Publicado en: 6 diciembre, 2016

Noticias Uruguayas 5 diciembre 2016

Por Colectivo Noticias Uruguayas

Uruguay: Espionaje militar: Hay rollo para rato por Samuel Blixen
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URUGUAY

Grimag
Hay rollo para rato

por Samuel Blixen
La Comisión Investigadora que desde la tarde del jueves 24 comenzó a indagar sobre las prácticas de espionaje de la inteligencia militar tendrá la difícil tarea de demostrar la existencia oficial de documentos que los mandos militares aseguran que no existen. Brecha aporta algunas pistas para ubicar rápidamente esos documentos, primer paso para desmontar la autonomía de la inteligencia militar.


Jorge Menéndez / Foto Leónidas Martínez

Cuarenta y ocho horas antes de que el plenario de la Cámara de Diputados aprobara la instalación de una comisión investigadora parlamentaria sobre actividades de espionaje militar en democracia (véase recuadro), los mandos del Ejército hicieron la primera movida en el tablero, reveladora de la actitud que asumirán en los próximos 180 días en que se desplegará la indagatoria parlamentaria. Consecuentes con una línea histórica, los mandos han optado por negar la evidencia y encubrir el espionaje.
El mensaje fue trasmitido por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en ocasión de la convocatoria del Senado a Comisión General para abordar la situación general de las Fuerzas Armadas. En la ocasión, el ministro aclaró que no bien habían surgido las primeras denuncias periodísticas había consultado a los mandos sobre prácticas de espionaje a organizaciones políticas y sociales por parte de la inteligencia militar. Los mandos le informaron que desde la reinstalación de la democracia en 1985 tales prácticas fueron eliminadas. En la sesión del Senado del martes 22, el ministro detalló la respuesta de sus subordinados agregando nuevos elementos. Dijo que el Estado Mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica le aseguraron que no hubo espionaje en años de democracia a partidos políticos, jueces, periodistas ni otras autoridades.
El desmentido sobre la existencia de espionaje de inteligencia en democracia (espionaje que surgió de los informes de dos peritos a una jueza penal al relevarse el contenido de la documentación incautada en el domicilio del fallecido coronel Elmar Castiglioni) ya había sido adelantado por el ministro a los integrantes de la bancada del Frente Amplio que impulsaban la creación de la comisión investigadora.
Pero en el Senado el ministro Menéndez agregó otro elemento: “Las autoridades han respondido que institucionalmente no se han realizado actividades de esas características y que no existen en las fuerzas archivos al respecto”. El ministro se encargó de enfatizar que la afirmación sobre la no existencia de documentos era parte de la respuesta que había recibido; y además subrayó el carácter sugerente del adverbio “institucionalmente”, que abre una puerta lateral para considerar que la documentación incautada en el domicilio de Castiglioni era producto de una actividad “privada”.
La respuesta de los mandos al ministro juega con una ambigüedad que puede convertirse en un tiro por la culata. El ministro aparentemente debe atenerse a lo informado por sus subordinados, pero eventualmente podrá enfrentarse a una situación delicada, muy parecida a la mentira que unos generales hicieron llegar al presidente Tabaré Vázquez sobre la ubicación de restos de desaparecidos. Menéndez ya tiene sus dolores de cabeza con los “libretazos” del comandante de la Armada, el último de los cuales se refiere a la intimación y amenaza contra La Diaria por el contenido de un artícu-
lo de humor. La iniciativa del comandante Leonardo Alonso de enviar una carta al matutino amenazando con denuncias judiciales no fue avalada por el ministro ni por el presidente Tabaré Vázquez, quien en su primera presidencia contó con Alonso como edecán militar.
Ahora, la respuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Eduardo Pintos, y del director de la Inteligencia Estratégica Militar, coronel Juan José Pomoli, puede ser mucho más temeraria, entre otras cosas porque la comisión investigadora puede llegar a la conclusión, a poco que camine, de que sí hay, “institucionalmente”, documentación oficial sobre espionaje militar a políticos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, legisladores y magistrados.
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La pretensión de que el material en poder de Castiglioni fue elaborado por una estructura “privada” de inteligencia no resiste el mínimo análisis y caerá por su propio peso cuando los historiadores Isabel Wschebor y Álvaro Rico testimonien ante la comisión investigadora que entre los documentos relevados a pedido de una jueza penal había muchos con visos de ser copias de originales de inteligencia militar.
Confirmar la procedencia de esa documentación incautada implicará acceder a los archivos de la inteligencia militar para verificar la existencia de documentos sobre espionaje que el general Pintos y el coronel Pomoli dicen que no existen.
