Publicado en: 7 enero, 2018

Noticias Uruguayas 6 enero 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: Los avances en materia de empleo durante el período 2005-2017 “Uruguay es un paraíso laboral comparado con América Latina”

Chavismo y Venezuela hoy Por: Ignacio Ramonet // El 2018 será un año crucial para la revolución bolivariana por Carlos E. Lippo // Ser “idiota” en la Casa Blanca: Todo lo que se debe saber sobre el libro que estremece a EE.UU. // Revolución Rusa, 100 años // ARGENTINA: Argentina y los delitos de lesa humanidad: ¿Un ejemplo mundial? // Le otorgaron domiciliaria a otros dos genocidas // Otra prisión domiciliaria a un represor: esta vez para Antonio Musa Azar // Las vacaciones de los represores // “A donde vayan los iremos a buscar” // La hija rechaza la prisión domiciliaria a Etchecolatz // URUGUAY: Los avances en materia de empleo durante el período 2005-2017 “Uruguay es un paraíso laboral comparado con América Latina”

 

URUGUAY

Los avances en materia de empleo durante el período 2005-2017

“Uruguay es un paraíso laboral comparado con América Latina”

Por: Lucía Barrios / Mélida Briceño

Óscar Andrade, dirigente del sindicato de la construcción e integrante del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt, declaró a LA REPÚBLICA que “no hay duda” que todos los indicadores con respecto al trabajo “mejoraron en Uruguay en los últimos años”. “Hay mejores salarios que los que había hace diez o doce años, hay menor desempleo, mayor formalización del trabajo y menor tasa de inactividad laboral.
Por tanto, si tomo indicadores macro, las condiciones laborales en el país son las que más mejoraron en América Latina. En otras palabras, uno puede decir que Uruguay es un paraíso desde el punto de vista laboral comparado con lo que es la realidad latinoamericana, porque es de los países que más ha avanzado en el último tiempo”.
Sin embargo, señaló que a pesar de que se avanzó “muchísimo” en la formalización del trabajo (se pasó de 900 mil trabajadores registrados a 1 millón y medio), todavía uno de cada cuatro trabajadores no registra aportes, por lo que consideró que “tenemos una tasa alta” de no registro. Además, dijo que el país está en una “relativa meseta” con respecto a la tasa de empleo.
Consideró que se avanzó “muchísimo” en materia de salario mínimo nacional. “Por ejemplo, un trabajador que cobraba el salario mínimo recibía 44 pesos por día, pero el boleto estaba en Montevideo a 15 pesos, por lo que un jornal no alcanzaba para poder pagar 3 boletos por día. Por tanto, la situación mejoró, pero aún falta mucho”.
Declaró que durante estos últimos doce años se tuvo la “mayor mejora del salario mínimo nacional de la historia”, pero afirmó que con 12 mil pesos ningún trabajador mantiene a su familia.
En materia de siniestralidad, expresó que se pasó de 50 mil accidentes laborales por año, a menos de 30 mil en los últimos años. Explicó que esto se debió a una serie de medidas “muy importantes”, como fue la Ley que estableció que es delito poner en riesgo la vida del trabajador. “Sin embargo, sigue sucediendo que, por día, hay dos trabajadores que quedan con alguna discapacidad”.
Asimismo, señaló que sigue siendo “dramática” la situación del trabajo para las personas con discapacidad. “El nivel de desempleo de este sector de la población es varias veces mayor que el promedio general y la pobreza llega al 50% en los hogares conformados por personas con estas limitaciones”.
“Uruguay ha tenido los avances más importantes en materia laboral en la última década, pero esos logros no son suficientes para los desafíos que tenemos, como es la formación profesional, la salud laboral, la negociación colectiva y la mejora tanto de los salarios como de categorías. Todo esto tiene que apuntar a un desarrollo de la mano de obra necesaria para el salto de competitividad que el país necesita, lo cual tiene que ser con trabajo de la mayor calidad posible, pero eso no se logra con salarios de hambre o condiciones laborales precarias”, reflexionó.
Mencionó que Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, ha demostrado que sin aplicar medidas de corte neoliberal, ha logrado tener mejores indicadores sociales que Argentina y Brasil. “Uruguay mostró que son falsas las teorías económicas que plantean que dejando al mercado libre se consigue el desarrollo. Está claro que lo único que se logra con ello es precarizar las relaciones laborales y sociales”.
Expectativas para este año
Andrade consideró que es un año “importante”, porque coinciden dos elementos “centrales”: la negociación colectiva y el Presupuesto. Con respecto al segundo, explicó hay algunas medidas “interesantes” como es la reforma de la caja militar. “Nos parecen que son acciones que buscan encontrar recursos para atender demandas sociales, como es la inversión pública para el trabajo, el presupuesto para la salud, la educación y profundizar el Sistema de Cuidados”.
Según sus palabras, Uruguay tiene que incrementar la inversión estatal y no contenerla, debido a que la obra pública es “clave” porque tiene un “efecto multiplicador” sobre el empleo, impacta en el mercado interno y mejora los resultados de la inversión privada.
Consideró que Uruguay tiene una tasa de impuesto al patrimonio “muy baja”. “Nos parece que el empresario que tiene una alta ganancia tendría que tener un aporte diferencial con respecto a la pequeña empresa”.
Mencionó que también son “claves” algunas leyes que están en el Parlamento, como es la referida al trabajo para las personas con discapacidad. “No podemos ser tan miserables de condenar a una parte de nuestra población a la exclusión social. Una patria es más digna si es con todos y claramente Uruguay no está haciendo lo suficiente para reconocer los derechos que las personas con discapacidad tienen.
No es justo que sigamos tratando a esta parte de la población como sujetos de caridad, no nos tienen que dar lastima, tenemos que reconocerles sus derechos. La mayor parte de la discapacidad la construimos socialmente. Tenemos que dar un debate profundo porque no alcanza solo con leyes sino que con un cambio de cultura”.
Ronda de negociación salarial buscará dignificar a 500 mil trabajadores en todo el país

