Noticias Uruguayas 8 febrero 2021
URUGUAY
Trabajadores del Hospital Maciel denuncian «desinterés y falta de conducción» de autoridades en la pandemia
“Mayor contralor y apoyo al personal, mejor aplicación de la burbuja sanitaria al personal de salud y la destercerización del personal del resonador recientemente instalado”, son algunos de los reclamos que en estas horas realizan los trabajadores del Hospital Maciel, movilizados por lo que entienden como “un mal manejo de los recursos en plena pandemia por parte de las autoridades”, afirmó al Portal del PIT-CNT la Secretaría de Presupuesto y Salud de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Silvia Machado.
Al término de una asamblea, el gremio resolvió un paquete de medidas: declararse en asamblea permanente y medidas para las próximas horas, entre ellas, que cada turno saldrá una hora para la realización de asambleas y que no se trasladarán pacientes al resonador “debido a la falta de respuesta hacia los trabajadores y de respaldo sanitario institucional, sin interés de solucionar los conflictos internos del hospital”.
Entre las cosas que más preocupa por estas horas, está la ausencia de un plan que organice un régimen de contingencia para el personal asistencial, con guardias del tipo rotativas, que asegure el funcionamiento inmediato y en caso que surja algún brote contar con nuevos recursos humanos aislados para poder continuar la atención sin exponer innecesariamente al 100% del personal disponible.
“Vemos un desinterés por parte de la institución hacia el personal sanitario del centro. Tenemos casi 40 compañeros y compañeras con resultados positivos de COVID-19 cursando la enfermedad y más de 150 compañeros aislados por contactos directos. Más allá del lineamiento de la Junta Nacional de Salud (JUNASA) de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Comité de Infecciones del Hospital, no se ha procedido de la mejor manera con el personal, sobre todo, con aquellos que tienen contacto directo con el paciente, que es la enfermería, auxiliares de servicio y camilleros, en cómo y cuándo se autoriza la aplicación de la bruja sanitaria de mejor del régimen de libres”, afirmó la dirigente de la FFSP.
Según manifiestan en las asambleas, se repite la sensación de “ausencia de conducción y desinterés por parte de la institución por la seguridad física y psicoemocional de sus funcionarios”.
Se denuncia, además, la privatización de servicios que funcionan en el Hospital.
Hace apenas una semana el Hospital inauguró un servicio de resonancia magnética tras lograr un acuerdo entre ASSE, el Ministerio de Salud Pública (MSP), y el Centro de Imagenología Molecular (CUDIM), pero su funcionamiento y atención se realiza con personal contratado tercerizado, que por parte de los trabajadores ven como “una clara intencionalidad de privatizar los servicios y desestatizar sistemáticamente los servicios que brinda el Hospital”.
“Marcamos nuestro descontento por la forma de contratación y funcionamiento que adoptaron para la atención del resonador, ya que se encuentra instalado en un hospital público, por lo tanto, consideramos que los auxiliares de servicio, camilleros, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería y los radiólogos deben ser personal público de ASSE, con llamado abierto como corresponde”, manifestó la dirigente.
“Ellos tienen una forma de manejarse sin interesarse en quien atiende a los pacientes, como queda de manifiesto en la formación online de funcionarios para trabajar en los CTI, lo cual estamos totalmente en desacuerdo con las formas y sumado a los dichos de Cipriani hace unos días resulta agraviante y desestimulante a la hora de atender a los pacientes.”
Días atrás el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, aseguró que “hay problemas de ausentismo” y que este problema “es mucho más grande que el sector privado”.
“En medio de una pandemia donde el personal médico le puso el hombro a la lucha contra el COVID, desde la gestión de la ASSE se agrede y cuestiona a los trabajadores, cuando en realidad debería impulsar, motivar, garantizar y mejorar las condiciones de trabajo. Ausentes en realidad son los cinco directores de ASSE, que no recorren los centros para ver las condiciones en las que se trabaja y solo salen a cortar cintas en inauguraciones fantasmas sin prever los recursos. Hoy el personal está totalmente desmotivado, agotado e inseguro”, sentenció Machado.