A los efectos de ayudar a la búsqueda, Brecha puede proporcionar algunas pistas. En 2006, la entonces ministra de Defensa, Azucena, Berrutti, procedió “institucionalmente” a ordenar el lacrado de un armario metálico, en dependencias de una unidad de inteligencia militar en la calle Eduardo Víctor Haedo, que contenía rollos microfilmados. Esos rollos fueron “institucionalmente” digitalizados; la digitalización, en dos discos duros y en 51 Dvd, fue “institucionalmente” entregada al ministro de Defensa Nacional dos años después de la incautación, y dos juegos de copias fueron “institucionalmente” entregadas a la Presidencia de la República y al Archivo General de la Nación.
En ese archivo –que bien podría calificarse como “archivo Berrutti”, en honor a su descubridora– hay una inconmensurable información sobre un amplio abanico de actividades militares, que abarca un extenso lapso desde los años previos al golpe de Estado hasta el año 2005. En esos rollos hay fichas de detenidos, actas de interrogatorios, ficheros de partidos políticos, fichas correspondientes al fichero general del Servicio de Información de Defensa (Sid), ficheros del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), constancias de habilitación para cargos públicos, índice alfabético de delegados de mesa y candidatos de partidos políticos, fichas sobre personal del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada y de Sanidad Militar, listado de actas de reclusas, carpetas de detenidos, trámites relacionados con pasaportes, documentos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), fichas de abogados defensores de sediciosos, ficheros de jefaturas de policía del Interior, documentos del Departamento II (exterior) de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid), documentación del Esmaco, documentación relacionada con el Conae, Primaria, Secundaria y Utu, fichas de procesados por la justicia militar, fichero general de la Dgid, documentación relacionada con el narcotráfico y, finalmente, documentación no detallada, año a año, hasta fines de 1999.
Pero en lo que refiere al interés específico de la comisión investigadora, y particularmente a la afirmación de los mandos sobre la inexistencia de documentos, merece detallarse la lista de los rollos incautados por la doctora Berrutti que refieren, específicamente, a “informes y documentos proporcionados por informantes del Departamento III de la Dgid”. En los rollos numerados del 148 al 155 hay material de espionaje correspondiente al año 1987; los rollos 780, 854, 858, 902 y 918 refieren a informes de espías e infiltrados del año 1989; los rollos 994, 1020 y 1060 corresponden a 1991; el rollo 1077 es de 1992; los rollos 1214, 1216, 1278, 1295, 1298, 1302, 1305, 1307, 1311 y 1317 contienen informes del año 1993; los rollos 1323 y 1326, del año 1994; el rollo 1423 corresponde al año 1995; el rollo 1540, al año 1996; el rollo 1649, al año 1997; los rollos 1712 y 1713 corresponden al año 1998; y finalmente tres rollos (números 1856,1857 y 1858) corresponden al año 2005.
Todas esas microfilmaciones confirman el papel jugado por la estructura oficial de inteligencia militar en el espionaje. Pueden ser fácilmente consultados en el Archivo General de la Nación, en primer lugar por el propio director de Inteligencia Estratégica, para despejar la ambigüedad sobre la afirmación de no existencia de documentos. Por si ocurre alguna dificultad para ubicar esos informes de espías e infiltrados, los mandos pueden consultar –y eventualmente interrogar– a algunos oficiales cuyos nombres aparecen en informes de los espías. Por ejemplo: el documento número 1861, en el rollo 902, que informa sobre una oferta de venta de armas a Irán, contiene una anotación a mano, del oficial de inteligencia, que recomienda “preguntarle al capitán Francia”, del arma de Ingenieros. El coronel Ruggiero es citado en el documento número 295 del rollo 858, respecto de acciones de espionaje a diversos periodistas; y el teniente coronel Bonavoglia aparece como referencia a propósito de un informe sobre reuniones en la parroquia San Antonio. Y también, a efectos de confirmar el carácter institucional de ese espionaje, pueden consultarse los archivos de los otros departamentos de la Dirección General de Información del Estado –el Departamento I, el Departamento II y el Departamento de Contrainteligencia– que habitualmente recibían copias del Departamento II (Operaciones) de los informes de los infiltrados, como aquel –consignado en el documento 1788 del rollo 902– que daba indicaciones para espiar a los periodistas Ariel Hernández, Pedro Cribari y Omar Prego.
La reacción inicial de los mandos negando lo evidente obedece a una práctica reiterada que obliga a regresar una y otra vez al punto de partida, para impedir cualquier erosión de la autonomía que las Fuerzas Armadas edificaron a lo largo del tiempo. La táctica se aplica a cualquier esfera, sean los privilegios o la impunidad. Con ello, y una buena dosis de cinismo, retrasan el momento de dar cuenta de lo que hicieron y de lo que hacen.
A juzgar por la experiencia, es una táctica que da resultados. En este caso habrá que demostrar primero que hubo espionaje, para recién después establecer cuáles eran los móviles y los objetivos, qué se perseguía cuando se espiaba.
La Comisión Investigadora tiene una dura tarea por delante.

