Noticias Uruguayas 7 junio 2015
Daños colaterales
TISA perjudicará a las empresas estatales e impedirá subsidios para el fomento de la producción audiovisual, sostienen expertos.
El informe concluye que Antel deberá poner su infraestructura al servicio de empresas extranjeras (antenas y fibra óptica) a un precio razonable. En materia de servicios financieros, de liberalizarse el sector se eliminaría cualquier preferencia para el Banco República (BROU) en sus vínculos con empresas estatales. No se podrá establecer disposiciones para que sólo las empresas locales sean proveedoras del Estado, ni establecer preferencias de precios para dichas empresas. Uruguay no es parte del acuerdo opcional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en los sectores de telecomunicaciones y servicios financieros, por lo cual las disposiciones del TISA implicarían un cambio radical a la normativa vigente del país.
Algunos beneficios que actualmente detentan las empresas estatales (de agua, electricidad, telefonía, bancarias, canales de televisión, casinos, refinerías, seguros) se eliminarían de suscribir Uruguay el TISA: recibir beneficios especiales por parte del BROU, o realizar, entre empresas del Estado, ventas a precios más bajos que los del mercado.
El análisis aclara que “es previsible que se excluya de esta regulación a los hospitales públicos, las escuelas públicas y las universidades públicas” (original en inglés, traducción de la periodista), ya que de lo contrario no podrían ser financiadas por el gobierno. Sin embargo, hay un número importante de empresas que pertenecen al Estado cuya actividad tiene un alcance internacional, y por tanto, no está claro hasta qué punto están habilitadas a ser subsidiadas: el sector portuario, el Correo, UTE, los canales de televisión públicos y las radios públicas.
Por otra parte, la mayoría de las disposiciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) se verían cuestionadas en caso de aprobarse el TISA. No podrían establecerse cuotas de producción nacional y deberían eliminarse los subsidios al cine y otras formas de producción audiovisual nacional.
En conclusión, el estudio señala como efecto principal de la suscripción al acuerdo la reducción de los beneficios de los que hoy gozan las empresas estatales, con la consiguiente reducción de su volumen de negocios.
LA DIARIALos adoradores del Dios «secreto» ahora tienen apuro cuando recién se está comenzando a debatir el tema. Piensan aplicar una política de hechos consumados y de votación FA en el Parlamento por «obediencia debida». Se deschavan ellos mismos pero hay que detenerlos porque después será muy difícil. El momento es ahora
Rodolfo Nin Novoa, ministro de Relaciones Exteriores, ayer, en la sede de la cancillería. Foto: Pablo Vignali
Vuelo sin escalas
Nin Novoa y Sendic viajan la semana que viene a Bruselas para acelerar acuerdo con Unión Europea.
Durante el período anterior, la acción concreta de la cancillería uruguaya combinó bilateralidad y pluralidad. Si el país apoyó un pie en Brasil, el otro se posó en la región, donde el gobierno exhibió una impronta latinoamericanista bien diferente al regionalismo abierto que gobernó las relaciones con los países durante el primer período de Tabaré Vázquez. En momentos en que la economía mundial da señales de enlentecimiento, el gobierno fundamenta ahora un retorno al paradigma del aperturismo regional con datos duros. Uno de ellos refleja que el comercio de Uruguay con los países del Mercosur pasó de representar 51,5% del total de las exportaciones en 1998 a 22% entre enero y mayo de este año. Entre países de la Unión Europea (UE), sostienen avezados diplomáticos criollos, se triplica esa cifra. Con estos números en la mano y la idea de que se avecinan nubarrones en materia económica, el gobierno apunta a motorizar el empantanado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Europa. Los anhelos comunes, los sueños independentistas, las citas a Artigas y San Martín… todas esas cosas que se dicen en las cumbres regionales acercan, pero la comunidad de intereses materiales tira más que varias yuntas de bueyes. El escenario cambió.