“Visto que a una semana que nos declaramos en conflicto por todos estos temas y no hemos tenido respuestas, ni de ASSE, ni de la dirección del centro, solicitamos se instale una mesa de negociación en el Ministerio de Trabajo para buscar un camino de diálogo y poder solucionar estos temas, para mejorar la atención de los usuarios y las condiciones laborales del personal. A partir del lunes de no tener respuestas, comenzaremos a anular camas para asegurar una atención digna y segura para los usuarios que estén ingresados”.
Como ejemplo, la puerta de emergencia del hospital, que cuenta con personal aislado y también otros cursando la enfermedad, advierten que de no contar con la dotación de personal necesaria comenzaran a afectar el ingreso cerrando 2 camas de aislamiento, 2 camas con monitores y 2 sillones hasta llegar a contener los pacientes que ya estén ingresados, como medida de cuidado y de protección tanto al personal como al propio usuario y evitar de esta manera las largas esperas de las ambulancias en la puerta de emergencias, como ocurre en la actualidad.
“Estamos en asamblea permanente y está estipulado reunirnos en asamblea en cada turno valorando el día a día, más allá de la represión que tenemos de nuestros jefes directos por las medidas que estamos llevando adelante” concluyó.
Repudio
En las últimas horas, la Comisión Interna del hospital Maciel denunció en un comunicado, la decisión arbitraria de descontar a los funcionarios tercerizados que participen de la asamblea, hecho que causó indignación en los dirigentes.
En un comunicado divulgado, el Presidente de la Comisión Interna, Claudio Hoaguy junto a la Secretaría de Presupuesto y Salud de la FFSP, Silvia Machado, expresan su “enfático repudio a la decisión tomada por la Dirección del Hospital Maciel de descontarle a los trabajadores tercerizados la hora de participación en la asamblea”.
Agregan que “los trabajadores del hospital nos declaramos en asamblea permanente el 20 de enero y la participación de los trabajadores en las asambleas es un derecho”.
Incumplimientos, deudas y peligro de cierre
Los trabajadores de la Panificadora de La Aguada consideran que los errores graves de la gestión empresarial han llevado a la emblemática firma a la situación crítica actual.
Según explicó al Portal del PIT-CNT el dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Panificadora de la Aguada, Emanuel Leal, la mala gestión empresarial generó un importante déficit «que alertamos, advertimos que había que atender a tiempo y nunca nos escucharon».
Leal quien además es integrante de la Mesa Coordinadora del Pan, dijo que en el año 2018 se llegó a negociar y encontrar un punto de acuerdo en el Ministerio de Trabajo pero la empresa no modificó sus políticas de gestión tal como aconsejó el MTSS en su momento y la pandemia terminó de impactar en la economía de la reconocida panificadora.
«Acá hubo sueldos gerenciales y cargos de confianza que ganaban casi lo mismo que cobra un Diputado en el Parlamento. Eso para una panificadora es una locura», subrayó.
Leal agregó que con la pandemia la empresa perdió clientes y eso causó un impacto directo en la firma que, según explicó el dirigente, «acumulaba deudas con el Estado», así como también con los trabajadores.
«El dinero que nos descontaban a los trabajadores para el BPS llegaba a destino, pero el que iba a las AFAP no, nunca llegó. Por ejemplo hay un compañero que desde el año 2017 en República AFAP no recibieron sus aportes».
La Panificadora de La Aguada llegó a contar con unos 70 empleados a fines de 2019 y al día de hoy quedan menos de 30 en la plantilla.
Asimismo, Leal reveló que con la empresa viene incumpliendo el pago de los despidos acordados.
