Publicado en: 6 febrero, 2018

Noticias Uruguayas 5 febrero 2018

Por Colectivo Noticias Uruguayas

URUGUAY: No encuentran expediente sobre el apartamento donde vivió Elena Quinteros

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URUGUAY

No encuentran expediente sobre el apartamento donde vivió Elena Quinteros

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) le respondió al Observatorio Luz Ibarburu su pedido de información sobre el inmueble donde vivió Elena Quinteros y que ahora está en poder de la División Ejército I para alojar personal de servicio, según informó el semanario Brecha en 2016.
La respuesta de la cartera, fechada el 25 de enero, no es lo que el Observatorio esperaba, dijo a la diaria su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera, si bien destaca que el pedido fue respondido “en tiempo y forma”.
El pedido de información señalaba que por sentencia interlocutoria Nº 227 del Juzgado Militar de Primera Instancia de 1º Turno, el 29 de diciembre de 1979 se adjudicó a la División del Ejército I el apartamento donde vivía Elena Quinteros, en la calle Ramón Massini 3044/103, en Montevideo. La solicitud del Observatorio pedía “todos los elementos que prueben la razón de dicha adjudicación y toda la documentación referida al destino posterior del inmueble”.
Un decreto-ley de 1975 habilitó a las Fuerzas Armadas usurpar los bienes que confiscaba durante la represión. En marzo de 1985, el gobierno de Julio María Sanguinetti anuló ese decreto-ley, pero en los hechos las propiedades permanecen en poder de las Fuerzas Armadas.
El MDN comunicó a la organización que en la cartera consta que hubo una sentencia del Supremo Tribunal Militar sobre la propiedad del apartamento, pero que no cuenta con la documentación porque el expediente está en manos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Cuando se recuperó la democracia, los expedientes que estaban en la justicia militar pasaron a la SCJ. En 2012, el máximo organismo judicial procedió a la digitalización de esos archivos, que suman 3.000 expedientes que abarcan a 10.134 personas. “Ese expediente [el de Quinteros] fue a la SCJ; no se sabe si quedó ahí o se distribuyó a los juzgados penales. El Observatorio va a tener que averiguar en la SCJ a qué juzgado fue ese expediente, porque no surgen más datos de la información que nosotros tenemos que sean relevantes”, explicó a la diaria una fuente del MDN.
Sin embargo, Brecha ya hizo esa averiguación en 2016, sin éxito. Una nota del semanario de febrero de ese año da cuenta de que los funcionarios de la SCJ consultados informaron que esa sentencia y otras dictadas en 1979 “no están”. Luego el vocero de la SCJ en ese entonces y ahora, Raúl Oxandabarat, le informó al semanario que “efectivamente, el legajo no aparece”, y que no tiene una explicación para esa falta. Consideró que podría tratarse de “un desorden” de la época. “Lo real es que los legajos no están”, dijo al semanario.
El Observatorio Luz Ibarburu quiere dar con el expediente porque podría contener información relevante para la causa de la desaparición de la maestra, en junio de 1976. “Deseamos remarcar que el acceso a toda la documentación relativa a violaciones a los derechos humanos es una obligación impuesta por el Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Gelman vs. Uruguay del 24 de febrero de 2011, cuyo cumplimiento es obligatorio para el Estado uruguayo. Allí se dispuso que ‘El Estado deberá adoptar las medidas pertinentes y adecuadas para garantizar el acceso técnico y sistematizado a esa información, medidas que deberá apoyar con las asignaciones presupuestarias adecuadas’”, recuerda el Observatorio en su pedido de acceso a la información.
Olivera dijo a la diaria que ahora tendrán que hacer una nueva solicitud, en este caso al Poder Judicial. Pero la última solicitud de acceso a la información que realizaron a ese poder del Estado no es un buen antecedente.
En diciembre de 2017, fuera del plazo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, la SCJ le respondió al Observatorio un pedido de información sobre 45 expedientes referentes a violaciones a los derechos humanos en la última dictadura que están desde hace más de un año en los juzgados y siguen en presumario. Se preguntó a la SCJ por qué estas causas están demoradas, y, si las demoras no son justificadas, qué medidas se adoptaron para garantizar la celeridad de esas causas.
En el pedido se recuerda que el Código del Proceso Penal establece que es obligación de los jueces elevar información sobre el trámite de las causas a la SCJ y que esta debe determinar si las demoras están o no justificadas.
El Observatorio también reclamaba información sobre la ubicación de algunos expedientes referidos a violaciones a los derechos humanos. Esta última solicitud no fue respondida por la SCJ. Sobre las demoras en los expedientes, el organismo judicial comunicó que pidió informes al respecto a los juzgados penales.

