judicial atenta contra la libertad de expresión de los estudiantes.
Según la Fiscalía, PPL superan las 11.000 personas
Según un informe presentado por la Fiscalía General de la Nación, en el sistema penitenciario hay más de 11.000 personas privadas de libertad (PPL).
El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, manifestó que este dato significa que hay un «crecimiento leve pero sostenido» de la cantidad de presos, lo que «no es una buena noticia» porque «vamos a tener más delitos y más violencia».
Para Petit es imprescindible que haya un sistema de medidas alternativas y penas sustitutivas que funcione correctamente.
«Que siga creciendo la población penitenciaria no es una solución, al revés, es agravar el problema», afirmó.

Liceo 28.

Liceo 28.

Docentes de la Udelar y Fenapes respaldaron a estudiantes en el debate sobre la laicidad y los carteles en contra de la reforma

Vivir sin miedo: Los gremios docentes consideran inadecuada la judicialización del tema y alertan por la restricción a la libertad de expresión.

La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) se manifestó este miércoles respecto del fallo de la Justicia sobre los carteles en contra de la reforma constitucional Vivir sin Miedo, que fueron colocados por agrupaciones estudiantiles en la fachada de varios centros educativos. Primero fue el gremio estudiantil del liceo 28, pero luego los carteles se multiplicaron en liceos, facultades y centros de enseñanza terciaria. A raíz de esto, el diputado Pablo Abdala (Alianza Nacional), presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo para que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) retire los carteles, que fue lo que terminó dictaminando la resolución judicial.
Los docentes universitarios expresaron su rechazo a “las estrategias políticas de judicialización de los razonables desacuerdos que tenemos por vivir en sociedades plurales; especialmente, si la judicialización supone forzar una interpretación normativa excesivamente restrictiva de la libertad de expresión de las asociaciones gremiales”. Es que, según señalan los docentes, “el alcance del concepto constitucional de laicidad ha estado en los últimos años en la discusión pública”: ponen como ejemplo que “las diferencias entre las nociones de laicidad positiva y de laicidad negativa forman parte de esa discusión”, así como “la cuestión de si la relación entre laicidad y libertad de cultos es la de una noción vinculada con la promoción de la tolerancia o a una restricción de lo religioso a la esfera privada”.
ADUR, que participa en la campaña en contra de la reforma constitucional, respalda “la difusión de las resoluciones de las asociaciones gremiales del ámbito educativo en relación a la iniciativa de reforma constitucional que está a consideración de la ciudadanía”, y resolvió proponer en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (Udelar) que “el cogobierno universitario se pronuncie sobre el tema y difunda públicamente lo resuelto”. El martes, los consejeros de ADUR presentaron la declaración en el CDC y se incluyó en el orden del día de la próxima sesión, de forma que los órganos universitarios discutan su contenido y el cogobierno adopte una postura.
La Udelar creó una comisión especial para discutir un posicionamiento respecto de la reforma constitucional promovida por Jorge Larrañaga, a raíz de una declaración del Consejo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación que se manifiesta en contra. La comisión trabajará los próximos meses para llegar a un pronunciamiento al respecto, pero más allá del debate de fondo, ADUR busca una declaración en particular sobre la resolución judicial.
En un comunicado, los docentes consideran que la resolución del Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno “supone la judicialización de asuntos que ordinariamente se tramitan habilitando el diálogo entre los distintos actores de las instituciones de enseñanza, sobre la base del reconocimiento de la relevancia de la participación, la asociación y la expresión de los colectivos estudiantiles”, y opina que el involucramiento judicial es inadecuado: “La limitación a la posibilidad de comunicar en el espacio público la opinión de asociaciones gremiales sobre temas de incidencia constitucional resulta de un ámbito (el judicial) que no es el adecuado para laudar sobre el contenido de un principio sobre el cual los uruguayos tenemos razonables desacuerdos”.

Formar ciudadanía

En tanto, los docentes de Secundaria también manifestaron su respaldo al movimiento estudiantil, a la vez que se pronunciaron en contra de la reforma constitucional. En un comunicado divulgado este miércoles, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) asegura que “enorgullece que los estudiantes se manifiesten en torno a la realidad nacional”, porque “un objetivo central de la educación pública es formar ciudadanía”. Además, señalan que “la potestad de colgar carteles se enmarca en el derecho constitucional a la libertad de expresión”.
Para Fenapes, el principio de laicidad “garantiza la pluralidad de opiniones y la confrontación racional y democrática de saberes y creencias. El derecho a la educación exige la laicidad como principio. También lo exige el modo de vida democrático, si queremos que la democracia sea algo más que un ejercicio de sufragio”. Al igual que ADUR, los docentes consideran “muy grave la judicialización que busca callar a los estudiantes y la denuncia presentada por un parlamentario cuando su propio partido coloca propaganda en los alrededores de los centros educativos”.
“En los medios de comunicación vemos, día tras día, cómo se estigmatiza a los jóvenes tildándolos de que no les interesa nada de la realidad en la que viven y cuando gremios estudiantiles se expresan se judicializa su derecho a la libertad de expresión”, se queja el comunicado, que afirman sentir “profunda indignación cuando se ataca a los estudiantes”. Además de solidarizarse con los jóvenes, el comunicado informa que Fenapes “iniciará una campaña contra la mencionada reforma constitucional, conjuntamente con el resto del movimiento sindical, y no permitiremos que se avasallen las libertades públicas”.

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