Amado denunció amenazas

“No gasten pólvora en chimangos”

Por Lourdes Rodríguez
La reafirmación ante el conjunto de sus colegas de que nada ni nadie doblegará su voluntad política, formulada por el diputado colorado Fernando Amado, tenía una justificación evidente: una ciudadana de apellido Castiglioni, presumiblemente familiar del coronel Elmar Castiglioni, en cuyo domicilio se incautaron documentos de inteligencia militar, lo amenazó con revelar secretos en el caso de que apoyara la formación de una comisión investigadora parlamentaria sobre espionaje militar.
Amado recibió insultos (“rata inmunda”, “gusano arrastrado”) y amenazas contra él y su familia el mismo día en que pronunció públicamente en El País sus apreciaciones sobre los alcances del archivo (“se trata de una insubordinación de los militares al poder civil”). Afirmó que no es la primera vez que recibe este tipo de mensajes intimidatorios (citó sin dar detalles los que recibe de “la hija de un connotado torturador”), pero que los de esta ocasión buscaban extorsionarlo para que no respaldara la conformación de la investigadora.
Además del apellido de la mujer que lo coaccionó, el legislador identificó que se trata de una persona que “se dice colorada”, pero que su cercanía a “alguna gente” del Partido Colorado le resulta muy evidente: “En el partido que yo me proyecto, esta clase de gente no tiene espacio ni tolerancia alguna. Me voy a encargar de erradicar a los inescrupulosos fascistas con el único fin de defender la democracia”.
Se puso a disposición de este ámbito (aprobado por unanimidad) y argumentó: “Este es el modus operandi clásico de este tipo de personas antidemocráticas que lo que buscan es tener información para después intentar chantajear y lograr determinadas cosas. Entender esto es entender la importancia de este tema”. Entre las razones de su revelación, Amado mencionó su intención de enviar “un mensaje muy contundente a todos los clubes de fachos, de enemigos de la democracia, de conspiradores, de torturadores, de espías y de un largo etcétera”. En esa dirección afirmó: “No gasten pólvora en chimangos, este legislador no tiene nada que ocultar y mucho menos va a ceder un milímetro ante sus cobardes amenazas. Se equivocan feo”.
Luego de su intervención recibió algunos gestos solidarios de integrantes de su bancada, pero también de varios de sus pares oficialistas, quienes se acercaron hasta su banca para demostrar el apoyo (Óscar Groba, del Espacio 609, Luis Puig, del Pvp, Jorge Pozzi, de Nuevo Espacio, Gerardo Núñez del Pcu).

Espionaje militar: “violenta y perfora la democracia”

29Nov

AFUSEC

Cuando el Parlamento comience formalmente el trabajo de la comisión investigadora que se formó para analizar las denuncias de espionaje en democracia a partidos, sindicatos, periodistas y dirigentes, las barras estarán repletas de trabajadores convocados por el PIT-CNT. Un rol activo y decisivo para acompañar el tratamiento del archivo Castiglioni que fue encontrado en el proceso de un allanamiento ordenado por la jueza Beatriz Larrieu en el marco de la causa que investiga el asesinato del dirigente asesinado Fernando Miranda.
En diálogo con el Portal del PIT-CNT, el integrante del Secretariado Ejecutivo y Secretario de Prensa y Propaganda de la central, Gabriel Molina, explicó que la aparición de los archivos y su difusión a través del semanario Brecha, “es la confirmación de lo que los trabajadores sabíamos que los servicios de inteligencia nunca dejaron de operar”.
A pesar de la postura sostenida por el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, quien aseveró que el Estado mayor de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Estratégica le “aseguraron” que “no hubo espionaje” en los años desde la recuperación de la democracia, para la central es imprescindible llegar “hasta las últimas consecuencias en esta etapa de investigación”. En este sentido, Molina recordó que el sindicato que integra, Sutel,  “hicimos la denuncia y estamos a la espera de que la jueza resuelva positivamente en los próximos días para que nos entreguen parte de los archivos y tener conocimiento como sindicato”.
Para el PIT-CNT, la conformación de la comisión investigadora en el Parlamento, es una señal positiva. “Vemos con mucho beneplácito que la investigadora empiece a analizar la información pero no desde el año 2005 a la fecha, sostenemos que hay que investigar desde el año 83 al presente”. El secretario ejecutivo del PIT-CNT dijo al Portal que estos hechos denunciados “rozan y lastiman la democracia, causan lesiones a los seres humanos y a las libertades, por eso nos preocupa y rechazamos total y enfáticamente que se hayan realizado tareas de espionaje en democracia a partidos, sindicatos, periodistas y a quien hayan espiado”.
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Contundente

