Noticias Uruguayas 5 abril 2018

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Juez de Corte Federal brasileña emite orden de detención contra Lula // Juez Sergio Moro ordena prisión para Lula dentro de 24 horas // Mayoría del Supremo Tribunal Federal de Brasil niega habeas corpus a Lula // La libertad de Lula y el orden social // Sin crimen ni pruebas ni hábeas corpus Por: Emir Sader // ¿Qué opciones tiene Lula da Silva después de que le negaran el ‘habeas corpus’? // PT declara que defenderá candidatura de Lula hasta las últimas consecuencias // Partido de los Trabajadores: «El pueblo brasileño tiene el derecho de votar a Lula” // URUGUAY: Trabajadores del gas buscan preservar fuentes laborales // Justicia citó a una veintena de militares y médicos por torturas y abusos sexuales

URUGUAY
Ante la no prórroga de parte del gobierno del Memorándum de Entendimiento con Shell por la puesta en marcha de la regasificadora, los trabajadores del gas natural por cañería –nucleados en el sindicato Uaoegas- resolvieron este miércoles en una asamblea general, la adopción de una serie de medidas buscando salvar las fuentes laborales del sector, según informaron a LA REPÚBLICA fuentes del sindicato.
En su resolución, el sindicato describe que “ante la proximidad del fin del convenio mencionado profundizar los esfuerzos para rápidamente tener una batería de medidas fiscales, comerciales, tarifarias, normativas y de gestión que contribuyan a dar sustento al sector gas natural revirtiendo la sangría de usuarios (6.000 menos aproximadamente desde 2006 a la fecha), mantener la continuidad de las distribuidoras CONECTA y MontevideoGas, y evitar la pérdida de decenas de puestos de trabajo y la congelación salarial”.
Agrega la Uaoegas que busca “refirmar nuestra disposición a acordar la mayor cantidad de acciones posibles que dependan de la gestión directa de Petrobras para expandir la actividad de las distribuidoras”.
Además los trabajadores decidieron “exhortar a todos los involucrados en esta problemática a actuar con la mayor celeridad a efectos de evitar la problemática planteada el año pasado con seguros de paro, congelación de salarios y mantenimiento de la pérdida de usuarios”.
Concluyen señalando en lo que resolvieron que “en caso de no poder avanzar en la perspectiva señalada en los puntos anteriores disponer todas las acciones de lucha necesarias que eviten los perjuicios ya mencionados”. El sindicato se reunirá en estas horas con legisladores del Frente Amplio y del Partido Nacional.

 

Trabajadores del gas denuncian que el Partido Nacional busca rédito político con la regasificadora

La Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas (UAOEGAS) denunció que el Partido Nacional busca obtener un rédito político con la regasificadora, y cuestionan que en ningún momento los nacionalistas se refirieron a las demandas arbitrales que sin fundamento alguno entabló Petrobras contra el Uruguay.

sayago
El sábado 31 de marzo caducó el plazo para que la firma Shell presentara el proyecto de la nueva planta regasificadora. La compañía internacional solicitó una prórroga pero desde el Ministerio de Industria se entendió que ello no era de recibo, más allá de que es de interés del gobierno continuar con el emprendimiento.
A raíz de la situación, desde el Partido Nacional se cuestionó que “no habrá regasificadora” y que “todo lo gastado se perdió”. Además se planteó citar a las autoridades del Ministerio de Industria ante el Parlamento.
Por su parte, la UAOEGAS se pronunció este miércoles 4 de abril sobre la no renovación del memorándum con Shell.
Los trabajadores del gas solicitan que “se realicen los máximos esfuerzos para tener rápidamente una batería de medidas fiscales, comerciales, tarifarias, normativas y de gestión que contribuyan a dar sustento al sector del gas natural, revirtiendo la sangría de usuarios (6.000 menos desde 2006 a la fecha)”.
Piden también “mantener la continuidad de las distribuidoras Conecta y MontevideoGas, y evitar la pérdida de decenas de puestos de trabajo y la congelación salarial”.

