Publicado en: 9 abril, 2017

Noticias Uruguayas 8 abril 2017

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Hubo una marcha en contra del decreto presidencial “antipiquete” // Trabajadores de Arrozal 33 en campamento sindical desde el lunes

MINUTO A MINUTO: El mundo en vilo tras el primer ataque militar de EE.UU. contra Siria // “Sería un gran error”: Cuando Trump advertía a Obama de que no atacara a Siria // “La máquina del poder en EE.UU. ha roto a Trump en dos meses y medio” // “Puede provocar una guerra nuclear”: Legisladores de EE.UU. cuestionan el ataque de Trump en Siria // “Muy baja la eficacia del ataque de EEUU” Solo 23 misiles estadounidenses llegaron a la base siria, 36 desaparecieron, revela Rusia // “Estamos en la Cuarta Guerra Mundial” // Histórica intervención de Bolivia ante la ONU por el ataque de EE.UU. // ¿Qué dijeron los gobiernos latinoamericanos sobre el bombardeo a Siria? // Uruguay: Hubo una marcha en contra del decreto presidencial “antipiquete” // Trabajadores de Arrozal 33 en campamento sindical desde el lunes

URUGUAY

Viernes 07 • Abril • 2017
Marcha contra el decreto antipiquetes, ayer, en 18 de Julio. Foto: Federico Gutiérrez
Marcha contra el decreto antipiquetes, ayer, en 18 de Julio. Foto: Federico Gutiérrez

Ayer hubo una marcha en contra del decreto presidencial “antipiquete”