El encuentro de Vázquez y Rousseff en Brasilia tuvo la impronta del actual presidente durante su anterior mandato por desactivar los cerrojos del Mercosur y, de ese modo, avanzar en acuerdos de libre comercio con terceros países por fuera del convenio aduanero sudamericano. La reunión, sin embargo, fue mucho más que eso. No era Brasil escuchando los rezongos del “enano llorón” uruguayo. Era el propio Brasil levantando las consignas del libre comercio para concretar un demorado tratado con la UE. A Dilma, perciben en la diplomacia charrúa, no le cierran los números. La economía del gigante sudamericano tendrá en 2015 su peor resultado desde 1990, cuando registró una caída de 4,35%, aunque son Argentina y Venezuela los que muestran los indicadores más pesimistas de la región: este año el país caribeño reducirá su Producto Interno Bruto más de 7%, y Argentina también se contraerá, uno o dos puntos, según las estimaciones más optimistas. La inversión extranjera directa, que en Brasil, pese a sus calamidades, cayó 2% según datos de la Cepal, en Argentina se desplomó 41% y en Venezuela, un extraordinario 88%. En medio de este panorama, Uruguay apuesta por desempantanar el acuerdo con la UE aunque, para lograrlo, primero tiene que motivar al conjunto del bloque.
La semana que viene, los cinco socios del Mercosur (incluyendo Venezuela) se encontrarán en Bruselas, en el marco de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la UE, para discutir los lineamientos fundamentales de una nueva oferta que permita destrabar el acuerdo. Pero todo indica que la negociación, tanto en el interior del Mercosur como en el mano a mano con Europa, será ardua. Hacia adentro, porque, para empezar, Venezuela aún no ha interiorizado la normativa aduanera del bloque y porque, según reconoció ayer el propio canciller Rodolfo Nin Novoa, el Mercosur aún no ha consolidado una zona de libre comercio. Hacia afuera, por la resistencia de varios países europeos, fundamentalmente Francia, Irlanda y Polonia, muy reticentes a relajar su proteccionismo agrícola. El próximo encuentro entre los negociadores de ambos bloques, pautado para el jueves en Bruselas, será una reunión de carácter informativo en la que no se realizará el intercambio de ofertas, previsto para más adelante. Los cancilleres del Mercosur se encontrarán con la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, para conversar sobre los “criterios” que guían los planteos del Mercosur. Como señal del interés uruguayo en alcanzar un entendimiento, el presidente Tabaré Vázquez encomendó al vicepresidente Raúl Sendic que acompañe a Nin. En términos comerciales, el acuerdo cuya negociación comenzó hace una década no difiere del ALCA rechazado en 2005, durante la cumbre de Mar del Plata, sostuvieron fuentes diplomáticas. La diferencia radica en la potencia involucrada: una UE que atraviesa una crisis estructural. A eso se refirió ayer el ex presidente Mujica cuando sostuvo: “Europa tiende al estancamiento”, desmarcándose de un acuerdo.
Recetas e ingredientes
La receta criolla es, en principio, apuntalar un acuerdo marco entre el Mercosur y el viejo continente en base al cual, luego, cada país desarrolle su propio capítulo. En cualquier caso, la resolución 32 del Mercosur no deja lugar a dudas: un acuerdo bloque a bloque exige inicialmente la voluntad colectiva de sus miembros. Esto fue lo que sinceró el actual embajador uruguayo en Bruselas, Walter Cancela, en declaraciones a la prensa, por las que recibió una amonestación (y la desautorización previa mediante la prensa) de parte del canciller uruguayo, aunque hasta ayer a última hora nadie del Palacio Santos se lo había comunicado oficialmente, según confirmaron a la diaria fuentes diplomáticas. El lunes, ante la prensa uruguaya, Cancela dijo que el acuerdo “es entre los cuatro [países miembros] o no es”, porque los europeos tienen mandato para negociar con el bloque y no con países de forma separada. Desde la Delegación de la UE para Uruguay y Paraguay explicaron a la diaria que “actualmente no existe la posibilidad” de que la UE encare una negociación privilegiada con dos de los miembros del Mercosur, dado que la definición que actualmente tienen los negociadores europeos es la de buscar acuerdos con el bloque en su conjunto. El castigo a Cancela puede interpretarse mejor por las declaraciones realizadas por Nin a El Observador. El canciller sostuvo que “la política exterior la fija el presidente de la República” y que, “por lo tanto se desautorizan las declaraciones del embajador”, evidenciando el origen del reto. Fuentes del entorno de Vázquez justificaron la medida en el “estilo” del presidente, que pretende “una sola voz” para el gobierno.
