Publicado en: 7 diciembre, 2016

Noticias Uruguayas 6 diciembre 2016

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Galiani pide abrir procedimiento contra Daners y otros militares

ENTREVISTA AL EXMINISTRO DE LULA Y TEÓLOGO DE LA LIBERACIÓN, FREI BETTO “Dilma Rousseff ha sido víctima del tercer golpe blando neoliberal que organiza EEUU en América Latina” // El fantasma del ‘impeachment’ vuelve a Brasil mientras la calle se rebela contra un Congreso sin legitimidad // La Corte Suprema de Brasil suspende al presidente del Senado por corrupción // Estado español Iglesias pide construir la Constitución de los “reclamos populares” // Chile: Diputado Gabriel Boric: “Seguiremos apoyando a los trabajadores aunque nos procesen” // Argentina: La amenaza del fracking en la Argentina y América Latina // Uruguay: Galiani pide abrir procedimiento contra Daners y otros militares

URUGUAY

Bajo la consigna “Basta de ser objetos de caridad, somos sujetos de derecho”, cientos de personas, con o sin discapacidad, marcharon en la tarde de ayer por la Av. 18 de Julio, entre la Universidad y la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM).
La Marcha por la Accesibilidad y la Inclusión se enmarca en la Semana y el Mes de las Personas con Discapacidad, jornadas en las que tanto desde la IM, como desde Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Recordemos que alrededor de 500.000 uruguayos tiene algún tipo de discapacidad, ya sea leve, moderada o grave, lo que significa que algo más del 15% de toda nuestra población.
El cierre de actividades de esta semana en la capital será hoy sábado 3 a la hora 17 con una Jornada por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el Parque de la Amistad (Av. Rivera 3275), exZoo de Vila Dolores. Lo de esta jornada coincide con que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) reunió el viernes 2 de diciembre a sus sindicatos de base para evaluar su plan de acción 2016, y la conquista de los objetivos propuestos, en su última Dirección Nacional del año.
“Desarrollar un balance político de una etapa corta de tiempo pero plena de luchas, realizaciones y conquistas no es tarea fácil”, expresa la Federación en su declaración.
Fueron 61 los sindicatos que acudieron a dicha convocatoria, 33 del interior del país y 28 de Montevideo. Desde la mesa surgió la moción para que la Dirección Nacional de FUS pase a llamarse “Comandante Fidel Castro Ruz”, la que fue aprobada por unanimidad al tiempo que se realizó un aplauso de un minuto a la memoria del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana.
Una vez leídos los informes tanto de la mayoría y como de la minoría, se abrió la lista de oradores, y 20 de ellos lo hicieron para argumentar a favor y en contra de las dos propuestas.
La votación de la resolución de la mayoría obtuvo 214 votos a favor, 13 votos en contra y ninguna abstención.
Finalmente, la Dirección Nacional FUS “Comandante Fidel Castro Ruz” aprobó las siguientes resoluciones:
1) La Dirección Nacional aprueba lo actuado por el Consejo Central en defensa del Convenio Colectivo, y en particular lo que hace al largo conflicto y negociación por el pago de las partidas por capacitación.
2) Se reafirma la importancia de la participación de usuarios y trabajadores para la profundización de la Reforma de la Salud, por lo tanto define como una dirección de trabajo clave para ello nuestra política de alianzas con estos sectores de la población para dotar de un verdadero sentido popular y democrático a dicha reforma.
3) La Dirección Nacional de FUS valora positivamente lo actuado en el plano de la Formación sindical a lo largo de este año.
4) Esta Dirección, analizando la necesidad del accionar conjunto de los movimientos sociales en nuestro continente para enfrentar la contraofensiva de las clases dominantes en marcha, reafirma lo resuelto por el 17º Congreso, en cuanto al desarrollo de la política de relaciones internacionales de nuestra Federación, participando activamente en el Encuentro Sindical Nuestra América y profundizar aún más hacia nuestra integración en Uniaméricas Sector Salud.
5) También declara su enorme pesar ante la reciente desaparición física del líder máximo de la Revolución Cubana Comandante Fidel Castro Ruz.
Su ejemplo de lucha ha sido una inspiración permanente para los pueblos del mundo que aman la libertad.
El proceso de la Revolución Cubana no se detendrá ni tampoco su ejemplo para otros pueblos por liberar, por lo tanto redoblar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba y su Revolución es una de las tareas principales para el movimiento popular uruguayo, que nuestra Federación se compromete a seguir impulsando.
Se aprobó, además, el ingreso de los sindicatos de AFUL (SEMM) Y AFUB (Asociación Funcionarios de Bienestar).
La formación profesional y la formación sindical serán losdos ejes centrales del accionar de la Federación Uruguaya de la Salud en el año próximo y subsiguiente.
Al finalizar se realizó un brindis con la participación de los integrantes de la última Dirección Nacional del año.