Un inspector de CUTCSA se mueve más lento que lo que sus piernas quisieran. Le grita al chofer de un 121 que le sirve cualquier calle. “Zafá de acá”. El ómnibus baja por Tristán Narvaja y zafa de 18 de Julio. Lo siguen todos los autos que estaban detrás. Empezó la movilización impulsada por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, para protestar contra el decreto que el Poder Ejecutivo largó el 20 de marzo, que dice -sacando toda la perorata leguleya- que el Ministerio del Interior (MI), es decir, la Policía, puede pedir ayuda para despejar cualquier obstáculo que interrumpa la libre circulación de las calles. Como esta marcha.
La mayoría son jóvenes. “No al decreto represivo. Las calles son del pueblo”, dice una pancarta. “Cuando el pueblo está en la calle, no hay policía que lo calle”, se lee en otra. Sí, la palabra “calle” se repite mucho. Pero el decreto también se refiere a los caminos y las carreteras. La marcha parte desde la Facultad de Derecho. Por ahora están todos quietos, en sus marcas, esperando que terminen de doblar los autos. El largo de la gente mide una cuadra. la diaria intenta conversar con uno de los jóvenes que encabezan la manifestación. Sostiene el palo de la pancarta con mucha seriedad. Se niega a hablar. Está concentrado. Como en las carreras, la largada es muy importante.
“Duro, duro, duro / ahora el decreto se lo meten en el culo”. Las canciones indican que arrancó la movilización. Hay para todos los gustos. Unas gurisas con más entusiasmo que años se disponen a arengar. Una tiene una megáfono, como si fuera profesional. “Hay que agitar, hay que agitar; / es una marcha, no un desfile militar”. “En un bosque de la China, un milico se perdió, / ojalá se pierdan todos, la puta que los parió”. Algunos cánticos son verdaderos oldies de la protesta callejera. Será porque los problemas siguen siendo los mismos. Pero justo cuando el cancionero empieza a volver sobre sí mismo, las gurisas sorprenden con una adaptación de “La resaca”, un himno de Supermerk2, inefable banda de cumbia villera argentina: “Encontré la solución al problema del presupuesto: / le sacamo’ a los milicos y se lo damo’ a los maestros”.
Gonzalo Abella, dirigente de Unidad Popular (UP), camina solo entre la multitud, con los brazos detrás de la espalda. Minutos antes de arrancar la marcha, le dijo a la diaria que quería precisar que UP no convocaba la movilización, pero sí acompañaba, y que estaba “muy especialmente feliz” por la cantidad de jóvenes presentes. Su partido presentó formalmente esta mañana un recurso ante el Poder Ejecutivo para impugnar el decreto que motivó esta marcha. En el comunicado de prensa del partido se citaba al diputado Eduardo Rubio, también de UP: “Creemos que esto es inconstitucional, que coarta la libertad de expresión y de reunión y que atenta directamente contra los intereses populares. Nunca he visto a los banqueros, a los dueños de UPM, a los grandes exportadores e importadores hacer manifestaciones de ningún tipo. Ellos presionan de otra manera y el pueblo tiene una única manera de expresarse”.
Antes de iniciar la marcha, Abella dijo que el decreto “está en el contexto de un gobierno que se ha puesto de rodillas ante el imperio en todos los planos, para darles señales a los grandes inversores extranjeros de que acá va a frenar la protesta popular, aunque sea inconstitucional; y así dar señales de tranquilidad a los que nos están saqueando”.
El dirigente también señaló que en época de vacas gordas el gobierno puede “maniobrar en la ambigüedad y mostrar dos caras”, pero cuando viene un momento difícil, incluso desde el punto de vista del contexto internacional, “hay que mostrar para quién se gobierna. En ese caso, caen las máscaras, y cuando se olvidaron los principios, es inevitable pasar a la represión”.
“Al decreto de Vázquez lo vamo’ a sacar, al decreto de Vázquez lo vamo’ a sacar, / con piquete y la huelga general”, canta una barra, acompañada por un muchacho que intenta golpear un bombo siguiendo algo parecido a un patrón rítmico. Por un momento parece que se renovó el cancionero. La movilización está cerca de acariciar la Intendencia de Montevideo (IM). Una joven sostiene una lámina llena de agujeros con formas de palabras que arman una frase. Su colega grafitea a placer. “Las calles son del pueblo” queda estampado en la vereda, en un claro ejemplo de cuando la sustancia de la forma dice lo mismo que la sustancia del contenido. E incluso con más fuerza.
“6% del PBI. ANEP y Udelar. Ya”, grita la remera de una joven, que atrás dice: “No al TISA. Unión de Funcionarios del Codicen”. “UTAA, por la tierra y con Sendic”, reza otra pancarta. También hay proclamas para todos los gustos. “El gobierno del Frente Amplio ha pasado descaradamente al neoliberlismo, extranjerizó la tierra, nos envenenó el agua, nos mató la agricultura, nos mató la apicultura, y puso todo al servicio del capital internacional”, le había comentado Abella a la diaria antes de arrancar a caminar. “Pero, ojo, ¿eh?, que UP no descarta la inversión extranjera; simplemente entiende que hay que negociar de igual a igual y no poniéndose de rodillas”, sentenciaba el dirigente. Rodeada por varias banderas de Plenaria Memoria y Justicia, está, cómo no, Irma Leites. Dice que no da entrevistas porque no tienen voceros. “Nosotros ya sacamos un comunicado sobre el decreto. Entonces, estamos evitando esto, porque en general nos han estigmatizado con que somos una organización vertical, y no lo somos. Han confundido vocero con dirigente”.
“Desde nuestra organización, hace años que venimos sosteniendo que el proceso criminalizador va en aumento y limita cada vez más los medios que tiene el pueblo para manifestarse. Este decreto que da ‘todas las medidas que sean necesarias’ a la policía para evitar los cortes de calles, caminos y rutas, se inscribe en esa misma línea y forma parte de las medidas que amparan el avance represivo y de políticas punitivas del Estado”, decía parte del comunicado de Plenaria.
La marcha sigue. Ya no hay canciones nuevas. “Es reaccionario, coarta la libertad de manifestarnos, y justo en el período de ajuste, en el que vamos a estar luchando contra la crisis que está cayendo sobre el pueblo”, dice una joven a la diaria.
“A los más veteranos esto nos hace recordar a los períodos de las medidas prontas de seguridad. Libertad, más democracia participativa, más movilización; y si hay reflexión, que haya, si no, el pueblo va a decir cuál es el camino”, expresó Luis Diosi, dirigente de la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República.
La movilización ya pasó la IM. Más adelante, un inspector de CUCTSA le hace señas a un ómnibus. Probablemente sea el mismo señor del inicio de la marcha. Pero con esa ropa gris, todos se parecen. “Andá para abajo, no se puede por Barrios Amorín”, le grita a un chofer. La marcha sigue. Los desvíos también. Por lo menos hoy, el famoso decreto fue ignorado por el MI. Quizás la marcha surtió efecto. Habrá que ver en el futuro.