Gabriel Molina remarcó que el espionaje realizado  “lesiona la democracia, la violenta, la perfora, por tanto no se puede seguir sosteniendo más esta situación, hay que investigar a fondo todos estos hechos, porque en definitiva esclarecer los hechos y buscar responsabilidades es proteger la democracia paraseguir construyendo y avanzar con bases firmes y sólidas en la búsqueda de verdad y justicia”.

Lunes 28 • Noviembre • 2016
Foto principal del artículo 'Alegato sobre Tróccoli del representante de Uruguay: era “uno de los verdugos más encomiados”'

Alegato sobre Tróccoli del representante de Uruguay: era “uno de los verdugos más encomiados”

“Tróccoli viaja a Buenos Aires pocos días antes de los crímenes que estamos examinando; sabemos que él era S2 y comandaba el servicio de inteligencia del Fusna [Fusileros Navales]; su viaje a Argentina no puede ser evaluado como una coincidencia”. El abogado Antonello Madeo, que representa a las partes civiles Frente Amplio (FA), Partido Democrático de Italia, familias D’Elia, Borelli, Gambaro y Casco -en sustitución del abogado Danilo Leva- presentó sus alegatos finales en la audiencia del juicio para la Operación Cóndor del viernes 25 de noviembre. Ante la Tercera Corte de Asís de Roma, Madeo subrayó la circunstancia inusual de la presencia de un partido político, como el FA, como parte civil en un procedimiento penal y justificó esa presencia haciendo referencia a la gran cantidad de víctimas pertenecientes a esa coalición y a la proscripción que sufrieron la fuerza política y sus miembros. Sus declaraciones se fundamentaron sobre todo en los hechos de fines de 1977 y principios de 1978, y en la oleada represiva en contra de los Grupos de Acción Unificadora (GAU) entre Montevideo y Buenos Aires, a cargo de Jorge Néstor Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.
Además de los testimonios ya citados por otros abogados en las audiencias antecedentes, como los de Cristina Fynn, Rosa Barreix y Carlo Dosil, Madeo centró su exposición en la figura de Tróccoli: “Delante de nosotros hay un sujeto de edad ya avanzada que sigue reivindicando su postura. Es un león sin dientes que sigue denunciando con fuerza que la patria lo traicionó. En sus declaraciones delante de esa Corte citó su libro, que es una apología de la violencia. Él era uno de los verdugos más encomiados, un enfant prodige de la violencia, aun más apreciado por su joven edad en la época de los hechos. Quiero invitar a la Corte a reflexionar sobre el hecho de cómo, en un momento histórico en el que estaba en acción una coordinación represiva entre los países sudamericanos, podía verificarse un secuestro o un homicidio sin el consentimiento de quienes dirigían los servicios de inteligencia”.
Madeo se centró en la responsabilidad de Tróccoli en la represión de los GAU y subrayó la jurisdicción del Fusna en esas operaciones: “La represión de los GAU en Argentina fue posible sobre la base de las informaciones recuperadas por parte del S2 comandado por Tróccoli en Uruguay; Tróccoli admitió haber viajado a Argentina y luego de esos hechos recibió un ascenso de carrera; después colaboró con la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada] y recibió encomios. En su libro él se jacta de que en la ESMA copiaron las técnicas de torturas y extorsión de la información de la Armada uruguaya”. A propósito de la determinación de la prueba, hizo hincapié en el artículo 192 del Código de Procedimiento Penal con referencia a indicios “graves, precisos y concordantes”. Madeo también puso en duda el contenido del informe de la Armada que fue presentado en 2005: “Ese informe fue redactado por Tabaré Daners, quien en la época de los hechos que estamos examinando era juez sumariante del Fusna. Eso deja muchas sospechas sobre la veracidad de la información contenida en la memoria presentada a [el entonces presidente] Tabaré Vazquez”. Finalizó afirmando que el comunicado número 1.383, de 1978, que afirma que los GAU fueron desmantelados gracias a las operaciones conducidas por las Fuerzas Conjuntas, es la confirmación de las desapariciones. El abogado recordó también las figuras de Julio D’Elia, Raúl Borelli y Raúl Gambaro y se sumó a los pedidos de la Fiscalía.