 


Estos días se cumple un año desde que el Comando Barneix emitió públicamente sus amenazas

Estos días se cumple un año desde que el Comando Barneix emitió públicamente sus amenazas a un grupo de militantes por los Derechos Humanos del pasado reciente. Hasta el momento no ha habido ningún avance al respecto. La justicia que tiene todas las potestades para actuar, no lo ha hecho. No ha dado ninguna señal de involucramiento o preocupación seria al respecto.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, luego de su visita de dos días a nuestro país, a fines del mes de octubre del año pasado, fue muy claro y explícito. Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las notorias carencias de las políticas de reparación a las víctimas que se han llevado a cabo.

El Poder Judicial: el gran problema de la justicia en Uruguay

En la actualidad, la impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se sigue llamando Poder Judicial. Es uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana.
De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.

Luego de la sanción encubierta a la Dra. Mariana Mota, por parte de la SCJ en febrero de 2013, pocos jueces han manifestado un auténtico y democrático entusiasmo por llevar adelante y tramitar las causas que se han presentado. La “muralla”, a la cual se refirió en su momento el Presidente del cuerpo Dr. Jorge Ruibal Pino, sigue siendo un obstáculo insalvable.

Las amenazas proferidas por el Comando Barneix, otras acciones de amedrantamiento no esclarecidas, siguen operando subrepticiamente desde las sombras e impactando negativamente en la voluntad de enjuiciar. El terrorismo de Estado fue un proyecto de país global al servicio de los poderosos, contó con el apoyo explícito de los grandes hacendados, de la Asociación Rural que bendijo la disolución del Parlamento junto con la Cámara de Comercio y el matutino “El país”. Contó con amplio respaldo de los organismos internacionales y del gobierno de Estados Unidos. El único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Asencio Lucero, fue simplemente procesado por “privación de libertad”. Hubo miles de torturados y ni un solo militar o policía procesado por dicho delito hasta el momento.

Criminales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar” en situación de retiro, con el beneplácito de la Suprema Corte de Justicia.

Un proyecto de país más democrático
Los ex presos políticos agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación. La impunidad es un riesgo para la democracia: alienta la repetición. Con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos. El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.

Hasta ahora, sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado. Centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por el Dr. Jorge Chediak, con el concurso de la Dra. Elena Martínez y del Dr. Eduardo Turell, sigue negando la aplicación de las normas de DDHH internacionales, el ius cogens, el “derecho de gentes”.

La Fiscalía especializada en DDHH está en “veremos”

La designación del Fiscal Especializado en DDHH a la mayor brevedad, se menciona al respecto como una posibilidad la designación del Dr. Ricardo Perciballe, tiene amplio consenso entre algunas de las organizaciones que abordan la temática, será una contribución importante para impulsar el trámite de las causas, para dinamizarlas y enfrentar a la nueva “muralla” silenciosa.

Designar un nuevo responsable ante la jubilación de la Fiscal Ana María Tellechea, de ejemplar desempeño por su compromiso, valentía, honradez y dedicación, es urgente. Será una señal de auténtico compromiso. Es necesario un responsable diligente y comprometido, un equipo de apoyo con recursos humanos y tecnológicos para promover las causas ya presentadas y las que puedan surgir.

Una nueva ley de reparación es apremiante

Falta verdad, falta justicia y falta avanzar, también, en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En abril del año pasado, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que coordina el Dr. Felipe Michelini presentó al Presidente de la República un informe sugiriendo el envío de un nuevo proyecto de ley de reparación.

En la actualidad, dicho informe está a estudio de todos los ministros para ser discutido próximamente por el Consejo de Ministros. Habría que apurar el tranco. Todos los ministros deberían manifestar su apoyo a las recomendaciones formuladas. Es de estricta justicia. A 33 años de retorno a la institucionalidad democrática, ya es hora.

Hace ya más de cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones como ocurre en la actualidad.

Los beneficiarios de la ley sufren, además, desde abril del año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la vigencia del Decreto 297/2010.

El proyecto de ley de Crysol: una auténtica alternativa

Crysol presentó al Presidente de la República un proyecto de ley al respecto hace ya dos años, con la responsabilidad con que siempre ha actuado para contribuir y colaborar con la labor gubernamental. La propuesta presentada reformula las leyes ya aprobadas y vigentes pero recogiendo las recomendaciones realizadas por la INDDHH y el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff. El grueso del trabajo ya está realizado. Es hora de concretar.

En este 2018 debería ser una prioridad del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno, los otros partidos no manifiestan por estos temas ni la más mínima inquietud o preocupación, hacer justicia con este grupo social de edad avanzada. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado siguen sin implementarse. La movilización de las víctimas organizadas junto con el respaldo de las organizaciones de DDHH y del movimiento sindical y estudiantil será la clave. El sábado habrá una vigilia en Piriápolis por nuestros Detenidos Desaparecidos. Iniciamos la movilización.

—— Opinando N° 1 – Año 7 – Jueves 1° de febrero de 2018

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