Críticas al Partido Nacional

Por otro lado, el sindicato denunció que “el Partido Nacional busca sacar su rédito político con la regasificadora”.
“No hemos visto ningún pronunciamiento del Directorio del Partido Nacional, ni de sus legisladores, referido a las demandas arbitrales que sin fundamento alguno entabló Petrobras contra Uruguay por al menos 100.000.000 de dólares, las que de prosperar perjudicarán el bolsillo de los uruguayos” sentenció la UAOEGAS .
También cuestiona la inexistencia de “pronunciamiento o de alguna acción en las comisiones legislativas o por otra vía, del Partido Nacional ante las medidas de seguro de paro, congelación de salarios, tercerizaciones que implementó Petrobras en 2017, y que derivó en una huelga de hambre”.
“No se ha escuchado alternativa para asegurar el servicio a 45 mil usuarios en el interior y la capital, y mantener el trabajo de 250 familias”, indicó el sindicato.
Agrega: “Lo primero que deberían hacer los dirigentes del Partido Nacional es reconocer su responsabilidad con la situación actual producto de sus decisiones de los años 90”.

 


 

Concentración de estudiantes en el Codicen.

Gremio de magisterio decide si sigue la ocupación

Autoridades dicen que ningún estudiante quedará sin escuela de práctica.

En febrero, una circular del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) dispuso que desde este año se pague la compensación por la tarea de maestro adscriptor (con estudiantes de Magisterio a su cargo) sólo a quienes tienen por lo menos dos alumnos. Hasta el año pasado usualmente había un estudiante por maestro, y eso determinaba que recibieran alumnos –y compensación– docentes que no necesariamente habían hecho el curso de adscriptor ni concursado por el cargo. Tanto la Asociación de Maestros de Montevideo (Ademu Montevideo) como la Federación Uruguaya de Magisterio se oponen al cambio y reclaman su derogación, lo cual fue rechazado por el CEIP antes de la Semana de Turismo. Por este tema, Ademu Montevideo se concentró el martes en la sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.
El Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) se expresó en contra de la decisión y ocupa, desde el martes, el Instituto Normal; hoy, en asamblea, evaluará si mantiene la medida. Ayer, dirigentes del CEM entregaron en el CEIP su plataforma reivindicativa, en la que manifiestan que la circular “ataca directamente” su formación, porque las condiciones de estudio “se ven afectadas al compartir la clase”, y eso en definitiva reduce el tiempo de práctica de cada estudiante.
Pablo Caggiani, representante de los docentes en el CEIP, dijo a la diaria que ayer en el encuentro con el CEM se abrió un canal de diálogo para resolver situaciones de estudiantes a quienes todavía no se les habría asignado una escuela para su práctica, y que se pidió al gremio que informara sobre esos casos. Explicó que, de todas formas, el consejo habilitó el pago de la compensación a maestros con un solo estudiante si se dan ciertas situaciones –en las que, por ejemplo debido a razones geográficas, no sea posible juntar dos por docente–. Las autoridades del CEIP también se reunieron ayer con los integrantes del Consejo de Formación en Educación (CFE), y manifestaron su “compromiso de garantizar que no quede ningún estudiante sin realizar la práctica”, indicó Caggiani.

Panadería cerró y despidió a 55 empleados; los trabajadores denuncian que el motivo fue la sindicalización