Viernes 02 • Diciembre • 2016

Galiani pide abrir procedimiento contra Daners y otros militares

En la audiencia de ayer -1º de diciembre- del juicio en curso en la ciudad de Roma sobre la ejecución del Plan Cóndor en varios países sudamericanos se presentaron los dos alegatos finales de las partes civiles y empezaron las declaraciones de los abogados de la defensa.
Fabio Maria Galiani, abogado que representa a la República Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, terminó su argumento, iniciado en la pasada audiencia, centrándose en el rol del ex marino, prófugo en Italia, Jorge Néstor Tróccoli. Luego de recordar sintéticamente los puntos afrontados en la audiencia anterior y puesto en evidencia las contradicciones surgidas en las declaraciones que Tróccoli dio en diferentes ocasiones y en diferentes lugares, concentró su atención en las fechas de diciembre de 1977-enero 1978, momento del secuestro y desaparición de los ciudadanos uruguayos e ítalouruguayos víctimas en este juicio. “Los Registros de la Dirección Nacional de Migraciones dicen que Tróccoli viajó a Buenos Aires el 20 de diciembre y regresó el 22, justo en las fechas en las cuales se realizaron los secuestros de las víctimas en Buenos Aires. Él nos dijo que el motivo de su viaje era personal, pero viajó con Ricardo Dupont y José Uriarte, oficiales de la Armada Nacional. En el legajo de Uriarte y de Tróccoli falta la parte relativa a las fechas de ese viaje a Argentina”. Galiani analizó todo el legajo de Tróccoli y puso en evidencia sus conexiones con la Marina argentina, su presencia en la Esma (Escuela de Mecánica Armada argentina) y los encomios que recibió: “En su legajo en la fecha 30 de noviembre de 1979 se lee que ha desarrollado un trabajo notable en el área de inteligencia y ha realizado operaciones con la Esma”. El jurista luego detalló varias fuentes, sobre todo entrevistas que Tróccoli concedió a la prensa uruguaya, que, dijo, “me hacen pensar que el ex marino es un hombre que se debate entre la necesidad de defenderse, y entonces de mentir, y la vanidad de jactarse de lo que hizo durante la dictadura. En La ira de Leviatán [libro cuyo autor es Tróccoli] escribe que efectuó operaciones en coordinación con la Esma y el SID [Servicio de Inteligencia de la Defensa]; en una entrevista a El Espectador dijo que estuvo varias veces en la Esma, que conocía la práctica de los vuelos; en la carta ‘Yo asumo… yo acuso’ dijo: ‘Confieso, fui brujo y adoré al Diablo, comulgué con la violencia […] como debe actuar un profesional de la violencia’”.
En la parte final de su declaración, Galiani enfrentó algunas cuestiones jurídicas y subrayó que en el derecho internacional, hechos como los que están en el centro de este juicio serían calificados como crímenes contra la humanidad; pero, como Italia no ha tipificado ese delito, la condena que se pide es por secuestro de personas y homicidios. En relación al pedido de absolución para el imputado Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Galiani destacó que “la justicia deriva de un juicio justo, y en contra de Chávez Domínguez no se ha formado ninguna prueba”. Recordó la figura de Alberto Breccia [ex secretario de la presidencia uruguaya, fallecido en diciembre de 2014] “que acompañó este juicio hasta su último aliento y me acompañó con la sabiduría de un hombre especial y fuera de lo común”. Antes de concluir con sus pedidos de condena quiso subrayar “el honor que fue representar a la República Oriental del Uruguay, y el honor aun más grande de representar a Soledad Dossetti, porque las emociones más grandes en este juicio fueron suscitadas por los familiares de las víctimas, a los que agradezco por el continuo empuje y el apoyo. […] Pido a esta Corte una sentencia que alimente la justicia y sea ejemplo para los más jóvenes”.
Solicitó que las actas de este juicio fuesen transmitidas a la Fiscalía General en relación a responsabilidades de conducta criminal que surgieron en contra del almirante Tabaré Daners y de otros militares para que se abra un procedimiento. Lo mismo pidió para Tróccoli en relación a casos que no son parte de este juicio, pero que no obstante fueron indicados en el pedido de juicio en virtud del Convenio de Extradición entre Italia y Uruguay. “La dictadura ha sido una mancha imborrable para Uruguay, para toda la comunidad. Por eso pido que cada imputado sea condenado a pagar 500.000 euros para cada víctima causada […] por un total de 25 millones de euros. Ese dinero será invertido en proyectos para la verdad y la justicia y para la búsqueda de los desaparecidos”.
En defensa