Milton Castellanos, del secretariado de Pit-CNT, aclaró que participarán unos mil delegados en el debate
El Pit-Cnt se sentará en la mesa con tres prioridades: Llevar salario mínimo nacional a 16.000 pesos, optimizar salarios sumergidos e impulsar la discusión de mejores condiciones de trabajo.
La lucha por mantener un sistema social de equidad en el Uruguay es la bandera con la que se sentará en la ronda de negociación salarial el Pit-Cnt, para mediados de este año, cuyo organismo presenta desde ya las tres grandes prioridades que llevará al debate: Elevar el salario mínimo nacional a 16.000 pesos, optimizar salarios sumergidos y discusión de mejores condiciones de trabajo con el fin de aumentar el poder adquisitivo de unos 500 mil trabajadores en todo el país.
Así lo dio a conocer a LA REPÚBLICA Milton Castellanos, miembro del Secretariado del Pit-Cnt, quien destacó los principales objetivos que se buscan en esta ronda de negociación, la cual se hace cada dos años. “En primer lugar haremos mucho hincapié en el salario mínimo nacional porque tiene una preponderancia muy grande no solo a nivel general sino en los salarios más sumergidos, es el instrumento que mejora la equidad y eso hace que apuntemos a una sociedad más justa, no hay ningún otro factor económico que incida tanto en la mejora de la justicia social que el salario mínimo”.
“Haremos un planteo de un salario mínimo de 16.000 pesos, hay que recordar que Uruguay tiene una población activa de 1 millón 600 y cerca de 300 mil ganan menos de 10 mil pesos mensual en la mano, es decir 12 mil pesos nominales, entonces estamos hablando de un 20% de trabajadores ocupados y allí el tema del salario mínimo es prioritario”, agregó.
En segundo orden, refiere Castellanos, “tenemos los salarios sumergidos, es decir aquel sector que no está dentro del salario mínimo nacional pero de cualquier manera tienen salarios inferiores a 20 mil pesos nominales (que serán unos 16 mil pesos líquidos). Acá tenemos una brecha de más de 200 mil trabajadores. Entonces, si sumamos eso serían unos 500 mil trabajadores que están en umbrales que deben tener una atención especial. Sobre todo en algunos rubros, si nos preguntamos dónde están esos trabajadores, en qué sector están ubicados, entonces nos encontramos asalariados rurales con 18 mil pesos, domesticas con 16 mil, empleados de supermercados con 20 mil y seguridad con 19. Todos estos son los salarios sumergidos”.
El sindicalista hace énfasis en la meta trazada. “Nuestra prioridad en la negociación colectiva será el salario mínimo nacional y los salarios sumergidos. Pero a eso se suma una tercera prioridad, en un país que se considere en crecimiento no debería haber ningún salario en el que se perdiera el poder adquisitivo, es decir, ninguna negociación debería estar por debajo de la inflación. Por ello se abre otra forma de inclusión en la negociación colectiva, la discusión de mejores condiciones de trabajo, reducción de la jornada, fondos sociales, fondos de garantías que pudieran incluir políticas sobre vivienda y sistema de cuidados. Si todo esto se incorpora, sería un gran logro”.
Los proyectos prioritarios
Más allá de todas estas cuestiones, Castellanos menciona que es importante la lucha por una legislación que avale los derechos laborales. “Tenemos dos proyectos le ley en el Parlamento y aspiramos a que se aprueben este año. La primera es la Ley para personas con discapacidad, para que puedan insertarse laboralmente. La segunda es la Ley de insolvencia patronal, que ha sido uno de los dramas que quizás ahora se note menos porque el país está en mejores condiciones, pero cuando hay crisis en una empresa los primeros que pagan los platos rotos son los trabajadores. Entonces se buscará que aquella empresa que quiebre pueda pagar los créditos laborales a sus empleados”.
El experto en el tema salarial asegura que sin duda el 2018 es un año con grandes desafíos con respecto a la instalación de la ronda de negociación colectiva y la ultima Rendición de Cuentas de esta administración, “por lo tanto allí también están los desafíos del programa que la fuerza de gobierno se había impuesto cuando ganó las elecciones. Todo el tema del 6% para la educación, el sistema de cuidados, la inversión en logística y en vivienda, es un desafío”.