Por estos días, los países del Mercosur se encuentran en plena fase de conversaciones de cara al encuentro que sostendrán la semana que viene con la sueca Malmström. La posibilidad de que Brasil y Uruguay tracen su propia hoja de ruta con la UE, tal como viene sosteniendo el mainstream oficial, por el momento sólo está planteada en una especie de “plan B” que sostiene el gobierno para el caso de que el resto de los socios del Mercosur dé la espalda a las pretensiones uruguayo-norteñas. En realidad, el interés de Europa en el tratado con el Mercosur radica en el mercado brasileño. Un repaso a las citas que las autoridades europeas mantienen con sus pares latinoamericanos es prueba suficiente: fornidas reuniones bilaterales entre Brasil y la UE forman parte del paisaje diplomático en Bruselas. Argentina es percibida de modo secundario; sus tsunamis institucionales manchan su imagen en el viejo continente. Venezuela es catalogado como una especie de ogro de la región en las conversaciones más empinadas. Uruguay es apenas percibido en medio de estos gigantes.
Vázquez destituye a embajador en Europa por desalinearse con TLC
El gobierno busca cuanto antes un reemplazante al embajador uruguayo en Bruselas, Walter Cancela, tras las declaraciones realizadas el lunes por el economista sobre que no está previsto un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea a dos velocidades, tal como impulsan Brasil y Uruguay ante las resistencias del kirchnerismo argentino a un acuerdo en igualdad de condiciones.
Nacional – RELACIONES EXTERIORES
Tridente de política exterior, por primera vez alineado en 10 años
Presidente, canciller y ministro de Economía coinciden sobre el rumbo
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© N. Garrido
La política exterior de Uruguay tiene a tres actores fundamentales que marcan el rumbo: el presidente de la República, el canciller y el ministro de Economía. El jueves 21 Tabaré Vázquez partió hacia Brasilia, cuando empezaba a amanecer, junto Rodolfo Nin Novoa, Danilo Astori, y la ministra de Industria, Carolina Cosse. Aunque la comitiva fue escueta –no llevó asesores de prensa ni personal de seguridad–, el mandatario se rodeo de dos de los integrantes de su gabinete a los que le tiene más confianza. Mientras Nin Novoa fue el vicepresidente de su primera administración (2005-2010), Astori es el principal aliado político del mandatario en la actualidad.
Además de la confianza personal y de ser escuderos políticos del presidente, los dirigentes conforman un bloque común de política exterior y política económica que hasta ahora era desconocido por los gobiernos del Frente Amplio. Como nunca antes desde 2005, las intenciones del equipo económico en materia de comercio exterior y las acciones desarrolladas por la cancillería para poder llevarlas adelante van de la mano.
Por si fuera poco, Astori y Nin Novoa pertenecen a la misma corriente dentro del esquema de la izquierda, el Frente Líber Seregni.
En el primer gobierno de la coalición de partidos autodefinidos de izquierda, pese a que Astori también estaba en el Ministerio Economía, Vázquez debió lidiar con el socialista Reinaldo Gargano en la cancillería, quien le dificultó la gestión en varios temas. Entre otros, el fallecido dirigente se plantó contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que el presidente buscaba concretar. En ese período de gobierno hubo un corto período en que el tridente de presidente, canciller y ministro de Economía fue más armónico, pero ya era tarde para las definiciones importantes.
Durante la presidencia de José Mujica (2010-2015) tampoco hubo coincidencia en ese tridente, pero con distintos actores. Los astoristas Fernando Lorenzo y Mario Bergara encabezaron Economía y Finanzas pero el emepepista Luis Almagro, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, no estaba en la misma sintonía.
La estrategia
Uno de los viejos anhelos de Astori es lograr la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y, al mismo tiempo, integrar a Uruguay a la Alianza del Pacífico. Mientras hasta el momento resistencias internas en la izquierda y la coyuntura de los socios regionales le impidieron concretarlo, el respaldo del presidente como clave, y la denominada política de “regionalismo abierto” que Nin Novoa repite una y otra vez, le dan al ministro la esperanza de concretar su aspiración.