La tarde fue dedicada a las declaraciones de los abogados de las defensas Riccardo Milani, defensor de los peruanos Martín Martínez Garay, Francisco Morales-Bermúdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa, y de los uruguayos Juan Carlos Blanco, Ricardo Arab y Gregorio Álvarez Armellino; y la abogada Samanta Salucci, defensora de los uruguayos Ricardo Medina Blanco, Gilberto Vázquez Bissio, Ernesto Soca, Iván Paulós, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima y Jorge Alberto Silveira Quesada.
El abogado Milani se dedicó exclusivamente a la defensa de los imputados peruanos, dejando toda la parte uruguaya a su colega Salucci. Milani, que defendió al Tigre Acosta en el juicio denominado “Esma”, concluido en la Corte de Asís de Apelación de Roma en 2008, recordó aquella sentencia para subrayar que en el presente juicio faltan las pruebas en contra de los imputados a los que defiende, al revés de los que pasó en el procedimiento Esma. Milani se dirigió a la Corte y, en especial a los jueces no togados: “Quiero decir, para esclarecer cuál es mi convicción personal, que si yo hubiera vivido en la Buenos Aires de aquellos años, con mucha probabilidad sería un desaparecido. Mi cultura personal me lleva a entender que durante todo este juicio ustedes maduraron odio hacia los imputados. Pero quiero decirles que el odio y el desprecio no pueden hacernos prescindir de las reglas democráticas de nuestro país. Las pruebas deben ser evaluadas, pero si no hay pruebas, o si las pruebas que hay no permiten superar una duda razonable, ustedes tienen el deber de absolver. En el caso de los peruanos no hay pruebas”, concluyó. Pidió la absolución para todos sus clientes y para la posición de Arab pidió, en relación a un error en las actas, no procesar por falta de admisibilidad.
Salucci volvió a trazar todos los testimonios relativos a las víctimas Gerardo Gatti, Bernardo Arnone, Juan Pablo Recagno y María Emilia Islas, para demostrar que no hay pruebas certeras y suficientes para condenar a los imputados uruguayos acusados de la desaparición de esos cuatro jóvenes. La abogada quiso recordar que todos los juristas empeñados en la defensa de los imputados, a excepción de Francesco Guzzo y Anna Cifuni para Jorge Néstor Tróccoli, son abogados de oficio. Salucci solicitó la absolución para todos los imputados que defiende a excepción de Soca, para quien, en relación a un error en las actas, reclamó no procesar por falta de admisibilidad.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) autorizó al ex tupamaro Héctor Amodio Pérez a salir del país con destino a España con pasaporte español en el que figura con nombre falso.
El abogado había hecho la solicitud para que Amodio pudiese pasar su cumpleaños y Navidad con su familia en España. La resolución fue adoptada el pasado 24 de noviembre (día de su cumpleaños) y fue comunicada el viernes a la Dirección Nacional de Migración.
La fecha de su salida del país aún no está decidida. Amodio Pérez, quien mantiene aun causas abiertas ante la justicia, fue procesado con prisión por reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados en régimen de reiteración real. El caso está a estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
La fiscal Stella Llorente había apelado en setiembre pasado la decisión del Tribunal de Apelaciones de 4° Turno que revocó la decisión de la jueza penal Julia Staricco de procesar a Amodio Pérez. La autorización de salida del país, fundada por la Corte en “criterios corrientes” (ver nota aparte), generó sorpresa y malestar en medios políticos cercanos al MLN-T. El senador Ernesto Agazzi calificó de “grave” y “ridículo” el criterio adoptado por la Corte.
Afirmó que “esto no tiene que nada ver con el señor Amodio Pérez y sí tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia que conciente esta salida de quien tiene una usurpación de identidad y permite salir a otra persona”.”¿O la Suprema Corte de Justicia no sabe quien es Amodio Pérez?”, agregó.
“En realidad, yo creo que la Corte hace una negociación política con la realidad y le permite salir con un nombre falso. Es bastante grave y ridículo esto para la historia jurídica del país. Si lo quiere dejar salir que lo dejan salir, pero tiene que autorizar a Amodio Pérez y no a Walter Barboza. Esto es una cosa rarísima.
Lo que me interesaría saber es si El País le va a pagar el hotel adonde él va a ir, medio éste que fue el que hizo toda la movida para traerlo y le saliò el tiro por la culata y les sigue saliendo el tiro por la culata”. El parlamentario del FA consideró que los criterios jurídicos tienen una cosa básica que es que tienen que tener una relación con la realidad, “si no el criterio juridico puede disparar cualquier absurdo como es éste el caso”. Para Agazzi, Amodio “ya murió porque, lo mató la realidad, al igual que a los que lo trajeron que después agarraron para otro lado, para el lado de Bonomi”.