Otro punto a favor de esta jornada de debate, asegura Castellanos, es el escenario económico positivo que se vislumbra este 2018. “Un año que además inicia con una situación económica mejor que la que preveíamos hace un año atrás, el salario real volvió a crecer el año pasado, la actividad económica también creció a buen ritmo, tenemos un país que tiene una temporada turística importante  y una inflación que se ha moderado, es decir, todo eso genera una condición más favorable para desarrollar una buena negociación colectiva”.
Dinámica de negociación  
La ronda de negociación debe arrancar con unas 200 mesas de discusión, lo cual implica todo un proceso de preparación y ya desde marzo se afinarán detalles con más de mil delegados del Pit-Cnt que participarán en el evento, los sindicatos discutirán sus propuestas en asambleas, en las comisiones directivas y para el 1 de mayo habrá congreso de la central sindical que desemboca en junio con el inicio del debate.
“Tenemos sectores importantes con larga trayectoria de negociación, sindicatos fuertes en el sector de la industria como la construcción, metalúrgico, comercio, la banca, transporte, pero también tenemos aquellos sectores que para nosotros son prioritarios. La Central Sindical tiene que protegerlos y respaldarlos, ya que se trata de los sectores más vulnerables como, por ejemplo, el caso de los trabajadores rurales y domesticas. Nuestra preocupación es inicialmente por los que más lo necesitan. También los gremios más potentes tienen no solo que ir a analizar propuestas sino también ver cómo pueden ayudar a los más necesitados. El más grande siempre puede defenderse mejor y los más chicos necesitan del apoyo de los más fuertes”, sostuvo.
Castellanos augura que será una jornada intensa y la “más importante” que hacen los trabajadores, “pues equivale a reclamo y a pelea. El conflicto es parte de las sociedades democráticas, si no seriamos comunidades rígidas y además, hay que darse cuenta que la negociación colectiva no se hace sino cada dos años. Uruguay tiene buena experiencia en negociar, en escuchar a los trabajadores. Esta negociación tiene un promedio de tiempo de 90 a 120 días, por lo que esperamos culminar la ronda con resultados concretos para el mes de octubre”.
Las cifras
El salario real creció un 48,5% con respecto al 2005
“El salario real ha crecido significativamente a partir de la reinstalación de la negociación colectiva en el ámbito de los Consejos de Salarios en el año 2005. En el período 2005-2016 el salario real acumuló un incremento de 48,5 %. Si comparamos el poder adquisitivo del salario promedio del año 2016 respecto al promedio de 2004, se verifica un crecimiento de 54,7 % del salario medio, 60,4 % del privado y 45,5 % del salario público”, se declara en un informe realizado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de abril de 2017.
Según el documento, gracias al “importante incremento” del salario real en los últimos años se alcanzó el nivel de salario que se tenía a mediados de los años setenta. Asimismo, se explica que este aumento ha estado asociado al dinamismo de la actividad económica y a la reinstalación de los Consejos de Salarios.
Con respecto a la incorporación de la mujer en el mercado laboral, en el informe se advierte que han mejorado “sustancialmente” diversos indicadores que analizan este tema durante el período 2006-2015.  “La tasa de empleo femenina alcanzó el 50,5 % para el año 2015, lo cual significó un aumento de 6,8 puntos porcentuales respecto al año 2006”.
Por último, en el informe se estipula que en los últimos 10 años hubo un “crecimiento sostenido” del empleo formal, por lo que disminuyó la tasa de informalidad.
Los últimos números
Unas 7 décimas porcentuales aumentó la tasa de desempleo en el país en comparación con el año pasado, es decir, hasta octubre del año 2017 se ubicó en 7,7% mientras que en 2016 había sido de 7,0%. En la capital se estimó en 8,1% y en el interior del país fue de 7,4%, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su informe anual que cerró en octubre del año pasado con intervalos de confianza del 95%. Por tanto, en términos generales los indicadores se han mantenido relativamente estables.
En cuanto a la estimación de la tasa de desempleo por sexo, se detalló que fue superior en mujeres con un 9,0% y en hombre se ubicó en 6,6%. Con respecto al empleo, se ubicó en una baja de 0,9 puntos porcentuales con un 58,2%,  respecto al año pasado que era de 59,1%. Mientras que en Montevideo la estimación puntual de la tasa de empleo fue de 59,4%, y en el Interior del país de 57,4%.
Por último, con respecto a la tasa de empleo por sexo, en el informe se afirma que en los hombres se ubicó en 67,1% y para las mujeres en 50,0%.