Viernes 07 • Abril • 2017
Plantación de arroz en Rocha. Foto: Sandro Pereyra (archivo, enero de 2017)
Plantación de arroz en Rocha. Foto: Sandro Pereyra (archivo, enero de 2017)

Trabajadores de Arrozal 33 en campamento sindical desde el lunes

El lunes a las 6.00 los trabajadores de Arrozal 33, empresa ubicada en la zona de Vergara (Treinta y Tres), se declararon en conflicto, comenzaron un paro de actividades e instalaron un campamento sindical donde se cruza la ruta 18 con el camino Arrozal Treinta y Tres, a la orilla del arrollo del Parao. Lo que originó el conflicto fue la sanción impuesta a dos delegadas sindicales de Arrozal 33 que, habiendo pedido licencia sindical para concurrir a una asamblea de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) el 10 de diciembre en Tacuarembó, fueron sancionadas con tres días de suspensión. La UNATRA denunció la situación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ante lo que la empresa argumentó que la licencia no había sido solicitada correctamente; hasta ahora la empresa no ha retirado la sanción a las trabajadoras, y no se ha llegado a un acuerdo en el ámbito del ministerio.
Esa situación se prolongó, y ahora una de las dos delegadas sancionadas está en el seguro de paro. A este escenario, los trabajadores sumaron una plataforma que incluye diversos puntos, ya que no hay convenio colectivo en el sector después del retiro de los empresarios de los Consejos de Salarios. Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) presentaron entonces una plataforma de negociación en la que planteaban 12% de aumento salarial, continuidad en la canasta familiar que los trabajadores actualmente reciben sólo cuatro meses en el año, un set escolar y liceal para los hijos de los trabajadores, y que los empresarios paguen al menos 50% de los aportes personales.
Con esa plataforma en la mano, los delegados sindicales fueron el lunes a primera hora a comunicarle a la empresa que comenzaban un paro, pero, tras un incidente entre un delegado de la empresa y el administrador de Arrozal 33, que fue denunciado a la Policía por el sindicato, al paro se sumó un campamento sindical. “Ahí estamos desde el lunes, con un acatamiento muy alto por parte de los trabajadores de la empresa y con el respaldo del Plenario Intersindical de Trabajadores de Treinta y Tres”, contó a la diaria César Rodríguez, dirigente de la UNATRA.
Arrozal 33 tiene unas 7.000 hectáreas sembradas, cerca de 400 trabajadores en toda la empresa y unos 250 en el sector cultivo, explicó Marcelo Amaya, dirigente de SUTAA. Los trabajadores son en su mayoría de Vergara y de Arrozal 33, una población conformada por las viviendas que proporciona la empresa a los empleados. Según Rodríguez, cerca de 60% de los trabajadores se plegaron a la medida de paro, y la actividad de la empresa “estuvo diezmada” en estos últimos días.
El campamento, contó Rodríguez, recibió varias visitas de la Policía. “La empresa es muy prolífica en denuncias policiales contra los trabajadores. Hizo denuncia contra el campamento, por la cartelería y porque en un momento, en plena asamblea, había dos ómnibus sobre la ruta pero contra la banquina, sin interrumpir el tránsito… Lo vemos como un hecho distorsionante del normal funcionamiento de la asamblea, del derecho de reunirse para tomar resoluciones”, opinó el dirigente. Rodríguez aclaró que por cada denuncia la Policía tiene que ir al lugar, y consideró que el objetivo, con esta práctica, es “atemorizar a los trabajadores”.
Ayer, desde la Asociación de Cultivadores de Arroz se comunicaron con dirigentes del SUTAA para mediar en el conflicto. Marcelo Amaya, dirigente del sindicato arrocero, explicó que se aceptó integrar una mesa de negociación, pero los dirigentes exigieron “las garantías de que el acuerdo sea respetado; pedimos que la reunión fuera en el ámbito de la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo]”, contó Amaya a la diaria. Así, se convocó para hoy a las 13.00 a una instancia tripartita en la Dinatra, mientras se mantienen la medida de paro y el campamento sindical.
Lo que para los trabajadores es “innegociable” es el levantamiento de la sanción a las dos delegadas sindicales. La asamblea a la que acudían, el 10 de diciembre, era justamente para tomar posición sobre las propuestas en los Consejos de Salarios, en particular para fijar postura sobre la propuesta que había presentado el Poder Ejecutivo (que, a la postre, ante el retiro de los empresarios, resolvió por decreto los aspectos salariales del grupo). “Entendemos que es una violación grave a los derechos de los trabajadores, que vamos a defender, porque es también una señal para todos los trabajadores organizados”, reivindicó Amaya.