Por su parte, el dirigente del MPP y exsenador de la República, Héctor Tajam señaló ayer que Amodio Pérez “puede tener algún problema cuando quiera ingresar a España con un documento que es falso”. Señaló que la Justicia investigó “bastante bien” el caso de esta persona que llevó a su procesamiento, “porque se dieron cuenta de cómo venía la mano”.
Por otra parte, Tajam consideró que la presunta “maniobra” que quiso hacer Amodio Pérez para perjudicar al MLN, “le salió mal”. Agregó que este extupamaro “no tuvo ningún eco en Uruguay, porque ni la derecha se subió a esta maniobra ya que se dieron cuenta que venía con poco asidero. No encontró el anclaje político ni ideológico que se le quiso dar”. Dijo que lo hecho por “esta persona no sirvió para sumarse a la campaña que hace la derecha en sus diferentes tópicos”.
Amodio Pérez fue uno de los dirigentes de la cúpula del MLN-T y fue acusado por el propio movimiento de ser un traidor que colaboró con las Fuerzas Armadas en los años previos al golpe de Estado de 1973. Posee pasaporte español con el nombre falso de Walter Correa Barboza, proporcionado por el general Esteban Christi, entonces jefe de la Región Militar Nº1. Con ese nombre, pudo huir del Uruguay junto a su compañera, Alicia Rey Morales, en octubre de 1973.
Y fue la identidad que utilizó en España durante cuatro décadas y con la que se presentó ante las autoridades uruguayas, en agosto de 2015, al retornar al país para presentar el libro “Palabra de Amodio: la otra historia de los tupamaros”. Ante la oficina migratoria del aeropuerto de Carrasco, Amodio Pérez se presentó como Walter Salvador Correa Barboza, de nacionalidad española. En el documento, figuraba como nacido el 24 de enero de 1937 en “Valparaíso (Uruguay)”.
El nombre falso, en realidad, correspondía al de un ciudadano uruguayo –que aún vive, según comprobó tiempo atrás LA REPÚBLICA- y a quien la dictadura militar usurpó su identidad.
“Corte utilizó mismo criterio de autorización”
La Suprema Corte de Justicia no modificó su criterio y adoptó el mismo “tipo tradicional” de autorización para salir del país que se aplica ante requerimiento similares, más allá de la notoriedad de la persona en cuestión. Fuentes de la Suprema Corte de Justicia, señalaron a LA REPÚBLICA que la decisión se fundó en el derecho que asiste a cualquier encausado a viajar fuera del país por un tiempo determinado (hasta el 15 de enero).
“La Corte no varió de criterio; estos pedidos,- agregó la fuente- “se dan incluso en situaciones donde existe condena, porque quien tiene condena y todavía no cumplió en libertad la totalidad de la condena, también muchas veces, solicita por ejemplo para pasar las fiestas con la familia y pide autorización para salir del país”.
O sea que es en el mismo tenor que se suele dar este tipo de salidas por un tiempo determinado. Sobre el nombre falso, la Suprema Corte de Justicia entiende que Amodio Pérez “ingresó al país con ese pasaporte y aparentemente es un pasaporte válido otorgado por el reino de España”. Por tanto, “quien emite y quien es responsable de esa documentación es otro país soberano, y sobre eso, como República Oriental del Uruguay, tenemos responsabilidad solo sobre la documentación que emitimos nosotros”.
“Todo lo que pueda objetarse respecto de su identidad es un tema en principio del reino de España”. “Si bien tenemos esta situación de doble identidad, la República Oriental del Uruguay tiene muy claro quien es Amodio Pérez. El problema de la segunda identidad es un tema del reino de España. Cualquier eventualidad, que pueda surgir respecto a la identidad que figura en el pasaporte lo resolverán las autoridades pertinentes del país emisor”, indicó el informante.
“El lo que solicitó, porque todavía no están concluidas las causas, fue una salida temporal como lo puede hacer cualquier encausado que esté gozando de libertad anticipada o libertad condicional y se otorga o no por la autoridad judicial. En general se otorga, depende de las circunstancias concretas”, agregó la fuente. La Corte utilizó en este caso “los mismos criterios que utiliza desde siempre para el otorgamiento de este tipo de salidas”.
Para este tipo de situaciones, en general, “cuando la investigación está concluida, cuando hay auto de procesamiento o no, cuando hay sentencia o no, es el otorgamiento lo que puede variar, es la caución ya que en algunos casos se pide caución juratoria, caución personal o el depósito de una suma de dinero.
En este caso, se solicitó una suma de dinero que es la misma desde hace años y que ronda los 50 UR”. Quiere decir, que para este caso, “no se cambiaron los criterios” y lo pedido por Amodio Pérez “está dentro de los cánones normales”.