Sindicato de UTE presentó propuesta para bajar la tarifa residencial de energía “hasta 16%”

“La tarifa eléctrica es injusta; bajarla es posible”, sostiene el sindicato de funcionarios de UTE en una nota editorial publicada en su sitio web. La propuesta de la Asociación de Funcionarios de la UTE (AUTE) supone una solución transitoria que implicaría una baja de 16% en la tarifa residencial, y también un cambio estructural con el objetivo de que los hogares dejen de subsidiar a las empresas.
Para los funcionarios de la empresa estatal, el debate relativo a las tarifas “está plagado de voces oportunistas”, con “grupos de poder intentando falsear la realidad”. Acusan al Ministerio de Economía y Finanzas de tener un “afán recaudador” que termina “cargando sobre los precios de la energía eléctrica domiciliaria”, y establecen que el aumento de 3,2% aprobado para que rija a partir del próximo 1º de enero, si bien está por debajo del promedio inflacionario, “sigue siendo un aumento que se pudo haber evitado”.
Los trabajadores admiten que existe un “problema real”, pero, más allá de las discusiones sobre el precio concreto que pagan los hogares, enfocan su debate en “por qué se debe pagar tanto”. Según dicen, los hogares están “subsidiando indirectamente” a las empresas, ya que, de acuerdo con los cálculos presentados, el peso de la tarifa eléctrica en relación a los ingresos es mayor para los hogares que para estas –de 4% contra 0,4%–. Es “un esfuerzo diez veces mayor para los trabajadores que para los patrones, y de 25 veces más cuando se consideran los hogares más pobres”, concluye el sindicato, en el entendido de que la factura eléctrica es, en el caso de los hogares de menores recursos, equivalente al 10% de los ingresos.
Según dice el texto publicado por el sindicato, “se paga mucho para garantizar que los medianos y grandes consumidores de energía eléctrica paguen poco, y para que los generadores privados de energía se sigan enriqueciendo con el abusivo negocio del cambio de la matriz energética”. Pero para los funcionarios, esto no es algo nuevo. Por el contrario, sostienen que la situación de desigualdad se remonta a al menos los últimos 20 años, y que, “más allá de alguna tendencia a evolucionar, igual se mantiene un desequilibrio histórico enorme en perjuicio de los hogares”. Y las cosas no parecen estar en vías de cambiar: de acuerdo al texto difundido, los contratos firmados por UTE con las empresas de generación privada les aseguran a estas “ganancias extraordinarias” por 20 años más.
Los funcionarios se posicionan como “absolutamente distantes” de estas medidas y sostienen que “existen condiciones” para bajar la tarifa de los hogares. En el corto plazo, y atendiendo al hecho de que “el acceso a la energía es un derecho humano”, las propuestas de AUTE suponen, por un lado, de manera transitoria, bajar el IVA a la potencia contratada y a la primera franja de consumo –de 200 kilowatts–, lo que podría desembocar en una baja de 16% para la tarifa residencial, según el presidente del sindicato, Sebastián Herrera. El sindicato sostiene que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ya tiene sus propuestas detalladas, pero reclama que “nunca fueron siquiera tomadas en cuenta” por el Poder Ejecutivo.
A largo plazo, los trabajadores proponen una “rediscusión de fondo” que implique la modificación del peso del pago del kilowatt –hoy, de la mitad para el gran consumidor, en comparación con el pago de los residenciales–. “Pero eso implica modificar la ley” –explicó Herrera–, que hoy le significa a UTE “facturar en función de los costos que implica llevar la energía a la casa del cliente”. Por eso, dijo, “necesitamos discutir cambios de fondo”. Los trabajadores sindicalizados anuncian la convocatoria a un “movimiento de usuarios” y exigen “ámbitos” para la discusión con participación en conjunto con los trabajadores.
Si bien no tienen previsto un mojón, sí establecen que están “trabajando en una línea estratégica a los próximos dos años que suponen la creación de este movimiento”, afirmó Herrera, y contó que el sindicato se está acercando a los usuarios mediante “recorridas por los barrios”. “Ya [la titular del MIEM, Carolina] Cosse dijo que se deberían bajar las tarifas, y después salió [el presidente de UTE, Gonzalo] Casaravilla a decir que están las condiciones para hacerlo. Entonces nos preguntamos: ¿por qué no? Queremos generar un debate público y que sea de calidad”, concluyó.