Así las cosas, Astori reiteró hace un mes frente a empresarios de la Cámara de Comercio Uruguay Estados Unidos la voluntad de explorar el Transpacific Partnership (TPP), transformar a Uruguay en miembro pleno de la Alianza del Pacífico y también la integración al acuerdo global sobre servicios (conocido como TISA por sus siglas en inglés).
El gobierno uruguayo dio uno de sus primeros pasos en esa búsqueda de apertura comercial el jueves, cuando recibió el apoyo de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para introducir cambios en el funcionamiento del Mercosur y firmar antes de fin de año un TLC con el bloque europeo.
“Nosotros venimos trabajado en la solicitud de flexibilidades hace años. Es lo que llamamos regionalismo abierto; diciendo que a los países más grandes obviamente que les entendemos sus dificultades, sus disposiciones, estamos dispuestos a concederles el tiempo que necesiten para solucionar sus problemas, pero a cambio de eso pedimos flexibilidad para que tengan en cuenta las necesidades de los países chicos en el sentido de hacer acuerdos fuera de la región”, dijo Astori el jueves en Brasilia.
En tanto, la participación de Uruguay en la Alianza del Pacífico – bloque integrado por Chile, Perú, Colombia y México– ya estuvo sobre la mesa en el gobierno anterior. Mientras Astori -que era vicepresidente- impulsaba que Uruguay pase de ser observador a miembro pleno, el excanciller Luis Almagro -con apoyo del expresidente José Mujica- defendió no dar ese paso.
Por otro lado, el tratado Transpacífico es un acuerdo de libre comercio entre países de la región del océano Pacífico –como Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Australia, Nueva Zelanda y Chile, entre otros– en el que la Casa Blanca tiene interés de que Uruguay participe.
La excepción
El único período por el que hubo una coincidencia sobre la política exterior entre presidente, canciller y ministro de Economía fue durante en el breve plazo en el que Gonzalo Fernández fue canciller durante el primer gobierno de Vázquez. Pero fue un período muy corto, cuando el rumbo del gobierno estaba definido y había poca chance de cambios. Fernández asumió en Relaciones Exteriores en marzo de 2008 hasta agosto de 2009. Astori fue ministro hasta setiembre de 2008 y de ahí en adelante lo sustituyó Álvaro García.
Los gráficos de Gabriel «Saracho» Carbajales
Economía/Empresas – TENDENCIA
El 2015 empezó con el mayor número de empresas a concurso en siete años
De enero a mayo, 21 compañías solicitaron ingresar en ese proceso ante la imposibilidad de pagar sus deudas; en el mismo período de 2014 se presentaron 14
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Siete meses pasaron desde que la automotriz Chery- Socma, de origen chino e instalada en Uruguay desde 2006, fabricara su último vehículo en la planta de ensamblado que tiene en Paso Carrasco. Con ese telón de fondo, la semana pasada se conoció la intención de la firma asiática de abandonar su operativa local. La decisión derivaría de las crecientes dificultades para exportar a los países vecinos. Chery- Socma –que contaba con una plantilla de 350 trabajadores directos y más de 600 indirectos– alegó ante el Ministerio de Trabajo (MTSS) que su pérdida mensual ascendía a los US$ 600 mil.
Una vez conocido este hecho, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Corallo, señaló que hay empresas que están planeando “recorte de inversiones y de personal”.
En tanto, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que el sector de la vestimenta también atraviesa momentos difíciles. En diálogo con El Observador TV, el jerarca agregó que habrá que “convivir al menos como un año largo más todavía” con el cierre temporal de empresas (ver nota aparte).
En este escenario, se percibe una tendencia al alza en el número de empresas que apelaron al proceso de concurso de acreedores. Mientras que en el periodo enero-mayo de 2014 fueron 14 las firmas que solicitaron el amparo de esta herramienta, este año esa cifra ascendió a 21. Durante los primeros cinco meses de 2009 –el primer año de vigencia de la ley de concurso, que vino a suplantar el régimen anterior de concordato– habían sido nueve las empresas que hicieron uso de esta posibilidad. Si, en cambio, se toman en cuenta los pedidos anuales, 2010 fue el año con menor cantidad de solicitudes de concurso (32), y 2013 el de mayor (60). El año pasado cerró con un número similar (58). Así, entre 2009 y 2014 el aumento fue de 61,1%.