Viernes 02 • Diciembre • 2016
Cecilia Fernández, pro rectora de Investigación de la Udelar, y Daniel Greif, director nacional de Aguas, ayer, en la presentación del trabajo del panel ciudadano. / foto: adrián mariotti
Cecilia Fernández, pro rectora de Investigación de la Udelar, y Daniel Greif, director nacional de Aguas, ayer, en la presentación del trabajo del panel ciudadano. / foto: adrián mariotti

Se presentó ayer el informe del Panel Ciudadano sobre el Plan Nacional de Aguas

Mediante una lectura colectiva, se presentó ayer en la Facultad de Ciencias Sociales el informe del Panel Ciudadano de Deci Agua, la deliberación ciudadana sobre el agua, iniciativa que busca analizar la propuesta de Plan Nacional de Aguas. Durante tres fines de semana completos, 15 personas no expertas en el tema leyeron, discutieron e intercambiaron acerca del plan, y elaboraron un informe, al que llamaron “Ciudadanos del agua”. Antes de desarrollar las propuestas, hicieron una salvedad: el poco tiempo hizo imposible analizarlo de forma pormenorizada.
El primer tema analizado es la participación ciudadana. El panel destacó que en la propuesta de Plan Nacional de Aguas se reconoce que no se cuenta con los recursos humanos y económicos para atender las demandas de los participantes de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y de las Comisiones de Cuencas y Acuíferos, y dice que esto es “un impedimento para cumplir efectivamente” con el mandato del artículo 47 de la Constitución de la República, que determina que “los usuarios y la sociedad civil participarán de todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”. También reconocen que falta seguimiento en la gestión de las comisiones, y que hay baja frecuencia de reuniones. Respecto de este último punto, entre otras cosas proponen que se garantice al menos una reunión de cuenca cada dos meses, y que se consideren formas de incluir a personas que no participan en organizaciones.
Para mejorar la gestión participativa, también la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) “necesita apoyo financiero y en recursos humanos”, y proponen generar un puesto de defensor ambiental, que canalizaría las denuncias y los aportes de las comunidades a las Comisiones de Cuencas. Como aporte al plan respecto de la “educación para la ciudadanía del agua”, el panel sugiere que los contenidos vinculados al agua sean trabajados “en todas las ramas de la enseñanza, desde la primaria a la universidad”. Creen que es necesario “informar para empoderar, conocer para participar”, por lo que sugieren coordinar desde la Administración Nacional de Educación Pública la generación de un “plan de formación en torno a la cultura del agua”, que articule contenidos programáticos de distintas asignaturas.