Viernes 07 • Abril • 2017

Trabajadores rurales de Bella Unión levantaron huelga de hambre

Los trabajadores rurales integrantes del grupo Seu Pedro Bandera Lima, de Bella Unión, que llevaban casi 20 días de huelga de hambre instalados en un campamento frente al Palacio Legislativo, levantaron la medida ayer al mediodía.
El grupo reclama al Instituto Nacional de Colonización (INC) la adjudicación de un predio en la Colonia Eduardo Acevedo, en el que quieren desarrollar un proyecto granjero. Los trabajadores ocuparon la tierra hace dos meses, porque consideran que fue adjudicada de manera “poco clara” e “irregular” y porque hace más de cinco años que esperan ser beneficiarios del INC. Sin embargo, la presidenta del instituto, Jacqueline Gómez, dijo ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que revisaron los antecedentes de registros en los llamados abiertos y en los acuerdos con las organizaciones, “y no hay registros de que los ocupantes se hayan presentado”.
Un preacuerdo firmado ayer entre el INC y los manifestantes, que básicamente abre un plazo de conversaciones entre las partes, permitió el fin de la huelga de hambre. A los dos trabajadores que habían comenzado la medida, Raúl Cardozo y Jesús Gérez, se les sumó el viernes Juan Ojeda, quien el miércoles debió ser internado. “Ahora se están recuperando, pero estaban pasando un mal momento”, contó a la diaria Ricardo Ferreira, integrante del grupo Seu Pedro Bandera Lima.
La negociación comenzará después de Semana de Turismo, y en las tres semanas previstas para conversar el grupo no ocupará el predio, aunque sí seguirá realizando ciertas tareas allí. En paralelo, mantendrá el campamento en Montevideo, para poder asistir a las conversaciones con el INC.

En reclamo de mejoras edilicias, docentes ocuparon el liceo 74 de Lezica (Montevideo).
El sindicato afirma que entre los problemas se incluye el deterioro del portón, que no permite controlar la entrada y salida del liceo; los salones prefabricados están hace años sin mantenimiento; corre riesgo por la electricidad; hay paneles comidos por hormigas que hacen caer un polvillo del techo; y cuando llueve se inunda.
En tanto, Secundaria aclaró que el edificio era un antiguo convento y se adaptó a lo que eran las posibilidades y para responder al crecimiento de la matrícula.
El CES ofreció actualizar el diagnóstico del departamento de infraestructura y elaborar un plan de abordaje de las dificultades, oferta rechazada por el sindicato.
Precisa que además está buscando un predio en la zona para construir un edificio educativo propio.