En el último año fueron varios los casos de empresas en esta situación que salieron a la luz. En abril, la constructora Calpusa, fundamentando que no podía hacer frente a sus obligaciones, solicitó el concurso voluntario.
A fines de julio del año pasado le había tocado el turno a la pesquera Fripur. Ese mismo mes, la empresa de transporte Copsa –que de acuerdo a su gerente tenía un pasivo de aproximadamente $ 800 millones– se presentó también a concurso de acreedores. En agosto de 2011 la maderera Urupanel –en ese momento propiedad del fondo de inversión suizo Austin Park Capital, gestionado por Leadgate– pidió entrar a concurso. En 2012 fue comprada por el grupo ecuatoriano Aglomerados Cotopaxi, pero la turbulencia no cesó y en agosto de 2014 frenó su producción, mandó a seguro de paro a sus 420 trabajadores y solicitó de nuevo el concurso.
Causas externas
El responsable de Servicios Jurídicos de la Liga de Defensa Comercial (Lideco), Fernando Cabrera, dijo a El Observador que en las memorias explicativas que redactan las empresas a la hora de presentarse al concurso, en general enumeran causas externas –como el enlentecimiento de la economía o “que dejó de soplar el viento de cola”–. Pero, agregó Cabrera, “muchas veces ahí no exponen cuáles son las verdaderas causas”.
De acuerdo al experto, en la mayoría de los casos cuando la empresa se presenta a pedir un convenio con sus acreedores ya “tiene un grado de deterioro tal que es imposible el salvataje”.
Esta demora para recurrir a la herramienta se debe, según Cabrera, en la dificultad para “admitir los fracasos”, por una parte, y también a que el concurso sigue siendo mirado de reojo en Uruguay.
“Mientras no se presenta (a concurso, el empresario) saca todas las fórmulas que tiene a su alcance, algunas legítimas y otras no tanto, para evitar el proceso concursal”, manifestó Cabrera. La toma de medidas “cosméticas o dilatorias”, añadió, solamente incrementa el efecto bola de nieve, que afecta la rentabilidad de las empresas y, en última instancia, la confianza de sus acreedores.
Desde 2009 hasta 2014, 265 empresas entraron en procesos concursales. Lideco no tiene la información de cuántas de esas firmas terminaron efectivamente liquidándose. Sí se sabe que, en promedio, de cada 10 empresas que recurren al concordato, dos terminan alcanzando un convenio con sus acreedores. El resto de los casos o aún no se resolvió o terminan en la liquidación. Bajo el régimen anterior (de concordato) la cantidad de convenios era del 10%, con lo cual se logró duplicarlos. “El objetivo de la ley de fomentar los convenios se cumple”, sostuvo Cabrera.
Abrieron llamado para nueva empresa
Sin diálogo a la vista ferroviarios paran 48 horas
Entre el jueves y viernes de la semana que viene se paralizarán todos los servicios ferroviarios, tanto de carga como de pasajeros.
jun 04, 2015 LR21
Los servicios ferroviarios, tanto de carga como de pasajeros, se verán paralizados durante 48 horas la semana entrante según lo decidió la Unión Ferroviaria (UF). Los trabajadores reclaman la derogación del decreto 428 de 2011 que creó la operadora privada y exigen el respeto a sus derechos como funcionarios públicos.
Los ferroviarios se declararon en pre conflicto el pasado 21 de mayo al considerar que el Poder Ejecutivo rompió el diálogo en torno al proyecto de reforma del ferrocarril que comprendía el pasaje de parte del personal de la Administración de los Ferrocarriles del Estado (AFE) para poner en funcionamiento a la operadora de carga Servicios Logísticos Ferroviarios (SLF) el 1º de julio.
Recordó Georgy Martínez, secretario general de la UF, que hasta el 21 de mayo “veníamos conversando durante meses y de un momento a otro tiraron todo al suelo. Es notorio que actuaron de mala fe”.