El abogado Fabio Maria Galiani, en representación de Uruguay y de la parte civil Soledad Dossetti, presentó la primera parte de su alegato y concluirá su exposición en la audiencia del 1º de diciembre. Galiani comenzó su declaración con una introducción técnica y ofreció a cada jurado de la Corte fichas con datos de cada uno de los imputados y con referencias a las víctimas, los testigos y los elementos de prueba. Asimismo entregó una tablet a cada juez con el mismo material preparado para una búsqueda textual de documentación referida a cada caso. Habló del Plan Cóndor haciendo referencia a los testigos Giulia Barrera y Carlos Osorio y a la documentación desclasificada que ofrecieron; recordó que, según lo referido por Osorio, Uruguay pidió varias veces a Estados Unidos material desclasificado sin éxito; refirió acerca de acuerdos para el intercambio de informaciones, becas y cursos que se establecieron en la región ya en 1974: “Luego veremos para qué sirvieron esos cursos” dijo.
Después de haber presentado las fichas de cada imputado se centró en un detallado análisis de la sentencia del Tribunal de Roma que puso en libertad a Tróccoli en 2008, y expuso los que, según él, fueron errores de evaluación: “Ese tribunal emitió un fallo en una fase de investigaciones preliminares y con muy poca documentación traducida. En estos años produjimos 25.000 actas, se descubrieron nuevos archivos y varias personas se animaron a declarar. En la sentencia de 2008 se subestimó el rol de la Armada y de Tróccoli”.
Luego Galiani pasó a detallar las pruebas que acusan a Tróccoli. Analizó su legajo y puso en evidencia la rapidez de su carrera, que se desarrolló en los años de la represión. Asimismo, relató la cantidad de reconocimientos que recibió por su “valentía”, su “trabajo eficaz en delicadas y peligrosas misiones” y su “actividad sin descanso en el combate a la sedición”. El abogado destacó el hecho de que, sorpresivamente, en el legajo de Tróccoli falta sólo la parte relativa a diciembre 1977-enero 1978, período que coincide con la oleada represiva contra los GAU. “Pero sobre esa época tenemos los testimonios de quienes lo vieron actuando en el Fusna”, señaló.
El jurista hizo también un análisis prolijo de varias declaraciones de Tróccoli, en tiempos y contextos diferentes, y puso énfasis en sus contradicciones: “En la memoria presentada ante la Corte de Apelación de Salerno dijo que a finales de 1977 estaba en un curso en Puerto Belgrano; en las declaraciones de 2007 en Montevideo dijo que a mitad de diciembre de 1977 salió de licencia, que participó en entre 50 y 60 interrogatorios, que en 1977 viajó a Argentina, que transcurrió Navidad y fin de año en Guichón -y acá los testigos dijeron que transcurrió la Navidad en Montevideo y fin de año en Guichón-. Le dijo al juez, para las investigaciones preliminares en Roma, que nunca detuvo a nadie, que salió de licencia a inicio de 1978, que se tiene que admitir que los desaparecidos están muertos y que fue tres veces a la ESMA”.
La Corte informó que se suprimió la audiencia del 13 de enero de 2017 y citó para el 17 de enero de 2017, fecha de la posible sentencia. La próxima audiencia está prevista para el 1º de diciembre; ese día concluirá el alegato de Galiani y expondrá el abogado Nicola Brigida para el caso Montiglio (Chile) y la Unión Italiana del Trabajo. Ese día, además, empezarán los alegatos finales de los abogados de los imputados.

Errata

En la nota del miércoles 23 acerca del juicio sobre el Plan Cóndor en Roma se deslizaron algunos errores: la fecha de la muerte de Álvaro Nores Montedónico no es el año 1985, y él y Juan Pablo Recagno fueron secuestrados el 2 octubre de 1976 y no el 1º, como se sostiene en la nota. Pedimos disculpas por estas imprecisiones.

 

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