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Las comisiones de las AFAP y las señales de mercado

La sostenibilidad del sistema de seguridad social uruguayo es un tema complejo de analizar y tensionado por variables económicas, sociales y demográficas. Tras la reforma del sistema en los años 90, se introdujo un régimen de seguridad social mixto que combina características del sistema tradicional de reparto con la creación de un pilar de ahorro individual. El primero es administrado por el Banco de Previsión Social y el segundo por las llamadas AFAP (Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional). Para dichas administradoras se creó un mercado específico, y por ley se les otorgó la administración de los ahorros individuales de los trabajadores. Las AFAP deben rentabilizar los fondos de los trabajadores, teniendo como única fuente de ingreso el cobro de una comisión de administración.
Las comisiones y los porcentajes
Un aspecto interesante de las comisiones es que en general se las presenta en relación al salario, y por eso suenan pequeñas (0,74%, 1,73%, 1,99%). Pero si uno realiza el cálculo en relación al aporte que se hace mensualmente –lo que parece tener más sentido: de lo que pongo por mes, cuánto efectivamente llega al fondo y cuánto se queda la AFAP–, encuentra valores que oscilan entre 5% y 15% del aporte mensual.
Pero hagamos algo más sencillo. Tómese un momento y vaya a buscar el resumen que cada seis meses le manda la AFAP. Vamos, no se avergüence, no hay problema en reconocer que nunca lo ha mirado con detenimiento, que si bien lo ha intentado un par de veces, se ha mareado rápidamente en la nube de números que aparece en esos papeles. Existen casos de ingenieros con doctorados en matemática, capaces de resolver complejos problemas algebraicos, que han sucumbido al intentar analizar ese documento llamado Estado de Cuenta de la AFAP. Bueno, ánimo, vaya a buscar el resumen, que aquí lo esperamos (esa es la magia del diario, uno puede poner pausa y volver a poner play cuando quiera).
Bien, ahora que tiene el estado de cuenta en sus manos, simplemente elija un mes y, con la calculadora del celular, divida el número que dice “Comisión de administración” entre el número que dice “Aporte obligatorio sueldo”. Con eso podrá hacerse una idea exacta de cuánto le cobra la AFAP cada mes que usted aporta (si quiere saber cuánto efectivamente llega a su fondo, debe quitar además otros descuentos, como la comisión por custodia –que es pequeña– y el seguro –que no es pequeño–).
Las comisiones y las señales de mercado
En el gráfico 1 se muestra la evolución de las comisiones de administración de las AFAP desde 2002 hasta 2017. La historia que muestra el gráfico es un descenso sostenido de la comisión que cobra República AFAP, comenzando en 1,79% y llegando a 0,74%, y un relativo mantenimiento o pequeño descenso de las comisiones de las AFAP privadas, en el entorno del 2%.(1) Por otro lado, el gráfico 2 muestra la evolución de los afiliados a las AFAP. A diferencia de la evolución de las comisiones, el panorama es similar desde hace 15 años: de cada diez personas, cuatro están afiliadas a República AFAP, y seis a una AFAP privada.
O sea, por más que en los últimos 15 años se verifica un proceso de diferenciación importante entre las comisiones de las AFAP, ese proceso no ha impactado en la distribución de afiliados.