ADVIERTE EL SINDICATO

Peligran empleos en la industria láctea

El sindicato de la industria láctea (Fitil) denunció en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes que hay más de una centena de puestos de trabajo en riesgo en un sector que ya ha perdido muchos como consecuencia del cierre de las fábricas Ecolat (unos 400) y Schreiber Foods (167).
Planta de Ecolat. Foto: Ricardo Figueredo
07 abr 2017 – El País uy
En Coleme de Cerro Largo, la cooperativa más antigua del país, hay 26 trabajadores en seguro de paro total y 42 en seguro parcial, de una plantilla de 73 trabajadores, denunciaron los sindicalistas. En Calcar, Colonia, hay 12 envíos al seguro de paro rotativos y en Indulacsa (Salto) horario de trabajo reducido.
Ayer el sindicato realizó paros con asambleas. El dirigente Heber Figuerola señaló en el portal del Pit-Cnt que hay 130 empleos en riesgo. “Hay endeudamiento de los productores y eso trae dificultades, por ejemplo en Canelones hay 87 productores que prácticamente van a desaparecer”, advirtió.
De todas formas, le dijo a los legisladores que “la lechería no se cae a pedazos ni mucho menos”, aunque admitió que “hay mucha incertidumbre”. Consideró necesario que haya “mayor compromiso del sistema político” y que los problemas de la lechería ocupen la agenda del gobierno.
Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

El primer procesado por torturas durante la dictadura es el coronel (r) Rodolfo Gregorio Álvarez

Fue procesado con prisión ayer, por el juez letrado penal de 5º Turno, José María Gómez Ferreyra, el militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, sobrino del ex dictador Gregorio Conrado Álvarez Armellino. La Justicia lo encontró culpable de “un crimen de Tortura en concurso formal con un delito de Abuso de autoridad contra los detenidos”.
La fiscal Ana María Tellechea había solicitado su procesamiento por considerar que había “elementos de convicción suficientes para imputar a Álvarez la coautoría del delito de Torturas dispuesto en el art. 22 de la Ley 18.026 de 25 de setiembre de 2006”. La sentencia detalla los padecimientos sufridos por Gerardo Riet Bustamante, dirigente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines al momento de su detención “por agentes de inteligencia policial-militar” en Avda. San Martín y Bulevar José Batlle y Ordóñez el 8 de mayo de 1980, y que fue torturado sistemáticamente en dependencias militares. Según la sentencia, el 26 de junio de 1980 el entonces capitán Rodolfo Gregorio Álvarez fungió como juez militar en el establecimiento La Tablada, donde Riet estaba detenido, y le tomó declaración “en el mismo lugar en que había sido sometido a apremios físicos y sicológicos”. Riet debió firmar las declaraciones que le presentaba Álvarez, y además soportó la simulación de la muerte de su hermana, lo que le produjo en ese momento una crisis nerviosa.
Fuente: La Diaria

Corte de Apelaciones de EE.UU. revierte fallo favorable a Jihad Diyab

La Justicia estadounidense impidió la difusión de los vídeos de torturas al ex recluso de Guantanamo, Jihad Diyab, pues provocaría “violencia anti-estadounidense en todo el mundo”

Foto: Archivo.

Foto: Archivo.

El sirio, refugiado en Uruguay y ex recluso de Guantánamo, Jihad Diyab, batalla desde hace años contra la justicia estadounidense para que se le permita difundir los vídeos de las torturas que sufrió en la prisión administrada por Estados Unidos.
Supuestamente, dichas torturas tuvieron lugar cuando Diyab hizo una huelga de hambre estando recluido en Guantánamo, a lo que las autoridades carcelarias y el equipo médico institucional respondieron obligándolo a ingerir alimentos por las vías nasales, una práctica ampliamente condenada como tortura.
Según él y su defensa, se le suministraban alimentos a mucha velocidad y en grandes cantidades. Su cabeza, cuerpo y extremidades estaban atados en una silla y se usaban sondas nasogástricas que estaban demasiado lubricadas, y que pueden llegar a causar un tipo de neumonía.
Según ha denunciado el hombre, estas prácticas se llevaban a cabo con mucha brutalidad y lo dejaban casi siempre ensangrentado y con dificultades para respirar. Los hechos quedaron registrados en más de diez horas de filmación, y ese material audiovisual es el que Diyab pretende que se difundan para reforzar su argumentada inocencia.