Martínez señaló a Caras y Caretas Portal que en estas instancias propusieron una modificación del decreto que creó la operadora en 2011 y esperaban una respuesta. Pidieron eliminar el artículo 8 que los transforma en trabajadores de derecho privado y modificar el artículo cinco para pasar a la empresa, junto con los bienes de AFE, sin perder su calidad de funcionarios públicos.
Sin embargo el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) rechazó tal posibilidad con el argumento de que “para recibir el dinero que la Corporación Andina de Fomento entrega para poner en marcha la operadora esta exige que los empleados deben pertenecer al derecho privado, lo que sabemos que no es cierto. Incluso el gobierno en ningún momento presentó ni un documento que avalara esa evidencia”.
Señaló Martínez que los funcionarios que pasarían a la nueva operadora, de maquinas y talleres, no llegan a 200 y que superan los 50 años de edad. “Nosotros planteamos que esos compañeros ingresen como funcionarios públicos y que la gente nueva que entre a trabajar en la operadora lo haga bajo el derecho privado, como los trabajadores de AFE pasan ya de los 50 en pocos años se estarán jubilando y en poco tiempo todo el personal de la empresa estará bajo el derecho privado. De esa forma se contemplarían los derechos de los trabajadores y el interés del gobierno. Pero eso no fue aceptado”.
Por estas razones los ferroviarios paralizarán sus tareas entre el 11 y el 12 de julio y participarán de la movilización del Pit-Cnt prevista para el jueves 11. Ese mismo día se realizará en la sede de la central sindical una asamblea nacional de ferroviarios para analizar la marcha del conflicto y aprobar nuevas medidas.
Por su parte el director nacional de Transporte Ferroviario, Álvaro Fierro, informó que Servicios Logísticos Ferroviarios abrió un llamado para contratar 110 empleados para maquinista, administración y ventas. El llamado garantiza a las personas que asuman los nuevos cargos que pueden volver a su puesto anterior, conservando su condición de funcionario público. El llamado cierra el lunes 8 de junio.
Este llamado asegura a quien pase a trabajar en Servicios Logísticos Ferroviarios y luego quiera retornar a su puesto anterior, pueda hacerlo conservando su condición de funcionario público. “El modo ferroviario necesita de la participación del funcionario ferroviario porque hay determinados oficios que solamente conciben ellos”, concluyó.
Judiciales paran y se movilizan: piden propuestas concretas al gobierno
Esta tarde se lleva a cabo un paro parcial a nivel nacional y una marcha de la Asociación de Funcionarios Judiciales.
Esta manifestación se realiza luego de que los funcionarios terminaron con el cronograma de paros en todo el país en los últimos diez días.
Luis Kellis, dirigente de la Asociación, dijo en Inicio de Jornada de radio Carve que el paro es a nivel nacional desde las 13:30 hasta las 16:30 horas y en Montevideo se concentran en la Suprema Corte de Justicia para marchar hacia el Ministerio de Trabajo. Asisten personas de diferentes departamentos.
La Asociación de Actuarios mantuvo la semana pasada una reunión con el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. Pero desde los gremios se reclama que si bien fue una instancia de diálogo en la que desde el gobierno se propuso «encontrar caminos» y llegar a un «consenso», aún no hay propuestas concretas.
«Murro planteó encontrar caminos consensuados que permitan una solución. En esa solución tendrá que haber propuestas que se evalúen. Por ahora no hay una propuesta del Poder Ejecutivo, pero sí existe el ámbito», señaló Kellis.
El dirigente dijo que «por ahora» en cuanto a «seriedad y tratamiento» del tema por parte del gobierno están conformes, pero «faltan propuestas que podamos discutir».
«No ha habido ninguna propuesta. Cuando uno está en ámbitos de negociación tiene que haber propuestas a los efectos de empezar a construir», aseguró
Kellis dijo también que llegado el momento evaluarán la posibilidad de «convocar la asamblea para ver si hay un camino de encuentro o desencuentro y retomar las acciones».
«El presupuesto está a la vuelta de la esquina y eso también va significar movilizaciones, esperemos no llegar a estar instancias», concluyó el dirigente.