«En determinado momento llegamos a priorizar la fuente de trabajo, mantener los puestos y hasta llegamos a manejar propuestas de reducción de beneficios e incluso salarios para afrontar la deuda y darle viabilidad a la empresa. Pasó el tiempo y nos enteramos que la empresa rechazó nuestros planteos y al parecer comenzará el cierre paulatino de sus actividades hasta llegar al cierre total a fines de este año».
El sindicato asesorado por profesionales del Instituto Cuesta Duarte y de la Mesa Coordinadora del Pan comenzó entonces a negociar las deudas y pararse firme en la defensa de sus derechos y prever los escenarios futuros. «Después de haber intentado por todas las vías que la empresa rectificara su rumbo y sus errores gerenciales, ahora estamos abocados de manera vital a que la salida sea la mejor para los trabajadores. Las malas gestiones arrastran a las empresas y los que más perdemos somos los trabajadores».
FeNaPES: Eliminación de Consejos de Educación es un “profundo retroceso democrático”
La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FeNaPES) rechazó la eliminación de los Consejos de Educación, sostuvo que se trata de una decisión que va “contra la democracia” y aseguró que la ANEP “no tiene un plan que dé garantías para el retorno presencial a clases a partir del 1° de marzo”.
La FeNaPES convocó a una conferencia de prensa en la presente jornada para marcar su postura ente lo que consideró “un día triste para la educación pública” en el que las autoridades dieron un paso más en el “desmantelamiento del sistema nacional de educación pública”. En este sentido, manifestaron la “profunda preocupación por los pasos que se están dando en contra de la democracia en nuestro país» y contra la autonomía del sistema de educación consagrada en la Constitución de la República. Según explicó la dirigente Alejandra Vespa, las medidas adoptadas por las nuevas autoridades, implican el desmantelamiento del sistema nacional de educación pública y el control político del sistema de educación “con una visión empresarial que es coincidente con la época que supo tener este país cuando el CONAE, en la época de la dictadura”. Según Vespa, el gobierno actual tiene “temor de ampliar la democracia y la participación de los docentes, esto es un ataque a la educación pública y su autonomía”, subrayó.
En este marco, FeNaPES reiteró su llamado a firmar las papeletas para habilitar un referéndum que derogue 135 artículos de la LUC y de esta forma, poder revertir estos “retrocesos democráticos” impulsados por las nuevas autoridades.
En tanto el secretario general de la FeNaPES, José Olivera, señaló este jueves que los anuncios recientes del CODICEN previo al inicio de clases a través de un documento de trabajo, “son una cáscara vacía” que no contiene “ninguna medida concreta que pueda ser considerada parte de un plan para generar mejores condiciones para el retorno a clases”. Olivera dijo que el pasado año el CODICEN “cometió un error gravísimo que lo pagó caro el conjunto de la sociedad uruguaya” al tocar un pilar básico de la educación pública uruguaya que era la obligatoriedad. Según el dirigente, las consecuencias de dicha decisión política “las van a pagar las nuevas generaciones”. Olivera recordó que los sindicatos y la Federación “siempre hemos defendido la presencialidad”, pero “no cualquier presencialidad” en tiempos de pandemia. En este sentido, subrayó la importancia de poner a resguardo la salud de estudiantes así como también la de trabajadoras y trabajadores del sistema educativo.
Inicio de clases
“A escasos 25 días del inicio de los cursos, la ANEP no tiene un plan que dé garantías para el retorno presencial a clases a partir del 1° de marzo”, enfatizó Olivera. Por otra parte y en relación al proceso de elección de horas docentes en Secundaria, dijo que se está viviendo una situación “compleja” y de “incertidumbre”. En este sentido, el secretario general de la FeNaPES reclamó que las autoridades asuman su responsabilidad ante la sociedad y brinden las respuestas necesarias “no desconcentrando esa responsabilidad que tienen” y exigió espacios colectivos de diálogo y negociación.
Datos
De 325.000 horas que se eligieron en 2020 la cifra se redujo a 275.000 en 2021.
Son 50 mil horas docentes menos.