Vídeos estuvieron ocultos

Las filmaciones fueron encontradas en una investigación realizada por el abogado de Jihad Diyab, Jon Eisenberg, quien inició una demanda contra Estados Unidos por tortura y brutalidad.
Un Juez de la administración Obama había dado la razón al sirio, y ordenó que se difundieran las cintas con la filmación de las sesiones de alimentación forzosa.
“Descubrí la existencia de estos vídeos solamente por persistencia inquebrantable ante la negativa del gobierno, y los vi por orden judicial bajo estricta supervisión del Gobierno. Puedo atestiguar que son duros de ver. Todavía me asedian esas imágenes, pero seguro menos que al propio Dhiab (Diyab), al que esas cosas le pasaron cientos de veces, en una manera que fue diseñada especialmente para ser humillante y dolorosa”, dijo Eisenberg en una entrevista de 2015.
La decisión de la Justicia, ahora bajo la presidencia republicana de Donald Trump, revierte el dictamen positivo que habían recibido Diyab y su defensa. Eisenberg confirmó a Montevideo Portal que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos decidió que no se pueden difundir los vídeos porque “provocarían violencia anti-estadounidense en todo el mundo”.
“Es otro ejemplo de la Justicia estadounidense trasladando sus decisiones al ejército, que argumenta que la difusión pública de los videos provocaría violencia anti-estadounidense en todo el mundo (. . .) Eso debería dar una idea de lo que hay en esas filmaciones”, concluyó el abogado.

Jueves 06 • Abril • 2017

Denuncian que Disco y Géant recaudan dinero para una institución sin informar a sus clientes que es del Opus Dei

La organización no gubernamental (ONG) Proderechos denunció, por medio de Twitter, que los supermercados Disco y Géant están haciendo una campaña de recaudación de fondos para el centro educativo Los Pinos sin aclarar que se trata de una institución del Opus Dei, prelatura personal de la iglesia católica. Según pudo comprobar la diaria, los supermercados están pidiendo a los clientes cinco pesos de colaboración y las empresas aportan un peso por cada donación. En los folletos, que se pueden encontrar en las cajas de los supermercados, describen a Los Pinos como una institución que tiene como objetivo “generar igualdad de oportunidades a niños y jóvenes de contexto crítico”, de la zona de Casavalle.
“Actualmente asisten al Centro Educativo alrededor de 330 niños y jóvenes de entre 6 y 24 años de edad […] La colaboración de los clientes de DISCO Y GÉANT permitirá que esta Institución siga creciendo y ayudando a los niños y jóvenes que el destino puso en un contexto difícil, pero que tienen unas ganas gigantescas de salir adelante en la vida”, dice el folleto. En letras más chicas aclaran: “El 100% del dinero recaudado es entregado a la organización beneficiaria, sin ningún tipo de retención. No deducimos impuestos porque no es dinero de la empresa sino donaciones de los clientes”. Si bien está la dirección web y la fanpage de la institución, no se especifica que Los Pinos es una iniciativa católica, lo que al visitar la página queda claro: “Los Pinos es una iniciativa promovida por el Opus Dei”. En 1997 y 2013, “el obispo prelado de esta institución, Javier Echevarría, visitó el lugar y se reunió con padres, docentes y directivos”. En Casavalle, el Opus Dei también gestiona el Centro de Apoyo al Desarrollo Integral y el colegio Los Rosales, una institución de educación primaria sólo para niñas.
Desde Proderechos aseguraron a la diaria que les preocupa la falta de una política pública que designe qué institución será beneficiada por este tipo de iniciativa y fiscalice los procedimientos. Proderechos reclama mayor transparencia porque “estas fundaciones tienen una influencia ideológica importante, mueven mucha guita y generan poder e inserción barrial”.
Santiago Santarcieri, secretario de organización del Sindicato de Trabajadores del Géant, dijo a la diaria que en oportunidades anteriores hubo problemas con este tipo de recaudación porque se presionaba a los funcionarios para que pidieran dinero. “Ahora mejoró, es más voluntario”, dijo. Consultado sobre si creía pertinente destinar fondos a una institución del Opus Dei, aseguró: “Si nos consultaran preferiríamos que fuera a una organización más vinculada a lo social y no a lo religioso”.
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