Respecto de la calidad de las aguas, señalan que la intensificación de actividades humanas “ha alterado la salud de muchos ecosistemas acuáticos”, y que las “medidas de preservación, mitigación de impactos y restauración de ecosistemas” que tienen como prioritarias las cuencas del río Santa Lucía y la Laguna del Sauce tienen “plazos demasiado amplios”; sugieren que debe haber medidas de prevención en las restantes cuencas, ya que creen que sería “desapropiado desatender las otras cuencas por priorizar las del sur”. En el informe se señala que, si bien los monitoreos del uso de agroquímicos son potestad del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la Dinagua y las intendencias también deberían poder hacerlo; y que sería importante medir el nivel de agroquímicos en agua, alimentos y seres humanos, asunto en el que se debería comenzar a trabajar “rápidamente”.
Como falencia, señalan que en el plan “falta foco en la salud humana”. En el entendido de que “la economía no tendría que limitarse a las cuestiones de valor monetario del agua, sino que también deberían considerarse otro tipo de costos, como los sociales y ambientales”, proponen un plan de implementación de cánones por el uso del agua para la agroindustria, la industria maderera, los frigoríficos y las papeleras, haciendo hincapié en el sector exportador y cobrando a las industrias de manera diferencial, por no tratarse de uso para consumo humano. Este canon, proponen, se cobraría a “cualquier emprendimiento que implique lucro”, pero sugieren que se comience con las “grandes industrias y el gran consumo”, para que no recaiga en los pequeños productores.
El panel expresó que un Plan Nacional de Aguas debe “pensarse en relación a la revisión crítica de los modelos de desarrollo del país, ya que no son cosas aisladas, sino que las formas del desarrollo están relacionadas con el agua” y se debería “poner el énfasis en los aspectos no económicos del desarrollo”, centrándose en “el ser humano y su vínculo con la naturaleza”. Para esto, es necesario también “manejar, explicitar y encauzar los conflictos entre ministerios y diferentes niveles de gobierno”. Como síntesis del sentir del panel, citan la respuesta de Javier Taks, uno de los integrantes del grupo asesor: “Imaginar el país inserto en el mundo con la consigna: hacemos la mejor gestión de agua del mundo, por lo tanto no estamos dispuestos a autorizar formas de producción y consumo que nos desorienten de ese principio, incluso a riesgo de un menor crecimiento económico”, ya que “no debería poder justificarse la contaminación de un río apelando al desarrollo económico”.
El director nacional de Aguas, Daniel Greif, dijo durante la presentación que los aportes tienen un “fundamento conceptual enorme”, y resaltó que el canon “es una fuente de recursos posibles para sostener el plan”. Estos aportes, agregó, desafían a “analizarlos y sistematizarlos uno por uno”, para que luego de incorporados al plan “como propuestas” estas sean “consideradas para implementar por cada uno de los actores que tienen que ver con el tema”. Según Greif el documento “identifica claramente algunos de los temas de necesidades y de esfuerzos necesarios”, por lo que coincide “prácticamente con todo”; pero este “es un proceso de largo plazo, que no se puede pretender resolver del día a la noche”.
Jueves 01 • Diciembre • 2016
Edith Moraes. Foto: Javier Calvelo (archivo, junio de 2014)
Edith Moraes. Foto: Javier Calvelo (archivo, junio de 2014)

Universalización, calidad y diversidad serán temas del tercer Congreso Nacional de Educación