En febrero, los trabajadores de la panadería Fiesta de Oro, en la avenida 8 de Octubre, se sindicalizaron y se integraron a la Mesa del Pan, que nuclea a los sindicatos de las panificadoras. Según contó a la diaria Juan Carlos Fernández, delegado de rama de las panificadoras, los trabajadores se asesoraron porque les debían aumentos semestrales y salarios vacacionales, entre otros créditos laborales. Se hizo el reclamo ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) y en menos de un mes se solucionaron “unos cuantos temas”, aseguró Fernández.
Sin embargo, según aseguran los trabajadores, la empresa les pidió a los 40 empleados sindicalizados que disolvieran el sindicato porque de lo contrario iban a cerrar. “Entonces elevamos la denuncia sosteniendo que eso era cortarles la libertad de expresión a los trabajadores, y todo lo que eso conlleva. Se hizo un impasse de 15 días sin tomar medidas ni nada, y la empresa aprovechó y cerró intempestivamente. No le avisaron a nadie; cambiaron la cerradura y mandaron un mensaje de texto a los trabajadores”, contó Fernández. La empresa había despedido a principios de marzo a 17 trabajadores y recientemente a otros 38.
Con apoyo de la Mesa del Pan, los trabajadores presentaron una denuncia por persecución sindical ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que incluye audios y papeles firmados que, según sostienen, prueban que la empresa amenazó con cerrar si no se disolvía el sindicato, señaló Fernández. El sindicalista agregó que luego la empresa cambió el discurso y alegó ante el ministerio que cerraba porque la panadería “no les estaba dando el rédito que querían”.
El lunes y el miércoles representantes de la empresa, de los trabajadores, del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y del MTSS se reunieron en la Dinatra. Todas las partes volverán a mantener un encuentro el viernes 6 por el pago de los despidos. La empresa planteó pagarlos en 25 cuotas, pero finalmente se acordó que lo haga en un máximo de diez.

 


Derechos humanos

Justicia citó a una veintena de militares y médicos por torturas y abusos sexuales

Se trata de personal activo en diversas unidades militares, cuyos nombres son mencionados en el expediente iniciado tras la denuncia penal presentada por 28 ex presas políticas.
jueves 5 de abril de 2018 – CARAS Y CARETAS
La jueza Penal de 29º Turno, Julia Staricco, dispuso la citación, en calidad de indagados, de una veintena de militares y médicos, en el marco de la indagatoria penal por actos tortura y abusos sexuales contra ex presas políticas, según informó Televisión Nacional (TNU). Todos ellos deberán comparecer ante la Sede entre el 9 y el 30 de abril.
En 2011, un grupo de 28 ex presas políticas presentó una denuncia penal por delitos sexuales y torturas, perpetrados por agentes del Estado en los centros de privación de libertad de la dictadura. La denuncia dio cuenta de la violencia sufrida por las mujeres en esos centros, que incluía prácticas denigrantes y abusivas como desnudez forzada, manoseos y violaciones.
Desde entonces, la investigación avanza en distintos aspectos, principalmente con el testimonio de denunciantes y testigos. Pero en los últimos días, la Justicia reactivó la indagatoria a partir de un dictamen de la recientemente creada Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por la cual que solicitó la citación en calidad de indagados de una veintena de militares y médicos, cuyos nombres aparecen mencionados en el expediente.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó la citación de una veintena de militares y médicos, que aún no declararon en la causa, todos ellos en calidad de indagados. El objetivo es avanzar en la indagatoria y determinar posibles responsabilidades en los ilícitos denunciados por las ex presas políticas, según dijeron fuentes judiciales a Caras y Caretas Portal.
Sin embargo, este no fue el único aspectos sustanciado en esta indagatoria. Semanas atrás, la jueza Staricco -también a pedido del fiscal Perciballe- libró un pedido de extradición de los militares Manuel Cordero y Wellington Sarli. Ambos fueron mencionados durante la indagatoria, y existen elementos que permiten establecer algún tipo de participación en los abusos contra ex presas políticas, explicaron las fuentes.
Cordero, ex integrante del Servicio de Información y Defensa (SID) y de la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA), fue uno de los militares uruguayos más activos en la represión trasnacional del Plan Cóndor. Cordero fue imputado en Uruguay y en Argentina; en mayor de 2016, la Justicia argentina dispuso su condena a 25 años de penitenciaría por la privación de libertad de once personas, entre ellas, María Claudia García de Gelman. La Justicia uruguaya nunca juzgó a Cordero.
En tanto, Sarli fue condenado en Chile a cinco años de penitenciaría como cómplice del secuestro en Uruguay del bioquímico chileno Eugenio Berrios, un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile en 1991. Sarli fue condenado junto a los también militares uruguayos Eduardo Radaelli y Tomás Casella; fue el único de los tres militares que no solicitó cumplir su pena en Uruguay, por lo que permanece detenido en Chile.

 

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