Se podría decir que, de todas formas, cuando los individuos eligen una AFAP no miran solamente las comisiones, y que toman su decisión incorporando elementos como la rentabilidad o la seguridad de su fondo. Sin embargo, del análisis de las rentabilidades generadas por las AFAP no parece desprenderse que haya una diferencia tal que justifique pagar una comisión mayor (ni que ese hipotético diferencial –que incluso ha tenido cambios de signo– haya aumentado a lo largo del tiempo, contrapesando el aumento en la diferencia de las comisiones). Por el lado de la seguridad, cuesta creer que en un país como Uruguay los ciudadanos consideren que es más seguro que su fondo esté en manos de una administradora privada que en la estatal. La hipótesis más plausible es que, en realidad, las comisiones no funcionan como señales de mercado que condicionen la decisión de los individuos al asociarse a una AFAP.
Que las comisiones no funcionen como señales de mercado tiene, aunque parezca un trabalenguas, su contraparte dialéctica: el mercado no funciona como señal hacia las comisiones. Este elemento moldea de determinada manera el mercado de las AFAP: un mercado oligopólico con muy débiles incentivos para que las empresas ajusten sus precios con el objetivo de atraer más clientes.
Las comisiones y las personas
Si bien República AFAP concentra a 40% de los afiliados, posee 57% del Fondo de Ahorro Previsional (FAP). De esto se desprende que, en términos promedios, los afiliados a República AFAP tienen un FAP de 475.000 pesos, mientras que los afiliados a las administradoras privadas tienen un fondo promedio de 235.000 pesos.
Los datos del Banco Central del Uruguay (BCU) permiten realizar un análisis de la población de las AFAP por edad y por ingreso. El análisis por edad permite visualizar que, conforme aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas que están afiliadas a República AFAP (gráfico 3). Asimismo, cuanto mayor el nivel de ingresos de los individuos, también mayor la proporción que está afiliada a República AFAP (gráfico 4). Por lo tanto, las mayores comisiones del sistema recaen mayoritariamente sobre los afiliados más jóvenes (los actuales cuarentones, treintones y veintones) y de menores ingresos.
Las comisiones, las fallas de mercado y la regulación
El régimen de AFAP introducido en Uruguay en los años 90 presupone que los trabajadores toman en cuenta las comisiones como un precio y eligen en consecuencia. Sin embargo, este supuesto teórico no es necesariamente el más adecuado. Precisamente, el economista Richard Thaler recibió el premio nobel de Economía en 2017 por sus contribuciones en economía comportamental, que toma como objeto de análisis –entre otros problemas– la conducta de las personas con relación a las decisiones de ahorro para su vejez, y cómo esas decisiones se alejan del modelo de comportamiento racional asumido en la economía neoclásica. La realidad del mercado previsional uruguayo pone en tela de juicio el rol de las comisiones de administración como señal de mercado, y por lo tanto su capacidad para asignar eficientemente los recursos, indicando la necesidad de su regulación.
(1). Este diferencial en las comisiones tiene su contrapartida en las ganancias de las administradoras como empresas. El ROE (resultado sobre patrimonio) de las AFAP privadas se encuentra entre 60% y 70% anual. El de República AFAP es de entre 20% y 30%.

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