En abril de 2017 comenzará el tercer Congreso Nacional de Educación, y se extenderá durante todo el año. El gobierno espera que este ámbito trascienda los diagnósticos y elabore propuestas que sirvan como insumos para un Plan Nacional de Educación, que se proyecta definir en 2018, según informó ayer la ministra interina de Educación, Edith Moraes.
Los detalles de las actividades los definirá una comisión organizadora instalada la semana pasada, integrada por el PIT-CNT, organizaciones sindicales de la educación y organizaciones estudiantiles, representantes de instituciones públicas -la Administración Nacional de Educación Pública, el ministerio, la Universidad de la República, la Universidad Tecnológica- y representantes del Congreso de Intendentes y de los partidos políticos. El Partido Independiente (PI) y Unidad Popular (UP) fueron invitados a integrar la comisión pero resolvieron no participar, aunque por razones distintas.
A fines de octubre, el PI envió una carta a Moraes en la que sostenía que el Congreso “no brinda insumos concretos para la mejora del sistema educativo, que urgentemente necesita una reforma para salir de su crisis actual”. Opinaba además que esta instancia “no contribuye con agilidad y eficacia a abordar y analizar los problemas reales del sistema ni a proponer soluciones viables que puedan ser parte de una nueva e innovadora propuesta educativa”.
Por su parte, UP cuestiona que “la gente puso mucha esperanza en el primer Congreso Julio Castro, en 2006, y después todas sus conclusiones fueron encajonadas, y la línea del gobierno es la contraria”, según dijo a la diaria el dirigente de ese partido político Gonzalo Abella. Acotó que UP considera “imprescindible la realización de un congreso”, pero no en estas condiciones, y recordó que su partido impulsa talleres permanentes para discutir sobre educación.
En cambio, el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado sí integrarán la comisión organizadora, el primero representado por el profesor Pablo da Silveira, asesor de Luis Lacalle Pou, y el segundo representado por la diputada Susana Montaner. Da Silveira ya presentó a la comisión un documento con las propuestas del PN en materia educativa.
Moraes dijo que “respeta” la decisión del PI y de UP de no participar y aclaró que lo que el gobierno busca es una “amplia participación de la ciudadanía, y los ciudadanos van a poder participar igual”, ya que la invitación a los partidos era para integrar la comisión organizadora. El rector de la Universidad de la República (Udelar), Roberto Markarian, confesó que le “dolió un poco que algunos convocados dijeran que no iban a participar” alegando que el Congreso se había atrasado (por ley, está previsto para el primer año de gobierno). “Eso es cierto, pero [la de negarse a participar] es una actitud que no conviene”, cuestionó.
Los temas
Ayer, en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, las autoridades de la educación presentaron los ejes temáticos del Congreso. El primero, “educación para todos en todo el país”, se propone discutir cómo lograr una coordinación mayor del sistema educativo, con ofertas para que la educación sea continua y permanente, según explicaron Moraes y Markarian. El segundo, sobre “universalización y calidad de la educación”, pondrá “el foco donde están los problemas”: se buscará diseñar propuestas para que todos accedan a la educación y para que “todos aprendan lo necesario para la sociedad de este siglo”, explicó la ministra interina. El tercer eje será “educación, diversidad y diversificación” y estará vinculado a la “política de derechos”, explicó Markarian. El cuarto eje será transversal y abordará los desafíos de la educación; Moraes indicó que se buscará elaborar propuestas que “respondan a lo nuevo”, porque “el modelo se puso obsoleto y el siglo requiere otras cosas”. También se abordará “la necesidad de que los programas, los planes y las titulaciones estén armonizados y en consonancia con lo que el país necesita en materia de conocimiento”. Markarian, por su parte, enumeró desafíos para este eje: articulación, complementariedad de la formación, flexibilidad, titulaciones. El rector de la Udelar anunció que la institución que encabeza está impulsando un proyecto para entregar los títulos mediante chips.
Al igual que los anteriores congresos, el del año próximo tendrá instancias de discusión locales y, al final, una instancia nacional. Su producto será un documento que el gobierno espera que sirva de insumo para elaborar en 2018 el Plan Nacional de Educación.
El nombre y la metodología del Congreso los definirá la comisión organizadora. A diferencia de los dos congresos anteriores, que se realizaron en 2006 y 2013, este tendrá menos temas, para que puedan ser tratados en profundidad, y se buscará una participación mayor, explicó Moraes. Además, se quiere que tenga carácter propositivo: “No queremos más diagnósticos; queremos prospectiva, la voz de lo que la gente quiere que se haga”, remarcó la ministra interina
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